Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, con seis votos afirmativos, aprobó la unificación de las reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario al texto del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, en aplicación de lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de evitar una dispersión normativa y fortalecer a los sectores agrícola y pecuario del país.
Mediante esta resolución, el organismo legislativo suma la propuesta de reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentada por el asambleísta Francisco Cevallos Macías, al estudio unificado del proyecto denominado “Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario”, que actualmente incluye las iniciativas relacionadas con la cadena de producción del plátano, la producción sostenible del café, la crianza y comercialización de cuyes, el fomento a la producción de la papa y el texto relacionado con la apicultura.
Dentro del tratamiento del proyecto unificado, la mesa ha escuchado a diferentes sectores relacionados con la producción agrícola y ganadera de las distintas zonas del país, así como a representantes de varios ministerios vinculados con los procesos productivos, de control sanitario y de calidad, de comercialización y de comercio exterior, al igual que las voces de expertos y académicos, quienes han presentado sugerencias, comentarios y observaciones al referido cuerpo jurídico.
“Creo que la Asamblea debe actuar con base en sus funciones constitucionales: legislar y fiscalizar, no respaldar ni rechazar posturas políticas. El objetivo debe ser generar propuestas y espacios de mediación, no profundizar divisiones.”
Ante la crítica situación que atraviesa el país, he planteado la conformación de una comisión multipartidista en la Asamblea Nacional, integrada por representantes de todas las fuerzas políticas. No para señalar culpables, sino para asumir responsabilidades y contruir soluciones reales. Somos 151 asambleístas con un mismo propósito: la paz social, la tranquilidad y el desarrollo del Ecuador Es momento de actuar con altura, con compromiso y con visión de país.
En el marco de las celebraciones por la Independencia de Guayaquil, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional sesionó en el Puerto Principal con el objetivo de iniciar el tratamiento y la fase de socialización del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.
Esta decisión se adoptó luego de conocerse la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante la cual se calificó el tratamiento del mencionado proyecto y se dispuso su envío a dicha comisión.
Tras la notificación, la presidenta del organismo legislativo, Janina Rizzo, dio inicio formal al tratamiento del proyecto y dispuso la apertura de la fase de socialización y su publicación a través de los canales oficiales de la Asamblea Nacional, con el fin de recibir observaciones y aportes ciudadanos.
El proyecto de Ley Reformatoria, presentado por el asambleísta Francisco Cevallos, busca fortalecer el marco jurídico que regula la producción, la innovación y la sostenibilidad del sector agropecuario en el Ecuador. La propuesta prioriza el desarrollo sostenible del sector e incorpora nuevas finalidades, como la promoción de la juventud rural, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático.
Rizzo destacó que, en una fecha tan significativa, en la que se conmemoran los 205 años de independencia de la “Perla del Pacífico”, realizar la primera reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria en territorio tiene un profundo significado: “Traer el trabajo legislativo al corazón productivo del país, donde la agricultura, la pesca y el esfuerzo de nuestra gente sostienen la soberanía alimentaria del Ecuador”, concluyó.
Finalmente, agradeció la presencia y el compromiso de los legisladores, y les dio la bienvenida a “la tierra de desarrollo y libertad”.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este martes, 7 de octubre, escuchó nuevas observaciones del ingeniero Pablo Landázuri Abarca, catedrático de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), en torno al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que cursa trámite previo a la elaboración del informe para primer debate.
En esta oportunidad, el ingeniero Landázuri reiteró la necesidad de dictar una ley que garantice el desarrollo de todas las actividades agroproductivas con un enfoque moderno, que evite, por ejemplo, la tendencia al monocultivo, es decir, que la norma debe fomentar la diversificación productiva, lo cual incidirá positivamente en las condiciomes del mercado.
Recordó que se pone énfais en la existencia de un sistema de precios de sustentación de los diferentes productos, pero muchas de las veces la dinámica de la oferta y la demanda impide que este precio se cumpla a favor del productor.
Pablo Landázuri enfatizó en que es fundamental que la ley promueva el fortalecimiento de la investigación agropecuaria, a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), con el apoyo de las unviersidades públicas, a fin de modernizar los sistemas productivos, así como el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción agrícola y pecuaria.
En este contexto, dijo, el Registro Nacional Agropecuario que se crea en esta normativa, aportará a la planificación en materia productiva, al aclarar que todo lo que prevé la ley hará realidad el mandato constitucional de garantizar el acceso de la población a alimentos sanos, nutritivos y diversos.
Durante estas dos semanas de manifestaciones, he visto con claridad que el malestar ciudadano es real y legítimo. El Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, generó un estado de conmoción no solo por sus efectos presentes, sino por el impacto que tendrá a futuro en la economía de las familias ecuatorianas. Entiendo y respaldo el derecho de la ciudadanía a la resistencia y al reclamo pacífico, así como también reconozco la preocupación del Gobierno frente a posibles afectaciones a bienes públicos y privados.
Como Asamblea Nacional, hemos recomendado al Ejecutivo retomar el camino del diálogo, ya que esta medida no fue previamente socializada ni se explicaron mecanismos claros de compensación. Me preocupa que existan posiciones extremas que dificultan acuerdos, pero creo firmemente que solo a través de espacios de diálogo podremos encontrar soluciones responsables y sostenibles.
Yo creo que aquí hay una clara intención del Ejecutivo de trasladar la responsabilidad de los problemas nacionales a otros, en este caso, a la Asamblea Nacional. Desde el inicio, cuando se modificó el método de asignación de escaños pasando del método de Webster, que garantiza representación a las minorías, al de D’Hondt, que favorece a las mayoríasse dio un primer golpe a la pluralidad política.
A partir de ahí, se empezó a instalar la idea de que el problema es el número de asambleístas y que debía reducirse. Pero esta es una mirada meramente cuantitativa, que no aborda la calidad de la representación política. Se llegó incluso a proponer pasar de 151 a 80 asambleístas, bajo el argumento de reducir gastos, cuando en realidad lo que debería discutirse es la calidad del trabajo legislativo y el tipo de representación que el país necesita.
Como asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos, considero importante aclarar que esta consulta popular no fue parte de la propuesta original de campaña del Presidente. Él ofreció una Asamblea Constituyente, no una consulta. La Corte Constitucional delimitó el alcance de las reformas y aprobó únicamente tres preguntas de carácter parcial, descartando otras propuestas. Estas preguntas se refieren a:
La instalación de bases militares extranjeras en el país
El financiamiento estatal a las organizaciones políticas
El patrocinio estatal a partidos y movimientos políticos
Por eso, más allá de las posturas políticas, es fundamental que la ciudadanía tenga claridad: lo que hoy se plantea como consulta no es lo que originalmente se prometió. Mi posición es respetar el proceso democrático sin generar influencia en el voto, pero también dejar constancia de esta diferencia.
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que unifica varias iniciativas legislativas, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió la comparecencia de Ángel Chanaguano, representante de la Asociación de Productores “La Paz”.
Durante su intervención, Chanaguano destacó la importancia de que la nueva ley considere las realidades y necesidades del territorio amazónico, en particular de la provincia de Orellana.
Subrayó que los recursos destinados al fortalecimiento agrícola deben priorizar la producción, distribución de semillas y plántulas locales de calidad, en lugar de depender de variedades provenientes de otras provincias.
Asimismo, señaló también la importancia de que los proveedores de insumos provengan de la propia región amazónica, con el fin de impulsar la economía local en productos como maíz, café, arroz y cacao.
El representante explicó que, desde su asociación, se trabaja en la manufactura, incorporándole valor agregado a productos como el cacao y el café, además del funcionamiento de centros de acopio. Sin embargo, evidenció que una de las principales limitaciones radica en la falta de infraestructura y equipamiento adecuado para procesos de poscosecha y secado, situación que afecta a numerosas asociaciones de la provincia que cuentan con productos de alta calidad y potencial exportador.
En este contexto, planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan a los centros de acopio gestionar cupos de exportación directamente desde puertos como el de Guayaquil, lo cual favorecería mejores condiciones de comercialización, precios justos para los agricultores y un beneficio compartido tanto para las asociaciones como para los productores locales.
Finalmente, agradeció el espacio de participación y solicitó que estas demandas sean consideradas en la normativa, de manera que la ley responda a las necesidades de los agricultores amazónicos y de las provincias históricamente marginadas.
La decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública responde a un control estrictamente jurídico, no político. La Corte actuó porque se violó el principio de conexidad: partimos de un proyecto con un objetivo claro, fortalecer la seguridad y permitir deducciones tributarias por aportes, pero en el camino se incorporaron reformas a otras normas que no estaban relacionadas con ese propósito. Reconozco que no todo en esas leyes era negativo, pero hubo un error de forma que abrió la puerta a esta decisión. Como jurista y demócrata, sostengo que la Asamblea no puede estar por encima de la Corte Constitucional, y debemos asumir la responsabilidad de respetar el control constitucional.
