Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
JUSTIFICACIÓN
En este contexto Sucumbíos se considera como una de las provincias más afectadas en relación a las secuelas económicas, sociales y coyunturales que ha dejado entrever que por las determinaciones de los organismos de inteligencia militar y policial, que advierten que se encuentra precisamente dentro de las cinco provincias con mayor incidencia e incremento continuo en la tasa de homicidio intencionales por cada 100.000, que sumado a la incidencia de la capacidad operativa de las bandas criminales ha logrado reclutar y por tanto capitalizar bajo un modus operandi de oferta de actividades ilegales a los colaboradores de sus sistemas operativos a la juventud y personas que forman parte del grupo humano que reside en el sector rural y de frontera.
Que en relación a la determinación poblacional de Sucumbíos, la misma que de acuerdo al último censo estadístico se encuentra con 199.014 habitantes de los cuales 117.980 se encuentra como parte de la población rural y 81.034 como parte de la población urbana.
Que en lo concerniente a la población rural provincial, esta se encuentra comprendida dentro de una tasa del 74.7% de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y que en el contexto país se encuentra con el 59.2% del NBI, evidenciando que de dicha población la más afectada por grupos humanos es precisamente el sector del campesino, los grupos de diversas nacionalidades culturales y los afroecuatorianos.
Que el proyecto de ley de para Desarticular La Economía Criminal Vinculada Al Conflicto Armado Interno tiene entre otros fines Fomentar procesos sostenidos de recuperación y desarrollo en las zonas más severamente impactadas por la violencia armada, siendo una de estas en lo particular y en lo general Sucumbíos.
Que como parte de los principios del proyecto de ley se contempla el de NO discriminación, no obstante, en beneficio de solucionar las desigualdades derivadas de su situación, necesidades o desamparo, es prioritario y necesario que se garantice el acceso en igualdades de condiciones a los programas de reactivación económica, siendo en lo concerniente la provincia de Sucumbíos.
Que con tales propósitos de Reactivación económica en zonas afectada, es necesario fortalecer los programas de apoyo social dirigidos a la reconstrucción del tejido social de la poblaciones más vulnerables y afectadas por las economías criminales, en especial aquellas que se encuentren en frontera y grupo humanos del tejido social afectados por el impacto de los estados de excepción, es necesario reducir los factores que pueden exacerbar la violencia y la incidencia o participación en actividades ilícitas.
Que en el propósito de generar una reactivación económica constituiría como facultad exclusiva del Presidente de la República, el de disponer de un tratamiento económico especial para zonas focalizadas; entre estas la provincia de Sucumbíos, que incluya incentivos tributarios, alivios financieros y/o compensaciones, es necesario determinar el contexto de su aplicación y diferenciación.
En tales consideraciones y una vez que el proyecto de ley se ha resumido en 14 artículos tres disposiciones generales, cinco disposiciones reformatorias, dos transitorias y una derogatoria.
Así concluido este proceso formativo, se hace las siguientes recomendaciones y sugerencias, a fin de la Comisión que lleva el conocimiento, tratamiento y aprobación del referido proyecto de ley, pueda tomar en cuenta:
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Conjuntamente con varios asambleístas amazónicos, presentamos observaciones a la Ley Orgánica de Integridad Pública, exigiendo que en el segundo debate se incluya una disposición que garantice la contratación de mano de obra, bienes y servicios con prioridad local, cantonal, provincial y regional, tal como lo manda la Ley Amazónica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Sucumbíos es la quinta provincia de la región amazónica, la cual representa un rol importante y de mucha trascendencia en la economía nacional, en relación a la actividad petrolera que se generan en sus territorios y su aporte para el desarrollo económico del Ecuador.
La ubicación de la provincia, tiene incidencia en el tema jurídico a tratar por las siguientes consideraciones:
Sucumbíos, como otras provincias del Ecuador, han sido históricamente susceptibles a la corrupción y a la ineficiencia en la gestión de proyectos públicos, especialmente en infraestructura “vialidad y energía"; si bien los casos de corrupción mencionados en la exposición de motivos del proyecto de ley “Metástasis, Purga, Encuentro”, no se focalizan en la Amazonia, exponen la vulnerabilidad del sistema de contratación pública a nivel nacional.
El Proyecto de “Ley Orgánica de Integridad Pública”, busca transparentar, agilizar y controlar de manera más riguroso los procesos de contratación pública, lo cual podría reducir significativamente las pérdidas de recursos de proyectos destinados a la Amazonia.
La optimización del gasto público, a través de un sistema eficiente, específicamente en la Amazonia, donde las necesidades son apremiantes en cuanto a “infraestructura, salud y educación”, cada monto invertido eficientemente puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de sus habitantes y comunidades.
En este sentido, la implementación de datos abiertos y la modernización del Registro Único de Proveedores (RUP), en el Portal de Contratación Pública, acarrearía beneficios directos tanto a las comunidades amazónicas, como a las distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando se implementen programas de capacitación y acceso a la tecnología de cada región, así, podrán acceder de una manera sencilla a la información de los contratos que se estén ejecutando en su respectivo territorio.
El mencionado proyecto de ley, tiene la viabilidad de ser una herramienta valiosa para la Amazonia, al promover la transparencia, la eficiencia y el combate a la corrupción en temas de contratación pública, puesto que, si se consideran las particularidades y desafíos de la Amazonia, permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos, la infraestructura y el desarrollo sostenible de la región, mediante la participación de actores locales.
Hoy cumplimos un mes representando a la provincia de Sucumbíos en la Asamblea Nacional. Seguimos firmes en nuestro compromiso de trabajar por el desarrollo de la región amazónica y por el país.
Mi apoyo al proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, no responde a lineamientos partidistas sino al compromiso con la construcción de un nuevo Ecuador. "Debemos tomar decisiones responsables frente al compromiso con el pueblo ecuatoriano. Nosotros más que representar a una organización política representamos a un territorio y a un país".
En Radio Sucumbíos, expuse las observaciones presentadas desde mi despacho al proyecto de Ley de Solidaridad Nacional que fue aprobada en la Asamblea. Mis aportes estaban encaminados a que, dentro del texto de la ley se incluya incentivos tributarios, alivios financieros y/o compensaciones, para Sucumbios, este pedido lo realicé en el marco de la realidad de pobreza social, incapacidad productiva y contribución al desarrollo del país.
La visita a territorio para escuchar a los pequeños y medianos productores, una fiscalización eficiente y la continuación del trámite de siete proyectos de ley relacionados con diversos sectores productivos del país, son temas que constan en el Plan de Trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para el período 2025-2027.
El propósito, mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que se dedican a las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras.
En la agenda de la Comisión están, entre otros, los proyectos relacionados con el desarrollo sostenible del café; el Proyecto de Ley para el Fomento de la Producción de Cuyes; la Ley Interpretativa al artículo 24 de la Ley para Fomentar la Producción, Industrialización, Comercialización y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados; y el Proyecto de Ley del Fomento de la Producción de la Papa.
En TVNET participamos de una charla importante con William Hernández del Comité de padres familia de Sucumbíos por una Educación Superior
El tema que abordamos fue los Retos y Desafíos de la Asamblea Nacional 2025-2029, una visión desde Sucumbíos
En Coca visión canal regional amazónico, conversamos con Iván Cevallos sobre los proyectos urgentes que se enciuenta analizando la Asamblea Nacional y también sobre las inicitivas que como asambleísta amazónico vamos a presentar. Te invito a mirar la entrevista.
El Pleno de la Legislatura, presidido por Niels Olsen, este martes 27 de mayo, con 78 votos afirmativos, declaró improcedente y devolvió el pedido efectuado por el doctor Hernán Barros Noroña, Conjuez de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, mediante el cual, solicitó que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal de la ciudadana Esther Adelina Cuesta Santana, quien desde el 13 de mayo de 2025 no ejerce el cargo de asambleísta.
