Representantes del Colectivo de Organizaciones por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; y, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) fueron recibidos en la Comisión de Justicia, donde expusieron sus puntos de vista respecto del proyecto de Código Integral Penal.Las agrupaciones coincidieron en objetar la incorporación de la imputabilidad de adolescentes dentro del nuevo Código Penal, tomando en cuenta que la Constitución determina que los menores en conflicto con la ley tiene un trato preferencial a través de una justicia especializada y que el tema consta en el Código de la Niñez y los instrumentos internacionales.
Alexandra Manchón, de la Defensoría del Pueblo, destacó que 32 organizaciones se mantienen de manera permanente en el referido Colectivo, bajo el principio de inclusión progresiva, tras manifestar que el pronunciamiento sobre los adolescentes en conflicto con la ley ha convocado al análisis y reflexión de más de 47 organizaciones de carácter local, nacional, regional e inclusive internacional.
Por su parte, Fernando López, del Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, explicó que el 94.47% de los ciudadanos privados de la libertad en el país son mayores de 18 años, lo que demuestra que el nivel de participación de los adolescentes en el conjunto de la problemática del delito y la inseguridad en el Ecuador es mínima.
Si los números son claros, por qué estamos pretendiendo endurecer la intervención del Estado y pasar la responsabilidad y cuenta sobre una problemática que tiene fundamentos estructurales a una población que, según la Constitución, requiere una atención prioritaria, mediante una justicia especializada, preguntó.
Reiteró que es inaceptable proponer respuestas más rigurosas y severas, cuando resulta que en la actualidad la mayor parte de chicos que han sido sentenciados por alguna infracción penal y privados de la libertad, evidencia que la sociedad y Estado va en contra de los principios de la normativa interna e internacional, pues la privación de la libertad debe ser considerada como medida de última instancia.
Así, los sometemos a una experiencia cotidiana de violencia, sin posibilidad alguna de rehabilitación para la reinserción a la sociedad, agregó.
Entre tanto, Jaime Coello, del Frente Nacional de Activistas Juveniles por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, invocó a mantener la normativa de adolescentes en conflicto con la ley penal en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA); mejorar los estándares existentes; impulsar políticas públicas integrales de acuerdo con estándares internaciones; aplicación de la privación de la libertad como última medida.
También, se mostró partidario de la presencia de autoridades y operadores de justicia altamente especializados; desarrollar un sistema de inclusión y seguimiento posmedida; y, respetar los principios de no regresividad e interés superior.
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La Comisión de Biodiversidad recibió al asambleísta Linder Altafuya, quien explicó que urge aprobar una normativa que conserve, restaure el ecosistema manglar y permita cohesionar y sistematizar un adecuado manejo del mismo, tomando en cuenta que al momento existen, únicamente, reglamentos, decretos ejecutivos y resoluciones dispersas e inaplicables.
Con el propósito de escuchar el contenido de los proyectos de la nueva Ley Orgánica de las Personas Usuarias y Consumidoras, la Comisión de Desarrollo Económico, recibió a los asambleístas María Soledad Vela y Enrique Herrería quienes dieron a conocer el contenido de sus propuestas que están orientadas a proteger y promover los derechos de las personas usuarias y consumidoras y precautelar que las relaciones de éstas con la de los proveedores sea en respeto a la seguridad jurídica.
Con la presencia del contralor General del Estado, Carlos Pólit, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado intensificó el estudio de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, de iniciativas del Presidente de la República y del legislador Vethowen Chica.El doctor Pólit sostuvo que la segunda propuesta no tiene sentido, más aún cuando en nada aporta, innova, complementa o aclara el funcionamiento de la norma vigente, por lo que sugirió el archivo de la misma.
En la Comisión de Gobiernos Autónomos se realizó una reunión de trabajo con representantes de los gobiernos municipales de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas; asesores legales de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y los asesores de los asambleístas de la mesa para trabajar una solución a los problemas de los asentamientos urbanos consolidados no regularizados que existen a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), existe una alta importancia de la agenda legislativa en los medios de comunicación.
La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la asambleísta Lourdes Tibán, mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de la Secretaría de Pueblos, Ministerio de Justicia y el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa –CODEPMOC- a fin de escuchar sus inquietudes respecto del ejercicio y aplicación de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador en los Consejos de Igualdad.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 59 votos se allanó a cuatro artículos (14, 19, 22, 25) de los seis que constan en el veto parcial del Ejecutivo; y, a la Quinta Disposición General del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
La Comisión de Derechos Colectivos presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, de autoría del asambleísta Marco Murillo
A fin de especificar con mayor precisión las agrupaciones, sectores y organizaciones beneficiarias de la participación ciudadana bajo el principio de la interculturalidad, el Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de iniciativa de la asambleísta Silvia Salgado.
