La Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 171 de daño moral, a través del cual sugiere al Pleno su archivo.
El organismo concluyó que la propuesta elimina la facultad que sea el juez quien, en base de la prudencia, cuantifique el monto indemnizatorio y concibe que no pueda determinar indemnizaciones inferiores a diez salarios mínimos unificados ni mayores a cien salarios mínimos unificados, aproximadamente un mínimo de USD. 2.920 y un tope de USD. 20.920.
Además, que toda iniciativa legislativa o reforma legal, no puede estar sujeta a respuestas coyunturales; que dadas las peculiaridades del daño moral o extrapatrimonial, es imposible establecer una tarifa de forma cerrada de mínimos y máximos del quantum indemnizatorio; corresponde a los jueces actuar con imparcialidad, discrecionalidad y aplicar con eficiencia la valoración de la prueba bajo el sello de la sana critica, utilizando los principios de proporcionalidad y de justicia para intentar cuantificar de manera cercana la estimación de la compensación pecuniaria del daño moral.
Los perjuicios morales subjetivos o pretium doloris por lesionar aspectos sentimentales, afectivos o emocionales en detrimento de bienes o derechos extra patrimoniales no pueden ser reparados mediante una indemnización económica fija, sino que por el contrario los jueces deben valorar las circunstancias que rodean a la víctima para que se le otorgue una reparación justa; que uno a uno y de modo particular, los casos de daño moral deben ser valorados por el operador de justicia, a fin de que las victimas reciban la justa indemnización, procurando como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni enriquecer al actor ni empobrecer al demandado.
Finalmente, determinó que la Corte de Justicia ha establecido que la fijación del quantum indemnizatorio deberá estar en referencia a la pretensión del actor, sin que el juzgador pueda imponer una reparación mayor a la establecida en la demanda ya sea que conste en la misma o en base a los criterios de la sana critica en el caso de que no conste.
MG/pv
La Casa Legislativa de Tungurahua concentró a representantes de diversas organizaciones de esa jurisdicción para socializar los proyectos de ley que se debaten en el Pleno de la Asamblea Nacional. En efecto, en primer lugar, desarrolló el Foro “Código Orgánico Integral Penal sobre la despenalización del Aborto”, en el que se registraron amplios y profundos debates en torno al tema.
En la sesión 177 del Pleno convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, para mañana, martes 24 de julio a las 9h30, se tratará en primer debate los proyectos de reformas a las leyes de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, publicada en el Registro Oficial número 278 del 18 de marzo de 1998.
Por voluntad mayoritaria de los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, dentro de los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se aprobó el informe para segundo debate de la Ley del Adulto Mayor, que reforma la vigente Ley del Anciano.
El proyecto de ley contiene 45 artículos, además disposiciones transitorias, generales y derogatorias, informó Lourdes Tibán, presidenta de la Comisión.
La normativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento y aplicación de las políticas públicas y la promoción de programas de atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, para asegurar la plena vigencia, difusión y ejercicio de derechos del buen vivir de las personas adultas mayores, cuyos derechos están garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales.
La Presidenta de la Comisión recordó que se han recogido varias observaciones relacionadas con las exigencias de los adultos mayores.
Según la iniciativa, en el país existen alrededor de 970.000 personas adultas mayores, entre quienes gozan de jubilación y las que no tienen renta jubilar y se encuentran sin ingresos económicos para su subsistencia, por lo que requieren de manera impostergable la atención por parte del Estado.
La propuesta se enmarca en las normas constitucionales y los principios básicos de los Derechos de los Adultos Mayores aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
AM
En rueda de prensa, los legisladores Magaly Orellana, Jorge Escala, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Ramiro Terán y Línder Altafuya, de la Bancada Plurinacional de Izquierda, anunciaron que plantearán la reconsideración de la forma de votación respecto del proyecto de Ley de Comunicación.
Tras cuestionar que no se haya instalado la sesión del Pleno, convocada para este jueves, advirtieron que “se pretende aprobar un documento referencial pues con el veto el Ejecutivo impondría su tesis original”.
Magaly Orellana, del Movimiento Pachakutik, reiteró que defenderán la plena vigencia de la libertad de expresión y opinión, así como el ejercicio de los periodistas y de la prensa, en general, en el país.
Jorge Escala (MPD) condenó la “burda maniobra de no instalar la sesión, pese a que existían más 100 asambleístas en la sesión, lo que demuestra que no tienen los 63 ó 64 votos, como habían anunciado”.
“Están en un proceso de negociación de compra y venta de conciencias, para darle un duro golpe a la libertad de expresión y a la comunicación”, precisó.
Entre tanto, César Rodríguez habló de la necesidad de transparentar la discusión del proyecto, “evitando que el Presidente de la República imponga su propuesta original vía veto, con lo cual se daría paso a la clausura de medios, y a silenciar voces”. Convocó a la ciudadanía y a las bancadas de oposición para unir esfuerzos, en el objetivo de defender las libertades.
Finalmente, Lourdes Tibán expresó que es fundamental modificar la decisión de votar artículo por artículo, al tiempo de expresar que “quienes convocaron a la sesión terminaron dando una mala imagen de la Legislatura”.
MG/pv
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agrario y Pesquero, conducida por su vicepresidenta, María Augusta Calle, aprobó cinco temas sustantivos sobre la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, que serán sometidos a consulta prelegislativa, en aplicación de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.
Con la presencia del superintendente de Bancos, Pedro Solines y el procurador del Estado, Diego García, la Comisión de Relaciones Internacionales intensificó el análisis y debate del Acuerdo Comercial entre los Gobiernos de Ecuador e Irán.
Los legisladores Betty Amores, Fausto Cobo y César Montúfar coincidieron en formular duros cuestionamientos al contenido y alcances del referido tratado, especialmente a los artículos 11 y 21, argumentando que “pondrían en grave riesgo la seguridad jurídica del país”.
“Se debe tomar en cuenta los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de Naciones Unidas, que han alertado sobre las consecuencias negativas de establecer vínculos comerciales con naciones que están identificadas con el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos”, subrayaron.
Betty Amores comentó que “el artículo 11 establece que los pagos de transacciones comerciales entre las Partes deberán hacerse en divisas libremente convertibles, pero se pone una excepción que permite a los bancos centrales de ambas naciones poder acordar algo en contrario, lo cual irrespeta las reglas y prácticas bancarias internacionales”.
Presentó una copia del acta suscrita entre los máximos representantes de la diplomacia – Ecuador e Irán-, en la que, entre otros puntos, se establece que, “a fin de facilitar el intercambio comercial, el Banco Central del Ecuador abrirá una cuenta en un banco de países terceros, en el cual Irán posea una cuenta bancaria, lo que se llama triangulación financiera”.
Es necesario definir cuál es la situación de Banco Cofiec, tomando en cuenta que operaría con los bancos iraníes, expresó Betty Amores.
Entre tanto, Fausto Cobo advirtió que “el artículo 21 asigna discrecionalidad para que los Ejecutivos puedan, por consentimiento mutuo, enmendar el tratado”, al revelar una comunicación del ministro Coordinador de la Producción, Santiago León, por medio de la cual hace varias objeciones al instrumento internacional.
A su vez, Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, aclaró que no está prohibido el comercio con la República Islámica de Irán. Las alertas de organismos internacionales respecto al sistema financiero, son llamados a tener cuidado, lo que no quiere decir que el conjunto de la banca iraní está sancionada.
Indicó que en los últimos años, China vendió 7 884 millones a Irán; Alemania, 2 767; Francia, 1 522; Brasil, 2 000; Japón, 1 400; Argentina, 1 181; Italia, 1681; y, Estados Unidos 250 millones de dólares.
El Superintendente de Bancos consideró que, de conformidad con el dictamen de la Corte Constitucional en torno al acuerdo con Irán, el artículo 11 no vulnera ningún derecho constitucional. En todo caso, dijo que todos los tratados deben someterse a las normativas nacionales y mundiales.
Finalmente, el Procurador detalló el contenido de las 40 recomendaciones del GAFI, así como del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas atinentes al antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
MG/pv
Sobre la base de la moción presentada por la asambleísta Marllely Vásconez (AP), la Comisión de Fiscalización, presidida por la legisladora nacional Silvia Salgado, decidió archivar el pedido de juicio político en contra del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, planteado por el parlamentario Cléver Jiménez, del Movimiento Pachakutik.
A favor de dicha propuesta se pronunciaron: Fernando Cáceres, Omar Juez, Lídice Larrea, Marllely Vásconez, Christian Viteri y Silvia Salgado.
Previamente, Galo Lara (PSP) mocionó que la Comisión de Fiscalización califique el correspondiente juicio, la cual recibió el voto favorable de Juan Aldaz, alterno de Tomás Zevallos; Alfredo Ortiz, y del proponente. En tanto, los asambleístas de la bancada de Alianza País votaron en contra.
En la sesión se registraron las ausencias de Luis Morales (PRIAN) y Abdalá Bucaram Pulley (PRE).
Cléver Jiménez, quien intervino en la reunión, reiteró que el Ministro Pástor ha incurrido en claras violaciones de los artículos 315 y 408 de la Constitución y otras leyes, respecto de la renegociación de contratos petroleros, la situación de los campos maduros, la firma con Ecuacorrientes, entre otros aspectos.
De su parte, los vocales de la comisión, que pertenecen a AP, coincidieron en destacar que el gobierno de la revolución ciudadana recuperó su soberanía en el manejo de la riqueza petrolera y el Ministro Pástor logró incrementar de 482 a 507 mil barriles diarios la producción del crudo, lo que ha significado una utilidad de 2 millones diarios de dólares para el Estado, dineros que han ido a la ejecución de obras viales, salud, educación, vivienda y modernización de la infraestructura en el sector hidrocarburífero.
Entre tanto, Silvia Salgado reconoció como positiva para el interés nacional la política petrolera desarrollada por el régimen, tras enfatizar que el legislador Jiménez ha basado sus argumentos en datos e información preliminar.
MG/pv
El procurador General del Estado, Diego García y representantes de la Federación de Barrios del Ecuador acudieron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el propósito de exponer sus comentarios y observaciones al proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En la Sede Legislativa, el doctor Juan Carlos Cassinelli, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, compartió con alrededor de 12 embajadores de los diversos países de América Latina las expectativas y la responsabilidad que tiene nuestro país frente a la organización de la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y la promoción de la candidatura de Fernando Cordero a la Presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC).
En la reunión participaron los embajadores y encargados de negocios de Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Perú, Panamá, México, Nicaragua, Colombia, Brasil, Bolivia, Cuba y Chile.
Cassinelli recordó que en Uganda, Kampala, se oficializó la postulación de Fernando Cordero a la Presidencia del GRULAC, que cuenta con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en el que tienen representación las diversas corrientes políticas, como una posibilidad real de posicionar a nuestro país en el contexto internacional.
Destacó el apoyo que ha recibido la candidatura de Fernando Cordero, por parte de países como República Dominicana, Chile, El Salvador, Nicaragua, Perú y que en esa línea se pronunciarían próximamente Uruguay, Bolivia y Cuba. Además, se espera conversar con Colombia y México que están en procesos de transición. Precisó que la Presidencia del GRULAC se decidirá en la 127 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que se realizará en Québec, Canada, del 20 al 26 de octubre 2012.
Importancia de la geopolítica
Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, habló de la trascendencia de la situación geopolítica de que Ecuador sea la sede de la 128 Asamblea de la UIP, en la cual se podrían abordar temas sobre nuevas imágenes del desarrollo, el paso del nivel de vida al buen vivir, entre otros aspectos.
El momento es propicio para debatir y analizar lo sucedido con las crisis de los centros de economía mundial. Urge repensar en el modelo de desarrollo que hemos seguido, las legislaciones que debemos implementar para mejorar las condiciones de vida de la gente, pensar sobre el fin último de la economía en función de alcanzar el buen vivir, precisó.
Javier León, embajador de Perú, hizo hincapié en el permanente fortalecimiento de los procesos de integración y se mostró seguro que el arquitecto Cordero alcanzará la máxima autoridad del GRULAC.
Juan Manuel Nungaray, ministro de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que urge reflexionar en la problemática de la globalización, la contaminación ambiental, qué ajustes se requieren en los modelos, qué rumbo tomamos. Reconoció el papel que ha jugado Fernando Cordero en los cambios que se han operado en Ecuador.
Pablo Arriarán, encargado de Negocios de Chile, reiteró el apoyo de su gobierno a la nominación del Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Enrique Delgado, embajador de Uruguay, se mostró seguro que Ecuador realizará con éxito la 128 Asamblea de la UIP, al pedir que se le remita copia de la exposición de Fernando Bustamante, más aún cuando el mandatario José Mujica en la reunión de Río+20 presentó un planteamiento en torno al sentido de la vida.
Manuel Monroy, encargado de Negocios de Bolivia, comentó que su pueblo comparte con Ecuador la línea de fortalecer el buen vivir, tras indicar que existe la Liga de Hermandad entre las dos naciones, que dirige Pedro de la Cruz.
Sidhartha Francisco Marín, de Nicaragua, señaló que para su país es un honor haberse adherido al apoyo a la candidatura de Ecuador, “en el marco de la hermandad que nos ha caracterizado”.
Ratifica invitación
Casi al término de la reunión llegó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, quien pidió a los embajadores que trasladen a sus Parlamentos la cordial invitación para que intervengan activamente en las reuniones de Quebec y especialmente en la de Quito de la Unión Interparlamentaria y del GRULAC.
MG/pv
