Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
Como asambleísta comprometido con el fortalecimiento de la democracia, creo firmemente en la necesidad de construir un Parlamento más abierto, cercano a la ciudadanía y transparente. Por eso, desde nuestro trabajo legislativo, respaldamos los principios del Parlamento Abierto, una iniciativa que promueve el acceso a la información pública, la participación activa de la sociedad, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías que faciliten el diálogo ciudadano.
El Parlamento Abierto no es solo una idea, es una práctica concreta. Significa que los ciudadanos pueden conocer nuestras agendas, nuestros proyectos de ley, nuestras votaciones y decisiones. Pero también implica abrir espacios para que ustedes quienes nos eligieron, puedan opinar, proponer y construir junto a nosotros.
En mi gestión, me comprometo a mantener canales activos de comunicación con ustedes, impulsar reformas con participación ciudadana y rendir cuentas de manera clara y oportuna. Porque solo con una Asamblea transparente, ética y participativa, lograremos recuperar la confianza en la política y avanzar hacia un país más justo.
Considero que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un derecho legítimo y también una obligación política que nace de la oferta de campaña del presidente. Esta propuesta surge de una fragmentación de ideas que ya se evidenció en la consulta popular y en las propuestas de enmienda. Para mí, es fundamental que el pueblo ecuatoriano conozca y se empodere de los temas que podrían transformarse, mutar o implementarse de nuevo. Además, creo que la Corte Constitucional debe garantizar un proceso neutral, racional e imparcial, sin tintes políticos, para que esta constituyente responda de verdad a las necesidades actuales del país.
Mi abstención frente a la consulta popular y la constituyente responde a la necesidad de evitar polarizaciones extremas y promover gobernabilidad. El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas irreconciliables (Revolución Ciudadana y ADN).
Mi decisión busca representar a la ciudadanía más allá de bandos partidistas. Una postura crítica y constructiva en la Asamblea: apoyar cuando haya fundamentos, y oponerse cuando sea necesario, sin otorgar “cheques en blanco” al Ejecutivo. Además, aclara que ciertos respaldos políticos no son competencia de la Asamblea, sino de los propios actores políticos.
Es muy preocupante el impacto de la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Ejecutivo. Aunque en un inicio la medida se presentó como un mecanismo para redistribuir recursos estimados entre 1.100 y 1.200 millones de dólares, su implementación ha generado malestar social, especialmente en la Amazonía, que cuenta con un régimen legal especial que debería garantizar atención prioritaria.
La Asamblea Nacional no tiene competencia directa para pronunciarse sobre este decreto, aunque el tema ha sido politizado tanto por el gobierno como por sectores de oposición. La falta de claridad sobre la focalización de compensaciones y beneficios sociales, como el bono de transporte o el bono de desarrollo humano, profundiza la incertidumbre en sectores vulnerables, particularmente en comunidades amazónicas.
El nuevo proyecto de ley busca reforzar los mecanismos de control sobre fundaciones, ONGs, clubes deportivos e incluso organizaciones religiosas, debido a que algunas de estas entidades han sido utilizadas como fachadas para el financiamiento de estructuras criminales.
La normativa establece que deberán reportar sus actividades, el origen y uso de sus fondos, con el fin de evitar que las economías ilícitas se camuflen bajo propósitos sociales o humanistas.
La UAFE será el ente encargado de supervisar y detectar anomalías en los ingresos y egresos de estas organizaciones. Estas medidas no buscan restringir derechos, sino garantizar transparencia y evitar que las fundaciones sean utilizadas para fines delictivos.
Hoy en la sesión de la comisión de Soberanía Alimentaria, recibimos en comisión general a la ex asambleísta Rosa Belén Mayorga, proponente del proyecto de Ley de Fomento y Regulación de la Apicultura.
En su exposición nos dio a conocer el objetivo y la importancia de esta iniciativa de ley.
Con el respaldo unánime de los 146 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes el proyecto de resolución “Por la dignidad institucional y la ética parlamentaria”, mediante el cual se expresa un enérgico rechazo a la denuncia presentada contra el asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, investigado por el presunto delito de violación a una menor de edad.
La resolución, aprobada tras un amplio debate, deja constancia de que, si bien se debe respetar el principio de presunción de inocencia, los hechos denunciados han generado una seria conmoción social y comprometen la imagen institucional de la Función Legislativa.
Los miembros del Grupo Interparlamentario de Amistad entre las Repúblicas del Ecuador e Italia, coordinado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, mantuvieron una reunión protocolaria con el embajador de Italia, Giovanni Davoli, en la que reafirmaron su compromiso de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación.
La legisladora Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y coordinadora del Grupo, subrayó que esta reunión protocolaria marca el inicio formal de sus actividades. Expresó su agradecimiento al embajador italiano por propiciar este primer encuentro oficial, que constituye un paso significativo en el afianzamiento de los lazos de amistad, entendimiento y cooperación mutua.
Durante la entrevista que mantuve con Radio Mía de la ciudad del Puyo, destaque la necesidad de que la Asamblea Nacional tenga un papel más protagónico frente a la grave crisis que enfrenta el país. No se trata de seguir una agenda del impueta, sino de cumplir con la función de legislar en favor del pueblo, especialmente en materia de empleo, seguridad y justicia social. En ese sentido, es responsabilidad de la Asamblea responder a las necesidades urgentes de la ciudadanía.
Estoy convencido en la urgencia de generar empleo digno y productivo en las provincias amazónicas y que no se continúe explotando los recursos naturales sin que exista una real redistribución de la riqueza. Mi llamado a revisar el modelo económico extractivista y promover políticas públicas que respeten los derechos de las comunidades amazónicas y les permitan vivir con dignidad.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este lunes, 21 de julio, con seis votos afirmativos, resolvió ratificarse en el contenido de la contestación a la demanda, sobre la base del Informe Técnico de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, presentado en noviembre de 2024, en el marco de la acción de inconstitucionalidad de la norma 73-23-IN.
El referido informe técnico recoge todas las fases del proceso seguido para la aprobación de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, ley que entró en vigencia en 2022. Se pone énfasis en que se cumplieron con los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la participación de diversos sectores involucrados en la materia.
