La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, Nivea Vélez, tras invitar a los asambleístas a enriquecer la ley a través del debate y recoger las legítimas aspiraciones de los distintos sectores involucrados en esta temática, destacó que en el informe se incluyó un 37% de la propuesta del Presidente de la República, mientras que el 73% responde al trabajado de los 11 integrantes del organismo que acogieron las propuestas entregadas por diversas organizaciones.
Recordó que previo a la elaboración del informe para primer debate recibieron 28 delegaciones de diversos sectores que presentaron sus aportes a la ley.
Agregó que alrededor de 50 instituciones, entre ellas la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Administrativas, las Orquestas Sinfónicas, la Federación Nacional de Enfermeras, la Federación Nacional de Servidores Públicos, el Consejo de la Judicatura, la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador, la Confederación Ecuatoriana de Empleados Municipales, Unión Nacional de Educadores y CONASEP, presentaron sus observaciones y sugerencias.
Explicó que la Ley Orgánica del Servicio Público se fundamenta en los principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación. Dijo que el proyecto también busca cumplir los principios de celeridad y eficacia para evitar que se dicten resoluciones administrativas precipitadas y temerarias.
Con la aprobación de este marco jurídico los servidores públicos tendrán derecho a desempeñar empleo y funciones públicas con base a méritos, capacidades en temas de selección, designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, acotó, al señalar que también podrán participar con criterio de equidad, paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con capacidades especiales y participación intergeneracional.
Dijo que quien no ingrese a través de concurso será destituido, sanción que también se aplicará a la autoridad responsable de esa designación.
Sobre la jornada de trabajo, dijo que será de ocho horas, pero que los servidores que ejecuten trabajos peligrosos o realicen sus actividades en ambientes insalubres o en horario nocturno tendrán derecho a jornadas de menor duración, sin afectar su remuneración.
Por último, resaltó que se establece un subsistema de capacitación y desarrollo personal que permitirá la profesionalización de los servidores públicos.
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En el marco de la sustanciación del juicio político planteado en contra de la Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, la Comisión de Fiscalización acogió, por unanimidad de los asambleístas presentes (8), la petición de prueba de oficio planteada por el interpelante Galo Lara, para que la funcionaria responda por escrito un pliego de preguntas dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que concluirá el jueves de la próxima semana.
Con la asistencia de 80 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional tramita en primer debate el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público que tiene como objetivo corregir el desorden remunerativo y los desfases que en materia de recursos humanos y remuneraciones se han producido por las excepciones en el ámbito, la falta de claridad y efectividad en la aplicación de normas jurídicas, por lo que es necesaria su planificación, organización, regulación por parte de la entidad rectora de los recursos humanos y las remuneraciones del sector público.
El arquitecto Fernando Cordero Cueva, titular de la Función Legislativa, recibió la visita del Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Martín Pérez y del congresista Luis González, quienes estuvieron acompañados del Embajador de ese país en el Ecuador, Vicente Rojas.
Los siete integrantes del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA), se comprometieron ante la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, a entregar hasta el 17 de diciembre de este año las cartas de acreditación a 13 universidades que han cumplido los procesos de evaluación interna y externa del desempeño institucional.
La Ley del Deporte debe propiciar la articulación de una política social adecuada e impulsar la práctica de esta actividad como uno de los pilares fundamentales de la formación integral de los ecuatorianos y privilegiar la incorporación masiva de la niñez y la juventud, según la visión de