En el marco del Foro Internacional “La nueva Justicia Penal en el Ecuador; perspectivas internacionales sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal“, de iniciativa de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el doctor Al Amado, Director del Programa “Justicia Penal Ecuador” resaltó la importancia de este evento, ya que permitirá trabajar temas de vital importancia como por ejemplo el delito de la trata de personas donde se combinan varios delitos y cómo tipificarlos, entre otros aspectos que ayudarán a construir este cuerpo legal.
Al conmemorar hoy, 25 de noviembre, el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, como condena del brutal asesinato en 1961 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, varias asambleístas ratifican el compromiso de seguir trabajando en la construcción de leyes que protejan a la mujer.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Scheznarda Fernández, envió 18 preguntas al presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez Molina, para esclarecer las dudas respecto al proceso de evaluación a los funcionarios judiciales, las mismas que serán absueltas en la comparecencia prevista para el 7 de diciembre próximo.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social resolvió recomendar al Presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a sus exclusivas competencias, la adhesión a la Declaración de Guatemala "Por una respuesta a la crisis y una sostenibilidad de largo plazo apoyada en la colaboración, educación y cultura de la seguridad social", que se suscribió en la ciudad de Guatemala, con oportunidad de la XXV Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Marco Pérez, en representación del Colectivo de Trabajadores de la Comunicación, activista y militante por la dignificación de la comunicación social, enfatizó que para lograr una real y efectiva libertad de información, lo primero que tendría que pedirse es la ruptura del control oligopólico de la comunicación en el país y exigir la consecuente socialización y democratización de la propiedad de todos los medios o, por lo menos, una sólida normativa como la Ley de Comunicación propuesta, que establece claros y efectivos mecanismos de control social sobre los medios.
Con la presencia de un representativo grupo de jóvenes se inauguró el Foro: “El Derecho de las y los jóvenes a una vida libre de violencia, organizado por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al terminar el debate del proyecto de Ley de Comunicación y suspender la sesión 136 del Pleno, destacó que se registraron 76 intervenciones, de 62 asambleístas. También participaron 21 ciudadanos de colectivos y gremios de comunicadores y empresas de comunicación dieron sus aportes para la construcción de una normativa que permita garantizar el ejercicio y plena vigencia de los derechos a la comunicación y aplicar de forma efectiva la libertad de expresión, libertad de información y la democratización de la comunicación.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, durante su primera intervención en el Pleno, orientó su mensaje en dos aspectos: la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior; y en su segunda intervención dio a conocer los nombres de las personas en que está concentrado el espectro radioeléctrico.
A las 10:04 el Pleno de la Asamblea reinstaló la sesión 136 del Pleno, con la presencia de 89 asambleístas, quienes durante la continuación del segundo debate realizaron varias propuestas que tienen relación con la necesidad no solo de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la programación de los medios, sino, la obligación de permitirles el desarrollo de sus propias actividades comunicativas y garantizar el ejercicio en calidad de actores de los derechos a la comunicación.
A las 10:04 el Pleno de la Asamblea reinstaló la sesión 136 del Pleno, con la presencia de 89 asambleístas, quienes durante la continuación del segundo debate realizaron varias propuestas que tienen relación con la necesidad no solo de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la programación de los medios, sino, la obligación de permitirles el desarrollo de sus propias actividades comunicativas y garantizar el ejercicio en calidad de actores de los derechos a la comunicación.
