Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
Como asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos, considero importante aclarar que esta consulta popular no fue parte de la propuesta original de campaña del Presidente. Él ofreció una Asamblea Constituyente, no una consulta. La Corte Constitucional delimitó el alcance de las reformas y aprobó únicamente tres preguntas de carácter parcial, descartando otras propuestas. Estas preguntas se refieren a:
La instalación de bases militares extranjeras en el país
El financiamiento estatal a las organizaciones políticas
El patrocinio estatal a partidos y movimientos políticos
Por eso, más allá de las posturas políticas, es fundamental que la ciudadanía tenga claridad: lo que hoy se plantea como consulta no es lo que originalmente se prometió. Mi posición es respetar el proceso democrático sin generar influencia en el voto, pero también dejar constancia de esta diferencia.
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que unifica varias iniciativas legislativas, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió la comparecencia de Ángel Chanaguano, representante de la Asociación de Productores “La Paz”.
Durante su intervención, Chanaguano destacó la importancia de que la nueva ley considere las realidades y necesidades del territorio amazónico, en particular de la provincia de Orellana.
Subrayó que los recursos destinados al fortalecimiento agrícola deben priorizar la producción, distribución de semillas y plántulas locales de calidad, en lugar de depender de variedades provenientes de otras provincias.
Asimismo, señaló también la importancia de que los proveedores de insumos provengan de la propia región amazónica, con el fin de impulsar la economía local en productos como maíz, café, arroz y cacao.
El representante explicó que, desde su asociación, se trabaja en la manufactura, incorporándole valor agregado a productos como el cacao y el café, además del funcionamiento de centros de acopio. Sin embargo, evidenció que una de las principales limitaciones radica en la falta de infraestructura y equipamiento adecuado para procesos de poscosecha y secado, situación que afecta a numerosas asociaciones de la provincia que cuentan con productos de alta calidad y potencial exportador.
En este contexto, planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan a los centros de acopio gestionar cupos de exportación directamente desde puertos como el de Guayaquil, lo cual favorecería mejores condiciones de comercialización, precios justos para los agricultores y un beneficio compartido tanto para las asociaciones como para los productores locales.
Finalmente, agradeció el espacio de participación y solicitó que estas demandas sean consideradas en la normativa, de manera que la ley responda a las necesidades de los agricultores amazónicos y de las provincias históricamente marginadas.
La decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública responde a un control estrictamente jurídico, no político. La Corte actuó porque se violó el principio de conexidad: partimos de un proyecto con un objetivo claro, fortalecer la seguridad y permitir deducciones tributarias por aportes, pero en el camino se incorporaron reformas a otras normas que no estaban relacionadas con ese propósito. Reconozco que no todo en esas leyes era negativo, pero hubo un error de forma que abrió la puerta a esta decisión. Como jurista y demócrata, sostengo que la Asamblea no puede estar por encima de la Corte Constitucional, y debemos asumir la responsabilidad de respetar el control constitucional.
La política crediticia no puede seguir ignorando nuestra realidad. Hoy exigimos que se cumpla el Art. 42 de la Ley de la Amazonía: créditos con intereses, plazos y garantías diferenciadas.
Con el Fondo Común, avanzamos hacia el Banco Amazónico: una herramienta clave para el desarrollo de Sucumbíos y toda la región.
Los amazónicos debemos acceder a créditos preferentes, con bajos intereses y condiciones distintas. El costo de vida en la amazonía no es el mismo en la Costa que en la Sierra;esa diferencia debe reflejarse en la ley.
¡La Amazonía no pide favores, exige derechos!
Considero que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un derecho legítimo y también una obligación política que nace de la oferta de campaña del presidente. Esta propuesta surge de una fragmentación de ideas que ya se evidenció en la consulta popular y en las propuestas de enmienda. Para mí, es fundamental que el pueblo ecuatoriano conozca y se empodere de los temas que podrían transformarse, mutar o implementarse de nuevo. Además, creo que la Corte Constitucional debe garantizar un proceso neutral, racional e imparcial, sin tintes políticos, para que esta constituyente responda de verdad a las necesidades actuales del país.
Mi abstención frente a la consulta popular y la constituyente responde a la necesidad de evitar polarizaciones extremas y promover gobernabilidad. El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas irreconciliables (Revolución Ciudadana y ADN).
Mi decisión busca representar a la ciudadanía más allá de bandos partidistas. Una postura crítica y constructiva en la Asamblea: apoyar cuando haya fundamentos, y oponerse cuando sea necesario, sin otorgar “cheques en blanco” al Ejecutivo. Además, aclara que ciertos respaldos políticos no son competencia de la Asamblea, sino de los propios actores políticos.
Es muy preocupante el impacto de la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Ejecutivo. Aunque en un inicio la medida se presentó como un mecanismo para redistribuir recursos estimados entre 1.100 y 1.200 millones de dólares, su implementación ha generado malestar social, especialmente en la Amazonía, que cuenta con un régimen legal especial que debería garantizar atención prioritaria.
La Asamblea Nacional no tiene competencia directa para pronunciarse sobre este decreto, aunque el tema ha sido politizado tanto por el gobierno como por sectores de oposición. La falta de claridad sobre la focalización de compensaciones y beneficios sociales, como el bono de transporte o el bono de desarrollo humano, profundiza la incertidumbre en sectores vulnerables, particularmente en comunidades amazónicas.
El nuevo proyecto de ley busca reforzar los mecanismos de control sobre fundaciones, ONGs, clubes deportivos e incluso organizaciones religiosas, debido a que algunas de estas entidades han sido utilizadas como fachadas para el financiamiento de estructuras criminales.
La normativa establece que deberán reportar sus actividades, el origen y uso de sus fondos, con el fin de evitar que las economías ilícitas se camuflen bajo propósitos sociales o humanistas.
La UAFE será el ente encargado de supervisar y detectar anomalías en los ingresos y egresos de estas organizaciones. Estas medidas no buscan restringir derechos, sino garantizar transparencia y evitar que las fundaciones sean utilizadas para fines delictivos.
Hoy en la sesión de la comisión de Soberanía Alimentaria, recibimos en comisión general a la ex asambleísta Rosa Belén Mayorga, proponente del proyecto de Ley de Fomento y Regulación de la Apicultura.
En su exposición nos dio a conocer el objetivo y la importancia de esta iniciativa de ley.
Con el respaldo unánime de los 146 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes el proyecto de resolución “Por la dignidad institucional y la ética parlamentaria”, mediante el cual se expresa un enérgico rechazo a la denuncia presentada contra el asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, investigado por el presunto delito de violación a una menor de edad.
La resolución, aprobada tras un amplio debate, deja constancia de que, si bien se debe respetar el principio de presunción de inocencia, los hechos denunciados han generado una seria conmoción social y comprometen la imagen institucional de la Función Legislativa.
