Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
Hoy, en la Sesión 044 del Pleno, destaqué que la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses exige una normativa firme que frene la influencia indebida en todos los niveles del Estado.
Señor Presidente, la prioridad de esta Asamblea debe ser el pueblo ecuatoriano, no los intereses de grupos. Estamos aquí por decisión del pueblo y no podemos ignorar ese mandato.
Creo que nuestra agenda legislativa y de fiscalización debe readecuarse y generar un acuerdo propositivo para responder a estas necesidades y avanzar hacia una gestión pública más transparente y coherente con lo que el país espera.
UNSIÓN TV CUENCA
Creo que la situación política del país está marcada por una polarización evidente entre RC y ADN, y ese enfrentamiento ha generado posiciones radicales que afectan directamente a la representación democrática. Un ejemplo claro fue el intento de eliminar el método Webster del Código de la Democracia un método que favorece a las minorías y que permitió que muchos de nosotros llegáramos a la Asamblea para reemplazarlo por el método D’Hondt, impulsado por esas dos fuerzas.
A esto se suma lo dicho por el Presidente, cuando cuestionó la trascendencia de algunos asambleístas sin precisar quiénes, según él, no cumplen con su rol o no aportan al debate legislativo. Para mí, esa falta de precisión no ayuda y termina deslegitimando a todos, incluso a quienes trabajamos con responsabilidad y cercanía a la ciudadanía.
El pueblo ecuatoriano, con su voto, nos dio una nueva oportunidad: la pregunta 3 nos interpela directamente como legisladores, y la 2 interpela a las organizaciones políticas de todo el espectro, no solo a RC y ADN, sino también a partidos con larga trayectoria como el Social Cristiano, Pachakutik, Unidad Popular, los socialistas y otros.
Creo firmemente que esta oportunidad implica mejorar nuestra relación interna en la Asamblea y, sobre todo, fortalecer los procesos de gobernabilidad con el resto de funciones del Estado. El país espera más diálogo, menos polarización y un trabajo legislativo que esté realmente conectado con la ciudadanía.
RTU QUITO
Creo que lo primero es tener una lectura clara de lo que pasó en las elecciones y de lo que viene para el país. Ayer se evidenció que, aunque hubo un ajuste en el ambiente político, no hubo un cambio real en la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea: la mayoría sigue superando los 77 votos y continúa alineada al bloque oficialista y sus aliados. Sin embargo, también veo que estos resultados no representan un respaldo absoluto; más bien reflejan el malestar ciudadano hacia el Legislativo.
Para mí, esta es una llamada de atención. Hoy no existe una agenda legislativa ni de fiscalización claramente definida, y sin esa hoja de ruta es imposible construir gobernabilidad. Muchas propuestas terminan imponiéndose solo porque nacen desde el Ejecutivo o desde el bloque de ADN, no porque respondan a un trabajo articulado, técnico o consensuado. Esta experiencia nos deja una lección: si no ordenamos prioridades, si no construimos una agenda transparente y coherente, seguiremos desconectados de las necesidades reales de la ciudadanía y sin capacidad de liderazgo institucional.
RADIO SUCUMBÍOS
Siempre advertí que este proceso comenzó mal y terminó mal. Desde el primer momento observé que las intenciones del Presidente de reformar parcialmente la Constitución no despertaron interés ni generaron una propuesta clara. Luego vino el conflicto con la Corte Constitucional y, como respuesta, planteó crear una nueva Constitución. Para mí, desde ahí ya se anunciaba que nada iba a funcionar.
Mientras las primeras tres preguntas podían al menos generar debate, la cuarta la más decisiva nunca fue explicada con transparencia. Si el Presidente aseguraba que la Constitución era garantista en exceso, que favorecía a delincuentes o que impedía administrar el país, tenía la obligación de señalar de manera concreta cuáles eran esas falencias y cómo se corregirían. Nunca lo hizo.
Por eso, muchos ciudadanos conscientes de lo que implica un cambio constitucional decidieron decir “no”. Yo también lo veía venir: sin argumentos claros, sin sustento y sin un diagnóstico serio, era imposible que la gente apoyara una propuesta tan trascendental.
GAMAVISIÓN
En este momento considero indispensable reflexionar sobre lo que viene después del proceso electoral. Para mí, el Poder Ejecutivo y especialmente el Presidente debe comprender que los resultados numéricos no pueden analizarse de forma aislada, sino vinculados a la necesidad de un cambio más amplio, conciliador y comprometido con las organizaciones y los actores sociales del país.
Veo que el primer escenario que se mueve exige una revisión interna: es probable que en la formulación de políticas haya habido desaciertos que pasaron inadvertidos. Por eso, creo que es momento de evaluar a fondo quiénes, dentro del gabinete y en los órganos colegiados donde existen delegados del Presidente, han actuado con coherencia, sensibilidad y compromiso real con los problemas nacionales. A partir de esa evaluación, considero inevitable que se produzcan ajustes y cambios en la administración pública para corregir el rumbo y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Para analizar una eventual nueva Constitución, siempre parto de lo que ya tenemos y de cómo esto impacta directamente a la ciudadanía. Hoy contamos con una Constitución garantista, diseñada para colocar el bienestar del ser humano en el centro y asegurar derechos fundamentales como educación, salud, desarrollo y buen vivir. Por eso, cuando se presenta una propuesta ambigua, sin explicar claramente cómo mejorará o garantizará esos derechos, es lógico que yo —y la ciudadanía— sintamos incertidumbre. Incluso las mesas temáticas mencionadas en el anexo de la consulta no explican qué cambiaría en la práctica ni cuáles serían los beneficios reales para la gente. Si no conozco con precisión qué derechos se fortalecen, qué problemas se resuelven o qué avances se aseguran con una nueva constitución, no puedo decidir si me conviene o no apoyarla. La ciudadanía tiene derecho a esa información y a que cualquier propuesta constitucional sea transparente, concreta y comprensible.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este martes, 28 de octubre, avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que unifica varias iniciativas en materia agrícola y pecuaria. En esta ocasión, los comisionados recibieron los criterios y sugerencias de Nora Cárdenas Montoya, productora y dirigente agropecuaria del suroccidente de Loja.
A criterio de la ingeniera Nora Cárdenas, también miembro de la Plataforma de Soberanía Alimentaria de la provincia de Loja, en la zona sur la agricultura no es una actividad más, sino un medio de vida que actualmente se ve reducido por el incremento constante del costo de los insumos, el irrespeto de los precios mínimos de los productos, así como la falta de control de las fronteras, por lo cual el ingreso de productos de otros países, como en el caso del maíz, es una amenaza constante, en perjuicio del productor local.
Explicó que esta ley no puede quedarse en el papel, pues debe convertirse en un importante motor de la agricultura, para propiciar el acceso a semillas de calidad, precios mínimos de sustentación acordes con los costos de producción. “No hay soberanía alimentaria sin agricultores que tengan un esquema productivo con dignidad”, subrayó.
Indicó que esta normativa debe garantizar el desarrollo de la investigación agrícola para recuperar las semillas nativas y no utilizar productos transgénicos que afectan a la productividad. Dijo que las semillas nativas son soberanía, son memoria, en suma, son desarrollo.
A la vez, propuso que se incluyan principios básicos para el desarrollo del campo, como por ejemplo, el apoyo tecnológico, la capacitación, mecanismos de comercialización que respondan a las necesidades de la agricultura familiar campesina, la plena inclusión de la mujer, el acceso a educación y salud, a fin de mejorar las condiciones de vida del campo.
Si revisamos la ley amazónica es posible que no requiera realizar reformas sino más bien una actualización respecto del cumplimiento de los derechos que contempla esta ley.
Los plazos para garantizar el derecho al acceso a créditos preferentes y otros beneficios, no se están cumpliendo.
Es necesario realizar una fiscalización a las razones por las cuales por ejemplo no se cumple el derecho al acceso a la dignidad de la tarifa amazónica, subsidios para el tema del transporte, atención prioritaria en el tema de la salud, atención en educación, etc
Como legislador, considero que la Asamblea Nacional tiene dos funciones rectoras fundamentales: legislar y fiscalizar. En el ámbito legislativo, la ciudadanía conoce con aciertos y desaciertos el trabajo que realizamos. Sin embargo, para quienes representamos a las seis provincias amazónicas, hay un tema que nos interpela directamente: la defensa y exigibilidad de los derechos diferenciados que nos reconoce la Ley de la Amazonía.
El artículo 42 de esta ley garantiza a los amazónicos el acceso a créditos preferenciales en tasas, plazos y garantías, precisamente por el alto costo de vida en nuestra región. Esta disposición entró en vigencia en enero de 2024 y establecía que la Junta Monetaria y Financiera debía emitir en un plazo máximo de 90 días el portafolio de productos y beneficios específicos.
Han pasado los meses y este portafolio aún no existe. Esto se debe a que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, se fusionaron las juntas y recién hace poco fue posesionado un nuevo grupo colegiado de cinco miembros. La falta de acción de las autoridades anteriores ha generado un incumplimiento que no podemos ignorar.
Por eso, considero urgente definir una hoja de ruta clara que establezca responsables y plazos concretos para garantizar que estos derechos no queden solo en el papel. Como amazónicos, tenemos la obligación de exigir su cumplimiento y de que se materialicen en beneficios reales para nuestra gente.
Reconozco que la decisión tuvo fundamentos que, en principio, podían considerarse válidos: por un lado, combatir la economía criminal vinculada al tráfico de combustibles y a la minería ilegal; y por otro, redirigir entre 1.000 y 1.300 millones de dólares hacia otras necesidades sociales. Ambos argumentos son comprensibles desde la lógica del Estado.
Sin embargo, el problema radica en los efectos reales de la medida. El impacto no se limita a los sectores identificados o focalizados como el transporte formal, sino que golpea directamente a campesinos, pequeños productores y emprendedores amazónicos que dependen del subsidio para mover sus productos y sostener sus actividades diarias. Son hombres y mujeres que no pertenecen a grandes cooperativas ni industrias, pero que representan la base productiva de nuestra región.
Por eso, considero que esta decisión debió aplicarse de manera paulatina, concertada y territorialmente sensible, tomando en cuenta las particularidades de la Amazonía. La eliminación abrupta del subsidio, sin un proceso real de diálogo y compensación integral, ha profundizado el alto costo de vida y ha afectado a amplios sectores sociales. La medida pudo haberse gestionado mejor, generando consensos y evitando una afectación tan amplia.
RADIO AVENTURA PASTAZA
