En el edificio José Joaquín de Olmedo, de la Universidad Andina Simón Bolívar, se desarrolla el Foro sobre Migraciones Andinas “Sociedad Civil y la Consolidación de una Agenda Social Migratoria Andina”, organizado por la Fundación Esperanza y la Fundación Asylum Access Ecuador.
Con la presencia del embajador Santiago Apunte, subsecretario Técnico de Comercio de la Cancillería y de Manuel Chiriboga, director del Observatorio de Comercio Exterior, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales inició el tratamiento del pedido de aprobación de la denuncia del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Ecuador.
El embajador Apunte manifestó que dicho instrumento se suscribió en Quito el 26 de junio de 1996 durante la vigencia de un distinto marco constitucional dentro del cual no existía una expresa contradicción entre éste y las normas nacionales.
Indicó que la Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante, en cuyo informe concluyó que el acuerdo contradice el artículo 422 de la Constitución, el cual determina que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial.
Aseguró que la denuncia, como tal, se encuentra plenamente amparada por el artículo 42 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tras enfatizar que una vez que se produzca la denuncia las cláusulas del documento seguirán vigentes por 10 años, lo que constituye una garantía de las inversiones.
Inversiones
En tanto, Manuel Chiriboga señaló que en el período 2002 – 2012 la inversión española en Ecuador llegó a 420 millones de dólares, siendo una de las más bajas en comparación con otros países de América Latina (Brasil, Argentina, Perú, etc.).
Reconoció que la tal inversión ha crecido especialmente desde 2008, en sectores como la telefónica y petrolera, además en menor grado en la explotación de minas, la industria manufacturera, comercio, agricultura, construcción, al insistir que 10 años posteriores a la denuncia no fenecen las obligaciones de las partes.
La Comisión de Biodiversidad decidió convocar a seis funcionarios de Estado para que informen el plan de contingencia para la remediación ambiental, en el caso del derrame de crudo en el sector de El Reventador, que se produjo el 31 de mayo de 2013.
En la Comisión de Justicia, Rodrigo Vélez Valarezo, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), informó los alcances, contenido y fundamentos de la resolución que norma el uso y consumo de determinadas cantidades de ciertos estupefacientes.
Expresó que en reunión del consejo ejecutivo se aprobó un informe técnico científico presentado por el Ministerio de Salud, donde se incluye una investigación toxicológica, psicológica, biológica del fenómeno del consumo de drogas, que arroja una tabla con cantidades máximas admisibles, que no tienen el carácter de obligatorio y vinculante para el sector judicial.
Es una herramienta, continuó, de apoyo en el sentido que tratemos de eliminar la discrecionalidad que el sistema judicial ha tenido para determinar cuándo un ciudadano es consumidor o es un traficante. Tenemos ciudadanos que se encuentran privados de su libertad por porte de dos, cuatro o seis gramos, que guardan prisión seis, ocho y hasta 12 años, lo que era un vacío jurídico que había que llenarlo, en apoyo al sistema judicial.
En ese sentido, la tabla aprobada obedece inclusive a un análisis comparativo que se ha hecho de varias naciones del mundo, entre ellas Argentina, Chile, Perú, Colombia, España, Holanda y Portugal, señaló, al informar que se pondrá en marcha una campaña integral sobre la prevención.
El funcionario mencionó que el siguiente paso será definir la cadena de valor, esto es, la entidad o personas que tendrán el licenciamiento para poder sembrar, cultivar o distribuir.
Inquietudes
La asambleísta Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, recordó que la población apoyó, en las urnas, el reconocimiento del tema de adicciones como un problema de salud, al sugerir que se clarifiquen los mecanismos, herramientas y condiciones que se utilizarán para identificar y calificar a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
A su vez, Magaly Orellana (PK) comentó que es fundamental especificar la situación de responsabilidad penal de las bandas del microtráfico.
De su lado, Mariangel Muñoz (AP) sugirió que se presenten datos y cuadros estadísticos referidos a la población afectada por el consumo de drogas.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza en el análisis del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Esta vez recibió al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien presentó sus propuestas sobre las sanciones a las infracciones y contravenciones de tránsito, considerando que los accidentes de tránsito son la causa principal de muertes violentas y las víctimas frecuentes son el peatón y el ciclista.
El presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Minería, a la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto a los documentos notarizados que deben presentar los titulares de los derechos mineros y sobre el plazo para la regularización de quienes se dedican a la minería artesanal.
El convenio de cooperación entre Ecuador y Cuba sobre asistencia jurídica en materia penal cuenta con el respaldo del ministro de Relaciones Exteriores (encargado), Galo Galarza y de la Fiscal subrogante, Cecilia Armas, según sus exposiciones realizadas en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.
El canciller encargado recordó que cuando un testigo se encuentra en el extranjero se debe proceder de conformidad con los convenios. Por tanto, en este caso, existe un informe de la Dirección de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y el informe vinculante de la Corte Constitucional.
Entre tanto, Cecilia Armas manifestó que la Fiscalía no tiene ninguna objeción sobre la ayuda mutua internacional, considerando que es necesaria esta cooperación para el cumplimiento de las diligencias, a fin de alcanzar la prueba material de la infracción, indispensable en un determinado proceso penal.
Asimismo, indicó que se ha logrado la cooperación con Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Colombia, Italia y otros países.
Al respecto, la asambleísta María Augusta Calle, presidenta encargada de la comisión, resaltó que este tipo de convenios son similares a los que Ecuador tiene con otros países, pues se trata de procedimientos en el marco de la asistencia jurídica.
Es de vital importancia para investigación
Entre tanto, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Dr. José Alomía Rodríguez, dijo que el convenio es de vital importante para la investigación penal procesal y preprocesal, más aún cuando conlleva derechos y garantías de personas.
Recomendó que este tipo de instrumentos se establezcan, de ser posible, con todas las naciones del mundo, tomando en cuenta el desarrollo significativo de la tecnología y como una herramienta idónea para enfrentar el alarmante incremento de la delincuencia organizada.
Explicó que el debido proceso es una garantía fundamental prevista en la Constitución ecuatoriana y en todas las constituciones del planeta, que requiere agilidad y que las pruebas sean evacuadas de conformidad con las normas constitucionales.
AM-MG/pv
El asambleísta Octavio Villacreses, del Movimiento PAIS fue designado por la Asamblea Nacional, para asistir este 27 y 28 de junio, a la primera reunión, como representante del Ecuador ante el Parlamento Latinoamericano.
En la Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Ximena Ponce (AP), la especialista Mónica Bruckmann disertó sobre el tema Recursos Naturales, Biodiversidad y Medio Ambiente en América del Sur: Una Visión Estratégica.
En esta oportunidad, habló de la necesidad que América Latina, América del Sur y nuestros países y gobiernos definan una visión estratégica para avanzar hacia la elaboración de una estrategia común de gestión de los recursos naturales, que sirva para un aprovechamiento en función del desarrollo integral, económico y social de los pueblos.
Esta acción debe tener como eje central al ser humano como objetivo de cualquier y toda política pública, subrayó, al destacar que la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) está promoviendo la construcción de una estrategia continental de gestión de los recursos naturales.
Anticipó que este mecanismo se basa en cuatro ejes: la gestión económica de los recursos naturales; la matriz de gestión estratégica relacionada a la preservación del medio ambiente; desarrollo científico tecnológico; y, la gestión social de los recursos naturales.
Para ello, se busca crear políticas regionales de industrialización para atender el mercado externo y el creciente mercado interno, orientado a elevar las condiciones de vida de las poblaciones y habitantes; disminuir al menor nivel posible el impacto ambiental de la actividad extractiva y la actividad de transformación, mediante el establecimiento de una agenda común por la preservación del planeta y de la madre tierra; profundizar los sistemas democráticos hacia la participación activa de la ciudadana en la temática
Reconoció que Bolivia, Venezuela y Ecuador han avanzado mucho en producir normativas al respecto, más aún cuando nuestro país, a nivel continental, ha puesto en marcha la consulta a las poblaciones locales en relación a la gestión de los recursos naturales estratégicos.
Norma Bruckmann consideró que la Constitución ecuatoriana es una de las más avanzadas a nivel planetario, pues determinó a la naturaleza como sujeto de derechos. La tierra para muchos de nuestros pueblos originarios no solamente es un medio de producción y no tiene una dimensión simplemente económica, es el espacio donde la vida se crea y recrea, donde los hijos pueden ser felices y la felicidad constituye un derecho humano fundamental, agregó.
MG/pv
La asambleísta María Soledad Vela Cheroni señaló que en la construcción del informe para segundo debate del Código Orgánico Integral Penal se debe considerar la resolución número 001 Consep-CD-2013 emitida por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), que fija las cantidades máximas para la tenencia y el consumo personal de alcaloides en el Ecuador, emitida el 21 de mayo del presente año.
