En diálogo con los medios legislativos (TVL y La Radio), el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, evaluó la gestión cumplida por la Legislatura en el 2020. “Ha sido un año difícil por la pandemia, que nos obligó a reinventarnos de manera ágil. Fuimos el primer Parlamento en aplicar el teletrabajo o las sesiones virtuales, a fin de que la tarea en beneficio del país no se paralice, incluso logrando ser más eficientes en nuestro accionar”, dijo.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 26 establece las distintas funciones de los organismos parlamentarios que, entre otros, tienen la capacidad de recibir, analizar, procesar y tramitar peticiones de fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia. Las solicitudes pueden nacer de legisladores, asignaciones del Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por Jimmy Candell Soto, enfocó su mayor atención en la reforma integral a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en este 2020, cuyo informe de segundo debate ya está para conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.
La Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso ya se encuentra publicada en el Registro Oficial. La normativa elaborada por la Comisión de Desarrollo Económico tiene entre sus objetivos reducir progresivamente, en origen, los plásticos de un solo uso que se disponen en el mercado nacional e incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento, mediante su reutilización y el reciclaje o industrialización.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social enfocó su trabajo en el análisis del proyecto de Ley de Extinción de Dominio con el propósito de confiscar bienes que han sido obtenidos de manera fraudulenta y dar una respuesta a la ciudadanía en momentos en que el país enfrenta el deterioro moral y económico a consecuencia de la corrupción.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, y la directora nacional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo Páez, suscribieron, la tarde de este lunes 28 de diciembre de 2020, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de promover, fortalecer y coadyuvar a una eficiente, transparente y oportuna labor fiscalizadora de la Función Legislativa.
La Comisión de Integración, Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Flores Vásquez, tuvo como prioridades en este 2020 la aprobación de reformas a la Ley de Movilidad y al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop); así como, el tratamiento y posterior aprobación de tratados y acuerdos comerciales con dictamen de la Corte Constitucional.
La Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano Salgado, aportó significativamente en la producción legislativa del Pleno de la Asamblea, al procesar cambios importantes a los códigos Orgánicos de la Democracia y de la Función Judicial, así como a la Ley de la Función Legislativa, en el último período. Otro tema relevante fue el tratamiento de la reforma penal en materia Anticorrupción, la cual está para resolución del Presidente de la República.
Un amplio proceso de construcción del Código Orgánico de Salud, (que fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo) y el informe del proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y La Recreación que se encuentra listo para ser discutido en primera instancia dentro del Pleno, son parte del trabajo de la Comisión del Derecho a la Salud durante el el presente año.
La presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, adelantó que antes del 18 de enero de 2021, la mesa legislativa entregará el informe para segundo debate de tres proyectos de enmiendas a la Constitución. Dicho proceso se relaciona a los requisitos para designar al Contralor y Fiscal General del Estado, un nuevo parámetro para la asignación de recursos para los gobiernos provinciales y sobre la eliminación de la atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en la designación de las autoridades de control y trasladarla a la Asamblea Nacional.
