Mañana, 28 de febrero, a partir de las 19:00, en la Universidad Casa Grande, de Guayaquil, se desarrollará el foro “Una Ley de Comunicación Democrática”, con la finalidad de aportar a la discusión del proyecto de Ley de Comunicación y recoger las sugerencias y comentarios de los diversos actores.
El legislador Marco Murillo (AL) presentó un proyecto de reformas al Código Penal, con el propósito que se tipifiquen como delitos la mala práctica médica y la falta de atención médica.
Argumentó que la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, garantizan el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, respectivamente.
Lamentablemente, esos transcendentales derechos no han sido garantizados por las personas que, en este caso, de manera adecuada, puedan dar un servicio de prestación de salud, dijo, al enfatizar que la mala práctica médica en la legislación ecuatoriana casi no dice absolutamente nada al respecto.
También, continuó, la Ley de la Federación Médica determina que un tribunal de honor juzga la conducta profesional, mientras la Ley Orgánica de Salud solamente contempla sanciones pecuniarias y administrativas.
Explicó que dicha ley especifica multas y suspensión del profesional, en tanto la Ley de Derechos y Amparo del Paciente recoge sanciones de carácter de reclusión, tras expresar que el Código Penal dictamina prisión de tres meses a dos años ante la muerte de un ciudadano y una multa de 81 dólares, sin tomar en cuenta lo irreparable de la tragedia que significa la pérdida de un familiar.
Alcances de la proyecto
Murillo, representante de la provincia de Chimborazo, explicó que su propuesta determina que las acciones y omisiones en el ejercicio profesional que cause la muerte por negligencia serán castigadas con uno a seis años; por imprudencia de uno a cinco años; la impericia de uno a cuatro años; y, la inobservancia de uno a tres años de privación de la libertad.
En caso de incapacidad permanente del paciente, las penas serán de dos a cuatro años, dependiendo de la gravedad. Las sanciones administrativas serán la suspensión del ejercicio profesional de las personas que, justamente, sean encontradas responsables de estos actos. También se fijan sanciones pecuniarias destinadas a indemnizar a los afectados con una sanción no menor a 150 remuneraciones básicas unificadas (39.600 dólares), que iría subiendo paulatinamente, conforme la inflación.
La falta de atención médica (no prestar asistencia) se sancionará con dos a cuatro años. Por no recibir o impedir el ingreso hacia una atención de salud, provocará la privación de libertad de uno a tres años, dijo.
Sostuvo que el ciudadano Manuel Cosíos, padre del estudiante Édison Cosíos, quien ha sido trasladado del Eugenio Espejo al Hospital de los Valles, le ha expresado el total respaldo a su propuesta, a lo que se han sumado grupos de afectados, como una posibilidad real de hacer justicia.
Denuncia
Jenny Guerrero denunció que hace más de dos años a su madre le practicaron una cirugía en el Hospital del Sur, que le provocó consecuencias desastrosas y hoy se encuentra en estado vegetativo y que en el Vozandes se descubrió que esa operación era de alto riesgo, por lo que han presentado una demanda, misma que no avanza pues por tres ocasiones se han dilatado las audiencias, “por supuestas presiones de un ministro de Estado”.
MG/pv
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional dialogará, en las próximas horas, con representantes del personal contratado del Magisterio, con el propósito de establecer los mecanismos y pasos para hacer realidad la estabilidad a este sector.
Así lo indicó la asambleísta Gioconda Saltos, vicepresidenta del organismo legislativo, quien precisó que en la reunión estará presente un representante del Ministerio de Educación y reiteró que se buscarán soluciones efectivas a la problemática de los profesores contratados que esperan, por algunos años, obtener una partida en calidad de nombramiento.
Comentó que la figura de la precariedad en el Magisterio Nacional se implementó en gobiernos anteriores y lamentablemente no se les garantizó la entrega de partidas y, como tal, los nombramientos fijos, a miles de maestros contratados, a pesar de que han cumplido una gestión positiva para los alumnos y el país.
Enfatizó que en los primeros días de noviembre se llamará a los pertinentes concursos para posibilitar las correspondientes partidas, en cuyo proceso los maestros contratados tendrán prioridad e incluso un puntaje adicional, tal cual lo determina la Ley de Educación Intercultural.
Es fundamental definir el Reglamento, con normas claras, para que el tema sea totalmente transparente, dijo, al manifestar que para el nuevo año escolar se espera encaminar la concreción de 20 mil partidas. Por tanto, esperamos consensuar en la reunión de trabajo los mecanismos que faciliten las cosas, subrayó.
Finalmente, Gioconda Saltos destacó que los maestros contratados al obtener una partida y de hecho el nombramiento dentro del Magisterio pasarán a ganar un salario digno y justo, que les permitirá mejorar sus condiciones de vida, al puntualizar que la disposición transitoria de la Ley de Educación Intercultural garantiza mayores oportunidades de estabilidad a las personas que han ejercido la docencia en calidad de contratados por más de cuatro años.
MG/pv
La Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside el asambleísta Francisco Velasco, fue el centro de exposiciones de los representantes del sector empresarial y los voceros del gobierno, respecto al proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
El Viceministro de Relaciones Laborales, Juan Fernando Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos, admitió que hasta el momento no se ha realizado el reglamento para la expedición de la escala de remuneraciones mensuales unificadas, conforme lo exige la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de la Ley de Servicio Público.
El Secretario de Estado dio a conocer el listado de la normativa que ha emitido esta institución y la que está en análisis en el Ministerio de Finanzas, respecto a la serie de ingresos complementarios que determina la Ley de Servicio Público y su Reglamento con las respectivas escalas remunerativas que se están trabajando con las distintas funciones estatales, pero que existen otras que aún no se concretan, como por ejemplo de los gobiernos autónomos descentralizados.
De su lado, el asambleísta Francisco Cisneros señaló que no está de acuerdo con la firma de este convenio, porque le corresponde a esta Secretaría de Estado recabar toda la información para procesar las tablas salariales que requieren los municipios.
A su criterio el Ministerio debería enviar un delegado imparcial a los municipios para que presente su respectivo informe pormenorizado, categorizando y evaluando al personal y luego de este proceso lleguen a una decisión final que no afecte los intereses ni de los gobiernos autónomos descentralizados, ni del presupuesto del municipio
En la reunión de trabajo el parlamentario solicitó al Viceministro de Relaciones Laborales realice una auditoría de personal en el Municipio de Pastaza, en razón de que existen distorsiones laborales según lo plantean los propios funcionarios del gobierno autónomo de Pastaza.
JLVN/pv
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, Lourdes Tibán, convocó a los integrantes del organismo para mañana, 26 de octubre de 2011, a las 10:00, con el propósito de recibir al ministro de Relaciones Laborales, Ing. Richard Espinosa Guzmán, quién informará documentadamente sobre la aplicación del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, Losep.
El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, acudirá mañana, a las 15h00, a la Comisión de Biodiversidad, con la finalidad de analizar aspectos relacionados con el proyecto minero Quimsacocha, así como el impuesto a la renta y utilidades que se van a recaudar para el Estado; el daño que ocasionaría al ecosistema el proyecto que se encuentra ubicado sobre áreas declaradas como Vegetación y Bosques Protectores.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 133 del Pleno, para el jueves 27 de octubre de 2011, a las 10H00, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El Consejo de Administración Legislativa, calificó el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y remitió a la Comisión de Régimen Económico y Tributario que se encargará de su análisis para la elaboración del informe para primer debate.
La Asamblea Nacional impulsa encuentros con la ciudadanía que le permite difundir los beneficios de las leyes aprobadas y una participación interactiva con las y los ciudadanos, jóvenes, niñas y niños. El proyecto se denomina “Punto de Encuentro Ciudadano” que incorpora un bus interactivo con la más moderna tecnología en computadoras digitales y conexiones satelitales para internet y otros medios.
