La asambleísta Guillermina Cruz, representante de la provincia de Napo, invitó a los ecuatorianos a la cuarta edición de la Feria Nacional de Cacao Fino de Aroma, que se iniciará el jueves 31 de mayo en la ciudad de Tena.
El Pleno, con 59 votos de 65 presentes, en la sesión 167, nombró a Marcia Dolores Ramos Benalcázar, Claudio Hernán Rivadeneira Játiva, María Hernández Loza, Fabián Marcelo Jaramillo Villa, Libia Fernanda Rivas Ordóñez, Alfredo Tirso Ruiz Guzmán, Yoly Patricia Rodríguez Quinde, Tito Libio Mendoza y Carlos Jaramillo Díaz, profesionales del derecho con una sobresaliente trayectoria, para que, en representación de la Asamblea Nacional, participen en el proceso de selección de la Primera Corte Constitucional.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, resolvió postergar la aprobación del informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, para el miércoles 30 de mayo, a pedido de los asambleístas Xavier Tomalá y Gina Godoy, quienes presentaron varias observaciones al documento que está en debate.
Ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, se dieron cita el ministro de Seguridad, Homero Arellano; el director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Roberto Freire; el comandante General de la Marina, Jorge Gross, representante del Comando Conjunto; y, delegados del Ministerio de Defensa.
La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales intensificó la discusión del proyecto de Ley para la Seguridad de los Eventos Deportivos, de iniciativa de la asambleísta Rocío Valarezo Ordóñez, segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez, convocó a la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte; a la directora de la Tribunal Consumidor, María José Troya; al vicepresidente Regulatorio de Otecel S.A; al director Ejecutivo del Observatorio de Servicios Domiciliarios Públicos, César Cárdenas; y, al presidente de la Comisión Nacional de Consumidores por la Soberanía Alimentaria, Roberto Gortaire, para el miércoles 30 de mayo del 2012, a partir de las 11:00.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en la objeción parcial al proyecto de Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; y, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, señala que lo aprobado en la Asamblea no contiene normas relacionadas con la administración y devolución de los bienes que pueden ser sujetos a medidas cautelares.
El pueblo afroecuatoriano se encuentra ubicado en todas las provincias del país. Originariamente se asentó en Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Loja; posteriormente, producto de la inmigración, su población habita en las provincias del Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y el Oriente ecuatoriano, señalaron los parlamentarios en la continuación de la sesión 162 del Pleno, en la que se tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.
En este marco, los legisladores tras recordar a los líderes afros quienes lucharon incansablemente porque se les reconozca como parte de la realidad histórica del Ecuador, calificaron de importante esta normativa ya que en ella se establece los principios, derechos constitucionales para este sector social.
En el debate, señalaron que se debería establecer una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o una ley integral para los pueblos, a la vez que plantearon que se establezca una verdadera política de inclusión y que se debe dar paso al proyecto de Ley de Consejos de Igualdad, a fin de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Recordaron que existe racismo y discriminación en contra de los afroecuatorianos, al tiempo de ser enfáticos en señalar que es justa la demanda de este pueblo, por ello, hay que construir una normativa para afianzar sus derechos, así como garantizar los recursos necesarios para implementar las políticas, programas de atención a este grupo social en los ámbitos social, educativo, salud, vivienda, laboral, políticos y de equidad, como medidas de acción afirmativa.
Dijeron que los afrodescendientes deben participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos.
Beneficios del proyecto
Esta ley es de carácter orgánica y tiene por objeto desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo aforecuatoriano, los alcances de los principios del derecho a la igualdad y no discriminación de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Según la propuesta, el pueblo afroecuatoriano y sus diversas formas de organización, en cuyos territorios y tierras se ejecuten actividades de aprovechamiento y uso de recursos naturales o proyectos de desarrollo por parte del Estado o particulares, directa o indirectamente, tienen derecho a la participación de las utilidades y demás beneficios; además, a indemnizaciones y resarcimientos por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.
El pueblo afroecuatoriano designará a sus autoridades conforme a sus propias normas y procedimientos culturales, las que serán reconocidas y aceptadas para ejercer diversas funciones dentro y fuera de su jurisdicción. Para garantizar el derecho a la reparación del pueblo afroecuatoriano, serán deberes del Estado investigar y sancionar todos los actos cometidos por razones de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia; adoptar y asegurar las medidas necesarias para garantizar el derecho de las víctimas a obtener una reparación pronta y una satisfacción justa y adecuada.
JLVN-RSA/pv
El Concejo Metropolitano, en sesión extraordinaria, aprobó, en segundo debate y con 10 votos, la ordenanza referida al proyecto urbano arquitectónico especial denominado “Complejo Legislativo” que comprende la rehabilitación de edificios aledaños a la Asamblea Nacional y la construcción de plazas y áreas verdes en un espacio de 9 hectáreas.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por la asambleísta Irina Cabezas Rodríguez, continuó este miércoles el análisis de los cinco proyectos de Ley de Tierras y Territorios, tomando como base la iniciativa ciudadana presentada por la Red Agraria y considerando de manera comparativa las semejanzas y diferencias que tiene respecto de los restantes cuatro documentos.
