El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar el pedido del presidente de la República, Rafael Correa, para declarar de interés nacional la explotación de los bloques 43 y 31 en el sector de Yasuní y que la Comisión de Biodiversidad sea la que tramite la propuesta gubernamental.
Así lo dio a conocer el asambleísta Virgilio Hernández (AP), miembro del CAL, quien además informó que la Comisión de Biodiversidad será la encargada de preparar el respectivo informe.
Enfatizó que las comisiones especializadas de Justicia, Gobiernos Autónomos, Derechos Colectivos y de Desarrollo Económico prepararán, en el plazo de ochos días, informes adicionales.
Igualmente, comentó que el Consejo de Administración Legislativa, decidió pedir estudios complementarios a los ministerios de Ambiente y de Justicia sobre la existencia o no de pueblos no contactados en aislamiento voluntario y que en la misma línea el Ministerio de Finanzas determine cual sería la valoración en torno a una posible explotación del Bloque 31.
De su lado, el legislador Ricardo Moncayo (CREO), integrante del CAL, reiteró que las comisiones especializadas de Justicia, Gobiernos Autónomos, Derechos Colectivos y de Desarrollo Económico prepararán informes adicionales en materia de sus competencias, los que se convertirán en insumos para el trabajo de la Comisión de Biodiversidad.
MG/pv
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, enfatizó que de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Constitucional la consulta prelegislativa se puede aplicar únicamente en el caso de la aprobación de leyes y no se resoluciones.
El alcalde de Cotacachi, Alberto Anrango, junto al vicealcalde, Manuel Narváez, invitó a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a las Fiestas de la Jora 2013 que se desarrollarán del 6 al 22 de septiembre próximo.
El ministro de Justicia, Lenin Lara, manifestó que más allá que se han incorporado múltiples reformas al Código Penal, en la legislación vigente existe una desproporción en cuanto a las penas, que incluso transgrede el principio básico, justamente, de este aspecto.
Sostuvo que urge definir, claramente, ese principio de proporcionalidad, que tenga como parámetro esencial la dosimetría respecto a la selección de conductas y la gravedad de delitos.
Puntualizó que la propuesta del ministerio sobre la dosimetría recoge criterios especializados del jurista español Francisco Muñoz Conde, así como de cuerpos normativos del derecho comparado, especialmente del Estatuto de Roma, del cual es suscriptor nuestro país desde el año 2005, atendiendo, en todo momento, al bien jurídico protegido que en la sociedad, sin duda, es la vida.
En este contexto, propuso la privación de libertad de 22 a 26 años como pena para el asesinato; que el homicidio se castigue con 16 a 20 años de privación de libertad; y, que los delitos de lesa humanidad se sancionen con privación de libertad de 26 a 30 años, entre otros puntos.
Análisis de problemática carcelaria
El Ministro Lara, aprovechó la ocasión, para destacar las visitas realizadas por los miembros de la Comisión de Justicia a varios centros de detención, lo que permitirá analizar con seriedad la problemática y encontrar soluciones conjuntas a la misma.
La asambleísta Gina Godoy habló de la necesidad de dotar de mejores condiciones a los guías penitenciaros para el cumplimiento cabal de su trabajo, considerando que en muchos casos cumplen jornadas de 24 horas y requieren de horas de descanso y buena alimentación, tras indicar que en el vieja penitenciaría de Guayas persisten condiciones de hacinamiento y desorden.
Entre tanto, Reyta Dahik precisó que en el mismo centro de rehabilitación de Guaranda están hombres y mujeres, al pedir que, a la brevedad posible, se resuelva la situación del sector femenino y que también se implemente un mayor número de guías.
MG/pv
El asambleísta Galo Borja, representante de la provincia de El Oro y vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, participó como expositor en el Foro “Tendencias Contemporáneas de la Educación en América Latina”, caso Ecuador, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad participaron la doctora Lissette Román, delegada de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), las docentes Cira Fernández y Carmita Villavicencio, así como el estudiante José Oyola.
El asambleísta Galo Borja informó a los asistentes las acciones que -desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana y la Asamblea Nacional- realizan para que la educación superior del país alcance los niveles que se requieren para estar acorde con el cambio que se plantea desde el Estado.
Que se mantenga la legislación vigente sobre el aborto y que el linchamiento mediático no forme parte del Código Orgánico Integral Penal, fueron, entre otras, las observaciones que presentó el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Igualmente, sugirió que no se reduzca en lo más mínimo la pena máxima para sancionar delitos graves o execrables, como violencia intrafamiliar, la violación, el hurto, el robo, el aborto, que son temas que generan inestabilidad social, al tiempo que expresó que hay conductas que merecen aumentar la pena.
Ante ello Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, informó que en las próximas horas se reunirán con el Ministro de Justicia, Lenin Lara, para analizar el capítulo relacionado con la dosimetría en el Código y analizarán una propuesta del gran conocer del Derecho, Muñoz Conde, de España.
Con ello vamos a determinar una dosimetría que esté sujeta a lo que establece la Constitución de la República, que garantice la proporcionalidad de las penas de acuerdo con el tipo de delito.
En otro orden, Alexis Mera, planteó que en el Código Penal se incluya un límite en los regalos a los funcionarios públicos. A su criterio, los regalos no podrían exceder de mil dólares y que si supera el nivel permitido pase a patrimonio de la nación, a la vez que señaló que la violación podría considerarse enriquecimiento ilícito, tesis que es compartida por el Presidente de la República.
Igualmente, propuso que se replantee la disposición que determina que es delito publicar la lista de los deudores y prevé como sanción cinco años de cárcel.
La propiedad intelectual en materia de marcas es un derecho que viene de las transnacionales políticas y económicas, no es un tema que deba ser protegido como bien jurídico y castigado con una sanción penal. Esto no quiere decir que vamos a legitimar, porque despenalizar una conducta no signifique que se legaliza, la conducta ilegal debe ser sancionada civilmente y con el pago de indemnizaciones, agregó.
Con respecto al linchamiento mediático, propuso que sea sancionado solo civilmente. Las conductas que deben ser sancionadas penalmente son las que ofenden gravemente un buen jurídico protegido por la nación; hay conductas que ofenden bienes particulares que no necesariamente requieren una acción penal, subrayó.
Así mismo, respaldó la normativa propuesta por la comisión para sancionar la mala práctica profesional, que a decir de Mauro Andino, lo único que hace es desarrollar el artículo 454 de la Constitución. El proyecto prevé penas de 2 a 4 años de privación de la libertad e inhabilitación para el ejercicio profesional cuando se produjere la muerte de una persona. Está bien el trabajo de la comisión si se produce un hecho culposo, por razones del ejercicio profesional, concluyó.
PV
La Comisión de Desarrollo Económico convocó a los integrantes del organismo para recibir a los representantes de gremios de transporte caminero y maquinaria pesada, quienes presentarán observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Ximena Ponce León, recibió a Galo Nina, subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía de SENESCYT, así como a Freddy Peñafiel, subsecretario del Ministerio de Educación, quienes presentaron una amplia información sobre la gestión de los institutos tecnológicos y el bachillerato técnico.
Bajo la coordinación de la legisladora Ximena Ponce, el Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, se reunió en la sede legislativa con la finalidad conformar tres grupos temáticos que ayuden a identificar las acciones y mecanismos que permitan eliminar las desigualdades e inequidades.
La coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, de la Asamblea Nacional, Paola Pabón, informó que mañana, a partir de las 08:00, en el Salón de los Presidentes, los integrantes del grupo parlamentario trabajarán en la aprobación de su plan de trabajo legislativo para el período 2013 – 2017.
