La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, anunció que luego del receso legislativo, convocará a los integrantes del organismo con el propósito de analizar la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La Asamblea Nacional inició el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La consulta prelegislativa, el procedimiento en la fiscalización y la regulación de la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado, son los temas principales del informe de mayoría presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
El Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad de los asambleístas presentes (116) aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, por medio del cual se legalizarán las tierras en beneficio de los más de 17 mil posesionarios de Atucucho.
Por unanimidad de los presentes (89), los asambleístas aprobaron en segundo debate el proyecto de Ley Derogatoria No 2, para la depuración de 159 cuerpos legales y decretos, de conformidad con el informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que emitió informe favorable luego de realizar un análisis exhaustivo de los mismos, por lo que su presidenta, María Paula Romo, destacó la necesidad de eliminar de la legislación estas normas que son obsoletas.
Una vez que los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos escucharon los planteamientos de los padres de familia, quienes denunciaron irregularidades en el proceso de inscripción para los estudiantes de octavo de básica, el organismo legislativo resolvió oficiar a los funcionarios del Ministerio de Educación, a fin de que respeten los cupos asignados, se deje sin efecto la nueva convocatoria y que los 15 mil estudiantes que no fueron favorecidos en los sorteos sean ubicados en los diferentes establecimientos educativos de la sierra y amazonía.
El gerente de seguridad y salud de Petroecuador, Rolando del Pozo, en la Comisión de Biodiversidad señaló que de acuerdo a datos preliminares de la investigación técnica, el derrame de fuel oil hacia los ríos Teaone y Esmeraldas, se produjo por la negligencia de los operarios quienes no estuvieron atentos a las alarmas de sobrellenado y, por tanto, no cerraron oportunamente las válvulas.
En la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, se mostró partidario de reformular el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Económico que reprime el Lavado de Activos, presentado por la Procuraduría.
El titular del organismo, Francisco Velasco, explicó que dentro del cronograma de trabajo se prevé entregar el informe para primer debate entre el 3 ó 4 de septiembre, luego que se solicitó al CAL una ampliación de 20 días respecto del plazo que concluía el 20 de agosto, mismo que se suspende mientras dure el receso legislativo.
También indicó que se prepara un foro público sobre esta temática, a fin de que la ciudadanía participe activamente en los debates de este proyecto.
Anunció, extraoficialmente, que en los próximos días el Ejecutivo remitiría los Códigos de Producción y de las Finanzas Públicas, con carácter de urgente, por tanto se requiere canalizar todos los esfuerzos para el proceso de socialización y recepción de aportes, tras manifestar que –además- el organismo tiene en sus manos los proyectos de Ley de Seguros, de la muerte financiera y la vigilancia de la ejecución presupuestaria.
Reformulación
El ministro Serrano argumentó que la reforma tiene varios artículos que violentan principios constitucionales; al introducir nuevamente la tipificación y endurecimiento de penas en una ley diferente al Código Penal, se rompe con el propósito de lograr una racionalización jurídica en cuanto al desarrollo normativo.
Adicionalmente, el funcionario cuestionó los textos atinentes a la institucionalidad de la administración de bienes, ya que se contrapone con el objetivo del Estado de que esto se someta a una sola instancia específica, que no solo maneje los bienes relacionados con el lavado de activos, sino también los involucrados en procesos del narcotráfico.
Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional tiene una definición incompleta en torno al terrorismo, el artículo 20 del proyecto en mención debe clarificar específica y concretamente los tipos de delito de plagio y secuestro de personas; en igual forma, el delito de atentado contra la seguridad de la transportación.
Aseveró que el artículo 22 viola la ética del Estado constitucional de derechos y justicia, porque se está determinando una suerte de derecho penal premial favorable a quien delate o entregue información, afianzando el “soplonaje”, figura utilizada en la Alemania Nazi.
Bajo tales antecedentes, propuso que se reformule la Ley conforme los parámetros de la actual Constitución; que se reenvíe al Código Penal todo lo relativo a la tipificación y que se rediseñe la institucionalidad de la administración de bienes.
Entre tanto, el legislador César Rodríguez, invitado a la sesión de la Comisión, evidenció la necesidad de discutir en el marco de las reformas a la Ley de Lavado de Activos, el tema de la Ley de Extinción de Dominio, que va en función de combatir la corrupción y el crimen organizado.
De su parte, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que no se puede seguir agravando la dispersión de las normas, tras precisar que la propuesta podría mantenerse como una Ley para endurecer las sanciones al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, a la vez, determinar los artículos que tipifican delitos en el Código Penal, como parte de una sola materia.
MG/eg
El gerente de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, vicealmirante Manuel Zapater Ramos, comparecerá ante la Comisión de Biodiversidad, este miércoles 28 de julio, a las 10H00, a fin de exponer las causas, los responsables y medidas que adoptará esta empresa respecto del derrame de 1 300 barriles de petróleo que contaminaron los ríos Teaone y Esmeraldas, causando un grave daño al manglar.
Más de quinientos trabajadores minoristas del país acudieron a la Asamblea Nacional para pedir a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que en la normativa legal se establezca el acceso a la Seguridad Social bajo un régimen especial solidario, acorde con sus posibilidades económicas, por lo que rechazaron la pretensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de intentar cobrarles 52 dólares por mes, con un retroactivo de un año, es decir, 624 dólares.
