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Quienes tengan deudas tributarias, no tributarias y por la prestación de servicios básicos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también podrían beneficiarse con el proyecto de Fomento Productivo, idea que toma fuerza en la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia esta iniciativa legal.
En el proyecto se propone que los GAD, sus empresas, agencias, instituciones y entidades adscritas podrán aplicar la remisión de intereses, multas y recargos en las obligaciones, pero el criterio en la mesa es que no sea opcional. De ahí que plantean que se cambie el término “podrán” por “deberán”.
Con este mismo planteamiento acudió el asambleísta Montgómery Sánchez a la Comisión. Argumentó que si el sacrificio de este perdón fuera solo para las entidades nacionales habría contraposición respecto de los principios de universalidad y generalidad sobre la determinación tributaria.
Según la propuesta del Ejecutivo, la medida podría generar inseguridad en los GAD sobre su aplicación Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, no obstante, si se aclara su alcance, podría ayudar a la liquidez de estos niveles de gobierno.
En su exposición, Sánchez solicitó la remisión del 100% para intereses, multas y recargos de las obligaciones que mantengan personas naturales y jurídicas con Banecuador y con la Corporación Financiera Nacional (CFN), determinadas hasta el 2 de abril de este año, pedido similar al expuso ayer por Israel Avilés, representante de los deudores de la Banca Pública.
En el proyecto ese perdón se aplicará a las obligaciones tributarias y aduaneras, así como para obligaciones patronales con el Seguro Social. En este último caso, se aplicará desde 99% hasta el 50%, según como se acoja el beneficiario. Depende de en qué tiempo va a pagar el capital, mientras más rápido lo haga, más alto será el beneficio.
Aportes de la Bolsa de Valores
La Comisión del Desarrollo Económico recibió lo aportes de la Bolsa de Valores de Quito, a través de su representante, Gilberto Pazmiño. Propuso que para atraer inversión extranjera en el área de activos financieros no les obliguen a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Explicó que esta medida, que complica la legislación, desincentiva a los inversionistas, por lo que prefieren otros países. También, aseveró que otra barrera está relacionada con las medidas tributarias que establecen una exoneración en la retención de la fuente, cuando las inversiones son más de un año. Considera que no debería haber límite de tiempo.
Tampoco está de acuerdo en que el Servicio de Rentas Internas cobre el Impuesto a la Renta en las ganancias netas de las empresas, cuando esos recursos son utilizados para la recapitalización. Asegura que esta entidad interpreta como si se tratara de un dividendo, es decir, recursos que han sido repartidos, por ejemplo, entre accionistas.
La Comisión recibe todos estos aportes y los analizará para incluirlos o no en el informe para primer debate que deberá estar listo este viernes, 8 de junio, pues se trata de un proyecto económico urgente, que tiene plazos específicos para su aprobación.
LILA/eg
Los exportadores, empresarios e industriales calificaron como un buen paso que el gobierno haya enviado el proyecto urgente de fomento productiva, pero creen que se requieren otras acciones para alcanzar una verdadera reactivación. Otro eslabón, según ellos, podría ser la suscripción de acuerdos comerciales.
El proyecto se lo tramita en la Comisión del Desarrollo Económico, que también abrió las puertas para que se expresen los trabajadores, representantes del sector agrícola y pesquero. Estos actores si bien no rechazan el proyecto, piden más beneficios para estas áreas y que se respeten los derechos de los trabajadores.
Para Daniel Legarda, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la propuesta presenta una renovada visión del manejo económico, poniendo al sector empresarial como motor de la misma. Con otras palabras, Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial, se expresó en el mismo sentido. Dijo que se está cambiando el modelo de desarrollo.
De acuerdo con estos dirigentes, una de las cosas que conceptualmente se está cambiando es la estigmatización que había a estas áreas productivas, separando a las empresas grandes, de las pequeñas y medianas. A ese criterio se sumó Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias.
Coincidieron en su apoyo para la mayoría de ejes que plantea el proyecto, sobre todo en los temas tributarios. Manifestaron su conformidad con la remisión de intereses multas y recargos en obligaciones tributarias y aduaneras, así como la devolucuión del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para exportaciones habituales, siempre que demuesten el ingreso neto de divisas.
En este punto surigió una de las observaciones más comunes para estos sectores: que paulatinamente se elimine el ISD, porque es un tributo que genera distorsión.
Sobre estos beneficios, Legarda aclaró que no significan una disminución de impuestos, sino incentivos para nuevas inversiones y generar empleo. Y fueron más allá. Quieren que se aplique de la mejor manera. Solicitaron que se exija a la utoridad tributaria un tiempo determinado para que emita la normativa secudaria y los efectos de la norma sean inmediatos.
Estas medidas tributarias, explicó Zambrano, son para sanear el alto déficit fiscal y las necesidades de financiamiento, pero sugirió que, a largo plazo, se piense en una racionalización tributaria.
En cuanto a la remisión tributaria hubo una nueva propuesta. Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, propuso que se los incluya en este proyecto, es más pidió que se disponga la extinción de las dudas del campesino.
En cambio, para Gorette Carrera, de los extrabajadores de Repsol, si bien no se oponen a la iniciativa legal, la remisión viola los derechos de los trabajadores, porque se perjudican en sus utilidades.
Menos impuestos para renvoar la flota pesquera, planteó, por su parte, Rafael Trujillo, de la Cámara de Pesquería. Por ejemplo, tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado para la importación y transferencia de bienes.
En la agricultura el problema que visualizan sus representantes, como Kléver Zúñiga, de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, es el alto costo de producción y que este proyecto los beneficia, porque se establece una tarifa cero al IVA en importaciones y transferencias de insumos del sector agropecuario, acuícola y pesquero.
LILA/pv
En algo están claros: el proyecto de Ley para la Reactivación de la Producción es beneficioso para el país y, además, perfectible. Esa fue la premisa que marcó las exposiciones realizadas por representantes de ocho sectores productivos del país en la Comisión de Desarrollo Económico, que estudia la propuesta, calificada como urgente.
Otro de los temas en los que coincidieron fue en su preocupación por fijar mecanismos para que crezca el empleo. Katerine Costa, de la Federación de Industriales del Ecuador, resaltó que el proyecto cambia la receta para el crecimiento productivo, que le apunta al sector privado, como generador de empleo.
Girando en ese mismo espectro, Patricio Alarcón y Pablo Arosemena de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, respectivamente, plantearon que la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), que se establece por 10 y 15 años para las áreas industrial e industrias básicas, se extienda a la actividad comercial.
En el debate, los asambleístas consideraron que se debería citar a las autoridades del Ministerio de Finanzas para que expliquen qué alcance tendría esta propuesta.
La liberación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue otro de los aspectos que analizaron. Creen que debe ser para cualquier producto o materia prima que se importe y no solo para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Y fueron más allá. En el futuro, plantean que se elimine.
La estabilidad y sostenibilidad fiscal también es otro aspecto que apoyaron los dirigentes. Juan Francisco Pozo, del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, felicitó la propuesta que establece un período de estabilización fiscal para alcanzar el equilibrio hasta 2021, así como alcanzar un nivel de endeudamiento inferior al 40 % del PIB.
Que se amplíen las zonas de desarrollo, que incluyan a conglomerados, sedes y parques industriales; que se impida que el Estado tome recursos del Seguro Social, que se elimine el anticipo del IR, fueron otros de los elementos que sugirieron se analice en la mesa.
Quienes fueron menos optimistas fueron los representantes de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez; de la Confederación Nacional de la Economía Popular y Solidaria (EPS), Lucía Calderón; y de la Pequeña y Mediana Empresa, Marco Carrión.
Estos portavoces consideraron que a estos sectores solo se los ha tomado en cuenta de manera puntual. Calderón hizo referencia a la propuesta del proyecto para crear un Fondo de Garantías para el fomento productivo, con énfasis en el sector asociativo, pero que “hace falta muchos más (temas) en el proyecto”.
Pidió que se respete el catálogo dinámico productivo para que que el Estado pueda adquirir sus productos, que se viabilice un proyecto de encadenamiento productivo, que se aterrice el modelo de trabajo asociativo y créditos con intereses de un solo dígito.
Para el representante de la Cámara de Agricultura la simplificación de trámites y la facilidad tributaria son claves para reducir los costos de producción y planteó como alternativa que se aplique la tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los insumos y repuestos agropecuarios, entre otras medidas.
Por su parte, Marco Carrión, hizo énfasis en la necesidad de impulsar, con incentivos, los emprendimientos, sobre todo, con base tecnológica.
Los asambleístas mostraron su preocupación por las inquietudes de estos últimos sectores y dejaron en claro que constituyen un importante aporte para el desarrollo del país, por lo que analizarán con detenimiento sus criterios y observaciones.
Los resultados se verán en dos años
La reactivación del sector de la construcción no será inmediata, tomará unos dos años, advirtió Enrique Pita, de la Cámara de la Construcción. Explicó que ningún proyecto se desarrolla en menos de un año y medio, desde la aprobación hasta la venta, por lo tanto, “cualquier decisión de fortalecer a este sector no puede verse al corto plazo”.
Uno de los beneficios del proyecto para el sector inmobiliario es que no habrá IVA para los servicios de construcción de viviendas de interés social, simplifica trámites y devuelve el IVA a sociedades que desarrollen proyectos de este tipo.
Pero para Pita, no es suficiente. Planteó que las deudas que mantiene el Estado con los constructores puedan canjearse para cruzar obligaciones con el SRI y la Seguridad Social.
Más comparecientes
La Comisión del Desarrollo Económico seguirá receptando más propuestas. A las 16:00 de mañana, 5 de junio, escuchará a las principales autoridades de la Superintendencia de Compañías, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Cámara Nacional de Pesquería, entre otros.
LILA/pv
La Comisión del Desarrollo Económico continuará hoy, 4 de junio, con la socialización del proyecto de Ley de Fomento Productivo. A partir de las 15:30, recibirá a seis actores del sector productivo privado.
La mesa legislativa escuchará a representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción; Cámaras de Agricultura del Ecuador, de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, así como de la Economía Popular y Solidaria de Pichincha y de Comercio de Guayaquil. También estará presente la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador.
Esteban Albornoz, presidente de la comisión, subrayó que se deben garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales, “por lo que no se descarta debatir un candado legal”.
La semana pasada comparecieron autoridades del Frente Económico y Productivo, quienes explicaron los alcances del proyecto, los beneficiarios, beneficios y la forma cómo se aplicarán.
Con ello, la mesa, en dos días, jueves y viernes, ha logrado contar con los elementos que motivaron al Ejecutivo para presentar este proyecto, con el carácter de urgente en materia económica. Los funcionarios aclararon que el objetivo es fomentar la producción, generar empleo, atraer divisas y garantizar la estabilidad fiscal.
Hasta el momento han comparecido los ministros de Economía, Richard Martínez; de Comercio Exterior, Pablo Campana; de Industrias, Eva García; la gerente del Banco Central, Verónica Artola; así como los directores del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade y del Servicio Nacional de Aduanas, Carlos Andretta.
La Comisión pedirá información al SRI para conocer las empresas que ya han sido beneficiadas de la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras.
LILA/eg
BOLETÍN DE PRENSA
Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente de la Comisión del Desarrollo Económico concluyó la tercera sesión para el debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo de carácter económica urgente con la comparecencia de la mayoría de ministros, directores y gerentes del Frente Económico del Gobierno. El día de hoy estuvieron convocados oficialmente, la Ministra de Industrias, el Ministro de Hidrocarburosy el Ministro de Trabajo.
La Ministra Eva García respondió alrededor de treinta preguntas de los asambleístas miembros de la Comisión y dosasambleístas de otras comisiones y de distintos partidos políticos, donde se resaltó la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, así como dar seguridad jurídica a la ciudadanía sobre las condiciones para el comercio, la industria y el pleno empleo.
La Comisión del Desarrollo Económico ha logrado en dos días tener elementos para comprender las motivaciones del Ejecutivo y los primeros pasos para la ejecución del plan económico que atraiga inversiones y promueva nuevos emprendimientos.
La Comisión tomó varias resoluciones como la conformación de grupos de trabajo que reciban a quienes tengan interés en el proyecto de ley y solicitar al Sistema de Rentas Internas información para conocer las empresas que ya se han beneficiado de la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras.
La Comisión en pleno lamentó la ausencia del Ministro de Hidrocarburos y el Ministro de Trabajo, quienes fueron convocados formalmente para que comparezcan sobre las reformas que propone el proyecto de ley económica urgente.
El Asambleísta Albornoz señaló que se debe garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales por materia de impuestos, por lo que no se descarta debatir un “candado legal”.
Los equipos asesores mantendrán jornadas extendidas de trabajo sobre el proyecto de ley y el día lunes a las 15h30 se ha convocado a Sesión para recibir a cámaras de comercio, la Cámara de Economía Popular y Solidaria y otros representantes del sector productivo que han solicitado ser recibidos ante los asambleístas de la Comisión.
Esteban Albornoz, quien es asambleísta por el Azuay, señaló la necesidad de convocar a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, para que esta ley abone al desarrollo local.
Con nuevas propuestas llegó la ministra de Industrias, Eva García, a la Comisión del Desarrollo Económico, mesa que tramita el proyecto urgente, con el cual se quiere fomentar la producción, generar empleo y estabilidad fiscal.
La funcionaria explicó los mecanismos que plantea la iniciativa legal para lograr estos objetivos, dentro del área productiva y de industrias, que es de su competencia. Incluye las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, a la economía popular y solidaria (EPS), así como a los emprendimientos.
Incentivos
Los incentivos son una alternativa. Hay algunos. Para la EPS y los emprendimientos, la banca pública, de sus utilidades, creará un Fondo de Garantías, explicó la Ministra.
En el sector exportador, la ministra también compartió un dato novedoso, y es que se agrega como sector priorizado las exportaciones de servicios. A las exportaciones habituales y al turismo receptivo se les amplía el límite para la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en costos y gastos de promoción al 100 %.
Lo mismo ocurrirá con las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) cuando inviertan en capacitación, investigación tecnológica, desarrollo de software, desarrollo de mercados. Con ello se espera mejorar la productividad.
La construcción de vivienda de interés social es otro de los sectores que se benefician de los incentivos, explicó García. Ellos no pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en bienes y servicios. Además, se simplificarán los procesos, por ejemplo, para aprobación de proyectos.
Con esta medida se espera la reducción de costos de construcción de viviendas, mayor generación de empleo, liquidez para constructores y más oferta inmobiliaria. Con el Plan Casa Para Todos se invertirá, aproximadamente, 4.000 millones de dólares y se emplearán a unas 130.000 personas.
La atracción de inversiones es otra ficha con la que el gobierno quiere atraer divisas, fortalecer la dolarización, generar empleo y reactivar las zonas fronterizas. Para ello, una de las opciones es la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por 10 años para inversiones fuera de Quito y Guayaquil, así como para el sector industrial. Se puede aumentar cinco años más, si son en cantones fronterizos. En cambio, al interior de estas dos ciudades el beneficio será durante ocho años.
Perdón de intereses y multas
Otro de los pilares se basa en el perdón del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Con ello, según la Ministra, se dará liquidez al Estado y un alivio a las pequeñas y grandes empresas.
El fundamento está en las condiciones y los tiempos. Para acceder a este beneficio las empresas grandes deben pagar todo el capital en 90 días, mientras que las pequeñas lo podrán hacer hasta en dos años.
Con la misma remisión se quiere lograr el mismo efecto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus aportantes, en obligaciones patronales pendientes. Aquí el beneficio es gradual.
Si los deudores pagan el capital en 90 días, el perdón de los intereses, multas y recargos será del 99 %; de 91 a 150 días la condonación será del 75 %; y de 151 a 180 días la remisión será del 50 %. Con esos recursos se pueden ejecutar nuevas actividades productivas y una reactivación inmediata.
Nuevas propuestas
Una de las temáticas nuevas que planteó la Ministra tuvo que ver con incentivos para el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en la elaboración de cerveza artesanal, si se usa cebada o arroz producido en Ecuador, a fin de generar mayor encadenamiento con los productos agrícolas.
También propuso estímulos en el IVA, ICE e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), de manera temporal, diferenciada y con límites de valor para el uso de vehículos eléctricos livianos y sin límites de valor para vehículos comerciales y de transporte público.
A fin de facilitar la introducción de vehículo eléctricos sugiere que se exija a las comercializadoras que cubran en su venta un cierto cupo de este tipo de vehículos. Con ello se lograría un efecto ambiental y un mejor aprovechamiento de nuestra energía eléctrica.
Otro de los conceptos que planteó fue la eliminación del carácter redimible del Impuesto a las Botellas Plásticas no Retornables.
LILA/eg
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la Comisión de Desarrollo Económico, recibió a Marisol Andrade Hernández, directora del Servicio de Rentas Internas, quien precisó dos temas: el uno vinculado a la remisión tributaria y, el segundo, referente con el pequeño contribuyente que no tenga para cancelar.
Aclaró que no es el primer proceso de remisión, puesto que la primera vez que de adoptó una medida como esta fue hace 47 años, en 1971; luego, en 1997, una segunda remisión. Hoy se plantea un nuevo proceso con dos características: que los grandes contribuyentes, tendrán un plazo de 90 días para acogerse a este beneficio, mientras las personas naturales, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán como plazo hasta dos años.
La segunda característica se refiere a que las micro, pequeñas y medianas empresas que no tenga dinero para cancelar sus obligaciones, podrán solicitar facilidades de pago, dentro de dos años, sin necesidad de cancelar la cuota inicial del 20 %. “Con esto demostramos que este proyecto de Ley no apunta a los grandes contribuyentes, sino que considera la realidad de los pequeños empresarios”, agregó.
Explicó que, según cifras actualizadas a 2015, del total de contribuyentes que se acogieron a la remisión, el 92 % corresponde a personas naturales y el 8 % restante a sociedades. Es decir, de 33 mil contribuyentes que se beneficiaron, el 60 % corresponde a las microempresas y tan solo el 1.2 % del universo de contribuyentes representa al grupo de grandes contribuyentes.
La funcionaria se refirió, también, al Impuesto a la Renta y la reducción, tanto de gastos personales, como la exención de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración. En este caso, añadió, se mantiene la deducibilidad de gastos personales en las citadas remuneraciones para todas las personas naturales y contribuyentes que tengan ingresos netos de hasta 100 mil dólares al año.
Corresponsabilidad del sector privado
De su lado, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, tras informar que el proyecto es producto del trabajo entre el frente económico y el frente productivo, resaltó que el objetivo más importante es atraer las inversiones, mejorar la economía y, con ello, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
Asimismo, subrayó que la normativa busca la corresponsabilidad del sector privado que tiene que invertir más en el país y lo antes posible. En lo que corresponde al Banco Central, actualmente tiene la posibilidad de proveer liquidez a la economía, a través de la adquisición de diferentes instrumentos financieros que emite el Ministerio de Economía y Finanzas.
Recordó que es indispensable poner un límite a este mecanismo de provisión de liquidez, lo cual permitirá fortalecer los activos del Banco Central y, sin duda alguna, la reserva internacional. “Para que la reserva internacional se mantenga sólida, al menos durante los próximos seis meses, sin duda, van a requerir endeudamiento, que busca financiar el Presupuesto General del Estado, fortalecer la reserva internacional pero, sobre todo, quitar la dependencia que se ha tenido durante los últimos años en la correlación entre deuda y reserva internacional.
Para que las reservas internacionales que son administradas por el Banco Central sean sólidas necesitamos inversión extranjera, así como mayor exportación, reiteró
facilidades para el pago de las obligaciones aduaneras
El director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Senae, Carlos Andretta, recalcó el esfuerzo para trabajar de manera transparente y eficiente en el comercio exterior. Los objetivos de esta propuesta son promover la transparencia, fortalecer el control del sistema aduanero y dar facilidades para el pago de las obligaciones aduaneras.
Aseguró que el haber incluido al comercio exterior en este proyecto de Fomento Productivo es un reconocimiento que hace el país a la relevancia de este sector para potenciar el desarrollo económico y la reactivación productiva.
En este ámbito, la normativa propone la remisión de intereses multas y recargos en las obligaciones aduaneras, dijo, al destacar que el Senae continuará con la lucha contra el contrabando y la defraudación, que no es un mal que afecta solo al comercio exterior, sino al desarrollo del país.
RSA/eg
La expectativa en los sectores empresarial, productivo, comercial, artesanal, agrícola por el proyecto de Ley de Fomento Productivo enviado por el Ejecutivo crece. Esta tarde, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), los jefes de las bancadas, los ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez; Comercio Exterior, Pablo Campana y Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas analizaron a breves rasgos el contenido de la propuesta.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, aseguró que ante la situación actual del país es necesario que se analice el proyecto de ley con prontitud, sin descuidar ningún detalle en el análisis, pues según explicó, el objetivo es impulsar el empleo y producción y beneficiar a los más de 16 millones de ecuatorianos.
Dos grandes componentes
El proyecto de ley, que se debate en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, según Richard Martínez tiene dos grandes componentes. Por un lado está la parte productiva y por el otro el lograr la estabilidad fiscal. “Se trata de atraer más inversión al país a través de los incentivos tributarios que se plantean. Además se trata de fortalecer la balanza de pagos”, dijo.
Martínez fue enfático al asegurar que el proyecto de ley está pensado en estabilizar a las clases más vulnerables del país.
Otro punto que se trató es el referente al Plan de Convergencia que prevé que en los próximos tres años el déficit fiscal alcance un grado óptimo, es decir, sincerar la actual situación económica para que la deuda no llegue al 40 % del total del Producto Interno Bruto. “El techo de la deuda se sobrepasó y si eso no se corrige será complejo conseguir financiamiento y que los mercados internacionales pongan sus ojos en el Ecuador”, aseguró.
Retorno de inversión privada
Pablo Campana explicó lo importante que es para el país atraer nuevas inversiones, pues se trata de sostener la dolarización y para ello insistió en que es vital diversificar los mercados, buscar ser más productivos y competitivos y trabajar de la mano entre los sectores público y privado.
En este sentido, Richard Martínez hizo un repaso por los últimos años en la historia económica del país e hizo notar que al tener un Estado que dependió del gasto público es difícil salir de ese círculo de golpe, por lo que es necesario abandonar ese modelo, pero de forma gradual. Con ello se envían señales positivas y lo más evidente es que regresaría la inversión privada.
Tanto Martínez como Campana fueron categóricos al asegurar que jamás se pensó en la palabra privatización. Es más, dijeron que ni siquiera debe entrar en el debate esa posibilidad.
Con respecto a la inclusión de todos los contribuyentes en la remisión de intereses, multas y recargos, Marisol Andrade explicó que en un proceso de remisión no es posible ser excluyentes. Además, aclaró que la remisión no es de capital. Con esta medida se espera recaudar en este año alrededor de 600 millones de dólares.
Al finalizar la cita, Elizabeth Cabezas aseguró que solicitarán a la Comisión de Desarrollo Económico que los miembros del CAL participen en el análisis del proyecto de ley con voz pero sin voto.
MC/pv
En los últimos días hubo un ahorro del gasto público de 482 millones de dólares, producto de la optimización de viáticos y administración y reducción de bienes y consumo, destacó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, al hablar del contenido del proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
El ministro de Finanzas, junto al titular de la Cartera de Comercio Exterior, Pablo Campana; la gerente del Banco Central, Verónica Artola y los directores del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade y del Servicio Nacional de Aduanas, Carlos Andretta, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico, a exponer los argumentos que tuvo el Ejecutivo para presentar el proyecto.
Planteó un plan de sostenibilidad en tres fases: obtener un equilibrio primario hasta el año 2021; reducir el porcentaje de la deuda con un Plan de Fortalecimiento; y la sostenibilidad a largo plazo. Dentro de ello dos ejes fundamentales el Plan de Estabilización y la remisión de intereses multas y recargos.
La ley, a decir del ministro, está diseñada para alcanzar a todos los emprendedores y empresarios del Ecuador, micro, pequeños, medianos y grandes y también a la economía popular y solidaria.
En este sentido, dijo, se conforma un fondo de garantías para acceso de créditos para el segmento de la economía popular y solidaria, que son más de 600 mil organizaciones, a la vez que reseñó los beneficios e incentivos tributarios que se ha previsto para fortalecer al sector de la construcción y también en las zonas fronterizas deprimidas y en la Amazonía.
También explicó que para las inversiones nuevas que se hagan fuera de Quito y Guayaquil se amplía el beneficio de 5 a 10 años la exoneración del Impuesto a la Renta.
Explicó que se fija tarifa cero de IVA para insumos del sector acuícola, pesquero, apícola, vehículos eléctricos, transporte escolar, taxis. Se mantiene esa tarifa para seguros de salud y medicina prepagada.
Martínez aseguró que están trabajando en la mejor ley pensando en el país, para mejorar el bienestar de los ecuatorianos y garantizar los programas sociales que interesan como sociedad, al reconocer que el país atraviesa una situación fiscal compleja que demanda esfuerzo en corto plazo, por lo que pidió que el debate sea técnico para mejorar el proyecto.
Cree que la economía en su conjunto tiene que ser reactivada y que este año hay oportunidades para aliviar las cuentas fiscales.
Atraer inversiones
De su lado, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, baso su exposición en el fomento a la producción. Es partidario del fomento a los sectores productivos: pequeños, medianos, grandes, los sectores de la economía popular y solidaria y artesanos.
Subrayó que están para fomentar el plan económico, cuyo objetivo es brindar seguridad jurídica, previsibilidad e incentivos tributarios y fomentar el trabajo. “Estamos enfocados en traer la mayor cantidad de inversiones positivas para el país, que los dineros ingresen como generadores de fuentes de empleo.
El propósito de la ley es cubrir las necesidades de los sectores menos favorecidos, inclusive vivienda social, educación y salud gratuita y para ello se necesita generar ingresos.
Dijo que hay empresas que están a la expectativa del proyecto de Ley, a la vez que informó que 30 empresas que operan en el Ecuador concentran 4.200 millones de dólares, de los cuales 2.200 son de empresas multinacionales y los 2 mil restantes de empresas ecuatorianas.
Socialización
Recalcó que este es un proyecto de ley enfocado en los 17 millones de ecuatorianos y está debidamente socializado. Empezaron a trabajar desde el 23 de diciembre con las distintas carteras de Estado, asambleístas, gremios, cámaras, representantes de trabajadores, Conaie, entre otros.
RSA/pv
La Comisión del Desarrollo Económico avocó conocimiento del proyecto presentado por el Ejecutivo para que se lo tramite de manera urgente. Con esta calificación, la mesa tiene hasta el 29 de junio para despacharlo y, por eso, ya cuenta con un cronograma de trabajo que lo presentó su presidente, Esteban Albornoz, y recibió el apoyo de sus compañeros.
Desde mañana y durante los primeros cinco días se realizará un proceso de socialización. En esta fase, invitarán a actores públicos, privados y ciudadanía.
La comisión buscará un mecanismo para recibir a la mayor cantidad de organismos y organizaciones. En todo caso, las observaciones también podrán hacerlas a través de la página web de la Asamblea.
Las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduana son los primeros en ser llamados: acudirán este jueves, 31 de mayo, a las 16:00. Ellos explicarán el contenido del proyecto.
La lista es larga. Se tiene previsto invitar a representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; de los ministerios de Industrias, Trabajo, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Energía, Vivienda; superintendencias de Compañías y de Economía Popular y Solidaria; Banco Central; cámaras; Asociación de Municipios, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales y Consejo de Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales, entre otros.
Con los insumos que reciban se construirá el informe para primer debate, que estaría listo el viernes 8 de junio. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, en este tipo de proyectos, las comisiones tienen 10 días, contados a partir del inicio del tratamiento, para presentar el informe para primer debate. En este caso sería hasta el 9 de junio.
Con este plazo, el Pleno debatiría el documento el 12 de junio. Así lo estima la Comisión. Por ello, cree que el informe para segundo debate se lo aprobaría el 19 de junio y pasaría al Pleno el 21.
El proyecto
La generación de empleo, el fomento de la producción, inversión privada y estabilidad fiscal es lo que busca el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
De esta manera, reforma 18 cuerpos normativos para motivar la producción de las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de la economía popular y solidaria y las actividades de emprendimiento.
En este sentido, incentiva la actividad privada, que, según el Régimen, genera el 90 % del empleo en el país.
Este marco legal fortalece, también, la dolarización, con la generación de divisas, mediante el fomento a las exportaciones y la inversión extranjera directa.
Para ello, establece algunos mecanismos, entre ellos incentivos tributarios y el perdón de intereses, multas y recargos en deudas tributarias. Para acceder a este beneficio las grandes empresas deberán pagar primero el capital, en el plazo máximo de 90 días.
La remisión aplica, además, para obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con los gobiernos autónomos descentralizados, así como a infracciones de tránsito y recargo de matriculación vehicular.
El proyecto incluye otras reformas enfocadas en el desarrollo de viviendas de interés social, para el fortalecimiento del sector exportador, del sector turístico y para potenciar las zonas especiales de desarrollo económico.
LILA/pv
