El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que tiene, entre otros propósitos, normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y, otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
La Comisión de Régimen Económico avocó conocimiento del proyecto de Código de Comercio de iniciativa del asambleísta Galo Borja, vicepresidente de este organismo legislativo, quien precisó que el documento tiene por objetivo regular las actividades mercantiles en el Ecuador, así como los títulos valores y otras instituciones afines. Para el efecto se modifican los códigos de Comercio, Civil, Monetario y Financiero, de la Función Judicial, Aeronáutico, General de Procesos y el COIP.
En la continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales los parlamentarios resaltaron el contenido de la propuesta que recoge las aspiraciones de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que por décadas han sufrido injusticias al no poseer su fuente de empleo que es la madre tierra, además destacaron la importancia de garantizar la función social, ambiental para alcanzar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos, pero cumpliendo el mandato constitucional de cuidar el medio ambiente y su naturaleza.
La Comisión de Fiscalización atendió a las delegaciones de las asociaciones ´´Criadores de Ovino Señor Maca´´ y ´´Trabajadores Agricultores Autónomos La Majadita´´, para tratar denuncias alrededor de dos proyectos sociales relacionados con el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Los asambleístas Gina Godoy y Diego Vintimilla, miembros del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres; el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino y representantes del Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado analizan los nudos críticos en la atención a víctimas de violencia de género y las prácticas implementadas en cada instancia, a partir de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, para construir el significado de la tipificación de la violencia psicológica.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, representada por su vicepresidenta, Ximena Ponce, se reunieron con un grupo de compositores y autores musicales del país que integran la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce), con el fin de intercambiar criterios en torno al Código de los Conocimientos (Ingenios) que al momento se encuentra en consulta prelegislativa.
La Comisión de Desarrollo Económico citará a los Ministros de Comercio Exterior, Diego Aulestia; y de Industrias y Productividad, Eduardo Egas Peña, a fin de que expliquen el alcance del Acuerdo Comercial con la Unión Europea.
En el marco del análisis del proyecto de reforfmas a la Ley de Seguridad Social, presentado por el asambleísta Gozoso Andrade Varela, el procurador General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cristian Hidalgo, señaló que el Seguro Social Campesino al formar parte de la institucionalidad del IESS pertenece a la red integral pública de salud y por mandado constitucional tiene la obligación de prestar ese servicio en los diferentes niveles de salud, es decir, que las emergencias que no puedan ser atendidas por el Seguro Campesino debe ser atendido en cualquiera de las instituciones de la red integral pública de salud, integrada por el ISSFA, ISSPOL, IESS y Ministerio de Salud.
En la Comisión de Educación, Marcelo Aguilera, del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), al precisar que el proceso de evaluación de las universidades y escuelas politécnica nació por mandato constituyente número 14 que buscaba recuperar el rol director, coordinador y regulador que tenía el Estado sobre las instituciones de educación superior, respaldó la aprobación del proyecto que extingue a las universidades cerradas, ya que permitirá la consecución final de un proceso y un encargo constitucional.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado prosiguió el estudio y tratamiento del proyecto de reformas al artículo 67 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, relativa a la aplicación de la acción de repetición. El secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, objetó los alcances de la propuesta.
