Bajo la conducción del primer Vicepresidente, Juan Carlos Cassinelli, los parlamentarios de distintas agrupaciones políticas expusieron sus criterios sobre temas relacionados con la rehabilitación social, la ley 103 y la violencia contra la mujer.
En la continuación de la sesión matutina 174 del Pleno, en la que se tramita en primer debate el tercer libro del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, respecto de la ejecución de penas y el Código de la Niñez, los parlamentarios, mediante videoconferencia desde la Casa Legislativa del Guayas escucharon a Carlos Garcés y Cristina Franco; y, recibieron en comisión general a Irene Pesántez y Anunziata Valdez, representantes del Movimiento Mujeres, quienes expusieron sus criterios sobre la violencia contra la mujer y la familia.
El Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo Capítulo Ecuador “Tránsito Amaguaña”, representado por la asambleísta Gina Godoy, conjuntamente con el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, invitan a un conversatorio en el cual se analizará el rol de los y las comunicadores sobre el enfoque de derechos, el tema de la salud sexual y salud reproductiva en los medios de comunicación social.
Con 6 votos, de los asambleístas Francisco Velasco, Christian Viteri, María Lorena Bravo (Juan Carlos Cassinelli), Eduardo Encalada, Ramón Vicente Cedeño y Henry Calispa (Zobeida Gudiño), la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, que recomienda que la normativa tenga el carácter de orgánica.
La Comisión de Derechos Colectivos aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de Ley de la Juventud, luego del proceso de socialización nacional y el análisis de propuestas realizadas por organizaciones y colectivos juveniles de todo el Ecuador.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, manifestó que si bien el Código Orgánico Integral Penal es una herramienta para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, no es suficiente, pues se requiere también la acción de otros actores como la Policía Nacional, la fiscalía, los jueces de garantías penales; el Consejo de la Judicatura que haga un seguimiento a los funcionarios judiciales; los abogados que no estén del lado de la delincuencia; la ciudadanía que cree una cultura de la prevención; el Ejecutivo que continúe dictando políticas públicas en esta materia; los gobiernos autónomos descentralizados y la Asamblea Nacional creando las herramientas para garantizar la seguridad ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato.
La propuesta, de autoría de la asambleísta Nivea Vélez Palacio, representante de la provincia de Loja, se tramitó en primer debate el pasado 19 de abril, en el que se expusieron observaciones de carácter general, no modificaciones o cambios de fondo.
Objetivos
La normativa busca proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en la relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia.
Además, pretende cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial; y, establecer procedimientos expeditos que aseguren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, haciendo por supuesto efectivas las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
Bajo estos parámetros, la Comisión de Justicia consideró que los fines propuestos en el proyecto justifican suficientemente una reforma a la Ley de Inquilinato, más aún cuando no solo en materia de relaciones de inquilinato los conflictos que en ella se producen por lo general terminan en procesos eternos que crean como en todo el sistema de administración de justicia la inconformidad de los usuarios.
Adicionalmente, se puntualizó que el inquilinato y las relaciones vecinales no están fuera de este problema irresoluto, por ello, esta reforma intentará disminuir el largo y tortuoso camino de la justicia de inquilinato, pues la verdadera solución a todos los conflictos judiciales está en el cambio integral del sistema de administración de justicia, comenzando por dejar en el pasado el proceso escrito y abrir las puertas a la oralidad de manera urgente.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional recibió a cerca de 300 personas, pertenecientes a diferentes organizaciones religiosas quienes se ubicaron en la barra alta, en el marco del primer debate del proyecto de Código Integral Penal.
En el marco del debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, el director (e) del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando y Manolo Rodas, director nacional jurídico, del Servicio de Rentas Internas, confirmaron que las empresas Profiseries (antes Invermun) y Viña Carolina, deben al SRI 81.8 millones de dólares.
El primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se desarrolló en 11 jornadas de trabajo del Pleno, en las cuales se registraron 133 intervenciones de asambleístas de diversas corrientes políticas.
