Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
Como asambleísta comprometido con el fortalecimiento de la democracia, creo firmemente en la necesidad de construir un Parlamento más abierto, cercano a la ciudadanía y transparente. Por eso, desde nuestro trabajo legislativo, respaldamos los principios del Parlamento Abierto, una iniciativa que promueve el acceso a la información pública, la participación activa de la sociedad, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías que faciliten el diálogo ciudadano.
El Parlamento Abierto no es solo una idea, es una práctica concreta. Significa que los ciudadanos pueden conocer nuestras agendas, nuestros proyectos de ley, nuestras votaciones y decisiones. Pero también implica abrir espacios para que ustedes quienes nos eligieron, puedan opinar, proponer y construir junto a nosotros.
En mi gestión, me comprometo a mantener canales activos de comunicación con ustedes, impulsar reformas con participación ciudadana y rendir cuentas de manera clara y oportuna. Porque solo con una Asamblea transparente, ética y participativa, lograremos recuperar la confianza en la política y avanzar hacia un país más justo.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este martes, 28 de octubre, avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que unifica varias iniciativas en materia agrícola y pecuaria. En esta ocasión, los comisionados recibieron los criterios y sugerencias de Nora Cárdenas Montoya, productora y dirigente agropecuaria del suroccidente de Loja.
A criterio de la ingeniera Nora Cárdenas, también miembro de la Plataforma de Soberanía Alimentaria de la provincia de Loja, en la zona sur la agricultura no es una actividad más, sino un medio de vida que actualmente se ve reducido por el incremento constante del costo de los insumos, el irrespeto de los precios mínimos de los productos, así como la falta de control de las fronteras, por lo cual el ingreso de productos de otros países, como en el caso del maíz, es una amenaza constante, en perjuicio del productor local.
Explicó que esta ley no puede quedarse en el papel, pues debe convertirse en un importante motor de la agricultura, para propiciar el acceso a semillas de calidad, precios mínimos de sustentación acordes con los costos de producción. “No hay soberanía alimentaria sin agricultores que tengan un esquema productivo con dignidad”, subrayó.
Indicó que esta normativa debe garantizar el desarrollo de la investigación agrícola para recuperar las semillas nativas y no utilizar productos transgénicos que afectan a la productividad. Dijo que las semillas nativas son soberanía, son memoria, en suma, son desarrollo.
A la vez, propuso que se incluyan principios básicos para el desarrollo del campo, como por ejemplo, el apoyo tecnológico, la capacitación, mecanismos de comercialización que respondan a las necesidades de la agricultura familiar campesina, la plena inclusión de la mujer, el acceso a educación y salud, a fin de mejorar las condiciones de vida del campo.
Si revisamos la ley amazónica es posible que no requiera realizar reformas sino más bien una actualización respecto del cumplimiento de los derechos que contempla esta ley.
Los plazos para garantizar el derecho al acceso a créditos preferentes y otros beneficios, no se están cumpliendo.
Es necesario realizar una fiscalización a las razones por las cuales por ejemplo no se cumple el derecho al acceso a la dignidad de la tarifa amazónica, subsidios para el tema del transporte, atención prioritaria en el tema de la salud, atención en educación, etc
Como legislador, considero que la Asamblea Nacional tiene dos funciones rectoras fundamentales: legislar y fiscalizar. En el ámbito legislativo, la ciudadanía conoce con aciertos y desaciertos el trabajo que realizamos. Sin embargo, para quienes representamos a las seis provincias amazónicas, hay un tema que nos interpela directamente: la defensa y exigibilidad de los derechos diferenciados que nos reconoce la Ley de la Amazonía.
El artículo 42 de esta ley garantiza a los amazónicos el acceso a créditos preferenciales en tasas, plazos y garantías, precisamente por el alto costo de vida en nuestra región. Esta disposición entró en vigencia en enero de 2024 y establecía que la Junta Monetaria y Financiera debía emitir en un plazo máximo de 90 días el portafolio de productos y beneficios específicos.
Han pasado los meses y este portafolio aún no existe. Esto se debe a que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, se fusionaron las juntas y recién hace poco fue posesionado un nuevo grupo colegiado de cinco miembros. La falta de acción de las autoridades anteriores ha generado un incumplimiento que no podemos ignorar.
Por eso, considero urgente definir una hoja de ruta clara que establezca responsables y plazos concretos para garantizar que estos derechos no queden solo en el papel. Como amazónicos, tenemos la obligación de exigir su cumplimiento y de que se materialicen en beneficios reales para nuestra gente.
Reconozco que la decisión tuvo fundamentos que, en principio, podían considerarse válidos: por un lado, combatir la economía criminal vinculada al tráfico de combustibles y a la minería ilegal; y por otro, redirigir entre 1.000 y 1.300 millones de dólares hacia otras necesidades sociales. Ambos argumentos son comprensibles desde la lógica del Estado.
Sin embargo, el problema radica en los efectos reales de la medida. El impacto no se limita a los sectores identificados o focalizados como el transporte formal, sino que golpea directamente a campesinos, pequeños productores y emprendedores amazónicos que dependen del subsidio para mover sus productos y sostener sus actividades diarias. Son hombres y mujeres que no pertenecen a grandes cooperativas ni industrias, pero que representan la base productiva de nuestra región.
Por eso, considero que esta decisión debió aplicarse de manera paulatina, concertada y territorialmente sensible, tomando en cuenta las particularidades de la Amazonía. La eliminación abrupta del subsidio, sin un proceso real de diálogo y compensación integral, ha profundizado el alto costo de vida y ha afectado a amplios sectores sociales. La medida pudo haberse gestionado mejor, generando consensos y evitando una afectación tan amplia.
RADIO AVENTURA PASTAZA
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este lunes, 20 de octubre, avanzó en la recepción de observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, en el marco del análisis previo a la redacción del informe para primer debate. Esta vez intervino el ingeniero Diego Narvárez, docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí.
A criterio del experto en temas agrícolas, esta es una normativa muy importante, que debe partir de una identificación del objetivo principal, considerando que se trata de una ley que deberían articular sus disposiciones con otras leyes vigentes que inciden en el ámbito de la seguridad y soberanía alimentaria.
En cuanto a las definiciones, propuso que se cambie el témino zootecnia por la producción pecuaria, porque la zootecnia está más relacionada con una actividad técnica en función de la condición animal, pero no con la producción propiamente dicha, término que se repite en varios artículos del proyecto y que deben ser reemplazados a lo largo de su contenido.
Igualmente, el ingeniero Diego Nevárez sugirió que se establezca una cláusula de protección de datos dentro del Registro Nacional Agrario. Asimismo, planteó que se incluyan disposiciones orientadas a garantizar la estabilidad de los precios, los parámetros para la fijación de los precios de sustentación en varios de los productos, los más relevantes, sobre la base de costos de producción reales.
También se mostró partidario de establecer mecanismos de desarrollo agrícola y pecuario tomando como base una adecuada planificación, así como una investigación técnica y tecnológica que garantice, sobre todo, que el campo pueda acogerse a estrategias de innovación.
La presidenta de la Comisión, Janina Rizzo, agradeció los aportes del ingeniero Nevárez y dispuso que el equipo técnico recoja las recomendaciones y las incluya en la matriz de trabajo del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropeuario.
Yo creo que, antes que nada, debemos reconocer que la responsabilidad de gestar los procesos de diálogo recae en el Gobierno. Desde la Asamblea, ya habíamos recomendado mantener las mesas de diálogo, establecer ejes temáticos claros y avanzar en políticas de focalización para atender las demandas ciudadanas. Sin embargo, lo que vimos en las reuniones del 15 de octubre en Pabura fue que, pese a la intención, no se concretaron acuerdos reales.
Cuando llegó el 20 de octubre, fecha prevista para instalar las mesas temáticas, ambas partes el Gobierno y las organizaciones señalaron que no se habían cumplido las condiciones acordadas. Como resultado, hoy observamos un fortalecimiento de otros actores, particularmente de la CONFEÑAE, que ha retomado con fuerza demandas históricas que siguen sin respuesta: atención preferente en salud, educación, vialidad, subsidios para transporte y energía, así como la compensación por el alto costo de vida en la Amazonía. Todas estas obligaciones están establecidas en la Ley de la Amazonía, pero siguen sin ejecutarse.
ENTREVISTA RADIO PANTERA
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este martes, 14 de octubre, recibió aportes al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario. En este ámbito, escuchó al asambleísta Francisco Cevallos Macías, proponente de una iniciativa para regular al sector agrícola y pecuario del Ecuador, quien subrayó la necesidad de dar las herramientas jurídicas al Ejecutivo para proteger la actividad productiva, particularmente a favor de los pequeños y medianos agricultores.
El legislador Cevallos explicó los alcances de su proyecto de reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, a fin de garantizar el progreso del 34.3 % de la población que está involucrado en actividades agrícolas y mejorar sus condiciones de vida, porque en la actualidad el ingreso promedio de quien trabaja en el campo alcanza apenas los 260 dólares al mes, muy por debajo de los 470 dólares que corresponde al salario básico unificado de cada trabajador.
Indicó que las reformas propuestas propenden a mejorar la producción y la productividad; incrementar valor agregado a la producción; aumentar las exportaciones; fortalecer las normas de asociación en el sector agrícola; y promover una comercialización justa. Añadió que se trata de un proyecto trabajado con varios agricultores y organizaciones agrícolas, sobre todo para proteger a los pequeños y medianos productores, como también permitir que los jóvenes encuentren en la agricultura una real oportunidad de vida y no vean en el campo un obstáculo para su desarrollo personal y profesional.
Centro Agrícola de Lago Agrio
Igualmente, recibió a Ubilson Guayanay Torres, presidente del Centro Agrícola de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, quien explicó la dura situación que atraviesa el sector productivo de la región Amazónica. Aseguró que el objetivo de su asociación es buscar mecanismos que permitan recuperar a esta importante zona del país del fenómeno de la migración e incentivar a que los jóvenes se queden en el campo y contribuyan al mejoramiento de los sistemas de producción.
Consideró necesario que de los recursos que recuperará el Estado con la eliminación del subsidio al diésel se destine una parte a la reactivación del sector productivo, en todas sus modalidades, para que el agricultor sea competitivo y pueda recuperar su economía y, por ende, mejore sus condiciones de vida.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, con seis votos afirmativos, aprobó la unificación de las reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario al texto del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, en aplicación de lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de evitar una dispersión normativa y fortalecer a los sectores agrícola y pecuario del país.
Mediante esta resolución, el organismo legislativo suma la propuesta de reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentada por el asambleísta Francisco Cevallos Macías, al estudio unificado del proyecto denominado “Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario”, que actualmente incluye las iniciativas relacionadas con la cadena de producción del plátano, la producción sostenible del café, la crianza y comercialización de cuyes, el fomento a la producción de la papa y el texto relacionado con la apicultura.
Dentro del tratamiento del proyecto unificado, la mesa ha escuchado a diferentes sectores relacionados con la producción agrícola y ganadera de las distintas zonas del país, así como a representantes de varios ministerios vinculados con los procesos productivos, de control sanitario y de calidad, de comercialización y de comercio exterior, al igual que las voces de expertos y académicos, quienes han presentado sugerencias, comentarios y observaciones al referido cuerpo jurídico.
“Creo que la Asamblea debe actuar con base en sus funciones constitucionales: legislar y fiscalizar, no respaldar ni rechazar posturas políticas. El objetivo debe ser generar propuestas y espacios de mediación, no profundizar divisiones.”
