Dos artículos del Código de la Producción, Comercio e Inversiones propone modificar el asambleísta Patricio Donoso, mediante un proyecto de ley. Estos están relacionados con el régimen sancionatorio para el ejercicio de la actividad de los agentes de aduana. Explica que la ley faculta al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) para que expida decretos a discreción de los funcionarios de turno.
A través de los principales medios de comunicación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, oficializó la convocatoria a consulta prelegislativa sobre los temas sustantivos relacionados con los derechos colectivos que podrían ser afectados por el proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (INGENIOS).
La sesión No. 363 del Pleno está convocada para este martes 29 de diciembre de 2015, a las 09h00, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, según la disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
Sin agua y sin tierra desconcentrada y redistribuida es imposible garantizar los propósitos de la Revolución Agraria, así dijo la asambleísta Alejandra Vicuña, al referirse al proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que se debate en el Pleno de la Asamblea, con una amplia participación de los legisladores.
En el marco de la rendición de cuentas realizada por el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, Richard Calderón, destacó que de las 16 leyes aprobadas en la Asamblea Nacional cuatro fueron desarrolladas al interior de la comisión, entre ellas la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, de los Servicios Postales y de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que aún consta como proyecto en razón de que está en manos del Ejecutivo para el análisis.
El proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales no solo crea el Fondo Nacional de la Tierra, sino también un Consejo Consultivo. El primero se constituye como un instrumento de política social para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente reconocidas de productores de la agricultura familiar, mientras que el segundo se encargará de la observación, seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas, en materia de acceso equitativo y titulación de la tierra.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, informó que para el 2016 el organismo legislativo tiene una amplia agenda de trabajo. Continuará el trámite de las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, a fin de preparar el informe para segundo debate; preparará el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, seguirán con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Herencias, Legados y donaciones.
El asambleísta Arcadio Bustos considera que las sanciones por las contravenciones de tránsito no son suficientes para solucionar los problemas relacionados con la circulación vehicular. En consideración de esta premisa presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que los conductores, además de las sanciones también reciban capacitación obligatoria.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández resaltó la importancia de aprobar una normativa que permita a los pequeños y medianos productores organizarse de manera asociativa para participar como actores de la economía popular y solidaria, a fin de incidir en las políticas económicas que toma el país a efectos de que se inserten con sus productos en los mercados nacionales e internacionales.
El asambleísta Vethowen Chica Arévalo, representante de la provincia de Morona Santiago, presentó el proyecto de Código Orgánico Administrativo que será analizado por la Asamblea Nacional en el próximo período legislativo. La normativa tiene por objeto regular las relaciones entre las personas y las Administraciones Públicas a su servicio, establecer el régimen jurídico de los actos administrativos y su revisión en vía administrativa y fijar un procedimiento administrativo común aplicable para todos los órganos y entidades públicas.
