La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, señaló que con la reforma al Código de la Función Judicial, se busca, entre otros objetivo, retornar al sistema de “vacancia judicial”, con el propósito de hacer más ágil el trámite de los procesos.
Las enmiendas tienen relación con las infracciones gravísimas, vacancia judicial, funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, oficinas territoriales, competencias y obligaciones de la Defensoría Pública de la Víctimas de la Delincuencia, ingreso al servicio notarial, entre otras.
El Pleno, con 57 votos, aprobó la pro forma presupuestaria para el 2011, que asciende a 23 mil 950 millones 249 mil 957 dólares y la programación cuatrianual hasta el 2014, una vez que el Ejecutivo aceptó las observaciones de la Asamblea referentes al cálculo de las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados y el rubro para el financiamiento de la construcción del Complejo Legislativo, que permitirá dotar de oficinas a los asambleístas en un espacio adecuado, considerando que hoy se encuentran dispersos en varios edificios.
En el marco de la sesión 79 del Pleno, en que se debatió en primera el proyecto de reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, asambleístas de distintas tendencias políticas coincidieron en que el incremento de penas es necesario como medida para contrarrestar el alto índice delincuencial que vive el país, pero que esta no sería la solución inmediata al problema de la inseguridad.
“Es nuestra responsabilidad tramitar las leyes y legislar, pero las leyes son una pequeña parte de la solución en este complejo problema”, advirtió María Paula Romo, en el marco del primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, tras señalar que se trata de la cuarta modificación en este campo, que busca dar respuesta a la inseguridad.
Con la presencia de familiares, víctimas de la delincuencia y un grupo de adolescentes del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, el Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a la vez que recibió en comisión general a delegados de estos sectores, quienes pidieron que se mantenga en la legislación penal el principio de inimputabilidad para los menores de 18 años, que se tomen en cuenta los derechos de las víctimas, que sufren daños físicos y sicológicos irreparables.
El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, de la Niñez y Adolescencia, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que tiene por objetivo el efectivo combate a la delincuencia, por ello, se establece el incremento de penas para determinados delitos.
Dentro del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, destacó que con la propuesta los órganos electorales tendrán el fundamento legal inequívoco para distribuir el fondo de reposición de gasto electoral.
Con la asistencia de 110 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que tiene por objetivo establecer un mecanismo transitorio para la entrega del Fondo de Reposición del Gasto Electoral y del Fondo Partidario Permanente, tomando en cuenta a las organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral del 2009.
Con 103 votos afirmativos y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 79, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Derogatoria No. 5 para la depuración de la normativa legal que elimina 138 leyes o decretos supremos que se refieren, principalmente, a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, que se hacía con el fundamento de los intereses de cada cantón, por excusa y/o renuncia de los concejales designados.
