La Asamblea Nacional, a través del legislador Mao Moreno, representante de la provincia de Loja, entregó un Acuerdo Legislativo al rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, maestro Raúl Escobar Guevara, con ocasión de conmemorar el Centésimo Segundo Aniversario de fundación de esta institución.
La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la asambleísta Lourdes Tibán, presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano, que busca desarrollar y garantizar el ejercicio de sus derechos, alcances de los principios del derecho a la igualdad y no discriminación de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, los asambleístas iniciaron el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria en Materia de Casinos y Salas de Juego, que fue presentado por la asambleísta Scheznarda Fernández, con el fin de dejar sin efecto disposiciones legales, decretos ejecutivo y acuerdos ministeriales, relativos al dicha actividad, en cumplimiento del mandato popular expresado en la consulta del 7 de mayo pasado.
La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la asambleísta Lourdes Tibán, convocó para el miércoles 2 de mayo, a las 09:00, al director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ingeniero Mauricio Peña, para que informe sobre la elevación de pasajes en el país.
Al resaltar que antes de la Constitución del 2008 el Estado ecuatoriano carecía de políticas de protección para los ciudadanos que migraron de nuestro territorio y que a partir de la Constitución aprobada en Montecristi se reconoce el derecho a migrar, parlamentarios de distintas agrupaciones políticas coincidieron en la necesidad de contar con una normativa que garantice los derechos de los compatriotas en el exterior.
Con la asistencia de un grupo de compatriotas retornados, familiares y amigos de los migrantes, el Pleno de la Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de Ley de Protección e Igualdad de Derechos de los Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus Familias, mismo que busca aportar con soluciones a la situación que atraviesan los compatriotas residentes en el exterior.
En el salón del ex Senado, en la sede de la Asamblea Nacional, alrededor de 500 personas se dieron cita para entregar al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, la “Carta abierta a la Organización de las Naciones Unidas con motivo de la declaración del Año Internacional de los Afrodescendientes” que fuera escrito por el afrodescendiente Omar Kler Gof, en la cual piden que se respete sus derechos contemplados en la Constitución.
En la reunión mantenida con los representantes de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que incorporará en la agenda del Pleno el tratamiento de la norma que protege a este importante sector del país, cuyo proyecto de ley fue vetado en marzo del 2011.
Sobre la base del informe preparado por la Comisión del Régimen Económico y Tributario, los asambleístas debatieron el proyecto de Ley para la regulación de los créditos para vivienda, mismo que pretende regular la responsabilidad del deudor que mantiene un crédito con las entidades del sistema financiero, a fin de que, en caso de incumplimiento, no se comprometa su patrimonio personal, además del inmueble adquirido que se destine a vivienda.
Con 91 votos, los asambleístas aprobaron el proyecto de Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; y, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por el cual no solo se le da al Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Consep, la custodia sino la capacidad administrativa de los bienes incautados por delitos relacionados con el narcotráfico.
