La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la legisladora Zobeida Gudiño, inició el análisis de las observaciones presentadas por los parlamentarios en el primer debate y de los distintos actores sociales en torno al articulado del proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
El Yasuní está más vivo que nunca, puesto que, oportunamente, todas y todos los ecuatorianos nos pusimos la camiseta del proyecto, aseguró la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al respaldar la tesis del Primer Mandatario sobre la temática.
La asambleísta María Soledad Vela informó que la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral se encuentra analizando el Convenio 189 de la OIT, que ofrece la protección específica a las y los trabajadores domésticos y que dentro de su normativa establece los derechos y principios básicos para este grupo de trabajadores, así como exige a los Estados que tomen medidas de protección contra la violencia y al cumplimiento de una edad mínima que es consistente con la edad mínima en otros tipos de empleo.
El asambleísta Virgilio Hernández, integrante del Consejo de Administración Legislativa indicó que, seguramente, esta semana serán convocados los integrantes del CAL para conocer y resolver la o las comisiones que se encargarán del estudio de la propuesta del Ejecutivo de "declarar de interés nacional conforme establece el artículo 407 de la Constitución de la República, la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, que se ubican parcialmente en el Parque Nacional Yasuní".
La vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Pamela Falconí, indicó que una vez que el Consejo de Administración Legislativa resuelva que organismo legislativo sea el encargado de analizar la propuesta del Presidente de la República de explotar petróleo en un área equivalente al uno por mil del Yasuní, el tema será ampliamente socializado con la ciudadanía para que emita sus criterios, pues lo que se busca es cuidar nuestra naturaleza, pero a la vez hay que entender que requerimos de ese recurso económico para reactivar la economía del país para obras específicas.
El asambleísta Ricardo Moncayo, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sostuvo que de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 49, la Asamblea Nacional resolverá, al menos en 60 días la petición del presidente de la República, Rafael Correa, de declarar de interés nacional la explotación del petróleo en el Yasuní.
Recordó que según el artículo en referencia, el Pleno de la Asamblea Nacional, en dos debates y por mayoría absoluta de sus integrantes, podrá declarar de interés nacional la petición del Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
También determina que para estos debates el Pleno contará obligatoriamente con informes de las comisiones respectivas designadas por el CAL; que el trámite se ajustará a los plazos para la aprobación de leyes y que la Asamblea puede ordenar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular para la decisión de este tema.
Explicó que con la normativa vigente, la respectiva comisión especializada tiene plazo de 45 días para elaborar el informe para primer debate, de ellos se deberá considerar un tiempo no menor a los primeros 15 días para que las ciudadanas y ciudadanos que tengan interés puedan acudir a la comisión y exponer sus argumentos y que para el segundo debate la comisión tiene 45 días adicionales para aprobar el informe.
Afirmó que con los argumentos expuestos, la Asamblea Nacional emitirá un pronunciamiento en torno a la petición del Presidente de la República al menos en 60 días, luego de que el CAL notifique a la respectiva comisión especializada.
El legislador consideró que el tema será remitido a dos o tres comisiones, porque el informe debe contener aspectos de fondo, en el ámbito económico, biodiversidad, derechos humanos.
Dio a conocer que aún no se ha convocado a reunión del Consejo de Administración Legislativa para conocer y calificar la solicitud del primer mandatario, en razón de que previamente se requiere el análisis o el informe de la Unidad Técnica Legislativa.
En mi opinión la Asamblea debería convocar a una consulta, porque son temas muy delicados para los derechos de la naturaleza y de los pueblos no contactados, sostuvo Moncayo.
PV
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, destacó la necesidad de consolidar la participación activa y efectiva de los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos y la población, en general, en la construcción de los diferentes proyectos de ley, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente y afiancen el progreso del país.
Durante el acto de instalación de la Tercera Asamblea del Parlamento Social de los Pueblos del Ecuador, organizada por la Coordinadora de Movimientos Sociales, que se desarrolla en el Salón José Mejía Lequerica, con la asistencia de alrededor de 400 representantes de los pueblos afroecuatorianos, campesinos, montubios, grupos juveniles, entre otros, la presidenta Gabriela Rivadeneira ratificó el compromiso de convertir a la Legislatura en una Asamblea Popular, donde todas y todos expongan sus inquietudes y necesidades.
También, manifestó la decisión de trabajar por una verdadera revolución agraria, mediante la aprobación de las leyes de agua, tierras, semillas y de comunas, pero sobre la base de un cambio de conciencia respecto de las dificultades del campo, las nuevas tecnologías, el reconocimiento de saberes ancestrales, etc.
Invitó a unir voluntades para rechazar los fallos y actuación de los arbitrajes internacionales que pretenden causar serios perjuicios económicos al interés nacional, al tiempo de apoyar la posición asumida por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en torno al Yasuní ITT, más aún cuando esta alternativa para enfrentar el calentamiento no tuvo la mínima atención y respaldo de las naciones imperialistas que, con sus grandes industrias, son las que más contaminan al planeta.
Construir el Ecuador profundo
Abel Navas y Rodrigo Collaguazo, dirigentes de la Coordinadora de Movimientos Sociales, coincidieron que urge consolidar los temas sociales, para lo cual se requiere construir juntos el Ecuador profundo, mediante la estructuración de una base social que permita cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales del país, para efectivizar el poder popular.
Al enfatizar que es fundamental que la revolución agraria se profundice, anunciaron que el Parlamento Social asumirá una definición en torno al proyecto Yasuní YTT, tomando en cuenta que existen tres posiciones al respecto: apoyar la explotación como mecanismo para obtener recursos para orientarlos en la lucha contra la pobreza, por la no explotación y que el tema se defina en una consulta popular.
En el evento, además, estuvieron presentes Lenin Lara, ministro de Justicia; Mónica Banegas, vicepresidenta del Consejo de Participación; los alcaldes de Cayambe y Saraguro, así como varios legisladores.
MG/pv
Asambleístas miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa asistieron como testigos de honor a la “Presentación de Socios Estratégicos Yachay”. Los comisionados Esteban Melo y Édgar Córdova, conjuntamente con delegados de la Comisión visitaron las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, ubicada en San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura.
La población afro de Santa Elena recibió el fin de semana a un grupo de asambleístas que socializó el trabajo de la primera función del Estado. Hasta el Museo de los Amantes de Sumpa llegaron los invitados, en su mayoría afrodescendientes residentes en la zona.
La Asamblea Nacional, en los tres meses de gestión, presenta un balance positivo. Aprobó 7 leyes orientadas al desarrollo de los derechos que la Constitución otorga a los ecuatorianos y a la naturaleza, a la reinstitucionalización del país y a la consolidación de la democracia, como camino para combatir la pobreza y las desigualdades económicas y avanzar hacia el buen vivir o sumak kawsay.
En el debate y construcción de las leyes se puso énfasis en la participación de la ciudadanía, orientada por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La reforma minera creó reglas para la explotación minera en el país resguardando la naturaleza. Estas reformas generarán trabajo, bienestar y recursos económicos para el Estado y para fomentar, apoyar, capacitar y dar seguimiento a la minería artesanal y pequeña minería, antes relegadas y con prácticas que afectaban a la salud y al medio ambiente.
La ley sanciona la actividad minera ilegal, facilita las tareas de control para proteger el medio ambiente y prohíbe el uso de elementos como el mercurio en las actividades mineras, para precautelar la salud de las personas.
La Ley de Incentivos para el Sector Productivo prioriza la producción nacional, la productividad y competitividad sistemática, y promueve y ejecuta la inserción estratégica del país en la economía mundial.
La Ley Orgánica de Comunicación, producto de un amplio y largo debate que duró cerca de cuatro años, garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la comunicación, en cumplimiento del mandato constitucional de 2008 y la respuesta a las preguntas de la consulta popular de 2011.
Enfoca a la comunicación desde el punto de vista de los derechos de libertad, igualdad e interculturalidad y de los comunicadores.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Los mensajes de los medios privilegiarán su protección. El espectro radioeléctrico se distribuirá en 33% para los medios privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios. Esta es una respuesta a varios sectores allegados a la comunicación y organizaciones indígenas que en diversas ocasiones plantearon una distribución equitativa de las frecuencias.
También se aprobó la reforma al Código de la Función Judicial, con el propósito generar un proceso más ágil y oportuno en el despacho de los juicios que se tramitan en la Corte Nacional de Justicia, que es una demanda permanente de la ciudadanía. La Escuela de la Función Judicial desarrollará programas de formación y capacitación, que asegurarán jueces y funcionarios profesionales que brinden un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía.
El fortalecimiento de la nueva institucionalidad del Ecuador creada en la Constitución es otra de las prioridades de la Asamblea. Por ello, aprobó la Ley de la Función de Transparencia y Control Social que regula la estructura institucional y funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social y de su Comité de Coordinación, y desarrolla sus competencias, potestades, obligaciones, deberes y atribuciones.
Se viabilizó el cumplimiento del pronunciamiento ciudadano de La Concordia, que en consulta popular decidió pertenecer a Santo Domingo de los Tsáchilas. A través del ordenamiento físico del cantón se podrá mejorar la cobertura de servicios básicos, infraestructura educativa, salud, vías y mantener una relación armónica con las circunscripciones vecinas con estrategias como mancomunidades, articularse con lo parroquial, provincial y nacional en función de las competencias que la Constitución otorga a cada una de estas instancias.
En este período se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que ayudará a profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad.
En el Pleno, se socializó el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que tiene tres ejes programáticos: el poder popular con políticas y lineamientos estratégicos, derechos y libertades para el buen vivir determinados en la Constitución y la transformación económica y productiva.
COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA
En el ámbito internacional, aprobó 6 convenios y tratados, entre ellos, el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, que se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático o de violación del orden constitucional. También el Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la Democracia en el Mercosur, el Convenio Internacional del Cacao y el Convenio de Seguridad Social con el Perú.
La Asamblea Nacional se pronunció sobre temas de interés internacional. Apoyó el mantenimiento del orden democrático en Venezuela, felicitó al pueblo venezolano y deseó a su presidente Nicolás Maduro éxito en su gestión y en los esfuerzos por concretar la integración regional. Respaldó a los 11 millones de personas, entre ellas la comunidad ecuatoriana, que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos y rechazó el empleo ilegal e indiscriminado del espionaje, en especial el que habría realizado el Gobierno de Estados Unidos.
Ha sido un período intenso, de producción de leyes y, lo más importante, de compromiso con el Ecuador y sus habitantes.
