La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó a Secretaría General los informes para segundo debate de los proyectos de Ley para la Depuración de la Normativa Legal 6 y 7, con lo cual se eliminarían un total de 300 cuerpos legales obsoletos, que no tienen aplicación práctica en la actualidad.
La Asamblea Nacional, entre enero y el 18 de febrero de 2011, aprobó en segunda instancia seis cuerpos legales; tramitó en primer debate cinco proyectos de ley; emitió catorce resoluciones sobre aspectos de trascendencia nacional, regional y provincial; posesionó a los superintendentes de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones, así como al Procurador General del Estado; resolvió tres vetos parciales; aprobó el Estatuto Migratorio entre las Repúblicas del Ecuador y Venezuela; y, debatió temas relativos a la lucha contra el cáncer y la consulta popular planteada por el Ejecutivo.
La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió, este lunes, en comisión general a los alcaldes de la Región Seis, con el fin de recoger sus criterios para el informe para segundo debate sobre la Ley 047, que asigna los recursos generados por la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, anunció que luego del receso legislativo, convocará a los integrantes del organismo con el propósito de analizar la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La Asamblea, con 85 votos, exhortó a la Corte Constitucional que, dentro del marco constitucional y legal vigente, dé oportuna atención al trámite del recurso extraordinario de protección, signado con el número 0604-09-EP, que ha sido propuesto por las y los ex trabajadores del Ingenio AZTRA.
El Pleno, con 93 votos, exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, incluya a todas las unidades de salud del país en el Art 1 de Decreto Ejecutivo 618, de fecha 10 de enero de 2011, que declara en Estado de Excepción Sanitaria, y se priorice a aquellas que requieren mayor atención, con la finalidad de que se satisfaga en forma urgente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal especializado y administrativo y se dote de medicinas e insumos para su adecuado funcionamiento y de esta manera se garantice el derecho a la salud de los ecuatorianos.
Con 95 votos (unanimidad) el Pleno exhortó al Gobierno Nacional declarar en estado de emergencia al sector lechero y tomar medidas inmediatas de control y restricción de la importación de suero de leche líquido y en polvo, leche en polvo, queso, yogurt, mantequilla y más derivados, en coordinación con la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Ministerio de Industrias y Productividad, Policía Nacional y Ejército.
El Pleno de la Asamblea, con 71 votos, se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que tiene por objetivo regular el procedimiento para reconocer como tales a los ciudadanos/as que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado.
Mediante video conferencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, concretó con el alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Bucheli Mora, la suscripción del convenio de instalación de la Casa Legislativa en Galápagos, como una herramienta de mayor acercamiento y conocimiento de la población del accionar de la Función Legislativa.
El Pleno, con 60 votos autorizó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, presente a la Corte Constitucional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una acción de interpretación de la frase: “ministras y ministros”, contenida en el artículo 131 de la Constitución, referente a los funcionarios que son susceptibles de juicio político.