La asambleísta Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, expresó que el pedido del Presidente de la República para que se declare de interés nacional la explotación en los bloques 31 y 43 es un tema complejo, pues conlleva aspectos relativos a la justicia, derechos colectivos, ambiente y de la matriz productiva, por lo requiere una mirada integral antes de asumir una decisión.
Precisó que en el documento se adjuntan informes de los ministerios de Justicia, Ambiente y de Política Económica, tras enfatizar que es fundamental garantizar niveles óptimos de socialización de la propuesta.
Amplio debate
Entre tanto, Ricardo Moncayo, miembro del CAL, consideró que la materia debería pasar a conocimiento de máximo dos comisiones especializas, en las que se debe debatir amplia y responsablemente el asunto.
Puntualizó que el significativo monto de los recursos que se piensa obtener por la explotación del crudo sería el argumento o sustento para que el proyecto se lo declare de interés nacional y que previo al análisis en la o las comisiones se requiere el pronunciamiento de la Unidad Técnica Legislativa.
Decisión del CAL
Para el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe resolver a qué comisión o comisiones pasa el trámite del pedido del Presidente de la República, que contiene puntos ambientales, económicos, de derechos humanos sobre todo de los pueblos no contactados que están en diversas áreas del Yasuní.
Entiendo, continuó, que en primer lugar pasará a la Comisión de Biodiversidad, la que estudiará el planteamiento del Jefe de Estado y, de ser el caso, conformar una comisión especializada ocasional. A título personal, señaló que debería cursar una consulta prelegislativa.
Referéndum ratificatorio
Luis Fernando Torres, de la Comisión de Justicia, planteó que la Asamblea Nacional concomitantemente con la decisión que asuma instruya un referendo ratificatorio, a fin de que el pueblo se pronuncie, justamente, por dicha resolución.
MG/pv
La asambleísta Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, expresó que el pedido del Presidente de la República para que se declare de interés nacional la explotación en los bloques 31 y 43 es un tema complejo, pues conlleva aspectos relativos a la justicia, derechos colectivos, ambiente y de la matriz productiva, por lo requiere una mirada integral antes de asumir una decisión.
Precisó que en el documento se adjuntan informes de los ministerios de Justicia, Ambiente y de Política Económica, tras enfatizar que es fundamental garantizar niveles óptimos de socialización de la propuesta.
Amplio debate
Entre tanto, Ricardo Moncayo, miembro del CAL, consideró que la materia debería pasar a conocimiento de máximo dos comisiones especializas, en las que se debe debatir amplia y responsablemente el asunto.
Puntualizó que el significativo monto de los recursos que se piensa obtener por la explotación del crudo sería el argumento o sustento para que el proyecto se lo declare de interés nacional y que previo al análisis en la o las comisiones se requiere el pronunciamiento de la Unidad Técnica Legislativa.
Decisión del CAL
Para el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe resolver a qué comisión o comisiones pasa el trámite del pedido del Presidente de la República, que contiene puntos ambientales, económicos, de derechos humanos sobre todo de los pueblos no contactados que están en diversas áreas del Yasuní.
Entiendo, continuó, que en primer lugar pasará a la Comisión de Biodiversidad, la que estudiará el planteamiento del Jefe de Estado y, de ser el caso, conformar una comisión especializada ocasional. A título personal, señaló que debería cursar una consulta prelegislativa.
Referéndum ratificatorio
Luis Fernando Torres, de la Comisión de Justicia, planteó que la Asamblea Nacional concomitantemente con la decisión que asuma instruya un referendo ratificatorio, a fin de que el pueblo se pronuncie, justamente, por dicha resolución.
MG/pv
En un recorrido de tres horas y media, Gina Godoy (Vicepresidenta de la Comisión de Justicia), Marcela Aguiñaga (Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional) y María del Carmen Alman (Asambleísta Suplente de Nicolás Issa) visitaron las instalaciones del antiguo centro penitenciario de Guayaquil y conocieron la nueva estructura del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas, con el objetivo de escuchar a los detenidos y poder complementar con esta información, los cambios que requiera el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Al finalizar la sesión 144 de la Comisión de Justicia, que se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de agosto, se resolvió, a petición de la Ab. Gina Godoy, visitar los Centros de Rehabilitación Social de las ciudades a las que pertenece cada uno de los miembros de esta comisión. El objetivo era observar el tratamiento que actualmente reciben las personas privadas de libertad, y el estado en el que se encuentran los Centros de Rehabilitación Social.
La moción fue acogida por los miembros de la mesa, por lo que todos tienen como consigna visitar estos centros y presentar un informe que detalle varios aspectos de su visita, reseñando la situación y funcionamiento del centro, su seguridad e higiene. Este lunes, Gina Godoy, Marcela Aguiñaga y María del Carmen Alman realizaron la visita al Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Ellas, en compañía del Dr. Héctor Reina, director del centro y Mercedes Guevara, Coordinadora Zonal 8, recorrieron las instalaciones de la vieja estructura del centro penitenciario. Durante más de tres horas, visitaron los distintos pabellones del mismo: Pabellón de Choferes, Renacimiento, Buen Samaritano, entre otros, para constatar la situación de los privados de libertad. Allí, conversaron con varios detenidos y escucharon sus necesidades y requerimientos, información que pondrán sobre la mesa de análisis en la próxima sesión de la Comisión.
Además, las asambleístas, conocieron la nueva edificación del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y su proyecto Logros, en el que varios detenidos pudieron contar cómo su situación ha ido mejorando en este nuevo espacio. El recorrido permitió a ambas autoridades conocer cómo se manejará este nuevo espacio de rehabilitación.
Gina Godoy reafirmó con esta visita la imperante necesidad de “…Conocer de cerca lo que viven los detenidos , sus requerimientos y prioridades… Sólo de esta manera entendemos por qué para ellos piden el 2x1 o cómo la falta de higiene en el antiguo edificio afecta su salud. Es impresionante cómo un centro que tiene capacidad para solo 1.600 personas, albergue a más de 6.700… Es decir seis veces más la capacidad de un espacio físico que tiene 60 años de vida…” Por otro lado, reconoció la alta tecnología y las mejoras de estructura y administración que tendrá el nuevo centro y que ya acoge a un reducido número de detenidos … “Sólo están 143 detenidos, debido a la falta de guías penitenciarios, que entre otras cosas, pudimos evidenciar que viven condiciones de trabajo muy duras. Jornadas de 24 horas de labores en un entorno hostil, sin alimentación, entre otras restricciones, que hacen aún más difícil su tarea…”
Las asambleístas se comprometieron a hablar de esta situación en la siguiente sesión y tomar esta información para utilizarla cuando se esté revisando el Código Integral Penal.
Por iniciativa de la asambleísta Ximena Ponce León, presidenta de la Comisión Especializada de Educación, este viernes, 30 de agosto, se desarrollará el Foro: “Disminución de la Brecha Tecnológica en el Ecuador”.
El evento se cumplirá en el Salón José Mejía Lequerica (planta baja), de la Sede Legislativa, en el horario de 09h00 a 11h15.
Agenda
Se prevé analizar temas relativos al rol de la tecnología en la revolución ciudadana, inversión pública en el cambio de la matriz productiva y su relación con el nuevo nivel tecnológico del país, planificación para la disminución de la brecha tecnológica en el Ecuador.
También, los aportes a la Educación Inicial, Básica y de Bachillerato para la Disminución de la Brecha Tecnológica, aportes del Software Libre en la Disminución de la Brecha Tecnológica en Ecuador. Posteriormente, se dará paso a las conclusiones y preguntas de los asistentes.
La asambleísta Ximena Ponce mencionó que "conocedores del proceso de cambio de la matriz productiva que vive el país, consideramos que para la ciudadanía es de vital importancia saber la relación de este cambio con los postulados del buen vivir; y, por lo tanto, con la satisfacción de sus necesidades".
MG/pv
El asambleísta Ricardo Zambrano, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, socializará en la provincia de Manabí los avances del proyecto de creación del Banco de Desarrollo Rural.
Con el apoyo de 11 legisladores, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, asambleísta Fernando Bustamante, convocó a la sesión número 24 del organismo, que tendrá lugar este miércoles, 28 de agosto, a las 15h00.
En la agenda de trabajo consta la elaboración, discusión y votación de los informes correspondientes a los pedidos de aprobación del Convenio No. 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos; y, el Convenio entre las Repúblicas de Ecuador y Corea para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal respecto a impuestos sobre la renta.
Convenio 189
La Corte Constitucional, con fecha 14 de mayo de 2013, emitió el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, mediante el cual declaró la constitucionalidad del “Convenio 189 OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”, por cuanto sus disposiciones guardan armonía con la Constitución.
El Convenio tiene como objetivo dignificar el trabajo doméstico, ya que exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que la labor decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores, a través de un trato más equitativo, tomando en cuenta que históricamente este sector ha sido excluido de muchos derechos laborales: percibir remuneraciones justas, horas de trabajo, período de descanso semanal, vacaciones, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad, salud, entre otros, por tanto, han sido víctimas de explotación y abuso.
Evitar doble tributación
La Comisión de Soberanía, en el informe borrador, considera que este tipo de convenios permitirá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia impositiva, comercial y de inversiones, al dotar a las agencias tributarias de los dos países de las herramientas para combatir prácticas evasivas; favorece los intereses de los ciudadanos ecuatorianos y coreanos y a las empresas de los dos países; previene la evasión fiscal y el fraude; y, promueve las relaciones económicas y comerciales entre los países, pues reducen la carga fiscal en la nación destino de la inversión.
La Corte Constitucional, con fecha 4 de junio de 2013, por pedido de la Presidencia de la República, emitió el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad del Convenio entre Ecuador y Corea para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal respecto a impuestos sobre la renta” y su protocolo adjunto.
MG/pv
Por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se socializó a los parlamentarios la solicitud remitida por el presidente de la República, Rafael Correa, para "declarar de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní”, de conformidad con lo que establece el artículo 407 de la Constitución.
La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la legisladora Zobeida Gudiño, inició el análisis de las observaciones presentadas por los parlamentarios en el primer debate y de los distintos actores sociales en torno al articulado del proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
El Yasuní está más vivo que nunca, puesto que, oportunamente, todas y todos los ecuatorianos nos pusimos la camiseta del proyecto, aseguró la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al respaldar la tesis del Primer Mandatario sobre la temática.
