Es la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017. Existen consensos de que se trata de una herramienta viable para hacerle frente a la corrupción.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 116 votos afirmativos, resolvió fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana para garantizar el derecho de las personas y de los actores sociales, políticos, académicos, productivos y económicos, a participar en los asuntos de interés público en materia legislativa. Con ello se pretende consolidar grandes acuerdos nacionales y la agenda de justicia social.
Mónica Alemán y Dallyana Passailaigue, coordinadoras del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, plantearon proyectos de resolución para que la Asamblea condene estas actitudes y delitos, y haga un llamado a varias instituciones.
Representantes de la Cancillería, Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología hablaron en la Comisión de Relaciones Internacionales.
Este convenio contó con la aprobación, por unanimidad, de la Comisión de Relaciones Internacionales. Lo mismo sucedió en el Pleno.
La Comisión de Régimen Económico se traslada a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de acercar el trabajo legislativo a los sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas de esa ciudad.
Esto sucede luego de que la Escuela Militar Eloy Alfaro (Esmil) aceptó ofrecer disculpas públicas por motivo de discriminación racial y delito de odio contra el estudiante Michael Arce Méndez, durante su período de formación militar, en 2011.
Como resultado de la aplicación de la Ley 010, en el año 2016, los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias amazónicas y de las parroquias Río Negro y Río Verde, del cantón Baños; y, Matus, El Altar, la Candelaria, Bayusín del cantón Penipe, recibieron 190,2 millones de dólares, informó Gabriel Iza, subsecretario de Relaciones Fiscales del Ministerio de Finanzas.
Las Comisiones de Salud y de Fiscalización pedirán información al Ministerio de Salud Pública, a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura sobre supuestas irregularidades.
El funcionario dirigirá la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo durante cinco años. Esta instancia, que es un ente de control del buen uso del suelo, será nueva en el país.
