En el avance de la sesión 162 del Pleno, asambleístas de distintas bancadas legislativas coincidieron que hay una gran deuda en el Ecuador con el pueblo afroecuatoriano, por lo que es la oportunidad para que la Legislatura materialice los derechos colectivos de este sector social, consagrados en la Constitución de la República.
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Lourdes Tibán, al señalar que el pueblo afroecuatoriano es el sobreviviente del crimen de lesa humanidad y la esclavitud del Siglo XVI, enfatizó que a este sector social jamás se le reconocieron sus aportes en la construcción del Estado en lo económico, militar, social y cultural, sino más bien fueron sistemáticamente excluidos y hasta negados.
A partir de mañana Ecuador será la sede de la Primera Convención Mundial de Jóvenes con Cáncer y Sobrevivientes, misma que concentra a más de 20 delegaciones de diferentes países del mundo, en donde se debatirán temas de políticas públicas, salud, estrategias entre otros y cuenta con el respaldo de la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Víctor Quirola.
Los parlamentarios, en la sesión 162 del Pleno, recibieron en comisión general a José Chalá, dirigente del pueblo afroecuatoriano, quien dijo que “no puede ser posible que este sector social siga en la negación de la humanidad nacional e internacional”, por lo que pidió aprobar esta normativa, argumentando que por derecho y justicia se debe garantizar el ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 161, tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón de género, que tiene por objetivo prevenir, sancionar, remediar las consecuencias dañosas y erradicar toda forma de discrimen, acoso o violencia que se produzca en el accionar político, que limite o impida el libre goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, de autoría de la asambleísta Lourdes Tibán.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, recibió en comisión general al presidente de la Confederación de Transporte Terrestre del Ecuador, Napoleón Cabrera Yumbla, quien sobre la eliminación de los certificados o títulos de aprobación de estudios que otorgan las escuelas de conducción para que no constituyan requisito indispensable para la obtención de la licencia de conducir, subrayó que dicho planteamiento es totalmente inadecuado, por cuanto transgrede los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que obliga al Estado a formar y capacitar a los conductores profesionales y no profesionales, a fin de garantizar la integridad física de las personas y reducir el alarmante índice de accidentes de tránsito.
Los asambleístas Irina Cabezas y Andrés Páez, fueron delegados por la Asamblea Nacional para que acudan a la sesión solemne de conmemoración del Centésimo Octogésimo Primer Aniversario de fundación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, que se realizará el 2 de mayo.
La asambleísta Nivea Vélez, con el apoyo de 33 firmas, presentará en las próximas horas en Secretaria General, su pedido de juicio político al exministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, por “violación de la Constitución de la República en cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales de los servidores públicos, en razón de los despidos masivos realizados a partir del 28 de octubre de 2011”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, junto a la asambleísta Silvia Salgado se reunió con los representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, con la Coordinadora Nacional Campesina CNC, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA, que agrupa a la Red Agraria, con quienes dialogó sobre el proceso de calificación y participación en el tratamiento del proyecto de Ley de Tierras y Territorios.
El asambleísta Fernando Cáceres, autor del proyecto de reformas al Código de Comercio, aseguró que en el cuerpo legal se establece un articulado mediante el cual se busca transparentar la actividad que realizan los comerciantes, a fin de evitar irregularidades como el contrabando o la evasión de impuestos y terminar con la informalidad.
