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Están de acuerdo con que se requiere celeridad en la contratación de auditorías para estas entidades, pero consideran necesarios ajustes, a fin de mejorar la norma y los procesos.
La Comisión de Desarrollo Económico continuó el estudio del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, antes de elaborar el informe para segundo debate. Recibió a delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), de la Contraloría General del Estado y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), para que expongan sus criterios sobre la iniciativa que busca agilitar los procesos de auditorías de las empresas públicas.
El proyecto plantea que esos exámenes, que por ahora solo los hace la Contraloría, también los ejecuten empresas privadas especializadas e independientes, con el propósito de mejorar los procesos para un oportuno control de los recursos públicos.
Para Christian Pino, delegado de Senplades, ese planteamiento es correcto. Sin embargo, propuso que el organismo de control estatal establezca criterios de selección sobre qué empresas pueden desempeñar esa función y las registre en un catastro. Aclaró que la medida proporcionará más transparencia para la elección.
Esta no sería la única solución para enmendar el cuello de botella que impide agilitar las auditorías a criterio de Wilson Vallejo, representante de la Contraloría. El funcionario considera que la ley debe exigir a las empresas públicas fijar un presupuesto para estos estudios y un tiempo para que estén al día con los estados financieros. El presidente de la mesa, Esteban Albornoz, sugirió que podría ser hasta el 28 de febrero de cada año.
Vallejo argumentó que por la experiencia que ha tenido la institución estos dos elementos han contribuido a la demora en los procesos de control. Estas acciones ayudarán incluso a establecer sanciones por el incumplimiento, precisó Albornoz.
Pero, en el caso de la Celec, Luis Ruales aseguró que no han tenido inconvenientes presupuestarios ni en sus estados de cuenta, sino en la demora por parte de la Contraloría. El tema de fondo es la agilidad y para ellos es fundamental contar con esos recursos, añadió el asambleísta César Rohón.
LILA/pv
A las 10:00 de este miércoles se prevé recibir a personas externas para analizar las reformas a la Ley de Empresas Públicas. En la mesa de trabajo estará Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría General del Estado. “Tenemos que escuchar a todos los sectores involucrados, porque se trata de tener un cuerpo normativo que incluya todas las voces”, dijo Esteban Albornoz, presidente de la comisión.
Dentro de las comparecencias que se tendrán en la Comisión de Desarrollo Económico, también estará el representante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Luis Ruales y Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), para que den sus puntos de vista acerca de las reformas que se proponen.
Segundo punto
Otro tema, que se abordará en la Comisión es la aprobación del Informe para segundo debate del proyecto de reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios, que concitó la atención de los cuerpos de bomberos y gobiernos autónomos descentralizados en todo el país, por tratarse de un asunto que les involucra directamente.
Por último, recibirán en comisión general a Daniel Avecilla, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
MC/pv
Con el voto unánime, el Pleno dio paso a la ratificación del Acuerdo de París, que busca reforzar la respuesta mundial frente al cambio climático y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente, resaltó que la Asamblea haya dado prioridad a este tema, mientras que los asambleístas expusieron los avances en Ecuador sobre este tema y criticaron la decisión del Presidente de EE.UU de retirarse de este Acuerdo.
Esther Cuesta, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, que estudió este documento, señaló que mediante las acciones que tomen los más de 190 países que lo suscribieron se pretende controlar el aumento de la temperatura mundial y fortalecer las capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
Relató que ha sido un gran avance que China, que es el país con mayor emisión de gases invernaderos con el 30 %, haya firmado el Acuerdo y lamentó que EE.UU, segundo en contribuir con este problema, con el 15 %, se haya retirado. Esta acción la calificó como “un acto de barbaridad contra la humanidad y la vida”, mientras que Wendy Vera dijo que es “inadmisible” esa postura.
Cuesta refirió algunas de las consecuencias más graves que se producirían por el cambio climático, entre ellos el derretimiento de los glaciares, que aumenta el nivel del mar y la posible desaparición de poblaciones.
El Ministro del Medio Ambiente, en comisión general, se refirió al efecto directo en la producción de alimentos, provisión de agua, reducción de la pesca y otros resultados secundarios como la provisión económica. Ana Belén Marín habló de las sequías, inundaciones y ampliación de la frontera agrícola.
El funcionario aseguró que el Acuerdo exige a los Estado definir metas para la reducción de gases de efecto invernadero y reportar los avances cada cinco años. Cuesta recordó que nuestra Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y es referente en el mundo, mientras que Soledad Buendía evocó al Código del Ambiente, que establece medida para evitar y afrontar los efectos de este fenómeno.
La política pública hizo su parte en estos últimos años. Esteban Albornoz mencionó el cambio de la matriz productiva, que permite la reducción de la emisión de gases contaminantes. Soledad Buendía especificó los siete proyectos hidroeléctricos y los seis proyectos multipropósito; los primeros permiten tener energía limpia y los segundos evitan inundaciones, daños, enfermedades y muertes.
“El Acuerdo de París constituye una plataforma para demostrar que nuestras políticas públicas están generando una posición a nivel mundial”, enfatizó Buendía. Permitirá que Ecuador tenga voz y voto en las sesiones formales y seguir liderando temas, agregó el ministro Granizo.
Ecuador ya ha tenido iniciativa al respecto a nivel mundial, sostuvo Albornoz. Expresó que el gobierno ha pedido la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para sancionar los atentados contra la naturaleza; que se implementen mecanismos para que la deuda ecológica no solo que se pague sino que no se acumule y crezca; y, que los países que más contaminen compensen a los otros para mejorar la capacidad de evitar las emisiones.
LILA/pv
La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Jorge Wated, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCOEP, quien sustentó la propuesta de reforma a la Ley de Empresas Públicas. Señaló que la contratación de auditorías externas para los estados financieros auditados debe ser de forma directa, por cada una de las administraciones y no a través de un trámite en la Contraloría General del Estado.
Señaló que las empresas públicas y sus subsidiarias podrán contratar con sus propios recursos auditorías financieras externas e independientes a través de empresas especializadas de cada industria o sector, aplicando los procedimientos que correspondan de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás normas secundarias de aplicación pertinentes, sin perjuicio de las auditorías externas que pueda efectuar la Contraloría General del Estado.
La compañía privada de auditoría y su personal contratados deberán guardar completa independencia respecto a las funciones, actividades e intereses de las empresas públicas o subsidiarias sujetas a examen y a sus servidores, dijo al mencionar que el informe resultante de esta auditoría externa financiera será suscrito por el contador público autorizado que la hubiere practicado y por el representante legal de la compañía privada de auditoría.
Indicó que en la actualidad el proceso de contratación a través de la Contraloría puede durar más de 180 días, lo cual retrasa tener balances auditados cerrados que permitan a las administraciones realizar los correctivos correspondientes, así como cumplir requisitos de ley en casos de acceder a créditos financieros o procesos de desinversión.
El funcionario explicó que con el nuevo modelo propuesto la contratación de estas auditorías iniciaría en el mismo ejercicio fiscal y los resultados se obtendrían dentro del primer trimestre del año siguiente.
Mencionó que desde abril de 2016 hasta abril de 2017 EMCO, en coordinación con la Contraloría, gestionaron 65 procesos de auditoría a los estados financieros. Existen desventajas del modelo actual como la demora excesiva en el proceso de contratación desde el inicio hasta la adjudicación. En consecuencia hay casos de contratación de procesos de auditorías de dos o más ejercicios fiscales de una misma empresa, agregó.
Hay que ajustarse al cronograma de la Contraloría para la planificación de contratación de auditorías externas, lo que demora en el análisis de inicio de proceso. No permite contar con información contable y financiera, oportuna y confiable, además de errores detectados después del cierre del ejercicio porque el proceso de contratación es posterior a éste, advirtió.
Así mismo, precisó que las ventajas del nuevo modelo por la reforma al artículo 47 de la Ley de Empresas Públicas es que permite subsanar errores durante el período examinado previo cierre anual del ejercicio económico fiscal; la detección oportuna de las deficiencias y debilidades de control interno; transparentar la información contable de las empresas públicas, que son en total 20; contar con estados financieros auditados en forma oportuna; así como la confiabilidad de la información de las empresas públicas al cierre del ejercicio fiscal.
Los asambleístas César Rohón, Patricio Donoso y Daniel Mendoza coincidieron que es necesario agilitar las auditorías de los análisis financieros de las empresas públicas, pero cuidando la transparencia de la contratación de las auditorías externas con procedimientos de calificación y selección.
JLVN/pv
a convocatoria está lista, para mañana, 14 de junio, a las 10:00. Se reunirán los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, con el objetivo de tratar cuatro puntos, que están en la agenda de esta mesa de trabajo para los primeros 100 días de gestión.
En primera instancia se recibirá a delegados de distintos sectores, con la finalidad de escuchar las observaciones respecto al proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. Se espera que acudan representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y de la Coordinadora de Empresas Públicas. “Se trata de trabajar en una normativa que contenga los planteamientos de todos los sectores involucrados. Hay que tener todos los criterios técnicos”, dijo Esteban Albornoz, presidente de la comisión. También escucharán las observaciones del asambleísta Mariano Zambrano.
Entre los puntos a tratar consta el conocimiento del informe presentado en primer debate del proyecto de reformas al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios. Como se recordará, este tema trajo hasta la anterior Comisión de Desarrollo Económico, a los bomberos de diferentes provincias, quienes expusieron sus opiniones sobre la normativa. Sobre este mismo proyecto, se conocerá la opinión de la legisladora Liuba Cuesta.
MC/pv
Existen dos proyectos, uno se trabajó en la comisión y otro está en trámite. El problema radica en que una de las propuestas incluye incentivos tributarios, lo que la convierte en inviable, pero existen artículos que podrían reforzar la normativa.
La Comisión de Desarrollo Económico sigue con el análisis de los temas prioritarios y el proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal está dentro de ese listado. En la comisión consideran que el país necesita con urgencia una nueva Ley del Artesano. Esta mesa de trabajo ya recibió por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) los trámites que se dan a los distintos proyectos de ley.
Fortalecer la normativa
Existe uno que está en borrador y que se trabajó en la comisión, pero también consta otra propuesta, que se encuentra en trámite. Sin embargo, uno de los problemas radica en que se incluyen incentivos tributarios, lo que hace imposible el tratamiento. Sin embargo, según explicó el asambleísta Mauricio Proaño, se pidió la unificación, porque existen artículos de la propuesta que se pensó en dar de baja, que podrían servir para fortalecer la normativa.
Según Proaño, si vienen más proyectos que tengan que ver con el sector artesanal, se unificarán. “No es que se va a dejar de tratar el tema, al contrario, se profundizará, porque sabemos que el país necesita esta normativa. La propuesta debe discutirse en territorio, con la población y acercar a los artesanos a la norma que podría aprobarse. Hay que llegar a acuerdos y hacer el trámite para la aprobación lo más pronto posible”, explicó.
MC/pv
La Asamblea tomó acciones concretas contra la corrupción e impunidad, admitió a trámite el pedido de juicio político en contra del Contralor, Carlos Pólit, por el caso Odebrecht y resolvió otras decisiones. El Pleno discutió proyectos de ley para garantizar seguridad y derechos laborales, mientras que las comisiones socializaron iniciativas legales. A nivel internacional, Ecuador tiene un papel protagónico en la Asamblea del Parlatino, donde se discute sobre migración.
Pleno
Con una alta votación, de 106 legisladores, el Parlamento aprobó una resolución para encaminar acciones legislativas y fiscalizadoras, a fin de prevenir y combatir la corrupción. En fiscalización, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aceptó a trámite el pedido de juicio político a Pólit y trasladó esa gestión a la Comisión de Fiscalización. También conformará una comisión multipartidista para que recoja información en EE.UU y Brasil. Exige la presencia del Fiscal, Carlos Baca, para que explique las medidas que ha tomado la instancia que dirige y demanda de esta celeridad y el inicio de procesos contra las personas presuntamente vinculadas.
Además, manda la reparación integral de los daños y perjuicios causados por Odebrecht, la terminación de los contratos vigentes y su expulsión. Dispone la comparecencia de los representantes del Consejo de Participación Ciudadana para que informen sobre el concurso para designar al Contralor y las acciones para combatir la corrupción. En lo legislativo, tramitará normas legales para prevenir y combatir la corrupción.
La estabilidad laboral y la prevención del acoso en el trabajo fueron temas de apoyo y debate en el Pleno. Los legisladores conocieron y dieron sus aportes a los proyectos de reformas a la Ley de Servicio Público (LOSEP) y al Código del Trabajo para Prevenir el Acoso Laboral y otra modificación a la LOSEP. Los dos pasaron el primer debate.
Sobre la norma que tipifica el acoso laboral como una motivación para que el empleado pueda terminar con su contrato y reciba una indemización, los parlamentarios creen que debe haber una audiencia de conciliación para no perder el empleo. En la LOSEP se reforma el artículo 58, sobre los contratos ocasionales. Determina que cuando sean por más de dos años, para la prestación de los mismos servicios, se entiende que las necesidades de la institución son permanentes, se obliga a crear esa vacante y llamar a concurso de méritos y oposición.
Participación de Ecuador en el ámbito Internacional
“Realidades y compromisos rumbo al Pacto Mundial” por la migración es el tema que analiza una delegación de Ecuador, encabezada por el Presidente, José Serrano, quienes participan en la Trigésimo Tercera Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), junto con parlamentarios de otros países de la región y expertos. En ese marco, se establecieron seis temáticas de diálogo, entre ellas, migración irregular, cooperación internacional y gobernanza, trata y tráfico y la contribución de este sector para el desarrollo sostenible.
Comisiones trabajan leyes con la gente
La ciudadanización de normas en la Asamblea y en territorio marcó el trabajo de esta semana en las mesas parlamentarias. Recibieron los criterios de académicos, expertos, representantes del sector salud, educación, organizaciones sociales y gobiernos autónomos descentralizados.
La Comisión de Educación socializó las reformas a la Ley de Educación Intercultural (LOES) en Ibarra y Guayaquil. En tanto, Justicia trató el proyecto de reformas al Código de la Niñez, con la participación de Gayne Villagómez, de las organizaciones de Mujeres y CEPAM; Fernando Rosero Rohde, del estudio Jurídico Rosero Rodríguez Acosta; y, de Andrés Guschmer, periodista, quienes reconocieron la trascendencia de la propuesta.
Directivos de los Consorcios de Gobiernos Parroquiales y de Municipios Amazónicos acudieron a la Comisión de Biodiversidad para exponer sus inquietudes respecto del proyecto de Ley para la Circunscripción Territorial Amazónica. Desde los municipios se sugirió que el Fondo para el Ecodesarrollo Regional se financie con el 4 % del precio de venta o preventa por cada barril de petróleo, mientras que los gobiernos parroquiales pidieron excluir de la norma a dos parroquias de Baños y otras cuatro de Penipe. Los alcaldes de estos dos cantones también asistieron para demandar lo contratario.
La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a representantes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y del Servicio de Rentas Internas para conocer sus criterios sobre dos acuerdos internacionales que suscribió Ecuador. El uno, con la Flacso, busca garantizar la permanencia de su sede en nuestro país y financiamiento y el otro, con Belarús, para evitar la doble tributación y la evasión fiscal. Las autoridades expresaron su acuerdo de que la Asamblea los ratifique porque incentivan la investigación, por un lado, y garantizan la inversión, seguridad jurídica y evitan la doble imposición tributaria, por el otro.
Este órgano parlamentario, a través de su presidenta, Doris Soliz, mediante comunicados, rechazó los atentados ocurridos en Londres, el pasado sábado, 3 de junio, que dejó varios muertos y heridos. Al mismo tiempo, lamentó el retiro de EE.UU del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Con la presencia de delegados del Instituto Nacional de Donación y Trasplante (Indot), la Comisión de Salud analizó el avance de la aplicación de la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos. Los invitados aseguraron que gracias a la solidaridad ciudadana y el aporte del Estado se ha avanzado en este tema. Por su parte, la Comisión de Desarrollo Económico analizó las observaciones del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, antes de elaborar el informe para segunda instancia. La norma busca celeridad en la ejecución de auditorías de estas entidades.
La Comisión de Régimen Económico inició el tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Minería y a los Códigos Monetario y de Planificación y Finanzas Públicas. También conoció el proyecto de Ley de Reparación de Daños a los Depositantes Afectados por el Decreto 685.
La planificación fue el otro eje de trabajo en las comisiones de Derechos Colectivos y de Participación Ciudadana, que definieron sus agendas. En la primera se incluye proyectos como la Ley de los Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades; de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y, reformas a la Ley de Comunicación. En la segunda mesa pedirán al CAL el redireccionamiento de proyectos como las reformas a la Ley de la Función de Transparencia, Ley de la Defensoría del Pueblo y Ley de Participación Ciudadana.
La casa de todos y demandas ciudadanas
El presidente de la Asamblea, José Serrano, recibió en su despacho a ocho organizaciones sociales, representantes de cabildos y artesanos del cantón Otavalo-Imbabura. Asistieron para invitarle a participar como prioste en la fiesta del Inti Raymi, que se realizará el próximo 25 de junio. El titular del Legislativo aceptó la invitación y se comprometió a trabajar con estos sectores en normativas encaminadas a su desarrollo.
Serrano también escuchó a siete alcaldes de los cantones de la provincia de Cañar, el Prefecto, Santiago Correa y otras autoridades del sector, quienes pidieron una solución a los inconvenientes territoriales que mantiene esta jurisdicción con Guayas y Chimborazo. Plantearon una consulta popular. En el tema limítrofe el Presidente aseguró que existe un análisis jurídico avanzado.
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Archivos, que se desarrolló con la presencia de la Asociación de Archiveros del Ecuador y el auspicio del Parlamento y la Universidad Católica, la primera autoridad de la Asamblea, José Serrano, invitó a la Academia de Historia del Ecuador a la firma de un convenio tripartito entre el Ejecutivo, el Legislativo y esta última institución para el fortalecimiento de la labor académica y científica, que garantiza la preservación de la memoria histórica en el país.
En la casa de todos, las organizaciones expresaron sus demandas. Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, acompañó a Carlos Martín Cabezas, presidente de la Unidad Revolucionaria Afroecuatoriana, quien pidió mayor participación en la vida pública del país para este sector, mientras que con reconocidos artistas nacionales, el asambleísta Jorge Yunda, dialogó sobre el proyecto de Ley para Fortalecer la Participación de los Artistas Ecuatorianos en Espectáculos y Eventos Públicos para fomentar su trabajo.
El bloque legislativo del Movimiento Pachakutik, a través del legislador Eddy Peñafiel, demandó de la Fiscalía General del Estado iniciar un proceso de investigación al vicepresidente de la República, Jorge Glas, así como al ex Fiscal, Galo Chiriboga, por la supuesta vinculación con la empresa Odebrecht. El asambleísta Luis Fernando Torres aclaró que solo la Asamblea puede determinar su comparecencia.
Transversalizción de derechos
Con amplia participación de los legisladores y legisladoras, se conformaron los grupos parlamentarios por los derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, así como el de las Mujeres y el de Promoción y Fortalecimiento del Deporte, con el fin de trabajar en la transversalición de sus derechos en la construcción de normas.
LILA/pv
Las observaciones hechas con respecto al proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, durante el primer debate en el Pleno se analizaron en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Temas como la conformación del directorio y las reformas al artículo 47, fueron materia de debate. Una de las conclusiones es que se trata de imprimir celeridad a los procesos de contratación de las empresas públicas.
Con respecto a la conformación del directorio se plantea que, en lugar del Secretario Nacional de Planificación sea el presidente de la Coordinadora de Empresas Públicas o su delegado quienes intervengan.
Reforma al Artículo 47
El legislador, Patricio Donoso, solicitó que los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de empresas auditoras externas los haga la Contraloría General del Estado, inclusive para que tenga mayor control. “Es necesario que estos procesos respondan a los intereses del Estado”, dice el comunicado que envió Patricio Donoso, hasta la Comisión de Desarrollo Económico.
“Es necesario que la Contraloría explique cómo se realizan los procesos; también hay que escuchar a los representantes de las empresas públicas para saber lo que piensan”, dijo Esteban Albornoz, presidente de esta Mesa Legislativa. “La Contraloría sigue con los exámenes especiales, no se elimina el control, solo se trata de quitar trabas, para tener estados financieros auditados y a tiempo”, recalcó.
Patricio Yandún también hizo observaciones a través de un comunicado. El asambleísta pide que se revise con detenimiento la reforma al artículo 47, pues cree que se eliminaría el control que ejerce la Contraloría General del Estado, porque piensa que se daría paso a la no intervención de la entidad en los pliegos de peticiones.
Durante el análisis, el asambleísta Félix Burbano aseguró que tiene la impresión que la ley trata de corregir la ineficiencia de la Contraloría y aseguró que se debe escuchar al representante de esa entidad. “Si es necesario darle un poco más de tiempo, pues hay que hacerlo, pero se deben conocer de primera mano todos los datos, porque es un tema delicado. El problema de la empresa pública es cómo compiten con lo privado y muchos procedimientos administrativos dificultaban hacerlo, por lo que es necesario repensar el directorio”, explicó.
Una de las decisiones tomadas es que se llamará a la comisión a los representantes de la Coordinadora de Empresas Públicas, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y Contraloría que son actores que presentarán información para tomar decisiones e incluirlas en el informe para segundo debate.
MC/pv
La semana pasada, en el Pleno de la Asamblea Nacional, pasó el primer debate de las reformas a la Ley de Empresas Públicas. Durante la jornada se recibieron las observaciones de los legisladores de las diferentes bancadas, con respecto a la normativa. El tema que concentró la atención fue la reforma al artículo 47 que, según explicaron los asambleístas, busca que los estados financieros auditados estén a tiempo para conocer la situación económica de las empresas.
La segunda reforma tiene que ver con la conformación del directorio. “El cuerpo legal es importante, porque con relación a la gestión pública, siempre hay que buscar optimizar los procesos que cumplen desde el punto de vista estratégico”, explicó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
Incorporaciones
Para este miércoles, 07 de junio, a las 15:00, está previsto que se reúnan los legisladores de esta comisión para analizar todas las observaciones que se hicieron durante el primer debate e incorporarlas al documento.
Una de las insistencias de Albornoz es que no se trata de restarle obligaciones a la Contraloría General del Estado, pues este organismo continuará con los exámenes especiales y se mantienen las auditorías internas que las coordina la Contraloría. Para el asambleísta, el proceso de contratación toma mucho tiempo y, en la práctica, no existen estados financieros auditados cuando se requiere y eso genera complicaciones para la gestión de las empresas.
MC/pv
