Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
Respaldo a los proyectos de ley con el caracyter de urgente en materia económica
Mi votación en el Pleno no responden a una obediencia ciega al Ejecutivo ni a ningún bloque legislativo. Siempre he actuado con responsabilidad, analizando técnica y políticamente cada propuesta. He respaldado aquellas leyes en las que se han considerado mis observaciones y que benefician a mi provincia y al país. Pero también he votado en contra cuando he estado en desacuerdo, como ocurrió con la reforma al Código de la Democracia.
Sobre los escandalos en la Asamblea, lamento profundamente que la Función Legislativa esté en el centro de escándalos por prácticas como los diezmos y el nepotismo. Rechazo categóricamente esas prácticas que manchan la imagen de la institución y desvían la atención de lo que realmente importa: trabajar por el país. Es hora de devolverle dignidad a la Asamblea, con ética, transparencia y compromiso real con la ciudadanía.
El asambleísta Juan Gonzaga, durante una entrevista en varios medios de comunicación solicita investigar desvinculaciones en la Asamblea, mencionando que es clave determinar si entre los cesados hay posibles responsabilidades penales, y revisar los procesos de contratación al momento de recibir carpetas para evitar conflictos de interés
En Radio Centro Ecuador, con Gonzalo Ruiz, analizamos varios temas de coyuntura, entre ellos la Ley de Áreas Protegidas aprobada por la Asamblea Nacional. Una ley que sin duda provoca cuestionamientos de diferentes sectores, pero a la vez tiene varios aspectos positivos. Durante el primer debate, planteamos algunas observaciones al texto, mismas que fueron acogidas. Te explico cuales fueron.
Tuve la oportunidad de participar en una entrevista en Radio Sonorama, donde abordé la situación actual de la Asamblea Nacional. Reafirmé mi compromiso con un trabajo legislativo responsable, transparente y enfocado en las verdaderas necesidades del país
Abordamos temas importantes como Agenda Legislativa, trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria y el caso del Nepotismo en la Función Legislativa.
MI PUNTO DE VISTA RECOGIDO EN DIARIO LA HORA.
Creación de empresa pública
Juan Gonzaga, asambleísta de Sucumbíos (Independiente) también alertó que la creación de la empresa pública pudo haber limitado los derechos y facultades que podría tener el Ministerio de Ambiente.
Sugieren que sea el ministerio que asuma los procesos de concesión y entrega a las operadoras turísticas que puedan ingresar a las áreas protegidas. Además, que en alcance a las recomendaciones de la Corte Constitucional obligó al ente legislativo a realizar consultas prelegislativas.
“Entendemos que por la naturaleza del trámite no va a poder realizarse la consulta prelegislativa, pero sí recoger la vigencia de los derechos de comunas y nacionalidades que son parte de los ecosistemas que deben ser preservados, combatir la minería ilegal”.
A partir de los cambios que se hicieron al segundo debate es muy probable que se pueda apoyar el proyecto de ley, mencionó.
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La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este miércoles, 9 de julio, escuchó a productores y comercializadores de plátano, quienes formularon observaciones al proyecto de Ley de Fomento a la Producción, Comercialización, Control de la Cadena Productiva e Incentivos para el Consumo del Plátano, que tiene por objetivo regular todas las etapas de la producción de esta hortaliza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Sucumbíos es la quinta provincia de la región amazónica, la cual representa un rol importante y de mucha trascendencia en la economía nacional, en relación a la actividad petrolera que se generan en sus territorios y su aporte para el desarrollo económico del Ecuador.
La ubicación de la provincia, se configura como un espacio de alta relevancia jurídica por su reconocimiento en el contexto constitucional y legal sobre su determinación para la atención prioritaria, para precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico y sociocultural, por que los mismos contenidos constitucionales del Art. 250 y 259, determina que en los pueblos y nacionalidades, se constituyen como sujetos de especial protección, para compensar las inequidades de su desarrollo, cuyos derechos deben ser garantizados de forma integral y efectiva, en observancia de los principios de plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a su autodeterminación.
Sucumbíos, constituye un territorio en el que coexisten diversas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre las cuales se encuentran: Siona, Secoya, Cofán, Shuar, Kichwa, Siekopai y Awá. Estas nacionalidades ejercen derechos colectivos reconocidos en el marco de la Constitución de la República del Ecuador y en Instrumentos Internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, siendo titulares de territorios ancestrales caracterizados por una notable riqueza cultural, historica y espiritual, así como, la conservación de prácticas y lenguas propias.
Estas comunidades están históricamente vinculadas a altos índices de pobreza y marginación, en donde se precisa que la población de Sucumbios, de acuerdo al último censo estadístico se encuentra con 199.014 habitantes de los cuales 117.980 se encuentra como parte de la población rural y 81.034 como parte de la población urbana, y que en lo concerniente a la población rural provincial, esta se encuentra comprendida dentro de una tasa del 74.7% de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de cuya precisión se advierte que 16.3% se constituye sobre la población identificada su pertenencia a un grupo de nacionalidad y que dependencia de su localización en cantones como Cascales (35%) Gonzalo Pizarro 28% y Putumayo 25%, y su incidencia varia al crecimiento y que en el contexto país se encuentra con el 59.2% del NBI, evidenciando que de dicha población es la más afectada por grupos humanos y que es precisamente el sector del campesinado, comprendido con los grupos de diversas nacionalidades culturales y los afroecuatorianos.
Es menester, mencionar la Sentencia No. 20-12-IN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, dispone que en cuanto al deber de la Asamblea Nacional, en ejercicio de su potestad legislativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, que determina que para expedir las leyes orgánicas que regulen el derecho a la consulta prelegislativa en cumplimiento de lo ordenada en la sentencia No. 38-13-IS/19, considere los parametros desarrolados, y en que se resalta la OBLIGATORIDAD, de realizar procesos de consulta prelegislativa de manera previa a la expedición de cualqiuier acto normativo que sea suceptible de restringir, limitar o afectar los derechos colectivos de dichos sujetos de especial protección, garantizando el respeto de sus derechos a la participación efectiva y a la autodeterminación.
En virtud del oficio suscrito en la ciudad de Nueva Loja, con fecha 30 de junio de 2025, por las organizaciones representativas de las nacionalidades FOKANSIE, SIONA, SHUAR, SIEKOPAI y AWÁ, se hace constar su manifiesta preocupación respecto del proyecto de ley actualmente en trámite, en razón de que no han sido convocados a participar en instancias de deliberación o análisis sobre el contenido del referido proyecto, lo cual genera un escenario de incertidumbre jurídica. Esta omisión adquiere relevancia a la posible imposición de disposiciones jurídicas de carácter unilateral que afectarían directamente sus territorios; en particular, se destaca el requisito sine qua non que tiene el Estado de garantizar la realización de la consulta prelegislativa, entendida como el deber de consultar y procurar obtener el consentimiento previo, libre que sea susceptible de restringir, limitar o afectar los derechos colectivos e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 numeral 17, de la Constitución, requisito cuya inobservancia podría constituir una vulneración al principio de legalidad, al derecho a la participación y al respeto de los derechos colectivos.
Por consiguiente, la región amazónica en virtud de su ubicación geográfica en zonas de frontera y su vasta extensión de difícil acceso, presenta condiciones propicias para la proliferación de actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y, de manera particularmente preocupante, el narcotráfico. Estos tipos penales, estrechamente vinculados con redes del crimen organizado, han incentivado la presencia y consolidación de grupos armados organizados que operan en la zona, generando un alto riesgo para la seguridad interna territorial. En este contexto, cabe destacar el reciente atentado perpetrado contra efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador que se encontraban ejecutando operaciones de control de actividades de minería ilegal en el sector de Alto Punino, hecho que culminó con el asesinato de once militares, hecho que fue atribuido a los denominados “Comandos de Frontera”, una organización armada irregular que actúa en la frontera colombiana-ecuatoriana, cuyos miembros están vinculados al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y al control territorial de corredores estratégicos para el narcotráfico.
El Proyecto de “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas”, reconoce que las áreas protegidas constituyen no solo espacios de conservación de biodiversidad y patrimonio natural, sino también territorios con un elevado potencial para el desarrollo de actividades turísticas sostenibles, en particular el turismo comunitario, entendido como aquel gestionado y administrado directamente por comunidades locales, pueblos y nacionalidades indígenas, en respeto a su identidad cultural.
El asambleísta por la provincia de Sucumbíos conjuntamente con varios asambleístas amazónicos presentó observaciones a la Ley Orgánica de Integridad Pública para que garantice la contratación de mano de obra, bienes y servicios con prioridad local, cantonal, provincial y regional, tal como lo manda la Ley Amazónica.
Votó en contra del proyecto de ley de reforma al Código de la democracia porque elimina el método de Wester y se revive el método D” Hont. Con este cambio se busca que las minorias o partidos pequeños, no tengan representación en la Asamblea Nacional.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este jueves 26 de junio, escuchó a representantes de productores, quienes explicaron los alcances del proyecto de Ley para la Crianza, Faenamiento, Comercialización y Exportación de Cuyes en Ecuador, en el marco del análisis previo a la emisión del informe para primer debate.
Galo Tenesaca, representante de Mr. Cuy, indicó que este proyecto es el resultado de tres años de investigación para emprender con la exportación de la carne que, fundamentalmente, se produce en zonas rurales del Ecuador. Solicitó que se establezcan mesas técnicas en las cuales se incluya la participación de productores y expertos en comercio exterior, medidas sanitarias, entre otras ramas conexas.
El día de ayer en el CAC en las oficinas legislativas en territorio, mantuvimos una reunión con los representantes y socios de "ASOARAPAIMA", con quienes buscamos implementar reformas y mejoras a los instrumentos normativos existentes, como lo es la Norma Técnica para el Control de la Captura, Cría, Cultivo y Comercialización de Arapaima gigas (paiche).
Nos mantuvimos en la idea del trabajo en conjunto, a fin de que, a corto, mediano y largo plazo, estos nuevos aportes puedan fortalecer la soberanía alimentaria en la región amazónica.
Creemos y estamos seguros de que la región amazónica tiene todo el potencial para la comercialización de paiche.
Una vez más, el sector pesquero no está solo.
