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Los beneficios para el sector artesanal, definiciones y clasificación de la actividad es lo que se discutió en la Comisión de Desarrollo Económico, como parte del debate que llevan a cabo sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal.
El equipo asesor de la mesa trabajó en una matriz en la que compara las leyes vigentes de Defensa del Artesano y de Fomento Artesanal, para recoger lo mejor de cada norma y plantear propuestas en la nueva iniciativa.
En cuanto a la definición de artesanía se plantea que sea una actividad y producto basado en un modo de producción intensivo en trabajo manual, que se realiza de forma individual, familiar o comunitario. El objetivo de este trabajo es la transformación creativa de productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde predominen las características culturales, folclóricas o utilitarias.
En cambio, en la clasificación, los asambleístas sugieren valorar una organización basada en el modo de producción y no en su tamaño. Así, se habla de artesanía patrimonial, utilitaria, servicios u oficios.
Sobre los beneficios no tributarios se proponen medidas de financiamiento, normas que impulsen a este sector mediante las compras públicas, capacitación, promoción y venta de productos y protección a la artesanía nacional.
También analizan algunas medidas para que se otorgue y se apliquen exoneraciones tributarias a los artesanos. Las mismas serán recomendadas al Ejecutivo, a fin de que haga llegar una propuesta, en vista de que el envío de proyectos de esta naturaleza, que contengan temas tributarios, le corresponde únicamente a esta Función del Estado.
Las bases de la transportación sufren las consecuencias de las leyes que tienen que ver con el tránsito y transporte terrestre, según Mecías Vicuña, del Sindicato de Choferes del Azuay. El dirigente acudió a la Comisión de Desarrollo Económico para dar a conocer los puntos de vista de este sector, respecto de las reformas a la Ley de Tránsito.
Se refirió principalmente a las sanciones y multas que establecen el Código Orgánico Integral Penal (Coip) y las ordenanzas municipales, así como a la falta de reconocimiento para estos profesionales.
“El endurecimiento de penas lo único que ha logrado es que algunos no puedan pagar”, dijo, tras recalcar que, a la par, no tienen acceso al Seguro Social, por lo que no cuentan con un fondo para la jubilación. “Más de tres mil compañeros no han podido ver hecho realidad este sueño y mueren en las puertas de los hospitales”.
Además de que se tomen en cuenta estas realidades, pidió que se les brinde capacitación y formación, como la mejor manera de disminuir los accidentes de tránsito, que “en su mayoría, el 80 %, son cometidos por autos particulares”.
William Sangolquí, juez de lo Penal de Cuenca, sugirió, en cambio, que se revise el proceso de reducción de puntos en las licencias de conducir y la proporcionalidad de las penas. “En materia de tránsito hemos retrocedido 50 años”, sostuvo.
La Comisión, presidida por Esteban Albornoz, analiza once proyectos de reformas a la Ley de Tránsito. El propósito es agruparlos en un solo cuerpo legal y escuchar a la mayor cantidad de actores sociales e institucionales que tienen que ver con esta temática.
LILA/pv
Después de escuchar las preocupaciones del sector lechero del Carchi en cuanto a sus deudas con BanEcuador, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Santiago Campos, gerente general de esta entidad financiera para conocer la realidad de estos productores y qué soluciones se han planteado.
Los clientes aseguraron que tienen atrasos en sus pagos y la intención de honrarlos, pero que por la situación que vive esta provincia fronteriza no ha sido posible cumplir sus acreencias. Indicaron que por el cambio de la moneda con Colombia y el contrabando la demanda del producto ha disminuido, al igual que los precios.
Desde mayo de 2016 hasta diciembre de este año, BanEcuador ha colocado créditos en el sector ganadero por 20 millones de dólares y tiene una morosidad de 6,14 %, que suman 308 personas con deudas por 418 mil de dólares. De manera general, en esta jurisdicción se han entregado más 41 millones de dólares en préstamos, para más de 5 mil beneficiados y con un índice de mora del 6,11 %, según Campos.
El funcionario informó que hasta el momento se han reestructurado créditos por 1 millón 846 mil dólares, que se aplica cuando el cliente presenta fuertes debilidades financieras, capacidad de pago nula, serios problemas para honrar sus deudas o cuando se hayan agotado otras alternativas de pago. Además, explicó que el Banco tiene un esquema de novación a través del cual se extingue la obligación original con todos los accesorios y nace una nueva operación original, entera y distinta a la anterior.
Pero a más de las cifras emitidas por BanEcuador, a Fernando Burbano, asambleísta nacional, le preocupó la problemática social que se genera y sobre lo cual hay que trabajar. Explicó que, al reducirse los cupos de compra y los precios de la leche, se inmobiliza al productor para que pueda pagar los créditos. Para poder hacerlo dijo que se endeudan con los denominados chulqueros, con los que pierden, incluso, propiedades y hasta se producen suicidios.
Por otra parte, consideró que las expectativas del cambio de Banco Nacional de Fomento a BanEcuador no ha dado los resultados esperados, porque no han bajado los intereses, continúa la misma tecnología y los tiempos para entregar los créditos se demoran.
Tomando en cuenta esas consideraciones, cree que ninguna medida en el Carchi ha permitido la reactivación de su economía. Pidió que se establezcan nuevos productos bancarios para darle la vuelta al mal momento que vive esta jurisdicción.
Desde esta banca pública, Campos indicó que para contrarrestar esta realidad se han entregado créditos diferenciados, según la situación económica de cada sujeto. Al mismo tiempo, que los créditos no se han entregado solo para la compra de ganado, sino para otros destinos como la adquisición de tanque de enfriamiento, que permite almacenar el producto y mantenerlo con calidad.
A la comisión también se citó a Rubén Flores, ministro de Agricultura, sobre este mismo tema, pero se excusó por una reunión establecida en su agenda con el sector lechero del Carchi. Sin embargo, Burbano cuestionó que la misma no sea con los pequeños productores, quienes son los que cargan con el problema.
LILA/pv
Para el legislador, Mauricio Proaño, es necesario escuchar a todas las partes para que el proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, tenga todos los criterios técnicos posibles.
Las reformas a la Ley de Empresas Públicas empiezan a generar todo tipo de análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Según explicaron los asambleístas de esta mesa de trabajo, se conoce que la Contraloría tiene problemas, porque los estudios, cuando se hacen auditorías, se entregan muy tarde, por el volumen de información. Justamente a terminar con eso apunta la reforma al artículo 47, que da luz verde para que las empresas públicas contraten auditorías externas y agilizar procesos.
Mauricio Proaño, miembro de la comisión, aseguró que la reforma es oportuna, porque una empresa necesita los balances auditados año tras año, para diseñar las estrategias de productividad y generar mayor rapidez en sus acciones. “Puede contratarse una empresa privada, pero en la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) y seguimiento, debe intervenir la Contraloría, esto desembocaría en mayor agilidad, pero siempre con el aval de la entidad, pues son fondos públicos”, explicó Proaño.
El argumento de Proaño es sencillo, pues si la Contraloría se hace cargo de los TDR, ya tendría los indicadores para hacer el seguimiento, por lo que sabría de antemano el objetivo de la auditoría y de esa forma es más fácil comprobar si se cumplieron los parámetros, siguieron los pasos, entregaron todos los productos y sería más fácil evaluar el nivel de eficiencia.
Conformación del directorio
Con respecto a la reforma que tiene que ver con la conformación del directorio, el tema está en discusión, porque creen que si son empresas del Estado, lo normal sería que el Presidente de la República tenga un representante directo, lo que en la actualidad no ocurre. “Cuando es una empresa pública, el Presidente del Directorio debe ser el representante del Presidente de la República, porque es el responsable de la ejecución y el trabajo que se haga”, indicó el legislador.
Para las próximas semanas, está previsto que comparezcan en la comisión los representantes de las empresas públicas, para tener la información directa. Además, se espera a voceros de la Contraloría y la Secretaría Nacional de Planificación. “Es necesario tenerlos para que podamos dar un criterio que se base en lo que realmente sucede. Esa es información de primera mano, la propuesta de ley debe tener un componente de la situación actual en las empresas públicas”, enfatizó.
MC/pv
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. Los asambleístas buscan una alternativa para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios y los procesos de investigación cuando se producen accidentes aéreos.
En la iniciativa se pretende cambiar el artículo 13. La norma vigente establece que la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) investigará y establecerá los hechos, circunstancias, causa o probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad para indagar.
Sin embargo, en la reforma se aumenta un inciso para que en cada accidente y dentro de un plazo de seis meses, la Junta elabore un plan de investigación que incluya las actividades y tiempos que serán necesarios establecer para garantizar la efectividad de la investigación.
En el mismo texto se pide que la JIA presente el informe final, de ser posible, en el plazo de doce meses. De lo contrario, deberá hacer público un informe preliminar en cada año de suceso e informará de manera semestral los avances y cualquier cuestión de seguridad.
Inicialmente, la propuesta era que el informe de la investigación se presente en un plazo de 180 días, pero los legisladores cambiaron de opinión después de escuchar a las autoridades del Ministerio de Transporte y de la Dirección de Aviación Civil (DAC).
Armando Durán, presidente de la JIA, dijo que las investigaciones están orientadas a evitar futuros accidentes, por lo que se debe balancear qué es lo más importante: si cumplir con un plazo o elaborar una investigación de calidad y completa. Puso como ejemplo los accidentes que acontecen en los océanos donde las investigaciones son muy complejas.
Al mismo tiempo, pidió que revisen otros artículos que tienen que ver con la Junta porque muchos van en cadena y se requiere que estén armonizados.
Tanto Durán como Boris Palacios, del Ministerio de Transporte, consideraron que lo importante es acoger las recomendaciones de los organismos internacionales, de los que Ecuador es parte. Palacios se refirió a la investigación precampo, campo, posinvestigación, análisis y redacción de informes. Sugirió que en el documento se señalen recomendaciones de seguridad.
El asambleísta Patricio Donoso propuso que también se escuchen los criterios de delegados de empresas privadas que desarrollan aviación civil, como Avianca y Lan. El presidente de la comisión, Esteban Albornoz, aseguró que se hará previo al informe para segundo debate.
LILA/pv
El tratamiento de los proyectos de reformas a las Leyes de Aviación Civil y de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial continúan en debate en la Comisión de Desarrollo Económico. Con este fin, su presidente Esteban Albornoz convocó a los asambleístas para el próximo martes, 5 de diciembre, a las 15h00.
El tema que centra el análisis tiene que ver con la seguridad y vida de los usuarios. En una sesión anterior, los asambleístas discutieron sobre los sistemas de seguridad en la aviación. Patricio Donoso argumentó que al darle nuevas competencias a la Dirección de Aviación Civil esta institución se convertiría en juez y parte.
Por otro lado, Albornoz dispuso al equipo asesor que trabaje en un texto que determine qué normas se tienen que actualizar para mejorar los estándares de seguridad. Estos deben estar acordes con los instrumentos y parámetros internacionales de aviación, así como con los principios y mandatos de la Constitución de 2008.
En cuanto a las reformas a la Ley de Tránsito, en la comisión reposan once iniciativas de esta materia. En este caso, la disposición de Albornoz fue que se haga una revisión integral de todos para construir un solo documento, que se enmarque, sobre todo, en el tema de seguridad.
Además, en la sesión de martes se avocará conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático.
LILA/pv
El debate del proyecto de Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Democratización de la Gestión Financiera generó varias reacciones entre los legisladores. Hubo posiciones a favor de la propuesta, que argumentaron que se establecen incentivos para los emprendimientos micro, pequeñas, medianas empresas, lo cual impulsa la matriz productiva. También posiciones en contra que pidieron el archivo para consensuar una normativa que permita la efectiva reactivación económica.
Esteban Albornoz mencionó que la protección de nuestra economía debe ser una prioridad porque permite el fortalecimiento de la dolarización. Resaltó los beneficios que se otorgan a las micro, pequeñas, medianas empresas y de la Economía Popular y Solidaria para propiciar encadenamientos productivos. Es partidario de impulsar al sector artesanal para mejorar su anclaje en el mercado mundial.
El legislador Rodrigo Collaguazo indicó que la exoneración del Impuesto a la Renta para las empresas de la Economía Popular y Solidaria se debería ampliar a cinco años. Pidió tomar en cuenta a las cooperativas de ahorro y crédito entre los beneficiarios.
Por su parte, Mae Montaño indicó que la propuesta no reactiva la economía, no fortalece el dólar ni democratiza la gestión financiera, más bien crea mecanismos que da poder discrecional al SRI y al Servicio Nacional de Aduanas (Senae). “Para que se dé la reactivación económica debe haber seguridad jurídica, certidumbre y confianza, por lo que pido el archivo de la ley”, afirmó
De su lado, el parlamentario Franklin Samaniego subrayó que es importante la franja exenta de hasta 11 mil 290 dólares en el impuesto a la Renta para las micro, pequeñas y medianas empresas. Rechazó la posibilidad de entregar a la banca privada el manejo del dinero electrónico, en razón de que los costos por servicios que impondrán afectará la economía de la población. Sobre este último punto, el legislador Roberto Gómez manifestó que la gente quiere circulante, trabajar, emprender, salir adelante por su propio esfuerzo.
El legislador Juan Cárdenas manifestó que la Asamblea Nacional, entre sus funciones, tiene la de legislar. Por tanto, debe entregar al gobierno una ley mejorada, perfeccionada, pues la propuesta tiene beneficios para la economía popular.
El asambleísta Juan Lloret expresó que como ingresó a la Asamblea el proyecto económico urgente no cumplía la reactivación económica, por lo que la Comisión de Régimen Económico realizó varios cambios para lograr este propósito.
La Asamblea Nacional, la Función de Transparencia y Control Social y el Ministerio de Educación promueven una cultura fundamentada en valores éticos e incentivan la participación activa desde los diferentes sectores de la sociedad. Para ello, se realizó el Primer Concurso Nacional de Dibujo y el Segundo Concurso Nacional de Vídeo Aficionados. El Legislativo reconoció a estudiantes ganadores del concurso “Actúa con Valores”.
Este concurso tiene por objetivo que los niños sean partícipes del rescate de valores como honradez, responsabilidad, justicia, transparencia, solidaridad o verdad. Los concursos cuentan con una participación masiva de aproximadamente 1500 estudiantes de Educación Básica y Bachillerato General Unificado a nivel nacional.
El propósito es mostrar como los estudiantes viven los valores mediante la producción creativa de un producto comunicacional, para generar desde la ciudadanía, la fuerza, que como país, nos permita vulnerar las prácticas antiéticas y encausar cada esfuerzo hacia la estructuración de un nuevo Estado basado en verdad, justicia, honradez, responsabilidad, transparencia y solidaridad.
En este marco, los legisladores pudieron presenciar videos y dibujos de los ganadores. El acto contó con la presencia del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Christian Cruz, quien junto al presidente de la Legislatura, José Serrano, y otros asambleístas entregaron los reconocimientos.
Los ganaderos del primer lugar del II Concurso Nacional de Video Aficionados fueron los estudiantes Heidy Nacila Dután, Emila Cárdenas Pesántez, Fabiana Torres Espinoza, Alan Peñafiel González y Jhonatan Morocho García, de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, de la provincia de Azuay.
El reconocimiento para el segundo lugar fue para Anderson Tubay Gavilanes, de la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo de Imbabura. El premio al tercer lugar fue para Kevin Argüello, de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En los videos ganadores se resaltaron valores como la solidaridad, la responsabilidad y la honradez, gestores de cambio y bienestar.
Ganadores del I Concurso Nacional de Dibujo
Diana Bastidas Barragán, de la Unidad Educativa San José, de Tena, fue la ganadora del primer premio; el segundo lugar lo ocupó Valesca Morán Peñaherrera, de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, de Guayas; y el tercer lugar lo compartieron los estudiantes Solange González Chiliquinga, de la Unidad Educativa Santa Juana de Chantal, de Imbabura; y Jordan Barzola Anzule, de la Unidad Educativa Honorato Vásquez, de Guayas.
Jhonatan Morocho, estudiante de tercer año de bachillerato del Técnico Salesiano, en representación de los estudiantes participantes y ganadores, destacó que el trabajo fue arduo y con un objetivo claro, que es plasmar los valores aprendidos en la familia, en la escuela y en la interacción con los demás.
RSA/pv
La seguridad ciudadana es el tema que ocupó el debate de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz. En esta mesa se analizan reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Transporte Terrestre. Lo que los parlamentarios buscan es construir normas que garanticen la vida y seguridad de los usuarios.
Con respecto a las primeras reformas, los asambleístas discutieron si es pertinente ubicar cambios que tengan que ver con el sistema de seguridad de aviación en esta norma o en otras. Patricio Donoso argumentó que al darle nuevas competencias a la Dirección de Aviación Civil esta institución se convertiría en juez y parte.
Después de varias deliberaciones, Albornoz dispuso al equipo asesor que trabaje en un texto que determine qué normas se tienen que actualizar para mejorar los estándares de seguridad, que, además, deben estar acordes con los instrumentos y parámetros internacionales de aviación, así como con los principios y mandatos de la Constitución de 2008.
En un segundo momento, analizaron las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Escucharon los criterios de Edith González, presidenta de la Corporación de Escuelas de Formación y Capacitación para Conductores Profesionales, quien presentó diez cambios.
Entre ellos destacó los temas que tienen que ver con la recuperación de puntos en las licencias. Cree que debe emplearse otra metodología y no esperar a que el conductor se quede sin puntos para iniciar el proceso. Así mismo, pidió que se estudie la forma en la que se homologan los permisos de conducción que los ecuatorianos traen del extranjero, puesto que hay casos que obtienen en las fronteras con nuestro país de manera más fácil.
Adriana Burgo, quien actuó como Asambleísta por un Día y es parte del Consejo Consultivo de Jóvenes de Manabí, reiteró la necesidad de estas reformas, pero pidió que se tome en cuenta el enfoque desde lo rural, que es un sector con altos índices de accidentes de tránsito.
En la comisión reposan once proyectos de reformas a esta ley y la disposición de Albornoz es que se haga una revisión integral de todos para construir un solo documento, que se enmarque, sobre todo, en el tema de seguridad.
Para solventar ese texto realizó gestiones con Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional que estudia el tema de la siniestralidad en las vías y los cambios que se requieren para frenar esta problemática, para que exponga sus recomendaciones. Además, se espera llamar a las víctimas y sus familiares, así como a organizaciones y gremios de conductores.
LILA/pv
Que se mejore la rentabilidad de las empresas públicas y se fortalezcan los servicios que brindan a la ciudadanía es una de las preocupaciones de Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Por eso, se reunió con el nuevo presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), Edisson Garzón, para conocer su criterio respecto al proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas.
La comisión analiza esta iniciativa legal, que ahora se encuentra en construcción del informe para segundo debate. Se cambian dos artículos, en el primero se da potestad a las empresas públicas para que contraten auditorías externas a fin de que hagan estudios de sus estados financieros y balances. La norma actual establece que sea la Contraloría General del Estado la que asuma esa responsabilidad.
Albornoz explicó que el objetivo es mejorar los procesos para que las empresas públicas cuenten con estados financieros actualizados, que, a su vez, se constituyen en una importante herramienta de gestión.
Por su parte, Garzón aseveró que la norma debería aprobarse lo más pronto posible, a fin de que puedan contar ya con este instrumento para el próximo año.
El segundo artículo tiene que ver con la conformación del directorio de las empresas públicas. Aquí, según el parlamentario, se busca dar fuerza a estas entidades, es decir, se propone que el directorio ya no sea presidido por el ministerio rector, sino por el delegado de la empresa coordinadora. Algo con lo que también estuvo de acuerdo Garzón.
Este ambateño, ingeniero comercial de 37 años, asumió su cargo en octubre pasado. El también empresario se comprometió a fortalecer las líneas de acción de la entidad, con base en la gestión estratégica de la inteligencia de negocios; el análisis financiero e inversiones, la gestión empresarial y desarrollo organizacional, así como la información, control y evaluación empresarial, según consta en la página web de EMCO.
LILA/pv
