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Inclusivo, ese fue el término que utilizó Fernando Burbano para referirse al proyecto de Ley para el Fomento Productivo, que aprobó ayer, la Asamblea Nacional. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, lo confirmó. Dijo que incluyeron beneficios importantes para sectores históricamente olvidados, como el agro y la economía popular y solidaria.
No solo eso, también incorporó mecanismos de ayuda para los estudiantes, becarios, deportistas, artesanos, emprendedores, cultura, sector pesquero. “Espero que el Presidente (Lenín Moreno) observe y valore el esfuerzo legislativo de provocar una inclusión de sectores. Espero sea sensible con esto”, enfatizó Burbano.
Este asambleísta es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y cuestionó que no se haya demostrado una consecuencia política de algunos parlamentarios, que en la mesa votaron a favor del informe y en el Pleno se mostraron contrarios al proyecto.
“Se ve que no hay seriedad para abordar los problemas del país y es una falta de responsabilidad con los ciudadanos porque hubo el espacio (durante el tratamiento en la Comisión) para manifestar las posiciones contrarias”, señaló.
Burbano recordó que la norma se construyó dentro de un proceso de diálogo y que el órgano legislativo recibió a más 50 delegaciones del sector público y privado, donde acudieron, incluso, quienes tradicionalmente no han sido escuchados.
Manifestó que ahora el país cuenta con un instrumento jurídico que favorece la inversión, el trabajo, a las pequeñas, medianas, grandes empresas, a la economía popular y solidaria, entre otros segmentos.
En cambio, Albornoz destacó el ámbito descentralizado que tiene la propuesta. Sostuvo que se pensó en los sectores deprimidos, como la frontera, y los abatidos por la naturaleza, como Manabí y Esmeraldas. Además, recordó que se ha dado un tratamiento especial a las zonas alejadas de los centros de producción, como Quito y Guayaquil.
El apoyo a las provincias afectadas por el terremoto del 2016 lo resaltó Karina Artega. Señaló que, a nivel general, con el proyecto se reactivará la economía y se fomentará el empleo. Así será, según César Litargo, pues se está enviado un mensaje positivo para los inversionistas.
Sin embargo, la norma no es una receta mágica, pero sí un buen inicio para cambiar un modelo económico que le apunte a la reactivación de la economía, precisó Burbano. Para él, después de la aprobación, una fase importante es que los beneficios del proyecto sean difundidos y socializados con los beneficiarios, para que hagan uso de la misma.
LILA/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto urgente para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal. Ahora quedará en manos del Ejecutivo, para que lo observe o sancione.
Se realizaron dos votaciones. La una para aprobar el texto del proyecto, excepto dos numerales del artículo 35, relacionados con el pago del Impuesto a la Renta (IR) del décimo tercer y décimo cuarto sueldo para quienes ganan más de 100 mil dólares. Esta votación tuvo el respaldo de 73 parlamentarios.
La otra votación fue, en cambio, sobre esa excepción, y la votación fue negativa, es decir, no se aprobó. Recibió el respaldo solo de 42 legisladores.
Con relación al informe para segundo debate el ponente y presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, acogió algunos cambios, después de escuchar las intervenciones en el Pleno, por parte de los asambleístas de las diferentes bancadas políticas.
No obstante, el espíritu del cuerpo legal se mantiene para fomentar al sector productivo, generar empleo y la estabilidad fiscal, a través de remisiones de intereses, multas y recargos en diferentes áreas; incentivos con la exoneración de impuestos; apoyo a la vivienda de interés social, al agro, a los emprendimientos, a la economía popular y solidaria, empresas, entre otros.
Entre los cambios, se incorporó la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las cocinas de inducción, exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos de carga e IVA cero para las carrocerías de buses armados en el país
Además, se sumó la resolución de controversias en materia de contratos internacionales, agroseguros e intereses preferenciales para zonas de frontera deprimidas y una tabla sobre el IR para la venta de acciones, entre otros temas, que tienen que ver con derechos de los trabajadores, deportistas y policías.
En la remisión también se incluyó a un nuevo sector beneficiado: el de la salud. Se liberarán los intereses de glosas de la Contraloría a trabajadores de tres hospitales, como una manera de que éstas personas puedan cumplir con su obligación ante esta entidad, así como Secretaría del Agua,
Según el informe para segundo debate, esta figura se aplica para el Servicio de Rentas Internas, Seguro Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Aduanas, servicios básicos, impuestos vehiculares, deudores de la banca pública, créditos educativos y becas.
En cuanto a los incentivos se conserva la exoneración del IR para nuevas inversiones productivas fuera de Quito y Guayaquil durante 12 años y al interior de estas ciudades, ocho. Para inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. En zonas fronterizas son cinco años más.
Para el agro se establecen tasas preferenciales de crédito en la banca pública, tarifa cero en el IVA para maquinarias y repuestos, así como la creación del seguro agropecuario.
En cambio, para que la Economía Popular y Solidaria (EPS) realice sus inversiones de manera más fiable y segura, se crea un Fondo de Garantía. Además, el momento que contraten con el Estado recibirán un anticipo para que puedan reinvertir. También se fomenta el turismo.
A fin de incentivar la vivienda de interés social no se cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se simplifican los trámites. Al mismo tiempo, los constructores deben contratar y entregar a los beneficiarios, durante 10 años, un seguro que garantice la idoneidad de esas estructuras.
En cuanto a las reglas macroeconómicas se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados.
LILA/pv
El proyecto de Ley de Fomento Productivo fue objeto de un amplio debate entre los legisladores de diversas bancadas y movimientos políticos, que presentaron múltiples propuestas que al final viabilizaron su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Fueron diversos los planteamientos que se expusieron en el debate. Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de reactivar la economía, generar empleo y apoyar el emprendimiento, agricultores, artesanos y pescadores.
En el segundo debate, que inició esta víspera, participaron 45 legisladores en dos jornadas de trabajo.
Ana Galarza, propuso no eliminar el límite a la deuda pública. Defendió el trabajo de los fabricantes de carrocerías en Tungurahua, argumentando que representa una gran fuente de trabajo y genera empleo, por lo que pidió un tratamiento prioritario en la ley.
Wilma Andrade reconoció que la ley contiene importantes mejoras respecto al proyecto original, a fin de que las grandes, medianas y pequeñas empresas obtengan beneficios, de manera equilibrada y en igualdad de oportunidades.
Solicitó especificar la situación de los deudores que se encuentran en un proceso de coactiva y agradeció que hayan incorporado las reformas a la Ley de Ambiente, sobre los laboratorios.
Guillermo Celi agradeció que recogieran los planteamientos del Movimiento Suma como la suspensión de la coactiva para aquellos agricultores que no pueden pagar sus deudas. También habló de la creación de las ZEDES Turísticas (zonas especiales de desarrollo turístico) para lograr la dinamización de un sector tan importante generador de empleo para los ecuatorianos.
De su lado, Lira Villalva coincidió que se debe fortalecer industria carrocera, de la cual se benefician más de 20 mil familias. “Esta Ley debería defender a la mayoría de la población, ofrecer protección al trabajo autónomo, crear incentivos a los productores, artesanos, a las cadenas productivas, porque al Ecuador le sobra iniciativa, pero le falta oportunidades desde el Estado", precisó.
RSA/pv
Durante la continuación del segundo debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, enviado por el Ejecutivo como económico urgente, el legislador Patricio Donoso reiteró que es fundamental generar un seguro agrícola.
Además insistió en la necesidad de eliminar el Impuesto a los Bienes de Capital referido a la agricultura. Está de acuerdo que los ingresos provenientes de la explotación petrolera, que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, vayan al Fondo de Estabilización Fiscal.
La legisladora Sofía Espín dijo que el país esperaba una ley que promueva la reactivación productiva, la rebaja de tasas de interés con la banca pública y privada y líneas de crédito para los jóvenes.
Sobre las remisiones tributarias, afirmó que se benefician los grandes grupos económicos. “Se incorporan exoneraciones del pago del Impuesto a la Renta, pero de las nuevas inversiones extranjeras y me pregunto por qué no ocurre lo mismo con los capitales nacionales”, puntualizó.
El tema de la Economía Popular y Solidaria también se topó. Lo hizo el asambleísta Ángel Sinmaleza, quien dijo que es posible el desarrollo rural integral con equidad. Pidió que se elimine de la Central de Riesgos a los deudores en mora del Banco de Fomento en liquidación y BanEcuador, cuya deuda en mora no supere los 30 mil dólares.
Eliminar impuestos
Homero Castanier se pronunció sobre la necesidad de la ley para que el Gobierno pueda respirar. “Esta ley no es la ideal, la que necesita el país, pero es la que necesita el Gobierno para salir este año”, dijo y aseguró que la remisión de multas y recargos no servirá de nada si no se hace una reforma integral al sistema tributario del país. También es partidario de eliminar el Impuesto a los Consumos Especiales para las cocinas de gas y reconoció la necesidad de incentivos para el sector productivo, turístico y agrícola.
Carlos Cambala, en cambio, cree que la remisión de intereses, multas y recargos debe ser del 100 % para los pescadores artesanales en cuanto a las deudas contraídas con la banca pública. Mientras que cristina Reyes aseguró que es necesario diversificar las inversiones e insistió en que las las circunstancias que atraviesa el país hoy les obligan a actuar con responsabilidad.
Para el asambleísta Fafo Gavilánez, la ley tiene un efecto cascada en donde se benefician los grandes, medianos y pequeños y se refirió al sector agrícola. “Se acogió la recomendación del Seguro Agropecuario. Se propuso que no se cobre el IVA para insumos, pues cree que es complejo ser competitivo en la agricultura cuando en los países vecinos los costos de los insumos son extremadamente bajos”.
MC/pv
Diversos criterios se verten en torno al proyecto de Fomento Productivo, de iniciativa del Ejecutivo, y que fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico. Se resalta el apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de la remisión de intereses, a los migrantes retornados quienes podrán beneficiarse de programas de crédito al sector agrícola, mediante la exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años, para nuevas inversiones, tasas preferenciales de crédito y un seguro agrícola. Además, se impulsa la generación de empleo.
En la continuación de la sesión 503, la legisladora Verónica Guevara subrayó que la propuesta debería enfocarse a los sectores vulnerables del país, especialmente al sector agropecuario y campesino, mientras que el legislador César Carrión mencionó la necesidad de eliminar el artículo 46 del proyecto, porque afecta la estabilidad y desmotiva el servicio público, sobre todo a la Policía Nacional, pues la economía va de la mano con la seguridad, lo que incide, a su vez, en el desarrollo del país.
En cambio, el parlamentario Vicente Taiano consideró que es positivo el tema de eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas y que es indispensable revisar lo que se refiere a las acciones de cobro y coactivas que constan en la disposición cuarta del proyecto.
De su lado, Ximena Peña aseguró que la remisión del 2015 benefició a grandes sectores económicos, mientras que la Ley de Fomento Productivo se aplica en favor de pequeñas y medianas empresas. Recordó que la Ley de Movilidad Humana concedió 180 días para el registro del universo de migrantes retornados y mucha gente no alcanzó a registrarse. Con esta nueva normativa se extiende el plazo para que toda la comunidad migrante acceda a los beneficios.
Augusto Espinosa dijo que la dolarización se sustenta en el ingreso y salida de divisas, por tanto, la propuesta -tal como está concebida- puede generar un desequilibrio en la economía. El endeudamiento externo creció significativamente en el último año y hay que tener cuidado con debilitar al sector externo y que el país se quede sin liquidez, agregó.
Entre tanto, René Yandún sostuvo que el manejo de la deuda pública se haga con sustento legal, con proyección a largo plazo, transparencia y mucha responsabilidad, para garantizar la paz y el desarrollo del país y que, tal como manda la ley, los recursos que ingresan por concepto de préstamos se los utilice exclusivamente en inversiones sociales y productivas y no para gasto corriente, como se lo estaría haciendo al momento. En las zonas de frontera el tratamiento debe ser de protección a los pequeños y medianos empresarios, añadió.
Luis Fernando Torres resaltó que los jóvenes que sacaron préstamos para estudiar se beneficiarán de la remisión de multas, intereses y recargos, además los jueces de coactivas no abusarán más con los accionistas minoritarios. No comparte el criterio de gravar a los décimos tercero y cuarto sueldos.
El legislador Montgomery Sánchez solicitó incorporar un artículo en el sentido de que los deudores, personas naturales y jurídicas, comerciantes minoristas, artesanos y pequeños agricultores, que conforman la economía popular y solidaria, de la banca pública, puedan reestructurar sus deudas y se beneficien también de la remisión de intereses, multas y recargos en un 100 %, de aquellas obligaciones derivadas desde el 2 de abril de 2018, pues no se están tomando en cuenta aquellas deudas adquiridas a través de la Corporación Financiera Nacional, con ello se lograría mejorar y reactivar al sector productivo del país.
JLVN/eg
La Asamblea Nacional, en el marco de la sesión 523 del Pleno, avanzó en el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, calificado como urgente en materia económica. Se registraron 20 intervenciones de legisladores de distintas bancadas, movimientos y partidos políticos.
El debate se retomará este jueves, a partir de las 14h00, según lo dispuso la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla Salcedo.
Entre las principales observaciones, el asambleísta Mauricio Proaño, de Pichincha, subrayó que la remisión de intereses, multas y recargos en las obligaciones para distintos sectores, si bien es una herramienta válida en determinadas condiciones económicas, no es la solución definitiva para la reactivación productiva.
Mientras, Héctor Muñoz advirtió que no se puede dejar a la libre discrecionalidad del Presidente de la República la revisión y/o eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ya que de acuerdo con la Constitución se debe respetar el principio de reserva de ley, por el cual el establecimiento, reforma o eliminación de tributos solo se puede aprobar mediante ley.
Para el legislador Luis Pachala, es necesario incluir una sección que reforme la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola, a fin de establecer disposiciones claras que aseguren una adecuada gestión del agro, sobre todo de los pequeños productores, que son quienes garantizan la soberanía alimentaria.
La asambleísta Norma Vallejo insistió en que se considere la situación de los trabajadores de la salud que recibieron valores por concepto de horas extraordinarias y suplementarias, pero que desgraciadamente las autoridades de ciertas casas de salud no presentaron los horarios y los registros de asistencia, hecho que llevó a la Contraloría a disponer el reintegro de esos valores, con los correspondientes intereses y recargos por el paso del tiempo. Son sumas de entre 3.000 y 3.500 dólares que no pueden pagar, dijo.
Entre tanto, Kharla Chávez, advirtió que el proyecto no contempla la situación de los campesinos que no pueden pagar las exorbitantes multas establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, que no se compadecen con la real situación de las zonas rurales del país.
Finalmente, Henry Kronfle, pidió se considere la eliminación del impuesto del dos por mil a las sociedades radicadas en el cantón Guayaquil, que generaba recursos para la construcción de un hospital que ya concluyó. Por consiguiente, este tributo ya cumplió su objetivo.
EG/pv
Mayor atención al sector agrario fue, nuevamente, uno de los temas que motivó la participación de varios asambleístas, durante el inicio del segundo debate del proyecto urgente, con el que se busca fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
Tanlly Vera fue una de las primeras en intervenir para pedir que se exonere del Impuesto a la Renta (IR) a las inversiones en este sector, además que se baje las tasas de interés para los agricultores y que los gobiernos autónomos descentralizados generen incentivos que fomenten esta actividad.
Las deudas con la banca pública de los agricultores fue la preocupación de Héctor Yépez. Tal como lo hizo en la Comisión, su posición en el Pleno fue que esta parte del sistema financiero condone las deudas pequeñas, que se han vuelto incobrables para el Estado. Cree que así se sacará de la central de riesgos a los campesinos y puedan reactivarse con nuevos créditos.
Por parte de Encarnación Duchi el sector campesino, de emprendimiento y artesanos están ausentes del proyecto. Sin embargo, Sonia Palacios recordó que la iniciativa legal posibilita a los agricultores para que puedan honrar sus deudas con la banca pública, con la remisión de intereses, multas y recargos, así como la restructuración de sus obligaciones.
En el proyecto de ley se establece un seguro agrícola e incentivos tributarios, como IVA cero para maquinaria de uso agrícola, agropecuario y pesca artesanal y sus partes y repuestos, así como para el arrendamiento de tierras, entre otros beneficios.
La propuesta legal también tuvo reparos de algunos asambleístas. Juan Cárdenas argumentó que con la reducción de impuestos no se genera mayor inversión y fuentes de empleo.
En tanto, Carmen García aseguró que el proyecto es un instrumento para el incumplimiento de obligaciones tributarias y Encarnación Duchi dijo que solo se beneficiarán los grupos petroleros.
La respuesta vino de César Rohón, quien recordó que por el manejo desmesurado de la economía por parte del gobierno anterior el país está sobre endeudado y la caja fiscal está en cero. Por ello, dijo, el Estado necesita liquidez y esa es la razón de la remisión. Además, recordó que la Comisión trabajó en un capítulo especial para beneficiar de este mecanismo al sector campesino.
Por su parte, María Mercedes Cuesta resaltó que la norma establece un candado, a fin de evitar que esta figura se convierta en una mala práctica. Por otra parte, acotó que en el proyecto se han incluido a otros segmentos, como el de Software, eficiencia energética y agrícola para incentivar la inversión.
Fabricio Villamar señaló que lo que busca el Ejecutivo es capacidad de endeudamiento y advirtió que si no se pone un techo a este aspecto su bloque no apoyará el proyecto.
LILA/pv
Cambios, de forma y de fondo, realizó la Comisión del Desarrollo Económico al proyecto urgente para el Fomento Productivo. Con ellos se fortaleció al sector agropecuario, al de la economía popular y solidaria, a estudiantes, deudores de la banca pública, usuarios de la vivienda social, entre otros sectores.
Así lo indicó Esteban Albornoz, presidente de la mesa, durante la presentación del informe para segundo debate en el Pleno. Subrayó la participación de nuevos actores en esta segunda fase y el aporte de otros, mediante 122 documentos enviados, así como la actuación de 19 asambleístas que no pertenecen a la Comisión.
Impulso a la Inversión
El órgano parlamentario priorizó otras áreas para beneficiarlas de la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) de 10 a 12 años, en nuevas inversiones. Entre ellos al agrícola, desarrollo de software y servicios, eficiencia energética, industria y materiales de construcción sustentables, según Albornoz.
El Ejecutivo propuso plazos de ocho años para nuevas inversiones en Quito y Guayaquil y 10 fuera de ellas, pero la Comisión consideró que para impulsar a otras provincias se debe aumentar a 12 años.
Para el sector industrial, el beneficio es por 10 años y de industrias básicas 15. Ese plazo se amplía por 5 años en los cantones fronterizos, mientras que en Manabí y Esmeraldas la exoneración durará 10 años e incluye al sector turístico, al cual se le da hasta 15 años.
En contraparte, y para recibir este beneficio, la norma obliga a estas sociedades a aumentar en su nómina a trabajadores de hasta 25 años y para adultos de más de 40 años.
Remisiones
Esteban Albornoz explicó que la Comisión pensó en los estudiantes y becarios, por ello, en la remisión de intereses, multas y recargos se incluye a estos ciudadanos, así como a los deudores de la banca pública, en especial del Banco de Fomento en Liquidación, y para las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.
La Comisión conmina a los gobiernos descentralizados a ejecutar este medida. La propuesta del régimen era opcional.
El indulto de estos recursos, según Albornoz, no es solo para grandes contribuyentes, sino para todos. En el caso de los primeros, la norma les otorga 90 días para que paguen el capital y accedan al perdón y a los demás hasta dos años, sin una cuota inicial.
Se aplica también a deudas por servicios básicos otorgados por empresas amparadas por la Ley de Empresas Públicas y a impuestos vehiculares, matriculación de vehículos y las infracciones de tránsito.
Vivienda de interés social
En este eje se incluyó una novedad, aseguró Albronoz. Se exige que los constructores otorguen una garantía al beneficiario o comparador y manda que se priorice el uso de material local y sustentable. En esta área, el Ejecutivo planteó tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado para servicios de construcción y trámites más sencillos.
Sector agrícola
Además de la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), por 10 años, para nuevas inversiones, a este sector no se le cobra el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para maquinaria y arrendamiento de tierras agrícolas, tasas preferenciales de créditos y un seguro agrícola.
Economía Popular y Solidaria (EPS)
El cuerpo legal manda la creación del Fondo de Garantías para crédito y exoneración de IR en sectores de la EPS para inversiones en Manabí y Esmeraldas.
Además, con los cambios, permite la remisión de intereses y costas y restructuración de deudas con la banca pública de fomento productivo; anticipo obligatorio en procesos de contratación pública; así como priorización de ofertas con participación de la EPS en contratación de programas sociales.
Estabilidad Fiscal
Para alcanzar la estabilidad fiscal se mejora la definición del componente de deuda y se prevén ajustes a las reglas macrofiscales sobre endeudamiento. Por ejemplo, no se aprobará el Presupuesto General del Estado con déficit primario.
De igual forma, se establece que el techo de deuda no puede superar 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se crea un fondo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
LILA/eg
El Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte insistirá que en la ley de urgencia económica de Fomento Productivo se incluya a la empresa privada para que contribuya al desarrollo deportivo, a través de deducciones al Impuesto a la Renta, subrayó su coordinador, Sebastián Palacios.
El asambleísta dijo que si bien se incluyó en el proyecto un artículo que motiva la reinversión de utilidades en el deporte, no es un incentivo real. Añadió que en los últimos cinco años, el presupuesto destinado a fomentar el deporte se redujo en más de 50 millones de dólares, factor que impidió su desarrollo.
Por esa razón, consideró que el Estado por sí solo no puede financiar al deporte, por ello, es imprescindible la participación del sector privado como patrocinador y que ese aporte lo pueda deducir del Impuesto a la Renta.
“Tenemos la oportunidad para, a través de esta ley, proporcionarles a los deportistas el apoyo que merecen y darle un giro de 180 grados”, dijo. Puntualizó que la Comisión de Desarrollo Económico incluyó una parte de la propuesta en el informe para segundo debate, pero el Grupo Parlamentario del Deporte insistirá en que el auspicio privado a través de incentivos claros y precisos, sirva para desarrollar en forma integral a la actividad deportiva.
Palacios subrayó que si se suman los 50 millones que antes estaban presupuestados, más el apoyo del sector privado que sumarían alrededor de 80 o 90 millones, los deportistas tendrán una base económica para atender sus necesidades y el apoyo que requieren, a fin de continuar cosechando éxitos en competencias, tanto nacionales, cuanto internacionales.
Para la Asambleísta María Mercedes Cuesta, es fundamental que se premie a los deportistas que lograron medallas en los últimos juegos sudamericanos y esos éxitos deben ser gratificados con apoyo y asistencia, tanto del Estado, como del sector privado.
Para Carlos Vera, legislador manabita, aseguró que hay figuras deportivas que deben ser apoyadas y el único que lo puede hacer es el sector privado, con claros incentivos tributarios. Manifestó que es necesario proporcionarles a las federaciones deportivas provinciales exoneraciones en servicios básicos, así como en construcción de infraestructura deportiva.
RD/eg
Dentro del tratamiento del proyecto urgente para el Fomento Productivo, en 14 días de trabajo, la Comisión del Desarrollo Económico recibió 191 observaciones por escrito y a cerca de 30 representantes del sector productivo privado y trabajadores.
Su presidente, Esteban Albornoz, destacó la amplia participación de las áreas públicas y privadas, durante la elaboración de los informes para primer y segundo debates, cuyos criterios y planteamientos permitieron que se profundice en sus ventajas y se mejore el texto. Los documentos recibieron el apoyo unánime de los comisionados presentes.
Para el segundo debate, el informe incluye un 40 % de cambios respecto del proyecto original entregado por el Ejecutivo, el pasado 24 de mayo, con el carácter de urgente en materia económica. Esta condición obliga a que la Asamblea lo tramite en 30 días, que vencen el 23 de junio próximo.
El Consejo de Administración Legislativa lo calificó el 29 de mayo y, al siguiente día, la Comisión avocó conocimiento, determinó la hoja de ruta e inició su estudio.
Estableció un cronograma de trabajo con el cual recibió los argumentos de los ministerios de Economía, Comercio Exterior, Producción, Vivienda y Agricultura, para el primer informe. En cambio, para el segundo, sumó los aportes de las carteras de Hidrocarburos y Minería.
Para la elaboración del primer informe, la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula un plazo de 10 días. En ese tiempo recibió también a autoridades del Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Aduanas, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Superintendencia de Economía Popular, Superintendencia de Compañías, Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).
En cambio, del sector privado acudieron las cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil; así como las cámaras de Agricultura, de Economía Popular y Solidaria, pequeña y mediana empresa, de industrias y producción, nacional de pesquería, de industrias de Manabí.
También fueron recibidas las federaciones de cámaras de industrias, construcción, exportadores, de transporte pesado; productores de bambú; fabricantes de carrocerías; Bolsa de Valores de Quito; deudores de buena fe de la Banca Pública; Frente Unitario de Trabajadores; extrabajadores de Repsol, entre otros actores.
El informe para primer debate se aprobó el 8 de junio y se debatió en el Pleno 12 del mismo mes. En esa oportunidad intervinieron 39 asambleístas.
Para la construcción del informe que será debatido en segunda instancia se sumaron más actores públicos y privados, entre ellos los de la banca pública y productores de cerveza. En total, entre el primer y segundo informes, participaron alrededor de 50 instituciones del sector público y privado.
Asimismo, en los 14 días de estudio, además de los comisionados, participaron 28 parlamentarios pertenecientes a otras mesas legislativas, de diferentes provincias y procedencias políticas.
El proyecto tiene el propósito de fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
LILA/eg
