Representantes de asociaciones de jubilados del país acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, para solicitar su intervención a fin de conocer el monto de la deuda que tiene el Estado con IESS, la inversión realizada y el rendimiento obtenido, para mejorar las pensiones jubilares y los servicios de salud.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, entregó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de autoría del asambleísta Andrés Páez, que tiene por objetivo crear un marco jurídico para la constitución, control, manejo y extinción de las empresas que pertenecen al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados.
De un total de 626 entrevistados en Guayaquil y Quito, el 83.4% califican entre bien y muy bien el diálogo que propició el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, con los dirigentes de la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad, según una encuesta realizada por Perfiles de Opinión.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas a la continuación de la sesión 155 del Pleno, a efectuarse el martes 10 de abril de 2012, a partir de las 9:30 para seguir con el debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud; y, posteriormente iniciar el primer debate del proyecto de Ley Notarial.
La asambleísta Marisol Peñafiel, propulsora del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, indicó que a través de esta normativa se busca efectivizar y garantizar que se cumpla que las pasantías de los estudiantes sean remuneradas, por tanto, el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud ha mantenido reuniones con el Ejecutivo para establecer algunos parámetros que permitan conocer el financiamiento.
La asambleísta por la provincia de Manabí, Saruka Rodríguez Félix, solicitó al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez, cite al seno del organismo, al titular de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua); Walter Solís Valrezo; a la gerente general del Banco Nacional de Fomento, Ana María Juez Ramos; y, al ministro encargado de Agricultura, Santiago León, para que expliquen las acciones desarrolladas para enfrentar la emergencia invernal y las medidas complementarias que se realizarán una vez que baje el nivel de la inundación.
Asambleístas de diversas bancadas y movimientos políticos coincidieron en la necesidad de proteger, restaurar y reforestar el ecosistema manglar, que se impida la extracción de los manglares y que la industria camaronera debe asumir su responsabilidad en la destrucción de esta área.
El asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, confirmó que en las próximas horas presentará el informe del proyecto de Ley de Comunicación, de modo que los legisladores tengan el tiempo suficiente para analizar los cambios que se han incorporado en el texto y estén en condiciones de votar la próxima semana.
En la continuación de la sesión 152 del Pleno, con la presencia de varios pobladores que trabajan en el sector Manglar del país, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Rolando Panchana, al señalar que el ecosistema manglar en un conjunto de hábitats con características acuáticas y terrestres, conformado por bosques hidrófilos leñosos y cientos de especies de fauna, además de micronutrientes y componentes abióticos, suelo y agua circundantes, indicó que a través del proyecto de Ley de Protección Ambiental se establecen medidas efectivas para precautelar el área de manglar, de conformidad con lo que determina la Constitución, que lo reconoce como un ecosistema frágil y amenazado.
El presidente de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Mauro Andino Reinoso, subrayó que el documento sustituye al vigente Art. 30, con el propósito de establecer con claridad las fuentes de financiamiento de las actividades que cumple este organismo estatal, con base en las asignaciones constantes en el Presupuesto General del Estado; los ingresos previstos en otras disposiciones legales; los recursos de autogestión; y, otros, por cuanto en la actualidad percibe rentas de preasignaciones que están prohibidas por mandato constitucional.
