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La Comisión del Desarrollo Económico recibió el criterio de Marco Valencia, subsecretario del Ministerio de Electricidad, sobre el proyecto que reforma el artículo 3 del proyecto de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El cuerpo legal plantea ampliar el alcance del concepto de alumbrado público. La iniciativa de Gabriela Cerda plantea que, además de cubrir las vías públicas para tránsito de personas y vehículos, se incluya a canchas cubiertas y escenarios deportivos de las zonas rurales.
El funcionario del ministerio aseguró que la iniciativa podría significar costos importantes para la empresa eléctrica, a largo plazo podría poner en riesgo el equilibrio financiero. Además, dijo que si no hay control efectivo se llevaría a un uso inadecuado del servicio.
“Los legisladores tratamos de legislar en favor de los ciudadanos, pero siempre nos encontramos que no se puede. Cuando construimos leyes tenemos que ser proactivos y buscar soluciones”, subrayó Fernando Burbano, quien pidió que se presente un informe técnico para planificar alternativas o fórmulas de solución.
Mauricio Proaño sugirió un camino, establecer una regulación para cubrir el alumbrado público gratuito, por ejemplo, hasta las 24h00. El objetivo es dar soluciones a la ruralidad, puesto que existen lugares en donde no hay ese servicio en los escenarios deportivos. “Tenemos que ver una forma de cómo le damos un beneficio a la gente”, añadió César Rohón.
LILA
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En este se determina la obligación de las empresas eléctricas de distribución y comercialización de recaudar la tasa por el servicio de recolección de basura.
Según la propuesta, el valor de la tarifa por la prestación del servicio de energía eléctrica estará claramente diferenciada del valor de terceros, esto es, la tasa de bomberos o la tasa por el servicio de recolección de basura.
De esta forma, los usuarios tendrán claro el valor correspondiente al servicio de energía eléctrica y la tasa de recolección de basura, señaló Esteban Albornoz, presidente de la comisión.
En el informe se determina que, en caso de que el gobierno autónomo descentralizado requiera que una empresa eléctrica de distribución y comercialización brinde el servicio recaudación de la tasa de recolección de basura, deberá hacerlo en forma separada a la factura por el servicio de energía eléctrica.
De forma previa a este procedimiento, el GAD interesado deberá entregar un estudio técnico de fijación de tasas sustentado y que haya sido debidamente socializado. En ningún caso podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del servicio público de energía eléctrica.
En la disposición transitoria se establece que, los GAD que a la fecha se encuentren recaudando la tasas por recolección de basura a través de alguna empresa eléctrica deberán, en el plazo de 180 días, actualizar las ordenanzas respectivas.
Esteban Bernal, autor del proyecto, indicó que los servicios de recolección de basura y aseo público a pesar de su trascendental importancia para la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente, han sido relegados en su financiamiento.
Ante esta situación resulta necesario corregir estas distorsiones con miras a lograr que los servicios de aseo cuenten con los recursos económicos suficientes y de manera oportuna, para que sean prestados en condiciones técnicas, sociales y ambientales apropiadas, en beneficio de todos los ciudadanos, enfatizó.
JLVN/pv
La Comisión del Desarrollo Económico se reunirá este miércoles 11 de abril, a las 14h30, para tratar y tomar una resolución respecto a dos proyectos de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El uno busca cambiar el artículo 60 para que, de manera obligatoria, las empresas de energía eléctrica sean los agentes que recauden las tasas por el servicio de recolección de basura, con una factura independiente.
Durante los análisis en la mesa parlamentaria, los asambleístas consideraron que para viabilizar la propuesta de Esteban Bernal se debe profundizar la socialización y el estudio para la fijación de esta tasa. Esto con el objetivo de que no exista en el consumidor la percepción de que existe un incremento de la planilla eléctrica.
La otra reforma el artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Con la misma, Gabriela Cerda plantea ampliar el alcance del concepto de alumbrado público.
Pide que, además de cubrir las vías públicas para tránsito de personas y vehículos, se incluya a canchas cubiertas y escenarios deportivos públicos de las zonas rurales.
Sin embargo, durante los debates internos, los asambleístas indicaron que este proyecto es contrario al concepto y políticas de eficiencia energética que se busca promover en el país.
El argumento señalado se centra en que, con el cambio propuesto, estos escenarios dejarían de pagar por el servicio y habría probabilidades de que se genere desperdicio de la energía y el costo lo tendría que asumir el Estado.
Lila
Dos proyectos de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, analizó la Comisión de Desarrollo Económico que lidera Esteban Albornoz. En el primero, Esteban Bernal propone que las empresas eléctricas sean las que cobren la tasa de recolección de basura, con una factura diferente. En el segundo, Gabriela Cerda plantea que el alumbrado público también sea para canchas cubiertas y escenarios deportivos rurales.
Sobre el primer tema, Albornoz sugirió un texto alternativo para que sea mandatorio, pero con dos condiciones: que los gobiernos municipales realicen un estudio técnico sustentado sobre los costos de la tasa de recolección de basura, y que las tarifas se las socialice.
Con lo propuesto estuvo de acuerdo Esmeralda Tapia, delegada del Ministerio de Electricidad. Explicó que cuando hay incrementos por concepto de basura, las empresas de energía reciben quejas, ya que, en el consumidor existe la sensación de que aumenta el costo del alumbrado.
Sustentó que todas las empresas de energía ya han suscrito convenios con las alcaldías que los han requerido y que están trabajando con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consejo Nacional de Competencias, para definir un procedimiento de cálculo.
Los legisladores Homero Castanier y Mauricio Proaño, plantearon que los estudios técnicos deben contar con ciertas pautas para que no haya discrecionalidad y definan qué institución los delinería. Albornoz se comprometió a profundizar en este tema y su socialización, para hacer una propuesta más completa que recoja las inquietudes de los parlamentarios.
Alumbrado público
En cuanto a la iniciativa de la asambleísta Cerda para que el alumbrado público también se dé en las canchas cubiertas y escenarios deportivos rurales públicos, los legisladores analizaron el desperdicio de energía que se puede generar, cuyo costo lo asumiría el Estado.
Al respecto la delegada del Ministerio de Electricidad complementó que en las zonas rurales se ha ampliado la cobertura del alumbrado público, y que incluso cubren a canchas pequeñas. Dijo que en los últimos tres años se han incrementado 500 mil iluminarias en estos sectores.
LILA/pv
Con el reto de trabajar en iniciativas legislativas encaminadas al desarrollo económico, productivo y la generación de empleo, la Comisión del Desarrollo Económico conoció y debatió 36 proyecto de ley durante el primer semestre de gestión. Aprobó diez informes para primer y segundo debate; uno ya es ley y dos están en trámite en el Pleno. Además, dos están en proceso de socialización.
La Comisión, integrada por 11 parlamentarios de diferentes bancadas, también avocó conocimiento de 19 proyectos normativos, sobre diversas materias, la mayoría de reformas a la Ley de Tránsito. Otros tienen que ver con la reestructuración de deudas y microemprendimiento.
La que está vigente es la Ley Reformatoria al Artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios. Tiene como objetivo establecer un mecanismo de cobro inmediato de la contribución que realizan los usuarios de energía eléctrica para los cuerpos de bomberos, a fin de que puedan contar con recursos económicos de manera oportuna y sin contratiempos.
En cambio, las reformas a la Ley de Aviación Civil pasaron el primer debate, sin intervenciones negativas. Lo que pretende la comisión es que la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos cuente con un tiempo definido y flexible para entregar los informes definitivos, cuando se produzca un accidente o incidente aéreo.
Otro cuerpo legal discutido en el Pleno es el que reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que busca optimizar los procedimientos para que los institutos tecnológicos de investigación puedan acceder a los fondos concursables de organismos internacionales de una manera más rápida. También pasaron el primer debate las reformas a la Ley de Empresas Públicas, que tiene como objetivo crear mecanismos para transparentar cuentas, mediante auditorías externas.
Prioridades
La protección y ampliación de derechos para el sector artesanal fue uno de los temas centrales de la comisión en los primeros seis meses de gestión. Por ello, tanto en la sede de la Asamblea, en Quito, como en provincias socializó los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal y de Ley Orgánica de Protección, Incentivos y Defensa del Artesano. Vistó Guayaquil y Cuenca.
En la comisión también es prioridad escuchar en la mesa, en cada sesión, a un ciudadano, que es invitado como asambleísta por un día. Ellos acuden con propuestas.
Comparecencias y fiscalización
En fiscalización, la Comisión llamó a más de 20 representantes de instituciones estatales para que informen sobre el estado en el que se encuentran las entidades a su cargo y presenten observaciones respecto de las diferentes temáticas que se tratan en la mesa. Los comisionados viajaron a Esmeraldas para conocer de primera mano la situación de la Refinería de esa ciudadad y elaborar un informe.
Con el propósito de construir las normas con los ciudadanos y organizaciones, recibió a delegados de cámaras de comercio, gremios de artesanos, empresa privada, expertos y ciudadanía, jóvenes, no solo en Quito, sino que también viajó a otras ciudades, como Guayaquil y Cuenca.
En cuanto a solicitudes de información, ha requerido documentación a 14 instituciones, entre ellas los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad, Transporte y Ambiente.
LILA/pv
Quito, 23 de febrero 2018 Boletín 2053
En 6 meses, Desarrollo Económico trabajó en más de 30 proyectos de Ley y recibió a unos 40 actores sociales e institucionales
La Comisión del Desarrollo Económico invita este miércoles 28 de febrero de 2018 a la Sesión de comisión donde se realizará la rendición de cuentas en el quinto piso del Palacio Legislativo.
Con el reto de trabajar en iniciativas legislativas encaminadas al desarrollo económico, productivo y la generación de empleo, la Comisión del Desarrollo Económico conoció y debatió 36 proyecto de ley durante el primer semestre de gestión. Aprobó diez informes para primer y segundo debate; uno ya es ley y dos están en trámite en el Pleno. Además, dos están en proceso de socialización.
La Comisión, integrada por 11 parlamentarios de diferentes bancadas, también avocó conocimiento de 19 proyectos normativos, sobre diversas materias, la mayoría de reformas a la Ley de Tránsito. Otros tienen que ver con la reestructuración de deudas y microemprendimiento.
La que está vigente es la Ley Reformatoria al Artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios. Tiene como objetivo establecer un mecanismo de cobro inmediato de la contribución que realizan los usuarios de energía eléctrica para los cuerpos de bomberos, a fin de que puedan contar con recursos económicos de manera oportuna y sin contratiempos.
En cambio, las reformas a la Ley de Aviación Civil pasaron el primer debate, sin intervenciones negativas. Lo que pretende la comisión es que la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos cuente con un tiempo definido y flexible para entregar los informes definitivos, cuando se produzca un accidente o incidente aéreo.
Otro cuerpo legal discutido en el Pleno es el que reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que busca optimizar los procedimientos para que los institutos tecnológicos de investigación puedan acceder a los fondos concursables de organismos internacionales de una manera más rápida. También pasaron el primer debate las reformas a la Ley de Empresas Públicas, que tiene como objetivo crear mecanismos para transparentar cuentas, mediante auditorías externas.
Prioridades
La protección y ampliación de derechos para el sector artesanal fue uno de los temas centrales de la comisión en los primeros seis meses de gestión. Por ello, tanto en la sede de la Asamblea, en Quito, como en provincias socializó los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal y de Ley Orgánica de Protección, Incentivos y Defensa del Artesano. Vistó Guayaquil y Cuenca.
En la comisión también es prioridad escuchar en la mesa, en cada sesión, a un ciudadano, que es invitado como asambleísta por un día. Ellos acuden con propuestas.
Comparecencias y fiscalización
En fiscalización, la Comisión llamó a más de 20 representantes de instituciones estatales para que informen sobre el estado en el que se encuentran las entidades a su cargo y presenten observaciones respecto de las diferentes temáticas que se tratan en la mesa. Los comisionados viajaron a Esmeraldas para conocer de primera mano la situación de la Refinería de esa ciudadad y elaborar un informe.
Con el propósito de construir las normas con los ciudadanos y organizaciones, recibió a delegados de cámaras de comercio, gremios de artesanos, empresa privada, expertos y ciudadanía, jóvenes, no solo en Quito, sino que también viajó a otras ciudades, como Guayaquil y Cuenca.
En cuanto a solicitudes de información, ha requerido documentación a 14 instituciones, entre ellas los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad, Transporte y Ambiente.
LILA/p
Con aplausos y el llamado a seguir colaborando con la Asamblea, concluyó la intervención de Verónica Morales, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y asambleísta por un día, en la Comisión del Desarrollo Económico. En esta mesa, todas las semanas se escucha a un ciudadano que ocupa un escaño. La intervención de Verónica generó, incluso, debate, por su propuesta. Algunos asambleístas tomaron nota de sus criterios.
Su visión es que haya un acuerdo entre el Estado, la academia y el sector productivo para generar emprendimiento sostenible. En Ecuador hay talento. La también académica indicó que según estudios, nuestro país ocupa el segundo lugar en cuanto a emprendimientos, pero está en el puesto 100 de 130 en innovación, una actividad vinculada al cambio.
Algo pasa, se preguntó. “Somos gente que tiene iniciativa, pero en los ocho primeros años de un emprendimiento la mayoría fracasa. En el diagnóstico que estamos trabajando es que falta, justamente, la normativa y ahí está el trabajo que les tocaría (a los asambleístas)”.
En la Comisión del Desarrollo Económico se inició el año pasado la discusión de un proyecto de Ley sobre el emprendimiento. Su presidente, Estaban Albornoz, dijo que la Asamblea está empeñada en firmar un convenio para vincularse con el Programa de Aceleramiento Regional del Emprendimiento (REAP) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), del que la EPN es parte.
“El programa está diseñado para ayudar a las regiones a facilitar el desarrollo económico y el progreso social a través de la creación de una estrategia viable para apoyar el emprendimiento impulsado por la innovación (IDE)”, señala la página web de la entidad educativa.
A Morales también le interesaba conocer con más detalles el proyecto de reformas a la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero, que se tramita en esta comisión. Explicó que hay un estudio hecho en la universidad donde se evidencia que no hay una normativa clara en cuanto al sobre endeudamiento de consumidores. “Hay poca educación financiera en Ecuador”.
“La ventaja de las universidades es que tenemos mucho acceso al conocimiento. Los estudios están hechos, están ahí, el problema es que no han sido aprovechados desde el sector productivo”, resaltó, tras recordar que se requiere precisión en la normativa y apoyo del Estado para apoyar a los emprendimientos e innovación, a fin de generar empleo y apoyo social.
LILA
Cuando exista un accidente o incidente aéreo la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) en un plazo máximo de 60 días deberá elaborar un plan de investigación que incluya las actividades, costos y tiempos necesarios para garantizar la efectividad de la investigación. El informe final lo presentará, de ser posible, en el plazo de doce meses, contado a partir de la fecha de ocurrido el suceso.
Esto es lo que la Comisión del Desarrollo Económico propone en el proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil cuyo informe para segundo debate se lo aprobó por unanimidad. “En el primer debate todas las intervenciones fueron positivas; no hallé a nadie que se oponga al proyecto, vamos por buen camino”, enfatizó Patricio Donoso, miembro de la mesa, antes de la votación.
El cuerpo legal sustituye el artículo 13, con el propósito de que el país cuente de manera oportuna con el informe sobre los incidentes o accidentes aéreos para informar a la ciudadanía y a los familiares de las víctimas mortales (en caso de haberlas) sobre los avances de los procesos de la investigación. De esta manera, se estableció un plazo.
Sin embargo, por la naturaleza de los accidentes, que pueden requerir investigaciones más extensas, el tiempo fijado en el proyecto es flexible. Establece que de no ser posible hacerlo dentro del plazo señalado, “la JIA deberá hacer pública una declaración preliminar en cada año de ocurrido el suceso e informará al menos de manera semestral indicando los pormenores del progreso de la investigación y cualquier cuestión de seguridad que se haya suscitado”.
En el informe se señala que este cambio se armoniza con lo que manda la normativa internacional, en especial con lo que ordena el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito por Ecuador en 1953, que establece los mismos términos para la entrega del informe final.
Según ese artículo, la JIA investigará y establecerá los hechos, circunstancias, causa o probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad e independencia de investigar.
En los debates a los asambleístas y a los actores involucrados en este tema les preocupó los recursos económicos que se requieren para este tipo de investigaciones, por ello plantearon en el proyecto que la Dirección General de Aviación Civil asigne los recursos suficientes y necesarios.
Los ojos de la Comisión de Desarrollo Económico siguen fijos en la necesidad de crear leyes que incentiven el desarrollo sostenible y progreso de la sociedad. Cree que la investigación es un elemento esencial para generar conocimiento que propicie ese desarrollo
Con ese objetivo, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se modifican los artículos 60 y 69 de la norma, para que los institutos públicos de investigación puedan acceder de manera ágil y oportuna a los recursos no reembolsables, que otorgan las agencias y organismos de cooperación internacional.
Con la reforma se establece que los programas y proyectos que aspiren a concursar en las ofertas de los organismos internacionales de cooperación sean aprobados por las máximas autoridades de los propios institutos y no por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como ocurre ahora. Durante la socialización de la norma, delegados de varios institutos públicos expresaron que este trámite retrasa el proceso y muchas veces pierden los recursos internacionales.
Los proyectos que presenten estas instituciones deberán estar alineados a la política nacional y registrarse en el organismo técnico de desarrollo y planificación correspondiente.
La principal preocupación de algunos miembros de esta comisión se centró en la importancia que debe tener dentro del nuevo marco institucional del Estado el fomentar la capacidad científica para generar conocimiento a través de la investigación. Con ese objetivo, también resolvió que se incluya en este beneficio a todas las instituciones públicas del Sistema de Educación Superior.
En el informe se especifica que “existe un decrecimiento en la asignación de recursos e inconvenientes al acceder a fondos de cooperación internacional para iniciar los proyectos de investigación, por los diversos trámites y procesos que se deben iniciar y concluir para hacerse acreedores a recursos no reembolsables de cooperación de gobiernos amigos, cuyas convocatorias se abren año a año”.
LILA/pv
Los ojos de la Comisión de Desarrollo Económico siguen fijos en la necesidad de crear leyes que incentiven el desarrollo sostenible y progreso de la sociedad. Cree que la investigación es un elemento esencial para generar conocimiento que propicie ese desarrollo
Con ese objetivo, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se modifican los artículos 60 y 69 de la norma, para que los institutos públicos de investigación puedan acceder de manera ágil y oportuna a los recursos no reembolsables, que otorgan las agencias y organismos de cooperación internacional.
Con la reforma se establece que los programas y proyectos que aspiren a concursar en las ofertas de los organismos internacionales de cooperación sean aprobados por las máximas autoridades de los propios institutos y no por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como ocurre ahora. Durante la socialización de la norma, delegados de varios institutos públicos expresaron que este trámite retrasa el proceso y muchas veces pierden los recursos internacionales.
Los proyectos que presenten estas instituciones deberán estar alineados a la política nacional y registrarse en el organismo técnico de desarrollo y planificación correspondiente.
La principal preocupación de algunos miembros de esta comisión se centró en la importancia que debe tener dentro del nuevo marco institucional del Estado el fomentar la capacidad científica para generar conocimiento a través de la investigación. Con ese objetivo, también resolvió que se incluya en este beneficio a todas las instituciones públicas del Sistema de Educación Superior.
En el informe se especifica que “existe un decrecimiento en la asignación de recursos e inconvenientes al acceder a fondos de cooperación internacional para iniciar los proyectos de investigación, por los diversos trámites y procesos que se deben iniciar y concluir para hacerse acreedores a recursos no reembolsables de cooperación de gobiernos amigos, cuyas convocatorias se abren año a año”.
LILA/pv
