En la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, se mostró partidario de reformular el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Económico que reprime el Lavado de Activos, presentado por la Procuraduría.
El titular del organismo, Francisco Velasco, explicó que dentro del cronograma de trabajo se prevé entregar el informe para primer debate entre el 3 ó 4 de septiembre, luego que se solicitó al CAL una ampliación de 20 días respecto del plazo que concluía el 20 de agosto, mismo que se suspende mientras dure el receso legislativo.
También indicó que se prepara un foro público sobre esta temática, a fin de que la ciudadanía participe activamente en los debates de este proyecto.
Anunció, extraoficialmente, que en los próximos días el Ejecutivo remitiría los Códigos de Producción y de las Finanzas Públicas, con carácter de urgente, por tanto se requiere canalizar todos los esfuerzos para el proceso de socialización y recepción de aportes, tras manifestar que –además- el organismo tiene en sus manos los proyectos de Ley de Seguros, de la muerte financiera y la vigilancia de la ejecución presupuestaria.
Reformulación
El ministro Serrano argumentó que la reforma tiene varios artículos que violentan principios constitucionales; al introducir nuevamente la tipificación y endurecimiento de penas en una ley diferente al Código Penal, se rompe con el propósito de lograr una racionalización jurídica en cuanto al desarrollo normativo.
Adicionalmente, el funcionario cuestionó los textos atinentes a la institucionalidad de la administración de bienes, ya que se contrapone con el objetivo del Estado de que esto se someta a una sola instancia específica, que no solo maneje los bienes relacionados con el lavado de activos, sino también los involucrados en procesos del narcotráfico.
Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional tiene una definición incompleta en torno al terrorismo, el artículo 20 del proyecto en mención debe clarificar específica y concretamente los tipos de delito de plagio y secuestro de personas; en igual forma, el delito de atentado contra la seguridad de la transportación.
Aseveró que el artículo 22 viola la ética del Estado constitucional de derechos y justicia, porque se está determinando una suerte de derecho penal premial favorable a quien delate o entregue información, afianzando el “soplonaje”, figura utilizada en la Alemania Nazi.
Bajo tales antecedentes, propuso que se reformule la Ley conforme los parámetros de la actual Constitución; que se reenvíe al Código Penal todo lo relativo a la tipificación y que se rediseñe la institucionalidad de la administración de bienes.
Entre tanto, el legislador César Rodríguez, invitado a la sesión de la Comisión, evidenció la necesidad de discutir en el marco de las reformas a la Ley de Lavado de Activos, el tema de la Ley de Extinción de Dominio, que va en función de combatir la corrupción y el crimen organizado.
De su parte, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que no se puede seguir agravando la dispersión de las normas, tras precisar que la propuesta podría mantenerse como una Ley para endurecer las sanciones al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, a la vez, determinar los artículos que tipifican delitos en el Código Penal, como parte de una sola materia.
MG/eg
El gerente de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, vicealmirante Manuel Zapater Ramos, comparecerá ante la Comisión de Biodiversidad, este miércoles 28 de julio, a las 10H00, a fin de exponer las causas, los responsables y medidas que adoptará esta empresa respecto del derrame de 1 300 barriles de petróleo que contaminaron los ríos Teaone y Esmeraldas, causando un grave daño al manglar.
Más de quinientos trabajadores minoristas del país acudieron a la Asamblea Nacional para pedir a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que en la normativa legal se establezca el acceso a la Seguridad Social bajo un régimen especial solidario, acorde con sus posibilidades económicas, por lo que rechazaron la pretensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de intentar cobrarles 52 dólares por mes, con un retroactivo de un año, es decir, 624 dólares.
El titular de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad Vélez, indicó que entre este viernes y el martes próximo se votaría el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, sobre el cual se aspira obtener 80 pronunciamientos favorables en el Pleno, considerando que es un tema de alta trascendencia para el país.
Se mostró abierto a la posibilidad de acoger nuevos aportes, que sean viables. Hemos dicho que mientras el proyecto no entre a votación no es ley, por tanto se puede tomar en cuenta observaciones que contribuyan a enriquecer y perfeccionar la propuesta, sostuvo.
En todo caso, puntualizó que se ha recogido la mayor parte de los criterios de los legisladores y de la comunidad universitaria, al resaltar la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de disponer la publicación y circulación del proyecto codificado de la Ley de Educación para un cabal cumplimiento de la ciudadanía, a través de varios medios impresos.
Mencionó que el artículo 182 clarifica las funciones específicas de coordinación, mas no de rectoría, que tendrá la Secretaría de Educación Superior en el ámbito del Ejecutivo y el sistema, conforme la disposición del Art. 351 de la Constitución, con lo cual se desechó uno de los aspectos polémicos.
Abad reconoció la potestad jurídica y legal del Primer Mandatario para convocar a consulta popular respecto de esta materia, sin embargo, instó a las bancadas de oposición a profundizar el estudio y análisis del texto alternativo para se den cuenta de las amplias bondades del mismo y, lo que es más, que se propicia un cambio estructural en el sector.
Habrá que ver si a la consulta irá el proyecto codificado o la propuesta inicial del Gobierno, comentó.
No estamos legislando para el actual Ejecutivo, sino en función que la Ley perdure 20 ó 30 años en la vida de la República, dijo, al descartar que en el proyecto se establezca la desaparición inmediata de ciertas facultades o especializaciones, pues ello deberá tratarlo con responsabilidad el Consejo de Educación Superior, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.
MG/eg
Para las 9H30 de este jueves 29 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas a la sesión 51, para analizar en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal y el proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 971 de 20 de junio de 1996, así como a la Ley No. 2003-5, publicada en el Registro Oficial No. 90 de 27 de mayo de 2003, a favor de los moradores de Atucucho; y, la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y Recreación.
Por unanimidad de los presentes (7), la Comisión de Desarrollo Económico iniciará la aprobación, artículo por artículo, de las reformas al proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, luego de un largo proceso de recepción de observaciones de asambleístas de diversas bancadas legislativas, así como de la comparecencia de varios actores y sectores involucrados en la temática.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez, junto a la asambleísta Consuelo Flores, recibieron a los ex empleados del Consejo Provincial del Guayas, que reclaman ser reintegrados en sus funciones.
La Comisión de Gobiernos Autónomos mantendrá los artículos de las circunscripciones territoriales indígenas, montubias y afroecuatorianas dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), tras la validación de la consulta prelegislativa en los talleres realizados con los representantes de varias organizaciones.
Luego que la Secretaría receptó el correspondiente informe de parte de la Comisión de Régimen Económico, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, convocó para este domingo, 25 de julio, a la sesión del Pleno, con el propósito de dar paso al segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, calificado por el Presidente de la República con el carácter de urgente en materia económica.
La sesión No. 51 está fijada para las 19h45.
También, se recibió el informe de minoría suscrito por los legisladores Sylvia Kon, Patricio Quevedo, Luis Noboa y Nicolás Lapentti.
Contenido y beneficios
El cuerpo jurídico pretende evitar la caída de la producción petrolera del país, para lo cual reestructura el sector hidrocarburifero, establece un nuevo modelo de contrato por prestación de servicios e implementa reformas complementarias en materia contractual.
Además, se determinan competencias en los aspectos administrativo, de control y de gestión.
En lo que atañe a la institucionalidad, se crea la Secretaría de Hidrocarburos que administrará el patrimonio petrolero del país; la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero que fiscalizará la actividad petrolera, mientras que Petroecuador no administrará los contratos y cumplirá funciones de exploración, producción, refinación y comercialización de este recurso.
En el informe se precisa que la adjudicación de los contratos, la efectuará a nombre del Estado ecuatoriano, no el ministerio sectorial, sino el Comité de Licitaciones, mediante licitación, con excepción de los que se realicen con, empresas estatales o subsidiarias de estas de países que integran la comunidad internacional.
Los contratos que efectúe el estado ecuatoriano con tales empresas observarán los requisitos atinentes a las responsabilidades, administrativas, civiles y medioambientales.
Las contrataciones de obras o servicios específicos se ejecutarán y adjudicarán de conformidad con la normativa aplicable de las empresas públicas de hidrocarburos.
En cuanto a los contratos de participación suscritos y que deben modificarse al modelo reformado de prestación de servicios se fija un plazo de 120 días. En tanto, que para los firmados bajo otras modalidades el plazo será de 180 días.
MG
El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Marco Murillo, citó a la Ministra de Educación y Cultura, Gloria Vidal, para que explique sobre las presuntas irregularidades existentes en el proceso de inscripción para el ingreso al octavo nivel de básica, correspondiente al año lectivo 2010-2011, en los distintos planteles educativos fiscales.
