El Pleno de la Consejo Nacional Electoral (CNE) acudió ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, con el propósito de presentar observaciones y aportes al proyecto de reformas al Código de la Democracia.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, recibió en comisión general al delegado del Ministro de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca, Juan Wong; y, al asesor jurídico de dicha cartera de Estado, Ignacio Castro, quienes consideraron de vital importancia las reformas que se plantean a la Ley Especial del Sector Cafetalero, de iniciativa de la asambleísta Saruka Rodríguez.
En el Pleno de la Asamblea Nacional, se instaló el Foro Internacional “Adolescentes y Justicia Penal, un Debate Social”, organizado por la Comisión Especializada de Justicia, el Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) y Unicef.
Al evento asistió un significativo número de estudiantes de los Colegios Mejía, Simón Bolívar, Quito, Luxenburgo, de la Universidad Católica, así como profesionales del Derecho. En calidad de expositores participaron expertos de Chile, Panamá y Ecuador.
Mirar desde otro ángulo la realidad de la niñez
La asambleísta Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, invocó a mirar desde otro ángulo la realidad de la niñez y adolescencia, de cómo este grupo humano construye ciudadanía.
Destacó que la Asamblea Nacional, en su conjunto, y la gran mayoría de legisladores están empeñados en una lucha permanente por la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al enfatizar que el Foro, en el marco del debate y análisis del nuevo Código Penal, nos invita a reflexionar desde otra mirada, desde la mirada de lo integral y también del cambio estructural; nos invita a ver más allá de lo evidente.
Este encuentro, continuó, es la oportunidad propicia para liberarnos de los prejuicios, de los atavismos sociales y culturales; pretende la participación de la ciudadanía, intenta ser plural y acabar con el populismo penal que demanda la intervención del Estado y de dar respuesta, pero la intervención estatal en el tema no será lo punitivo, lo privativo de la libertad.
No a la imputabilidad de menores
De su parte, Sara Oviedo, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) dijo que no debemos permitir que se baje la edad de la imputabilidad a los adolescentes, al recordar que el Estado y el país en la Constitución actual estableció, con absoluta claridad, la existencia de una justicia especial para los menores, lo cual no puede entrar en discusión alguna, más aún cuando este asunto está consagrado en la Convención de Derechos del Niño.
Reiteró que ese argumento legal tiene que ser reforzado constantemente, al puntualizar que a este grupo vulnerable se le debe garantizar protección, mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de acceso a la educación, salud, recreación, en particular a los menores que han entrado en conflicto con la ley
Socialización a nivel nacional
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, resaltó que el organismo legislativo ha puesto en marcha un intenso proceso de socialización a nivel nacional del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, de iniciativa del Ejecutivo.
Al indicar que dicha propuesta contiene más de 1 000 artículos, entre ellos, algunos temas sumamente conflictivos, nuevos y novedosos, anunció que en las próximas semanas la comisión iniciará el desarrollo del articulado, a fin de someterlo a consideración del Pleno.
Expresó que el vigente Código, por ser la reproducción de varias leyes penales, principalmente europeas, se ha dedicado a proteger los derechos patrimoniales de un sector económico de la comunidad, sirviendo en la práctica para el castigo a los menos favorecidos e ignorando que existe una serie de conductas lesivas que afectan gravemente a la sociedad sin recibir una respuesta punitiva.
Por tanto, dijo, es necesario crear nuevos tipos penales que protejan bienes jurídicos y elaborar un nuevo Código Penal que unifique las infracciones penales dispersas en diferentes normas; más de 230 leyes vigentes en el Ecuador tienen tipos penales y sanciones penales, lo que genera impunidad, confusión y un retraso en la administración de justicia.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, participó como invitado especial en la sesión solemne con ocasión de los 477 años de fundación de Quito. La sesión se desarrolló en el Teatro Nacional Sucre, organizada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, autoridades civiles, militares y eclesiásticas
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, realizó un proceso de sistematización sobre las memorias de los seminarios que se efectuaron en Guayaquil y Machala, bajo la coordinación de los legisladores Vicente Taiano Álvarez y Gina Godoy Andrade.
En tales eventos participaron Alfonso Zambrano Pasquel, docente universitario; Martín Saquicela, miembro de la Comisión de Tránsito del Guayas; Pablo Corrales, de la Defensoría Pública; Diego Tipán, del Ministerio de Justicia; Yanina Mendoza, jueza Décimo Quinta Adjunta de Adolescentes Infractores; María Eugenia Díaz, de la Defensoría Pública; Carmen Bauz, experta en adolescentes infractores; Sebastián Sotomayor, del Ministerio de Justicia, entre otros.
Observaciones y aportes
Para el doctor Alfonso Zambrano Pasquel es necesario crear protocolos para la Policía Nacional y sus procedimientos, además capacitar a los jueces de garantías penales, en especial lo que tiene que ver con la posibilidad de dictar sentencias salvo en los casos de acción privada y en ciertos procedimientos especiales.
Hay que tener cuidado con el debido proceso y las reglas de respeto a los derechos, por ejemplo, en la toma de fluidos corporales; la ponderación de derechos para autorizar la toma de decisiones en derechos humanos y los delitos sexuales, manifiesta el jurisconsulto.
También, considera que no tiene que haber la extradición por que hay una ley expresa sobre la materia y que en la casación debería revalorizarse la prueba.
Entre tanto, Diego Tipán, del Ministerio de Justicia, expone el contenido de la reparación integral a la víctima que busca que ésta no tenga que ir a la vía civil, que pueda acceder a derechos como a ser atendidos por sicólogos, la no repetición y otras medidas para que cese la vulneración de derechos.
La implementación de penas no privativas es un avance. Los delitos informáticos cuentan con un capítulo en que constan el terrorismo y el fraude por medios electrónicos, asimismo, la presencia de nuevos delitos sexuales, agrega.
MG/pv
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, se reunirá el próximo miércoles, en horas de la mañana, con el propósito de escuchar la sustentación de la solicitud de juicio político por parte del interpelante, Jorge Escala Zambrano y la presencia personal de la ministra de Educación, Gloria Vidal, a fin de que ejerza su legítimo derecho a la defensa.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, luego de una intensa jornada de tres días de recepción de testimonios, dentro del proceso político propuesto por el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, tiene previsto -para el próximo miércoles 7 de diciembre-, en horas de la mañana, recibir las pruebas de descargo de parte de la Secretaria de Estado.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, presentó informe favorable, para segundo debate, del proyecto de Ley de Repetición.
El documento está suscrito por Mauro Andino, Henry Cuji Coello, Rosana Alvarado Carrión, Giovanny Villamar, César Gracia Gámez, Mariangel Muñoz, Marisol Peñafiel y Vicente Taiano.
El proyecto, de iniciativa del asambleísta Mauro Andino Reinoso, titular del organismo, busca regular los mecanismos que permitan el ejercicio del derecho de repetición del Estado en forma obligatoria contra todas las personas naturales o jurídicas que, como servidoras y servidores públicos, concesionarios, delegatarios u otras que en ejercicio de una actividad pública, causen perjuicios por los cuales el Estado o sus instituciones realizaron pagos reparatorios, indemnizatorios o compensatorios, siempre y cuando esos perjuicios surjan de una conducta activa u omisiva verificada con dolo o culpa grave.
De esta manera se pretende proteger el patrimonio estatal, propiedad de todas y todos los ecuatorianos. Dispone que en el ejercicio de la acción de repetición se aplicarán los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y demás normas jurídicas pertinentes.
Socialización
Se recibieron observaciones de parte de José Serrano, Ministro de Justicia; Diego García Carrión, procurador General del Estado; Isabel Ulloa, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; Elizabeth Cárdenas, jueza Primera de Trabajo de Pichincha; Victoria Neacato, Jueza Quinta de la Niñez y Adolescencia de Pichincha; Cristhian Recalde, juez Tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha.
También, presentaron aportes Carlos Fernández Idrovo, juez Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha; José Martínez, juez Décimo de lo Civil de Pichincha; Raúl Marino Hernández, juez Séptimo de lo Civil de Pichincha; Patricio Vaca Quijano, juez Cuarto de lo Civil de Pichincha; Ramón Rodríguez, docente de la Universidad Central del Ecuador; Miguel Valarezo, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja; y, del teniente coronel de Policía Fabián Salas, de la Comisión de Análisis y Reformas de la Policía Nacional.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, explicó que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina, con absoluta claridad, que en ausencia temporal del presidente lo reemplazará, en su orden, el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta.
En diálogo telefónico con el programa Cuóum, desde la ciudad de Panamá, el arquitecto Cordero lamentó comentarios de ciertos medios en el sentido que la Asamblea supuestamente estaría en acefalía, recogiendo, para ello, una declaración de Francisco Ulloa, vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
No estamos en la época de la vieja partidocracia, en que se hacía ese tipo de encargos para evadir responsabilidades, sostuvo, al enfatizar “tengo un buen concepto de Francisco (Ulloa), pero está cayendo en prácticas equivocadas de hablar primero y enterarse después”.
Expresó que “cuando yo no estoy, está en ejercicio de la Presidencia el primer vicepresidente o a su vez la segunda vicepresidenta, con las mismas facultades y capacidades para ejercer dicha función”.
El presidente Fernando Cordero lamentó los comentarios de que la Asamblea trabaja a medio gas, que está semiparalizada, sin conducción y, lo más grave, hablar de que está en acefalía, así como decir que la oficina de Juan Carlos Cassinelli ha estado cerrada, hecho que será debidamente aclarado por él.
Agenda
En otro ámbito, anunció que la próxima semana se resolverá el tema del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre la base del informe final preparado por el ponente Vicente Taiano Álvarez (Prian).
También, el Pleno adoptará una decisión en torno al pedido de la Corte Nacional de Justicia para que se levante la inmunidad del legislador Galo Lara (PSP), quien ha sido acusado de incurrir en el delito de injuria contra el Presidente de la República. Es la oportunidad propicia para que el Ecuador entero debata sobre el concepto de inmunidad, que no se debe seguir entendiendo como equivalente a patente de corso para decir y hacer lo que a uno le da la gana, dijo.
Ese tipo de cosas también hay que ir extirpando de la legislación ecuatoriana, más aún cuando ciertas personas confunden la inmunidad, que es un derecho fundamental, que hay que defender para poder fiscalizar y hacer control político, con esta capacitad de convertirse en insultadores permanentes, lo que nada tiene que ver con la citada figura.
MG/pv
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, continúa en la evacuación de pruebas testimoniales en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, por un supuesto incumplimiento de funciones.
