Con el propósito de analizar el conflicto laboral suscitado en el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, invitó para el próximo lunes, al ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas y al Gerente de la Empresa Pública Estratégica encargada del Proyecto (Coca Codo Sinclair EP), Ing. Luciano Cepeda.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, presentó informe favorable del proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, que regula el contrato de promesa de compraventa, de iniciativa del legislador Andrés Páez (ID).
Este contrato de promesa de compraventa debe contener el acuerdo sobre los elementos esenciales que formarán parte del contrato futuro definitivo; se realizará por escrito en todos los casos, y por escritura pública cuando la normativa determine tal requisito para la validez del documento principal.
Con la finalidad exclusiva de evitar eventuales perjuicios, las y los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles, según correspondan, inscribirán las promesas de compraventa y harán constar tal inscripción en los certificados de gravámenes que emitan. Esta inscripción será requisito de validez de estos contratos.
La normativa determina, además, que la condición debe ser física y legalmente posible; y, cumplirse literalmente, en la forma convenida.
El contrato de promesa de compraventa contendrá una condición o un plazo para su cumplimiento, así como el plazo para celebrar el contrato principal. En los casos que el plazo esté concebido en términos vagos u oscuros, el juez competente, mediante un ejercicio de interpretación podrá señalarlo. Y, en los casos que se haya omitido el plazo, el juez competente lo determinará, bajo las siguientes reglas:
Si el objeto de contrato de promesa de compraventa recae sobre bienes muebles, el plazo para el cumplimiento de la obligación será de tres meses, contados desde la fecha de celebración del mismo; si recae sobre inmuebles, el plazo será de seis meses, señala la propuesta de Andrés Páez Benalcázar.
MG/pv
Luego de las denuncias presentadas por un grupo de trabajadores de la empresa Coca Codo Sinclair en la Comisión de Biodiversidad, el organismo resolvió remitir copia de la grabación de audio y video, así como copia certificada del acta de la sesión No. 104, a la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, con la finalidad de que inicien las investigaciones a que haya lugar sobre los hechos relatados, en virtud de que constituirían actos delictivo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que hoy martes, 27 de noviembre, a las 17h30, se realizará la ceremonia oficial de designación de la ex Cámara del Senado con el nombre de Salón de la Libertad “José Mejía Lequerica.Como se recuerda, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de los presentes, nombró al hemiciclo del ex Senado, “Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica”, en reconocimiento a tan ilustre personaje de la historia ecuatoriana, defensor de los esenciales valores humanos, cuyo testimonio y firmes ideales comprometen el respeto y admiración de la comunidad ecuatoriana.
El ilustre patriota quiteño José Mejía Lequerica, hombre de excelsas cualidades, que trascendió como un personaje representativo de la historia nacional, por su destacada actuación en las Cortes de Cádiz, donde desempeñó un papel trascendental por la defensa de los derechos humanos y civiles de los pueblos americanos, configura el mayor referente de los más altos ideales de libertad y visión progresista que inspiró su constante lucha por la construcción de mejores condiciones sociales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que el martes, 27 de noviembre, a las 17h30, se realizará la ceremonia oficial de designación de la ex Cámara del Senado con el nombre de Salón de la Libertad “José Mejía Lequerica.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el trámite del proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, luego que el mismo fuera calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La propuesta, de autoría de la legisladora Cynthia Viteri Jiménez, establece que los asambleístas deberán observar los siguientes principios: ser leal a la patria y a los valores de la nacionalidad; velar por los derechos de las personas, sus garantías y deberes; actuar con justicia, honestidad y probidad; respetar y hacer respetar la Constitución, leyes, reglamentos y este Código; defender y reafirmar el régimen democrático y el estado social de derechos y justicia como forma de gobierno; respetar y observar los principios ideológicos y el programa de acción legislativa propuestos en su campaña.
Igualmente, tendrán que presentar al inicio de su gestión, ante notario público, bajo juramento, una declaración patrimonial para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; fiscalizar los actos del poder público de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la institución; guardar reserva sobre los documentos, temas y resoluciones calificados como tales por la Asamblea.
La iniciativa también determina que los parlamentarios cesarán en funciones cuando se les revoque el mandato; se les sancione con la pérdida de su calidad de asambleísta; y, se dicte sentencia ejecutoriada en su contra por el cometimiento de delitos establecidos en la Ley Penal.
Sanciones
Según la propuesta, al asambleísta que se le comprobare enriquecimiento ilícito, se le sancionará con la pérdida de su calidad de tal. No podrán desempeñar otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, a excepto de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita; ni ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado; gestionar nombramientos de cargos públicos; percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función; aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remunerdas en otras funciones del Estado; integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado; celebar contratos con entidades del sector público.
Comité de Disciplina
El proyecto fija la creación del Comité de Disciplina como un órgano de la Asamblea, que estará conformado por un representante de cada bloque, cuya elección se realizará en sesión ordinaria del Pleno, requiriéndose la mayoría absoluta para la elección de cada uno de sus miembros, los que durarán dos años en funciones.
Entre sus atribuciones, el Comité podrá solicitar al Secretario de la Legislatura, para su examen, la declaración patrimonial del asambleísta involucrado en un proceso de investigación o enjuiciamiento; iniciar de oficio o por denuncia procesos de investigación en contra de cualquier parlamentario, que haya incurrido en actos calificados como incorrecciones al Código; informar a la Asamblea para su resolución sobre el proceso de investigación o enjuiciamiento; emitir informe sobre las peticiones de levantamiento de la inmunidad; y, elaborar los pertinentes reglamentos para su eficaz funcionamiento.
MG/pv
El proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, de iniciativa del legislador Andrés Páez, fue debatido en la sesión 204 del Pleno, que tiene por objetivo crear una unidad de defensa de las víctimas en la Fiscalía General del Estado.
En la sesión 204 del Pleno, con 54 votos, los legisladores se allanaron a la objeción parcial proyecto de Ley Orgánica derogatoria a la Ley de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular r Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, que crea el Registro de Datos Crediticios, con la finalidad de prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis del historial de cumplimiento de las obligaciones de carácter crediticio de las personas.
El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, por el cual se elimina la Central de Riesgos, se crea el Registro Crediticio con dictámenes claros para evitar abusos; se condona las deudas de la banca cerrada de hasta $5.000.
