Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
steban Albornoz, asambleísta por Azuay, participa desde ayer en el II Global Youth Leadership Forum, en Santander, España. El evento convoca a líderes mundiales que han tenido importantes responsabilidades en los países a los que representan, según la invitación. Mañana, 27 de septiembre, participará como ponente en la mesa de tecnología y transformación mundial.
En esta disertación estará junto al rector de la Universidad Panamericana de México y empresas de innovación de Colombia y Australia.
Precisamente, el objetivo del foro es debatir con los líderes sobre varias temáticas para “tratar de consensuar medidas que den respuesta a los principales desafíos que afronta nuestro planeta”. El encuentro lo auspician Naciones Unidas, el Banco Mundial y los gobiernos de España, Santander y Cantabria.
LILA/pv
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Pablo Arias, presidente de la Federación General de Artesanos de Pichincha (Fegapi).
Esteban Albornoz, titular del organismo parlamentario, tras agradecer la presencia de este sector, que enriquece la construcción de la norma, pidió que las observaciones se presenten por escrito, a fin de incorporarlas al debate. Explicó que el proyecto se basa en garantizar una mejor institucionalidad, profesionalización y formación, registro único e incentivos que permitan fortalecer esta actividad.
En cuanto a la institucionalidad, Arias pidió que se recupere la Junta Nacional, que ha sido politizada. Denunció que los recursos que se entregaron a esta entidad para capacitar al sector no llegaron a las provincias.
Está de acuerdo con la profesionalización y formación de los artesanos, pero en cuanto al registro único sugirió que se depure y se investigue quiénes en realidad son artesanos y quiénes son pequeños industriales.
Manifestó la necesidad de revisar los mecanismos de contratos laborales en este sector para que se puedan generar más oportunidades. Comentó que la actividad artesanal la desarrollan alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, quienes podrían dar unos 600 puestos de empleo.
“Veamos el tratamiento de este proyecto como una oportunidad. Esto no es una aventura ni la intención de vulnerar derechos adquiridos. Tenemos que ver alternativas para que se refuerce la institucionalidad. Somos sus aliados. Vamos a trabajar muy seriamente para tener una ley que valga la pena”, sostuvo Homero Castanier, miembro de la Comisión.
“La mesa viene trabajando para preparar una buena norma”, agregó César Rohón e indicó que los legisladores están empeñados en trabajar por el desarrollo del país, empezando por el sector artesanal. Con estos criterios coincidió Patricio Donoso.
LILA/pv
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz, recibió nuevos aportes sobre el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. En esta ocasión acudió Medardo Cadena, ministro de Energía. Indicó que acudió para trasmitir la realidad del sector con el objetivo de que los parlamentarios tomen la mejor decisión.
Con la reforma propuesta por el asambleísta Esteban Bernal se busca que las empresas eléctricas de manera obligatoria recauden la tasa de recolección de basura, a fin de garantizar los recursos para la prestación de este servicio.
Sin embargo, el ministro explicó algunos detalles. Dijo que de los 221 municipios solo 115 han solicitado la recaudación de esta tasa, mientras que otros 67 lo hacen a través de sus propios mecanismos y otros 39 no cobran, por lo que esta obligatoriedad sería un retroceso.
Según el funcionario, las fórmulas de cálculo para la recolección de este tributo varían y no contienen un análisis que establezca la correlación entre la generación de basura con el consumo de energía, por lo que en el usuario hay una percepción de que el precio del servicio eléctrico es más alto. Por tanto, existen reclamos. Aseguró que hay personas que pagan más por el servicio de recolección de basura que por el servicio de energía eléctrica.
El costo que asume el sector eléctrico por el cobro de la tasa por recolección de basura fue otro tema que puso en la mesa el ministro. Dijo que el valor asciende a 1.6 dólares por mes, pero que a los municipios grandes se les cobra 40 centavos, a los medianos 30 a los pequeños 20 y a los muy pequeños 10.
No obstante, ratificó la predisposición de seguir colaborando con los municipios, sobre todo con los pequeños, para la recolección de la tasa de recolección de basura. “Nosotros tenemos una responsabilidad con los usuarios que son nuestra razón de ser. Mientras no existan mecanismos alternativos vamos a seguir cobrando esa tasa”, dijo.
Orlando Tipán, asambleísta por un día, originario de Cotopaxi pero que vive en Quito, pidió tomar en cuenta que en el sector rural no se ve la presencia de carros recolectores de basura, sino que más bien la transforman en abono orgánico.
LILA/pv
Los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico analizan si la tasa para la recolección de basura se debe recaudar de manera obligatoria a través de la planilla de luz eléctrica o no. El debate sobre este tema se profundarizará mañana, 20 de septiembre, a las 10h00.
La posibilidad de esa obligatariedad la planteó el asambleísta Esteban Bernal a través de un proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Ley de Empresas Públicas. El legislador afirmó que el propósito es garantizar los recursos económicos necesarios para garantizar la adecuada prestación de este servicio.
En días pasado, durante su argumentación en la Comisión, explicó que con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica este sistema de recaudación se pone en riesgo porque queda sujeto a la voluntad del organismo rector.
La socialización del documento se ha realizado con representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y entidades estatales, quienes han mostrado criterios a favor y en contra.
LILA/pv
Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico coincidieron con la necesidad de llamar a las autoridades de las empresas públicas para que expongan la situación financiera en la que se encuentran. El presidente del organismo, Esteban Albornoz, se reunirá con los principales de la Empresa Coordinadora de estas instancias, a fin de elaborar un cronograma.
Una de las instituciones que mayor preocupación causa en los comisionados es Tame. Tanto Albornoz como César Rohón creen que los representantes de esta línea aérea deberían ser los primeros en ser convocados. “No solo quisiéramos saber sus cuentas, sino también su servicio”, acotó el presidente. En tanto, Fernando Burbano sugirió que se debe dar prioridad a la Empresa Pública de Fármacos, sobre todo ahora que está por liquidar.
Esta inquietud de los parlamentarios surgió a propósito del debate que la Comisión lleva a cabo sobre el proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. En esta ocasión continuó el estudio del artículo 47, a través del cual, con el cambio, se permitiría que estas empresas, sus subsidiarias y las de economía mixta puedan contratar, con sus propios recursos, auditorías financieras externas e independientes a través de empresas privadas especializadas.
En el proyecto se precisa que las auditorías deben estar debidamente acreditadas y registradas en la Contraloría General del Estado (CGE), aplicando los procedimientos que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Patricio Donoso y Ximena Peña sugirieron que la CGE elabore y publique periódicamente el listado de estas empresas auditoras.
La Comisión también cree pertinente que, a través de una disposición transitoria, se otorgue el plazo de 45 días a la Contraloría para que elabore dicho listado, así como los requisitos y condiciones que deberán cumplir las empresas privadas auditoras.
LILA/pv
Una amplia socialización de los proyectos que se tramitan es lo que ha priorizado la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por Esteban Albornoz. Este miércoles 13 de septiembre, a las 10h00, continuará con el estudio de los proyectos que tratan el procedimiento para la recaudación de la tasas de recolección de basura y el que plantea la posibilidad de realizar auditorías externas en las empresas públicas.
Se trata de los proyectos de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Ley de Empresas Públicas. El primero lo trabajó el asambleísta Esteban Bernal. Pretende que las entidades que recolectan la basura cuenten con los recursos económicos necesarios para garantizar la adecuada prestación de este servicio.
El legislador considera que la mejor forma de recibir esa contribución de la ciudadanía es a través de la planilla de luz. Explicó que con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica este sistema de recaudación se pone en riesgo porque queda sujeta a la voluntad del organismo rector. En ese sentido, en la reforma se sugiere que sea obligatorio.
La semana pasada acudieron a la Comisión actores de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. En el primer caso, Norma Illares, concejal del Municipio de Cuenca, y Ángel Torres, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, coincidieron en que la recaudación a través de las planillas eléctricas proporciona eficiencia en el ingreso de recursos económicos para la recolección de basura.
En cambio, Andrés Chávez, director ejecutivo de la Agencia, dedujo que el proyecto no es procedente porque contradice las disposiciones de la Constitución, el Código de Organización Territorial y otras normativas. Además, el número de consumidores de energía eléctrica no guarda relación con el número de quienes reciben el servicio de recolección de desechos sólidos, por lo que se podría estar cobrando este tributo a quienes no se debería.
Reformas a Ley de Empresas Públicas
La Comisión analiza el proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, antes de elaborar el informe para segundo debate. Durante el tratamiento en primera instancia, los legisladores coincidieron en la necesidad de agilizar los procesos de auditoría externa de los estados financieros, que es el objetivo principal de la norma, pero había criterios en cuanto a la operatividad.
Según Albornoz, este tipo de estudios, en la práctica, demora hasta 180 días. Se trata de mejorar esos tiempos, a fin de posibilitar un mejor manejo financiero de las empresas públicas. Para ello, se reformará el artículo 47 de la ley.
LILA/pv
Las posiciones fueron divergentes, pero Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, hizo un llamado a un trabajo en conjunto con el fin de superar las dificultades que pueden encontrarse en la recaudación del tributo para el servicio de recolección de basura.
Esta reflexión la realizó después de escuchar a varios representantes institucionales que acudieron a la mesa a expresar sus criterios en torno al proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de autoría del asambleísta Esteban Bernal.
El legislador explicó que su propuesta pretende garantizar los recursos económicos para la dotación de este servicio, cuya tasa debe cobrarse a través del servicio de energía eléctrica de manera obligatoria y no voluntaria. Argumentó que con la promulgación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el sistema de recaudación se pone en riesgo y queda sujeto a la discrecionalidad de un organismo rector, lo que genera incertidumbre.
Se pretende reformar el artículo 60 de esta Ley, con la que Norma Illares, concejal del Municipio de Cuenca, está de acuerdo. La razón: la recaudación a través de las planillas eléctricas proporciona eficiencia en el ingreso de recursos económicos para el servicio de recolección de basura.
Con ella coincidió Ángel Torres, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Manifestó que la propuesta se ancla en los derechos que garantiza la Constitución, como la de disponer de servicios de óptima calidad, por lo que respaldan la iniciativa. “Esperamos que entre la AME y las empresas eléctricas podamos implementar mecanismos que respondan a la realidad de recolección según el sector y aspiramos que el servicio se mejore”, acotó.
Pidió que, además de reformar el artículo, se modifiquen las disposiciones generales tercera y séptima de la ley para que haya coherencia. Y de esa correspondencia habló también Andrés Chávez, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad.
Para el representante de la Agencia, el proyecto no es procedente porque contradice las disposiciones de la Constitución, el Código de Organización Territorial y otras normativas. Además, el número de consumidores de energía eléctrica no guarda relación con el número de quienes reciben el servicio de recolección de desechos sólidos, por lo que se podría estar cobrando este tributo a quienes no se debería.
Chávez justificó que el 50 % de municipios utiliza otros mecanismos de cobro y que el proyecto retrocede la misión del sector eléctrico, es decir, que el consumidor visualiza exclusivamente los valores correspondientes a este sector. “En la práctica, el usuario continúa cancelando de forma totalizada el servicio eléctrico, más el tributo de bomberos y de recolección de basura”, analizó.
LILA/pv
El tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas continúa en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz. Para acentuar en su estudio, el presidente convocó a sesión para mañana, 6 de septiembre, a las 10h00.
La mesa legislativa ha realizado una amplia socialización antes de elaborar el informe para segundo debate. Durante el tratamiento en primera instancia, los legisladores coincidieron en la necesidad de agilizar los procesos de auditoría externa de los estados financieros, que es el objetivo principal de la norma, pero habían varios criterios en cuanto a la operatividad.
Según Albornoz, este tipo de estudios, en la práctica, se demora hasta 180 días. Se trata de mejorar esos tiempos, a fin de posibilitar un mejor manejo financiero de las empresas públicas. Para ello, se reformará el artículo 47 de la ley.
Otro tema
La Comisión también tratará el proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de autoría del asambleísta Esteban Bernal, que busca garantizar la adecuada prestación del servicio de recolección de basura.
Según el parlamentario, se quiere corregir distorsiones para que este servicio cuente con los recursos económicos suficientes y, de manera oportuna, se recaude a través de la planilla de luz.
Explicó que con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica este sistema de recaudación se pone en riesgo y queda sujeta a la discrecionalidad de un organismo rector, lo que genera inseguridad jurídica e incertidumbre en el futuro sobre el cobro de este tributo. El parlamentario pretende reformar las disposiciones que restringen esta recaudación.
LILA/pv
Desde 2016, siete proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Social reposan en la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidente, Esteban Albornoz, quiere darles tratamiento en este período. El trabajo ya inició.
Albornoz se reunió con Pablo Andrés Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, con el fin de conformar una comisión que incluya especialistas de esta institución y asesores de la mesa parlamentaria, para que comiencen el abordaje de las diferentes temáticas y presenten un informe técnico y jurídico. El legislador resaltó que se busca dar solución administrativa a las demandas ciudadanas.
Las reformas que se plantean tienen que ver con el transporte comunitario, a través del uso de camionetas para traslado de personas; alternativo, es decir, que se permita el servicio de busetas interprovinciales; otros usos para el transporte escolar; y otros temas que tienen que ver con las tricimotos, taxis rutas y seguridad ciudadana.
Ninguna ha sido tramitada en primer debate y, según Albornoz, se prevé agrupar todas las propuestas en un solo cuerpo legal.
Calle aseguró que es oportuna esa coordinación para realizar un análisis profundo. A su criterio, se deberá buscar un equilibrio entre lo que se plantea y otros temas que saltan al análisis, como los riesgos y la importancia de asegurar la vida de las personas.
“Dentro del debate van a salir algunos criterios, tienen nuestro apoyo para brindarles los insumos que sean necesarios”, precisó.
LILA/pv
Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe respecto a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios y recomienda al Pleno ratificar el texto original.
Los legisladores consideraron que la objeción del Ejecutivo afecta el espíritu de la reforma. La Asamblea aprobó la norma para establecer un mecanismo de cobro inmediato de la contribución que realizan los usuarios de energía eléctrica para los cuerpos de bomberos, a fin de que puedan contar con recursos económicos de manera oportuna y sin contratiempos.
En el artículo 32 del proyecto se estableció que los usuarios residenciales o particulares aporten con el 0,50 % de la remuneración básica unificada del trabajador, quienes hacen uso comercial, con el 1.5 %; los pequeños industriales, con el 3%, y los demás industriales, con el 6 %.
Estos valores se recaudarán y se registrarán en un comprobante de pago independiente de la planilla de luz, previo al convenio suscrito entre los cuerpos de bomberos y las empresas eléctricas.
Con la figura del convenio no estaba de acuerdo Lenín Moreno, presidente de la República, a través del veto, porque consideraba un “contrasentido jurídico” pretender hacer obligatoria la recaudación del tributo por parte de las empresas eléctricas y, a la vez, disponer la firma de un acuerdo.
La mesa advierte que con la norma se busca solventar los problemas que fueron expuestos por los cuerpos de bomberos y considera al convenio como un mecanismo idóneo para agilitar la recaudación mensual, con lo que las empresas eléctricas deberán cobrar de manera obligatoria.
LILA/pv
