El asambleísta Gabriel Rivera López, miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, aseguró que “lo ocurrido en Paraguay no es otra que un burdo golpe de Estado, que está más o menos aderezado o escondido en una supuesta legalidad y constitucionalidad”.
Las decisiones del poder público no solamente deben ser formalmente válidas, sino legítimas, que respeten la voluntad del pueblo, enfatizó, al expresar su “más absoluto y contundente rechazo a los golpes de Estado”
Sostuvo que “como legisladores y miembros del Movimiento País, nosotros lo rechazamos y nos sumamos a la unidad latinoamericana que ha repudiado esa situación”, al destacar la actitud del Ecuador, al igual que en los próximas horas se pronunciarán las naciones que integran Unasur, que se reunirán en Lima, Perú, a fin de adoptar medidas para evitar que se vuelva a repetir lo que sucedió en Honduras con el presidente Zelaya, los intentos de desestabilización en Bolivia, Venezuela y 30-S en Ecuador.
Debemos garantizar la estabilidad y gobernabilidad democrática en nuestros países de América Latina y rechazar cualquier intervención que signifique romper esa convicción que tienen nuestros pueblos, puntualizó, tras subrayar que Alianza País pondrá en conocimiento del Pleno una resolución al respecto.
Propuesta contra la inseguridad
Ante los recientes asaltos en agencias de bancos en centros comerciales, Gabriel Rivera, propuso definir un protocolo para normar el retiro y depósito de valores por parte del sistema financiero, estableciendo horarios especiales cuando hay menor tránsito de personas.
Dijo que es necesaria una veeduría ciudadana que controle que las entidades financieras cumplan ese protocolo y cuenten con el indispensable número de guardias, para proteger las instalaciones del lugar y, lo que es más, la integridad y vida de la comunidad.
En dicho protocolo hay que fijar acciones de evacuación ciudadana, frente a posibles asaltos, una balacera, etc., tal cual se hace con desastres naturales. También se puede estudiar la pertinencia de sacar las agencias bancarias de los centros comerciales, concluyó.
MG/pv
Toronto. Con la finalidad de recoger las sugerencias de los ecuatorianos residentes en Toronto-Canadá, las asambleístas Linda Machuca, Blanca Ortiz, representantes de los migrantes en Estados Unidos y Canadá y la legisladora Guillermina Cruz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, acudieron a la fiesta del Inti Raymi; y, desde un stand de la Casa Legislativa de Toronto, mantuvieron un contacto directo con nuestros compatriotas y latinoamericanos que participaron de la fiesta del sol, los días sábado 23 y domingo 24 de junio.
El Padre Hernán Astudillo, fundador del Centro Latinoamericano “San Lorenzo” y asambleísta alterno de la legisladora Linda Machuca, dijo que esta herramienta útil para los ecuatorianos residentes en Toronto-Canadá constituye la esperanza para efectivizar la comunicación real y la esencia para filtrar los secretos de la comunidad migrante, ya que permitirá que “nosotros traslademos nuestros sueños y aspiraciones a aquellos que trabajan en la Asamblea Nacional”.
La apertura de la segunda Casa Legislativa en el exterior constituye el sueño latinoamericano que globalizará la solidaridad y hermandad, pero sobre todo, en el espacio para interactuar y abrir la comunicación con la Asamblea Nacional, dijeron residentes en Toronto-Canadá, al resaltar el avance tecnológico que ponen en sus manos para poder transmitir sus inquietudes, necesidades y pedir a los parlamentarios que en las leyes se vele por sus derechos.
La Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por la asambleísta Guillermina Cruz Ramírez, remitió a la Secretaría el informe para segundo debate del “proyecto de Ley de Inmunidad a los miembros que integran las Veedurías Ciudadanas”, a través del cual recomienda al Pleno su archivo.
El documento está suscrito por Washington Cruz, Dora Aguirre, Rocío Valarezo, Marllely Vásconez, Fernando Flores y Guillermina Cruz.
Oportunamente, el organismo requirió los criterios y observaciones de la Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado y de la Corte Constitucional.
La Comisión determinó que la propuesta carece de sustento constitucional, por cuestiones de fondo, fundamentalmente, porque desconoce principios generales del derecho como el de la responsabilidad de los ciudadanos y/o funcionarios en sus actuaciones, vulnera el principio de exclusividad de las funciones cuando trata de entregar competencia de la Fiscalía General a entes extraños a su institucionalidad y no observa derechos consagrados en la Constitución.
También, se plantea la posibilidad de desconocer otro principio reconocido por el derecho universal, recogido como norma general en el Código Civil, que es la irretroactividad de la ley, según el organismo.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea con 48 votos se allanó a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, enviada por el presidente de la República, Rafael Correa, en la que se cambia la disposición que ordenaba que los bancos destinen mínimo del 5% de su patrimonio técnico a operaciones hipotecarias
El coronel de Estado Mayor, Patricio Andrade Sánchez, es el nuevo comandante de la Escolta Legislativa, en reemplazo del coronel Jhon Oñate Cisneros, de la Fuerza Terrestre. En la ceremonia estuvo el primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli, quien agradeció a la Escolta Legislativa, que ha proporcionado la protección y seguridad a todas las autoridades, funcionarios y bienes de la Función Legislativa. Asimismo otorgó al comandante entrante, la bienvenida.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, recibió los aportes del Viceministro de Turismo, Luis Falconí, al proyecto de ley que en esta materia se tramita en este organismo, quien resaltó la importancia de la iniciativa de los asambleístas Jimmy Pinoargote y Alfredo Ortiz, por cuanto constan aspectos fundamentales que permitirán desarrollar esta industria en nuestro país, así como la diversificación socioeconómica y del desarrollo sustentable y sostenible del Ecuador.
El legislador Juan Carlos Cassinelli, presidente (e) de la Asamblea Nacional, consideró, a título personal, que se debería conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Creo que el señor Assange, quien está hoy en nuestra Embajada de Inglaterra, es sujeto a un mecanismo de persecución, más allá de que se alegue que hay temas de la justicia ordinaria. Para todos es sabido que este tema comenzó, precisamente, cuando él comenzó a publicar temas y temáticas a nivel internacional que implica a mucha gente que no lo quiere ver a buen recaudo, sostuvo.
En tal sentido, continuó, creo que el Ecuador va a analizar diplomáticamente la solicitud y esperemos la respuesta de la Cancillería.
Al preguntarle si con dicho petitorio el país podría tener inconvenientes, especialmente con Estados Unidos, Juan Carlos Cassinelli dijo que “el Gobierno no ha hecho cálculos cuando se ha tratado de defender la libertad de expresión, que es lo que se está defendiendo en el caso de la solicitud de asilo político que ha sido presentada. Este Gobierno no ha claudicado ante ninguna presión; hemos sido protagonistas inclusive en eventos internacionales, sin haber asistido, por las posiciones firmes del Ecuador en distintas materias”.
No tengo la menor duda que en el análisis que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Presidente de la República del tema, tenga que ver algún cálculo de que si es o no conveniente para el país. Es conveniente o no para esa libertad de expresión que tanto se pregona y que muy pocos la practican, pero que aquí en el Ecuador está totalmente garantizada, subrayó.
Estoy convencido que este Gobierno es uno de los principales impulsadores de lo que tiene que ser el respeto nacional e internacional a nuestra libertad de expresión, agregó.
Código de mucha avanzada
En otro tópico, el doctor Juan Carlos Cassinelli calificó de avanzada la propuesta de Código Integral Penal, más aún cuando el vigente data de hace 70 años, que en muchas de sus partes está fuera de uso.
Tras precisar que el proyecto podría entrar al Pleno en los próximos 30 días, aseveró que el código es sustancial para la estructura jurídica del país, por tanto, los aportes tienen que darse bajo una óptica jurídica, sin politización, a fin de enriquecer el documento, a la vez que señaló que comparte lo atinente a la penalización de las personas jurídicas.
MG/pv