La denuncia de casos de violación de los derechos humanos en filas de las fuerzas de seguridad del Estado, generó la acción del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades, de la Asamblea Nacional y, tras el análisis de algunos de los casos más actuales y de mayor repercusión, se organizó un conversatorio para analizar el tema. Así lo anunció Alexandra Ocles, presidenta de dicha agrupación parlamentaria.
“DIÁLOGO SOBRE EL RACISMO EN LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL”, así se denomina el evento que se desarrollará en las instalaciones de la Asamblea Nacional este miércoles 4 de septiembre de 2013 a partir de las ocho de la mañana.
A la cita, señaló la asambleísta Ocles, fueron invitados los distintos actores involucrados en esta problemática. Ministros de Estado, cuyas carteras están vinculadas a los derechos humanos y a la seguridad básicamente, como por ejemplo el Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, entre otros. También estarán presentes representantes de grupos y colectivos que trabajan por los derechos humanos y la no discriminación, la defensoría del pueblo e incluso, familiares y víctimas de actos de racismo registrados en las filas de la fuerzas de seguridad.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el análisis de la petición del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en el sentido que la Asamblea Nacional declare de interés nacional, conforme establece el artículo 407 de la Constitución, la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, en del Parque Nacional Yasuní.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, recordó que la petición se fundamenta en el artículo 407 de la Constitución, según el cual se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrá explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular.
Agregó que el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 2013 apunta a un manejo sostenible de los recursos naturales no renovables que permitan garantizar el bienestar de los ciudadanos en el presente, así como de las futuras generaciones, enmarcados en los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Agregó que la petición se fundamenta en el ámbito constitucional en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que se recuerda que el 10 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane y que sobre la base de los estudios, informes, archivos, investigaciones y las conclusiones del informe técnico del Plan de Medidas Cautelares concluye que no se ha evidenciado la presencia de pueblos en aislamiento en la zona de los bloques 43 y 31 del Parque Nacional Yasuní.En el campo ambiental, el Ministerio del Ambiente determina que en base al marco normativo nacional, la explotación es viable bajo una política preventiva a través de estudios de impacto ambiental, con el fin de establecer actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales y que es necesario realizar actividades de seguimiento, control y monitoreo, dijo.
Subrayó que en el área técnica el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables llega a las siguientes conclusiones:Existen actividades realizadas anteriormente en áreas dentro del parque Yasuní, como resultado de ello se conoce la existencia de importantes reservas y recursos hidrocarburíferos potenciales; Petroamazonas ha desarrollado proyectos de gran magnitud en áreas ambientalmente sensibles, de una manera exitosa y con una mínima afectación del ambiente; la producción de estos recursos generará importantes beneficios económicos; el proyecto generará alrededor de 5 mil plazas de trabajo directo e indirecto.
Por último, expresó que el fundamento financiero lo sustenta el Ministerio Coordinador de la Política Económica, cuyo informe resalta que con la iniciativa se podría alcanzar una producción anual de alrededor de 275 millones de barriles anuales, el nivel más alto registrado en la historia ecuatoriana; los gobiernos autónomos descentralizados recibirán ingresos adicionales y en especial los de la Amazonía; las tasas de crecimiento real de la economía, experimentarían un crecimiento adicional llegando a un 5.3% real en su año pico; y, se registraría un notable crecimiento del PIB petrolero y no petrolero.
Mauro Andino explicó que el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé el procedimiento para tramitar la petición del primer mandatario, a la vez que señaló que según esa disposición "El Pleno de la Asamblea Nacional, en dos debates y por mayoría absoluta de sus integrantes, podrá declarar de interés nacional la petición de la Presidenta o Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Para estos debates el Pleno de la Asamblea Nacional contará obligatoriamente con informes de las comisiones respectivas designadas por el CAL. El trámite se ajustará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes.
PV
En la sesión 26, convocada para este miércoles, a las 09h00, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral continuará el tratamiento del pedido de aprobación del “Memorando de entendimiento entre las Repúblicas del Ecuador y Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas”.
Con esta ocasión, los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y del Interior; el Fiscal General del Estado, la Secretaria Nacional del Migrante, o sus delegados darán a conocer sus opiniones respecto a la temática.
En cambio, a las 15h00, en la sesión 27, se recibirá a Giovanni Castillo Polanco, embajador de Guatemala; Gentiana Susaj, directora de la Fundación Esperanza y Pablo de la Vega, coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Protocolo de Nagoya
El organismo legislativo, presidido por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce (AP), proseguirá el miércoles, en horas de la mañana, el tratamiento del pedido de aprobación del “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica”.
Se prevé la comparecencia de María Fernanda Espinosa, exministra Coordinadora de Patrimonio, actual Ministra de Defensa Nacional.
MG/pv
En la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, representantes del Ministerio de Agricultura, de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la FAO coincidieron en resaltar la importancia, contenido y beneficios de la Convención para el Establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas, por lo que respaldaron su aprobación, en el menor tiempo posible, por parte de la Asamblea Nacional.
Provechoso
Guillermo Morán, viceministro de Acuacultura y Pesca manifestó que es provechoso para el interés nacional el contenido de dicha herramienta, ya que facilitará la cooperación e intercambio de información entre los países de América.
Enfatizó que el sector de la acuacultura es un sistema de producción que tiene mucho futuro, por tanto, el intercambio de conocimiento, de tecnología y hasta de determinados problemas que se dan en otras naciones permitirá mejorar y modernizar la excelente producción de camarón y tilapia que caracteriza al Ecuador.
Rol importante
Entre tanto, José Antonio Camposano, presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, comentó que la actividad camaronera actualmente mantiene un rol fundamental a nivel de la balanza comercial en el país, con una tasa de crecimiento permanente del rendimiento por hectárea, gracias a la participación activa de la Academia y del sector privado.
Sin embargo, también otros grupos acuícolas tienen enorme potencial, pero no solo pensando en el ámbito del comercio exterior, sino para el aseguramiento de la alimentación y la producción de proteína animal de consumo para el ser humano.
Beneficios de la Red
Mientras, Pedro Pablo Peña, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura –FAO- en Ecuador, dijo que la Convención establece un mecanismo de cooperación con intercambio de información, transferencia de tecnología y formación de alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo de la acuicultura sostenible en la región.
Además, promueve y apoya el ordenamiento de esta actividad, así como la formulación de instrumentos de política orientados a la sostenibilidad de la producción como instrumento de la sostenibilidad alimentaria y el empleo rural, enfatizó.
MG
En los próximos días entraría a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional el pedido de aprobación del “Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”.
El correspondiente informe fue aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, mismo que, inmediatamente, se remitió a la Secretaría de la Legislatura.
Los asambleístas Xavier Casanova (alterno de María Augusta Calle), Milton Rodrigo Gualán (alterno de Cléver Jiménez), Verónica Rodríguez, Diego Salgado, Marllely Vásconez, Manuel Solórzano (alterno de Soledad Vela), Mary Verduga, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante, votaron a favor del instrumento internacional.
Objetivos y conclusiones
La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en su informe, consideró que Convenio 189 constituye un marco jurídico importantísimo para garantizar el ejercicio de los derechos de las y los trabajadores domésticos, los que históricamente han sido excluidos de muchos derechos laborales como percibir remuneraciones justas; horas de trabajo, período de descanso semanal, vacaciones, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad; salud; entre otros.
Reconoció que, por la naturaleza de sus ocupaciones, este grupo humano corresponde a personas de confianza, que forman parte de nuestros hogares; sin embargo, en muchas ocasiones, son víctimas de explotación y abuso.
El mayor objetivo del Convenio es dignificar el trabajo doméstico, ya que exige a los Estados tomar una serie de medidas, con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores, a través de un trato más equitativo.
MG/eg
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar el pedido del presidente de la República, Rafael Correa, para declarar de interés nacional la explotación de los bloques 43 y 31 en el sector de Yasuní y que la Comisión de Biodiversidad sea la que tramite la propuesta gubernamental.
Así lo dio a conocer el asambleísta Virgilio Hernández (AP), miembro del CAL, quien además informó que la Comisión de Biodiversidad será la encargada de preparar el respectivo informe.
Enfatizó que las comisiones especializadas de Justicia, Gobiernos Autónomos, Derechos Colectivos y de Desarrollo Económico prepararán, en el plazo de ochos días, informes adicionales.
Igualmente, comentó que el Consejo de Administración Legislativa, decidió pedir estudios complementarios a los ministerios de Ambiente y de Justicia sobre la existencia o no de pueblos no contactados en aislamiento voluntario y que en la misma línea el Ministerio de Finanzas determine cual sería la valoración en torno a una posible explotación del Bloque 31.
De su lado, el legislador Ricardo Moncayo (CREO), integrante del CAL, reiteró que las comisiones especializadas de Justicia, Gobiernos Autónomos, Derechos Colectivos y de Desarrollo Económico prepararán informes adicionales en materia de sus competencias, los que se convertirán en insumos para el trabajo de la Comisión de Biodiversidad.
MG/pv
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, enfatizó que de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Constitucional la consulta prelegislativa se puede aplicar únicamente en el caso de la aprobación de leyes y no se resoluciones.
El alcalde de Cotacachi, Alberto Anrango, junto al vicealcalde, Manuel Narváez, invitó a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a las Fiestas de la Jora 2013 que se desarrollarán del 6 al 22 de septiembre próximo.
El ministro de Justicia, Lenin Lara, manifestó que más allá que se han incorporado múltiples reformas al Código Penal, en la legislación vigente existe una desproporción en cuanto a las penas, que incluso transgrede el principio básico, justamente, de este aspecto.
Sostuvo que urge definir, claramente, ese principio de proporcionalidad, que tenga como parámetro esencial la dosimetría respecto a la selección de conductas y la gravedad de delitos.
Puntualizó que la propuesta del ministerio sobre la dosimetría recoge criterios especializados del jurista español Francisco Muñoz Conde, así como de cuerpos normativos del derecho comparado, especialmente del Estatuto de Roma, del cual es suscriptor nuestro país desde el año 2005, atendiendo, en todo momento, al bien jurídico protegido que en la sociedad, sin duda, es la vida.
En este contexto, propuso la privación de libertad de 22 a 26 años como pena para el asesinato; que el homicidio se castigue con 16 a 20 años de privación de libertad; y, que los delitos de lesa humanidad se sancionen con privación de libertad de 26 a 30 años, entre otros puntos.
Análisis de problemática carcelaria
El Ministro Lara, aprovechó la ocasión, para destacar las visitas realizadas por los miembros de la Comisión de Justicia a varios centros de detención, lo que permitirá analizar con seriedad la problemática y encontrar soluciones conjuntas a la misma.
La asambleísta Gina Godoy habló de la necesidad de dotar de mejores condiciones a los guías penitenciaros para el cumplimiento cabal de su trabajo, considerando que en muchos casos cumplen jornadas de 24 horas y requieren de horas de descanso y buena alimentación, tras indicar que en el vieja penitenciaría de Guayas persisten condiciones de hacinamiento y desorden.
Entre tanto, Reyta Dahik precisó que en el mismo centro de rehabilitación de Guaranda están hombres y mujeres, al pedir que, a la brevedad posible, se resuelva la situación del sector femenino y que también se implemente un mayor número de guías.
MG/pv
El asambleísta Galo Borja, representante de la provincia de El Oro y vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, participó como expositor en el Foro “Tendencias Contemporáneas de la Educación en América Latina”, caso Ecuador, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad participaron la doctora Lissette Román, delegada de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), las docentes Cira Fernández y Carmita Villavicencio, así como el estudiante José Oyola.
El asambleísta Galo Borja informó a los asistentes las acciones que -desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana y la Asamblea Nacional- realizan para que la educación superior del país alcance los niveles que se requieren para estar acorde con el cambio que se plantea desde el Estado.
