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Dos sesiones tendrá mañana, 7 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico. En la primera, que inicia a las 10h00, se tratará el proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, sobre fondos para investigación, y en la segunda, convocada para las 11h00, se analizará el proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, en cuanto a los plazos para presentar informes de accidentes aéreos.
En el primer tema, el cuerpo legal busca optimizar los procedimientos para que los institutos tecnológicos de investigación puedan acceder a los fondos concursables no reembolsables de organismos internacionales de una manera más rápida. Con ello, los convenios serían aprobados directamente por los Institutos Públicos de Investigación y no a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Durante debates previos, los miembros de la comisión consideraban que la reforma debería incluir de manera general a las entidades públicas de educación superior del país y no únicamente a los institutos públicos de investigación.
En cambio, las reformas a la Ley de Aviación Civil se tramitaron en primer debate en el Pleno el 23 de enero pasado. El objetivo de la reforma es poner plazos para que, en caso de accidente o incidente aéreo, la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) tenga un año para entregar el informe.
Sin embargo, ese término no es rígido, en vista de las características de estas eventualidades producidas en diversas condiciones. Por tanto, le puede tomar a la JIA más tiempo. En ese caso, se estableció que al menos haya avances del informe.
Para el primer debate se introdujo un texto para que, además, la Junta elabore un plan de investigación con plazos, tiempos y costos, con el propósito de que la ciudadanía y el Estado sepan cómo avanza la indagación.
LILA/pv
En una cosa coincidieron los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico y Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y es que hay una demanda insatisfecha en el servicio de transporte público y hay que buscar una solución. La misma debe garantizar el derecho a la movilización y la seguridad de los ciudadanos.
Ese análisis lo hicieron en una reunión de la mesa, con el funcionario, en la que estudiaron las diferentes propuestas presentadas para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se abordaron los temas vinculados al transporte comunitario, tricimotos, furgonetas, taxis ejecutivos, escuelas de conducción, sanciones, licencias y multas.
Sobre el transporte comunitario, los parlamentarios plantearon que la ANT haga un estudio según las realidades de los sectores y, en esa misma medida, se planteen soluciones. Creen que hay alternativas, pero que las mismas deben centrarse en favor de los usuarios.
Según una propuesta legal, se pide incluir en la Ley una nueva modalidad de transporte alternativo, rural o comunitario. Al respecto, el representante de la ANT explicó que se está haciendo un estudio, que ya está avanzado en un 45 %. Este incluye todas las modalidades, a partir del cual se planteará una solución integral y no paliativa. Lo que sí está claro es que el transporte debe cumplir estándares de seguridad.
Otra iniciativa propone que las furgonetas realicen transporte interprovincial como un servicio ejecutivo, que tengan en las ciudades puntos de origen y de destino. La discusión aquí se enfocó en la calidad del servicio interprovincial, que, también coincidieron, debe mejorar en cuanto a su calidad.
“Si ha surgido (una propuesta) es porque hay una falencia en el trasporte. La ciudadanía busca un servicio rápido, eficiente, seguro y confortable”, dijo el asambleísta Fernando Burbano, quien sugirió analizar alternativas creativas, como un sistema multimodal, y que se dé mayor libertad para la competencia y emprendimientos.
Sin embargo, para Calle, la necesidad está cubierta. Generalmente, los buses no viajan con toda su capacidad de asientos llenos, más bien, cree que se debe promover el uso de transporte público y no unidades cada vez más pequeñas, que además caotizarían las ciudades. Considera que esta modalidad no prestaría las condiciones suficientes de seguridad y recordó que en las terminales terrestres se realizan operativos y controles de diferente índole.
En cuanto a las tricimotos se plantea eliminar la excepcionalidad para la prestación de este servicio. Sin embargo, Calle explicó que el mismo fue concebido para que brinde servicio en lugares de difícil acceso y que no haya transporte público. Si se quita esa prohibición se afectaría a temas como seguridad y directamente al transporte público.
En las reformas también se plantea la posibilidad de crear una modalidad de servicio de taxi, puerta a puerta, interprovincial, en ciudades intermedias sin transporte aéreo. Calle explicó que el servicio aéreo no lo tiene el 70 % del país y que estos vehículos no cumplirían la norma técnica para este tipo de transporte.
En lo que sí estuvo de acuerdo es en que se debe aprobar un curso previo a la obtención de licencia sportman, porque para convertirse en un conductor seguro no solo se requiere conocer las normas, sino desarrollar aptitudes. El estudio de los temas se profundizará en una siguiente reunión.
LILA/pv
El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de reforma a la Ley de Aviación Civil, que está encaminada a poner plazos para que, en caso de accidente o incidente aéreo, la Junta de Investigación (JIA) tenga un año para entregar el informe.
En el debate los asambleístas advirtieron que la norma no solo busca prevenir los accidentes aéreos, sino también que las autoridades aeronáuticas tomen acciones para reducir el riesgo. Igualmente, que los aeropuertos ofrezcan las garantías al aterrizar y despegar las aeronaves.
Las reformas armonizan la ley nacional con las normas internacionales, brindan un ambiente de tranquilidad a los usuarios, promueven un servicio de transporte aéreo accesible e infraestructura de calidad y segura, bajo la premisa de constantes mejoras, nuevas tecnologías, medidas de prevención de accidentes.
Los legisladores coincidieron con que su aprobación urge como alternativa para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios y acelerar los procesos de investigación. Resaltaron la importancia de las investigaciones para tener un seguimiento sostenido y permanente.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que analiza el tema, aseveró que el accidente ocurrido en el aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca, en abril de 2016, provocó el debate de esta propuesta.
Explicó que el informe de la Comisión establece que la Junta de Investigaciones de Accidentes (JIA) tendrá autoridad e independencia para investigar los hechos, circunstancias y causa del accidente o incidente, para lo cual la Dirección de Aviación Civil asignará todos los recursos necesarios, así como establecer un plazo luego de ocurrido el accidente o incidente aéreo para que la JIA elabore un plan de investigación.
Patricio Donoso señaló que la legislación ecuatoriana no cuenta con un Plan de Investigación. En esa medida, invocó a armonizar las reformas a la Ley de Aviación Civil.
Sugirió juntar la autonomía de la JIA con la dotación de los recursos necesarios por parte de la Aviación Civil, conjuntamente con la flexibilización de los tiempos para que la investigación culmine con éxito y sirva de insumo para precautelar los subsiguientes vuelos y tener menos accidentes aéreos.
Con la necesidad de aprobar el proyecto en forma urgente, coincidió Fernando Burbano, quien aseguró que el proyecto se ajusta a la normativa internacional respecto a lo que se debe hacer en temas de investigación de accidentes aéreos.
Opinó que todos los aeropuertos del país deben ofrecer seguridad, a fin de que Ecuador se consolide como un destino turístico.
De su lado, René Yandún comentó que la Junta de Accidentes no cuenta con los recursos suficientes y el equipo técnico científico para cumplir a cabalidad los procesos de investigación.
Carlos Viteri planteó, desde una visión constructiva, la modernización institucional, a la vez que subrayó que en la Amazonía se han dado lamentables y dolorosos accidentes aéreos, donde es necesario revisar todos los protocolos de seguridad y aplicar estándares de nivel internacional.
Mauricio Proaño indicó que el proyecto dispone a la Junta de Investigación de Accidentes que formule un plan de investigación en seis meses. Se mostró partidario de ofrecer cierto subsidio a las empresas aéreas para que cubran rutas que no generan rentabilidad.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, recogerá las observaciones para analizarlas en una matriz, previa la elaboración del informe para segundo debate.
RSA/pv
A través de una reforma legal se pretende que 24 mil 392 operaciones crediticias que aún mantienen deudas con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación puedan acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. La propuesta se analiza en la Comisión de Desarrollo Económico.
Con la norma que rigió desde abril de 2017 se autorizó la condonación de las costas, gastos, recargos e intereses de las operaciones de crédito otorgadas por el BNF en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5 % del saldo del capital, dentro del plazo de 180 días, a partir de la vigencia de la Ley. Como ese plazo ya venció, en la reforma se sugiere un tiempo adicional de 365 días.
Para analizar la propuesta, la mesa invitó a Juan Esteban Vallejo, liquidador del BNF, para que dé sus criterios respecto al proyecto, que no establece un techo de la deuda para acceder a dichos beneficios.
El liquidador sugirió a la comisión que revise el pago inicial del 5 % del capital, que debe ser más bajo, puesto que existen carteras con deudas altas, como de 2 millones de dólares. También pidió que analice las deudas por fallecimiento, que revise las condiciones de las personas con discapacidad y establezca un período de gracia.
En el caso de que el beneficiario se acoja a la reestructuración o refinanciación de deudas, planteó que la suspensión de los procesos coactivos y juicios de insolvencia deben darse no a partir de la vigencia de la Ley, sino al momento en que se fije la reestructuración.
El funcionario aseguró que, como resultado de la Ley de Reestructuación de Deudas, 9 mil 600 operaciones fueron beneficiadas, con lo que pudieron recuperar 9,5 millones de dólares por pagos de capital y otros.
Aclaró que la nueva Ley de Reactivación Económica, aprobada en diciembre de 2017 también establece beneficios para los deudores, pero que fijó como requisito un techo de deuda de hasta 20 mil dólares. Con ello se beneficiará a más de 55 mil operaciones, equivalentes a 193 millones de dólares.
El proyecto de reformas a la Ley de Reestructuración de Deudas fue planteado por los asambleístas Ricardo Zambrano, Verónica Guevara, Marcia Arregui, Liuba Cuesta, Tanlly Vera, Roberta Zambrano, César Litardo, Lenin Plaza, Juan Yar, Patricio Mendoza y Carlos Falquez. Buscan que los pequeños y medianos productores, dedicados a las actividades agropecuarias y pesca artesanal, puedan honrar sus obligaciones.
LILA/pv
Las comisiones legislativas permanentes y ocasionales consolidan su trabajo para concretar la agenda priorizada que beneficiará a la sociedad en general. Las reformas a la Ley de Discapacidades; Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante; Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario y el Código de Comercio, son entre otras, los proyectos que continúan su trámite para los respectivos informes.
La Comisión del Derecho a la Salud continúa el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades. Son seis proyectos de iniciativa legislativa que serán unificados para elaborar el informe para primer debate. La próxima semana los comisionados recibirán a la legisladora Mae Montaño, a los exasambleístas Cristina Kronfle, Richard Farfán y Soledad Vela, quienes expondrán el alcance de sus propuestas, así como a Xavier Torres, representante del Conadis y actual Ministro de Vivienda para que de sus aportes a las propuestas legales.
La Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno se debate en la Comisión de Justicia. Los parlamentarios elaboran el informe para primer debate, por ello, se reunirán el próximo miércoles 9 de enero.
El sector agropecuario constituye una prioridad para la economía ecuatoriana, por ello en la Asamblea Nacional se analiza el proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario que establece mecanismos de apoyo a los sectores productivos, con especial énfasis en los micro, pequeños, medianos productores.
Mientras que la Comisión de Régimen Económico estructurará el texto final del nuevo Código de Comercio, una vez que en la sesión 544 del Pleno, del 23 de octubre de 2018, se trató este tema y 14 legisladores dieron sus aportes. Se regulará toda actividad comercial y económica en el país, así como las relaciones entre comerciantes y no comerciantes, la extinción y responsabilidades posteriores de los contratos mercantiles, los requisitos para ser comerciante, la regularización de títulos de crédito, entre otros.
El lunes 7 de enero, desde las 14:00, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobará el cronograma de trabajo para el 2019. Avocará conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, calificado por el Consejo de Administración Legislativa, mediante el cual se propone el derecho a la inserción laboral, seguridad social, requisitos para la obtención de la residencia temporal como una forma de brindar protección a los ecuatorianos que decidieron migrar. Los parlamentarios escucharán al legislador Mauricio Zambrano, quien expondrá su contenido. De inmediato, los parlamentarios inician el análisis del Protocolo Complementario del Convenio para la represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.
Mientras que el miércoles 9 de enero, desde las 10:00, esta comisión avocará conocimiento de la Ley de Inteligencia que busca establecer y regular el sistema de inteligencia del Ecuador para lo cual se establecerán políticas, planes, programas y estrategias para garantizar el cumplimiento de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. La propuesta es de iniciativa de la legisladora Ana Belén Marín.
Para proteger a los viajeros ecuatorianos y turistas que usan vuelos chárter, la Comisión de Desarrollo Económico avocará conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, de iniciativa de la legisladora Ximena Peña, con el cual propone regular a estas empresas evitando atrasos y cambios de fecha. También, avocarán conocimiento del proyecto para la Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plásticos de Un Solo Uso en el Comercio, de iniciativa de Esteban Albornoz. La actividad se realiza el miércoles 9 de enero.
La Comisión de Biodiversidad prosigue con el tratamiento de las reformas al Código de Ambiente que propone establecer un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental.
En cambio, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibirá a nuevos actores para debatir nuevas propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Para recibir aportes a la Ley de Participación Ciudadana, la comisión encargada de este tema recibirá los aportes de representantes del Congope, Conga y Comaga.
La Comisión Ocasional de Tránsito recibirá a diversos sectores para que den sus criterios a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; mientras que la Comisión que analiza los temas de la Niñez y Adolescencia sesionará el martes 8 y el jueves 10 de enero para construir el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.
JLVN/ds
Las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial continúan llegando a la Comisión de Desarrollo Económico. En esta ocasión avocó conocimiento de una inciativa del asambleísta Mauricio Proaño, quien considera que la fatiga y la somnolencia excesiva constituyen uno de los principales factores de riesgo para accidentes de tránsito y los quiere atacar.
Con el proyecto busca que en la legislación ecuatoriana se incluya ese síndrome como una causa de los siniestros en las vías, a fin de que, con ese enfoque, se trabaje en la prevención.
El parlamentario explica en la iniciativa que el incremento de muertes por accidentes de tránsito, entre algunas causas, empieza a aparecer una adicional que es conducir en estado de somnolencia o malas condiciones. En la misma, dice, estaría incluido el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), que se está abriendo de manera silenciosa.
En países como Chile, Argentina y México ya se tomaron cartas en el tema e incluyeron en su legislación este trastorno como causa de accidentes en las vías. Por ello, Proaño considera que en nuestro marco normativo debe constar una ley en esa misma línea. Plantea que antes de que se concedan las licencias de conducir se cuente con un certificado médico de no sufrir este síndrome de sueño.
Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en Ecuador, los accidentes de tránsito, hasta mediados de diciembre de 2017, sumaron 19 mil 119, mientras que en 2016 superó los 30 mil y en 2015 más de 35 mil. Las cifras inquietan al legislador, por lo que propone una nueva iniciativa que busque prevenir la siniestralidad de vehículos a motor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en la región la tasa de mortalidad por este tipo de accidentes es de 15,9 por cada 100 mil habitantes. Anota que, de continuar con esa tendencia, en 2030 las colisiones en las vías se convertirían en la cuarta causa más importante de muerte. Cada día unas 3 mil 500 personas fallecen en las carreteras, de acuerdo con esta entidad.
LILA/pv
Una investigación que permita mejorar los servicios a la ciudadanía, al sector público y privado y que aporte al desarrollo del país es la preocupación ahora de la Comisión de Desarrollo Económico. Por eso, continuó con el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
El cuerpo legal busca optimizar los procedimientos para que los institutos tecnológicos de investigación puedan acceder a los fondos concursables no reembolsables de organismos internacionales. Esto permite que esas mismas entidades sean las que aprueben los convenios y no a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Los legisladores creen que esos proyectos deben tener un filtro para que se enmarquen dentro del Plan Nacional del Buen Vivir.
El análisis lo realizaron con la presencia de José Olmedo, director general del Instituto Nacional de Meteroeología e Hidrología (Inamhi); de Martín Cordovez, del Instituto Nacional de Eficiencia Energética; y de Carmen Elena Falconí, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Planificación.
El delegado del Inamhi aseguró que están de acuerdo con que se aceleren los procesos. Comentó que se vuelve un viacrucis hacer investigación solo con fondos del Presupuesto General del Estado y que por eso buscan recursos externos. “Queremos que se canalicen de una mejor manera, tomando en cuenta los tiempos y los procesos internos del Estado. Cuando hay demora el organismo externo no ve una buena predisposición y aunque ya están aprobados los fondos, se pierden”.
Desde el Instituto Nacional de Eficiencia Energética, Cordovez contó que los proyectos tienen que pasar por un proceso de selección interna, cuando ya son ganadores, a fin de conseguir un dictamen favorable de la Senplades. Esto permite que el Ministerio de Finanzas les abra una cuenta.
Manifestó que el proceso toma entre 6 y 18 meses, pero los proyectos de investigación tienen un tiempo de duración entre uno y dos años. “Si nos demoramos hasta un año medio en aprobar un proyecto se corrió el tiempo y perdemos los recursos. Eso genera una mala imagen para el país porque no cumplimos”.
En otros casos explicó que tienen que ejecutar dos proyectos, uno con los objetivos que les han cambiado, según las exigencias de las entidades de nuestro Estado, y otro con los objetivos que plantearon a los organismos internacionales
Para el funcionario, el proyecto de reformas es el camino idóneo para fortalecer los institutos tecnológicos de investigación y les dan las herramientas con procesos más ágiles para poder aplicar a esos fondos.
Por su parte, la sugerencia de Senplades fue trabajar en este proceso de agilizar los trámites, a fin de que se pueda cumplir con lo que manda el Código Ingenios y el Código de Planificación.
El asambleísta Fernando Burbano destacó que se debe analizar el tema de una manera más integral, por ejemplo el aporte que brindan las investigaciones de estos institutos al desarrollo del país. Pidió que se llame a los delegados de entidades privadas para conocer su criterio.
LILA/pv
Alrededor de cincuenta pilotos del país acudieron a la Asamblea Nacional para exponer sus inquietudes dentro del ejercicio de sus actividades, las mismas que aspiran sean recogidas en el proyecto de reformas a la Ley de la Aviación Civil, que se encuentra en trámite en la Comisión de Desarrollo Económico. Una de las principales preocupaciones es la seguridad y un sistema de jubilación digno para cuando terminen su carrera.
Los pilotos corporativos, comerciales, deportivos, de fumigación y de helicópteros fueron recibidos por Sergio Correa y Juan Carlos Aguirre, asesores de la Presidencia de la Asamblea. También por Jhon Reyes y Agustín Vaca, de la Comisión de Desarrollo Económico. Además, asistió Andrea Delgado, de la Unidad Técnica Legislativa.
Para sistematizar sus propuestas e inquietudes se reunieron en tres mesas de trabajo: Aviación Mayor, Menor y Helicópteros, con temáticas diferentes.
Sergio Correa, tras presentar el saludo a nombre del presidente José Serrano, expresó su reconocimiento y saludó el trabajo productivo de los pilotos ecuatorianos. Dijo que los aportes que presenten serán valiosos y tratados con responsabilidad.
“Este trabajo pretende dar una alternativa para mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo de los pilotos y de los usuarios, así como los procesos de investigación cuando se producen accidentes aéreos”, agregó.
El piloto comercial, Raúl Córdova, señaló que esta profesión es de alto riesgo. Pidió analizar los procedimientos para la investigación de los accidentes.
Gustavo Buchelli, tripulante jubilado, solicitó revisar las pensiones de jubilación en función de los aportes al IESS. Cuando están activos en su profesión ganan entre 6 y 8 mil dólares y cuando se jubilan la pensión es de 2000 dólares.
A Ignacio de la Vega, piloto de helicópteros, le preocupa la falta de trabajo en este campo. Aspiraban que con la explotación del ITT se abran plazas de trabajo. Sin embargo, la mayoría de las empresas ha optado por el transporte terrestre.
RSA/pv
La posición de los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico es casi unánime, no creen que debe haber exclusividad para la formación de choferes profesionales, ni que se pueda recuperar el 100 % de los puntos.
Estos dos temas se analizaron en la mesa, como parte de las reformas que planteó el asambleísta Alberto Arias a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. El parlamentario plantea que la formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo exclusivamente de las Escuelas de Conducción Profesional administradas por los Sindicatos de Choferes, Institutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito.
“En la Legislatura pasada se cometió el error de eliminar las escuelas de conducción bajo el pretexto de que hacían negocios. Los negocios no están mal, sino los abusos”, argumentó Patricio Donoso. Para Homero Castanier no resultaría prudente darle exclusividad sin control. Considera que puede dar la posibilidad para que estos cursos los otorguen otras escuelas de conducción.
“La competencia es la garantía para el usuario, eso mejorará la calidad del servicio”, añadió Fernando Burbano. “En el momento que se da exclusividad, se da poder a un solo sector”, agregó Mauricio Proaño. “Estamos volviendo a la misma discusión de que se entregaba licencias como sea”, dijo.
En cuanto a la recuperación de puntos, en la que Arias plantea que cuando se hayan perdido los primeros 30 puntos la licencia sea suspendida 60 días, se obligue a tomar un curso de 150 horas y de aprobarse se recuperará el 100 % los puntos perdidos hasta por tres ocasiones, en condiciones diferentes. Sugiere que cuando el conductor pierda los 30 puntos por cuarta ocasión perderá el derecho de renovarla.
“Está bien recuperar los puntos, pero no todos, sino se convierte en un juego y en esto tiene que haber seriedad”, aseveró César Rohón. Mientras, Burbano planteó que se realice una legislación comparada para buscar alternativas innovadoras de recuperación de puntos, que puede ser, por ejemplo, con servicio social.
La Comisión continuará el análisis de estas propuestas con otros actores involucrados en el tema, a fin de tomar una resolución. Se llamará a los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito.
LILA/pv
Dos sesiones tendrá mañana, 10 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz. A las 15h00 tratará dos proyectos de ley que tienen que ver con reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y a las 16h00 avocará conocimiento de dos nuevas iniciativas.
En cuanto al primer tema, analizará una propuesta presentada por Alberto Arias, en temas relacionados con la recuperación de puntos y capacitación para los futuros choferes, así como otra de Encarnación Duchi, quien pide que se reconozca dentro de los tipos y modalidades de transporte uno más que se denomine “transporte comunitario” o “transporte alternativo”, a fin de buscar una solución para la problemática rural.
A las 16h00 avocará conocimiento del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, presentado por varios legisladores. Pretenden que se confiera un plazo adicional de 365 días para que las personas naturales y jurídicas amparadas por la ley publicada en el registro oficial el 18 de abril de 2017, puedan acogerse a sus beneficios.
También conocerá la propuesta de Ricardo Zambrano, quien presentó el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Aquí se plantea mejorar eficientemente la ejecución de los procesos de investigación científica. Sugiere que el cuerpo legal establezca una diferenciación de las fuentes de financiamiento de proyectos concursables de investigación a nivel internacional con la cooperación tradicional.
LILA/pv
