Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este lunes, 21 de julio, con seis votos afirmativos, resolvió ratificarse en el contenido de la contestación a la demanda, sobre la base del Informe Técnico de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, presentado en noviembre de 2024, en el marco de la acción de inconstitucionalidad de la norma 73-23-IN.
El referido informe técnico recoge todas las fases del proceso seguido para la aprobación de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, ley que entró en vigencia en 2022. Se pone énfasis en que se cumplieron con los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la participación de diversos sectores involucrados en la materia.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este viernes, 18 de julio, recibió aportes al proyecto de Ley de Fomento a la Producción, Comercialización, Control de la Cadena Productiva e Incentivos para el Consumo del Plátano, que tiene por objetivo establecer un marco jurídico para el desarrollo de este segmento productivo, que aporta a la seguridad alimentaria del Ecuador.
Uno de los ejes prioritarios que nos trazamos en la Asamblea Nacional fue la seguridad ciudadana, junto con el desarrollo social. En ese marco, recibimos un proyecto inicialmente denominado como “Ley de recuperación de áreas protegidas”. Sin embargo, en el transcurso del análisis legislativo, el enfoque evolucionó y hoy se presenta con una nueva denominación: Ley de Fortalecimiento.
Este cambio responde a una visión más amplia. Reconocemos que las áreas protegidas como parques nacionales, reservas biológicas y zonas faunísticas, tienen un valor estratégico tanto ambiental como social. En regiones como la Amazonía, estas zonas han sido seriamente afectadas por la proliferación de actividades ilegales, especialmente la minería, lo que exige un enfoque más robusto e integral para su protección y gestión.
Durante el debate legislativo sobre la administración de los centros de privación de libertad, realicé un firme llamado a establecer una diferenciación clara entre los contraventores de tránsito y los delincuentes comunes. Señalé que las contravenciones de tránsito, como conducir sin licencia o cometer una infracción por imprudencia, son actos culposos, es decir, sin intención de causar daño, y no deben ser tratadas con el mismo rigor que los delitos dolosos.
Cuestioné que, en la práctica, personas que cometen este tipo de infracciones sean recluidas junto a delincuentes con conductas peligrosas, lo cual representa una violación a los principios constitucionales de rehabilitación y proporcionalidad en la aplicación de la pena.
Respaldo a los proyectos de ley con el caracyter de urgente en materia económica
Mi votación en el Pleno no responden a una obediencia ciega al Ejecutivo ni a ningún bloque legislativo. Siempre he actuado con responsabilidad, analizando técnica y políticamente cada propuesta. He respaldado aquellas leyes en las que se han considerado mis observaciones y que benefician a mi provincia y al país. Pero también he votado en contra cuando he estado en desacuerdo, como ocurrió con la reforma al Código de la Democracia.
Sobre los escandalos en la Asamblea, lamento profundamente que la Función Legislativa esté en el centro de escándalos por prácticas como los diezmos y el nepotismo. Rechazo categóricamente esas prácticas que manchan la imagen de la institución y desvían la atención de lo que realmente importa: trabajar por el país. Es hora de devolverle dignidad a la Asamblea, con ética, transparencia y compromiso real con la ciudadanía.
El asambleísta Juan Gonzaga, durante una entrevista en varios medios de comunicación solicita investigar desvinculaciones en la Asamblea, mencionando que es clave determinar si entre los cesados hay posibles responsabilidades penales, y revisar los procesos de contratación al momento de recibir carpetas para evitar conflictos de interés
En Radio Centro Ecuador, con Gonzalo Ruiz, analizamos varios temas de coyuntura, entre ellos la Ley de Áreas Protegidas aprobada por la Asamblea Nacional. Una ley que sin duda provoca cuestionamientos de diferentes sectores, pero a la vez tiene varios aspectos positivos. Durante el primer debate, planteamos algunas observaciones al texto, mismas que fueron acogidas. Te explico cuales fueron.
Tuve la oportunidad de participar en una entrevista en Radio Sonorama, donde abordé la situación actual de la Asamblea Nacional. Reafirmé mi compromiso con un trabajo legislativo responsable, transparente y enfocado en las verdaderas necesidades del país
Abordamos temas importantes como Agenda Legislativa, trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria y el caso del Nepotismo en la Función Legislativa.
MI PUNTO DE VISTA RECOGIDO EN DIARIO LA HORA.
Creación de empresa pública
Juan Gonzaga, asambleísta de Sucumbíos (Independiente) también alertó que la creación de la empresa pública pudo haber limitado los derechos y facultades que podría tener el Ministerio de Ambiente.
Sugieren que sea el ministerio que asuma los procesos de concesión y entrega a las operadoras turísticas que puedan ingresar a las áreas protegidas. Además, que en alcance a las recomendaciones de la Corte Constitucional obligó al ente legislativo a realizar consultas prelegislativas.
“Entendemos que por la naturaleza del trámite no va a poder realizarse la consulta prelegislativa, pero sí recoger la vigencia de los derechos de comunas y nacionalidades que son parte de los ecosistemas que deben ser preservados, combatir la minería ilegal”.
A partir de los cambios que se hicieron al segundo debate es muy probable que se pueda apoyar el proyecto de ley, mencionó.
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La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este miércoles, 9 de julio, escuchó a productores y comercializadores de plátano, quienes formularon observaciones al proyecto de Ley de Fomento a la Producción, Comercialización, Control de la Cadena Productiva e Incentivos para el Consumo del Plátano, que tiene por objetivo regular todas las etapas de la producción de esta hortaliza.
