Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
Presenté el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para garantizar la excepcionalidad de la privación de la libertad en infracciones de tránsito y promover la responsabilidad de auxilio del conductor.
La reforma busca cambiar la cultura de huir tras un accidente de tránsito, incentivando que los conductores permanezcan en el lugar para brindar auxilio inmediato a las víctimas y facilitar las primeras diligencias investigativas.
En ese sentido, la propuesta establece la excepcionalidad de la detención, limitándola a 24 horas, y promueve que los jueces no dicten prisión preventiva contra quienes cooperen y presten ayuda, pudiendo considerar esta conducta como un atenuante al momento de fijar la pena.
M iniciativa propone que la prisión preventiva en materia de tránsito sea aplicada únicamente como último recurso, privilegiando medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica, el arresto domiciliario o el uso de dispositivos de vigilancia electrónica.
Con Alfredo Chimborazo, participé en una entrevista en Radio La Voz de la Confeniae, donde abordamos el tema “Petróleo, Poder y Pueblos: El destino de los recursos amazónicos”. Durante este espacio de diálogo, reflexionamos sobre el impacto de la explotación petrolera en la Amazonía, analizando sus implicaciones sociales, económicas y ambientales, así como los desafíos que enfrentan las comunidades en la defensa de sus territorios y derechos.
Asimismo, destacamos la importancia de promover un manejo responsable y sostenible de los recursos naturales, priorizando el respeto a los pueblos amazónicos y su participación en la toma de decisiones. Este tipo de encuentros fortalece el debate público y permite visibilizar la necesidad de construir políticas que equilibren el desarrollo con la protección del entorno y la dignidad de las comunidades.
En Diario El Amazónico, abordamos los avances de las universidades en la Amazonía y su papel en el desarrollo de la región. En este espacio también expuse los principales problemas que dificultan que Sucumbíos cuente con su propia universidad, entre ellos la falta de infraestructura adecuada, los procesos administrativos y normativos pendientes, así como la necesidad de una planificación articulada entre los distintos niveles de gobierno.
Contar con una universidad en Sucumbíos representa una oportunidad clave para el acceso a la educación, el desarrollo local y la generación de conocimiento al servicio de la Amazonía.
Con Fabricio Vela en Radio Armónica analizamos sobre la propuesta de enmienda al CPCCS, se abordó la necesidad de reformar su estructura y atribuciones, especialmente en lo referente a la designación de autoridades. Desde este enfoque, se plantea que dichas funciones podrían ser trasladadas a la Asamblea Nacional, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del Estado, reducir la discrecionalidad en los procesos de selección y garantizar mayor transparencia y control político.
En este contexto, creo necesario un análisis serio sobre estas propuestas, considero importante revisar el rol del CPCCS dentro del sistema democrático, en la búsqueda de mecanismos más eficientes y legítimos para la designación de autoridades, así como en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la confianza en las instituciones públicas.
Después del 16 de noviembre, el pueblo ecuatoriano expresó un rechazo a la pretensión del Ejecutivo, y que ese mensaje también nos interpela a nosotros en la Asamblea. Destaqué que es indispensable redefinir nuestra agenda legislativa y nuestra agenda de fiscalización, pero advertí que los constantes cambios en el orden del día impiden avanzar con claridad.
Necesitamos una orientación definida desde la Presidencia de la Asamblea, para establecer prioridades institucionales que guíen nuestro trabajo. Además que no hemos logrado construir un verdadero consenso entre las fuerzas políticas incluyendo a quienes conforman la mayoría para fijar una agenda de fiscalización coherente y orientada al mandato ciudadano.
Sería fundamental que las prioridades legislativas y de control político se reflejen de manera estable en las convocatorias y órdenes del día, para atender realmente los temas que preocupan al país.
La fiscalización debe realizarse con planificación, responsabilidad y respeto institucional. No permitiremos que estos procesos se utilicen con improvisación o fines mediáticos; nuestro deber es que cada acción responda a los intereses del país, por eso en su modulación para no invadir funciones de cada nivel de gobierno, se lo haga a través de la ANT como entidad rectora.
Como asambleísta por Sucumbíos, reafirmo mi compromiso de defender con firmeza los recursos de nuestra provincia y del Ecuador, impulsando una agenda de fiscalización y legislación seria, transparente y coherente con las demandas de nuestra gente.
RADIO CUYABENO SUCUMBÍOS
Desde la Asamblea Nacional impulsamos que la Comisión de Educación priorice la fiscalización del cumplimiento de la Ley de la Amazonía, especialmente la creación de las nuevas universidades cuyo plazo vencía en junio de 2025. Convocamos al CES, la CNESID, la CTA, la ESPOCH y la Universidad Estatal Amazónica para conocer sus avances. Mientras la ESPOCH presentó documentación y progreso real, la Universidad Estatal Amazónica no pudo demostrar avances técnicos, limitándose a afirmaciones generales y reconociendo que el proyecto apenas estaba entre un 20% y 30% de desarrollo, sin posibilidades de cumplir la hoja de ruta establecida.
La situación se volvió más preocupante cuando verificamos que la Universidad Estatal Amazónica destinó recursos no para elaborar el proyecto académico como exige el artículo 109 de la LOES sino para comprar un inmueble del ESPEA por USD 1.750.000, decisión autorizada por su propio Consejo Académico. En lugar de cumplir los requisitos técnicos, financieros y académicos que justifican la creación de una universidad, se priorizó la adquisición de bienes. Este hallazgo revela la causa del retraso y la falta de transparencia en un proceso que debía servir al desarrollo educativo de la Amazonía.
UN CAFÉ CON JJ
Cuando reviso el panorama legislativo desde el inicio de esta administración, lo primero que destaco es la relevancia del dato numérico. Para elegir al Presidente de la Asamblea se necesitaron 74 votos, y esa fue la base sobre la que se estructuró la mayoría inicial. Luego del 16 de noviembre, muchos interpretaron los resultados electorales como un llamado de atención, no únicamente al Ejecutivo, sino también a toda la clase política, incluida la Asamblea. Sin embargo, cuando observamos la realidad parlamentaria del 17 de noviembre en adelante, constatamos que nada esencial cambió: los 67 votos necesarios para la mayoría absoluta han permanecido estables.
Incluso después de que el electorado expresara un “no” más dirigido al modo de administrar el Estado que a una figura específica, la arquitectura de la mayoría legislativa no se modificó. La correlación de fuerzas con la que inició el periodo con 84 votos para elegir autoridades sigue vigente y continúa permitiendo al Gobierno mantener gobernabilidad. En síntesis, el mensaje de las urnas no se tradujo en una recomposición del mapa legislativo, y el Ejecutivo conserva una mayoría consolidada para tomar decisiones.
RADIO MÍA PASTAZA
Cuando analizo esta reforma presupuestaria, parto de una premisa fundamental: la responsabilidad de administrar el Estado recae en el Ejecutivo, y esa administración necesariamente implica claridad financiera. Cada año el crecimiento del PIB obliga a ajustar el presupuesto, ordenando prioridades del plan de trabajo presidencial y del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la expectativa económica nunca coincide por completo con la realidad. Ingresos permanentes, no permanentes, exportaciones, actividad petrolera, impuestos y capitales generan proyecciones, pero lo decisivo es entender el dato numérico real. En cuatro años el presupuesto pasó de 34 mil millones a 46 mil millones, pero lo que verdaderamente importa es el impacto económico concreto y la transparencia sobre la situación fiscal actual. En la Comisión de Régimen Económico se evidenció que, si estas expectativas no se cumplen, incrementará el endeudamiento o la presión extractiva, algo especialmente sensible para quienes vivimos en la Amazonía. Hoy enfrentamos un déficit de aproximadamente 5.500 millones de dólares, y por eso insisto: necesitamos cifras reales para comprender la verdadera situación financiera del país y tomar decisiones responsables.
MANAVISIÓN MANABÍ
Como asambleísta considero que la facultad presupuestaria es exclusiva del Presidente de la República, pues es él quien administra y formula el presupuesto conforme a la Constitución y al Código Orgánico de Planificación. Al revisar la proyección presentada, me preocupa el déficit estimado cercano a 5.400 millones de dólares porque, como representante de una provincia amazónica, sé que este tipo de brechas afecta directamente al financiamiento de sectores esenciales.
Estamos hablando de un presupuesto que bordea los 46 mil millones, cuyo crecimiento depende de la capacidad de incrementar el PIB. Sin embargo, en la Comisión se ha debatido sobre la sostenibilidad real de los recursos destinados a educación, salud y, en especial, a la educación superior. La pregunta central es de dónde obtendremos esos fondos si ya se han comprometido los ingresos permanentes y no permanentes. Lamentablemente, la estructura actual sigue dependiendo en gran medida de actividades extractivas, particularmente las petroleras y mineras.
RADIO CUYABENO SUCUMBÍOS
Hoy estuve en Radio Cuyabeno compartiendo un análisis amplio sobre la agenda legislativa y la visión del nuevo escenario político nacional tras la consulta popular. Expliqué que el país atraviesa un momento decisivo, donde los resultados de la consulta no solo reflejan el sentir ciudadano, sino que obligan a todas las funciones del Estado —especialmente al Legislativo— a reordenar prioridades, fortalecer la gobernabilidad y encaminar políticas que respondan a las necesidades reales de la población.
Señalé que esta nueva etapa exige mayor claridad en la planificación legislativa, dejar atrás la improvisación y construir una agenda que equilibre control político, producción normativa y articulación con el Ejecutivo y los gobiernos locales. También destaqué la importancia de superar la polarización que ha marcado los últimos años y abrir espacios de diálogo que permitan decisiones responsables y sostenibles.
Finalmente, subrayé que el reto no es solo institucional sino ético: necesitamos combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y asegurar que cada acción legislativa responda al interés público. La ciudadanía nos ha dado un mensaje claro, y ahora debemos estar a la altura con trabajo serio, técnico y comprometido.
