Varios grupos de jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos y otros colectivos ciudadanos se movilizaron a la Asamblea para presentar un proyecto de resolución, que busca que se declare al 30 de septiembre como “Día de la Democracia”.
La respectiva propuesta fue entregada, en la Plaza Cívica de la Sede Legislativa, al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, con el respaldo de aproximadamente dos mil firmas.
El arquitecto Cordero, acompañado de una veintena de asambleístas de Alianza País y sus aliados, dijo que coinciden con el contenido de la propuesta. “Estamos convencidos que hay que pasar la página del 30 de septiembre de 2010, pero pasar la página con una sola condición: ni un milímetro a la impunidad. No podemos ceder a ninguna forma de impunidad”, sostuvo.
Precisó que celebra la manifestación responsable y coherente de las Fuerzas Armadas y la actitud valiente de la Policía, que ha pedido disculpas al pueblo ecuatoriano. “Las entidades no tienen por qué perder, no puede haber un puñado pequeño de gente que hace aparecer al mundo que nuestro país es corrupto, como no puede haber un puñado de policías que le pone a la institución como descalificada, la que cada día tiene que profesionalizarse y ser mejor”.
Por eso, no hay como ceder ante la impunidad, más aún cuando necesitamos una Policía seria y profesional, que cuide nuestras vidas. Necesitamos estar unidos con las Fuerzas Armadas y la Policía, en la tarea de construir un nuevo país, resaltó.
Enfatizó que los hechos del 30-S no tienen perdón ni van a tener olvido y con el respaldo de la población no nos vamos a amilanar, decaer, peor desmoralizarnos, para dejar de hacer lo que nos quieren impedir hacer. Para que los muertos descansen en paz y sus familias alcancen algo de tranquilidad tiene que haber justicia y la justicia significa encontrar a los autores materiales y mucho más a los intelectuales e instigadores, a los que estaban detrás de eso que fue planificado.
El presidente Fernando Cordero recordó que la propia Asamblea vivió horas de pánico, donde muchos de los legisladores fueron agredidos brutalmente. Qué tenía que ver eso con lo que sucedía en el Regimiento Quito, si no era un acto planificado, preguntó.
Finalmente, sostuvo que se ha detectado en los correos de algunos legisladores de la oposición proclamas de adhesión al intento de golpe de Estado, tratando de acabar con la voluntad del pueblo, que en las urnas ha respaldado constantemente al presidente Rafael Correa.
Marcela Aldaz, representante de las Juventudes Ecuatorianas, cuestionó enérgicamente “las artimañas” utilizadas por la oposición política para evitar que la Asamblea se pronuncie públicamente declarando al 30 de septiembre como Día de La Democracia.
Nosotros hombres y mujeres venimos a respaldar el esfuerzo de los asambleístas, que han trabajado intensamente sobre este tema. Condenamos las maniobras de los golpistas y encubridores, sostuvo.
MG/pv
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el asambleísta Raúl Abad (AP), solicitó al titular de la Legislatura, Fernando Cordero, una prórroga de 20 días, a fin de presentar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
Durante el proceso de socialización, hemos tratado de acercar opiniones en lo atinente al tema de prohibiciones de los funcionarios públicos para contratar con el Estado, lo cual contempla la reforma al artículo 24, literal j) de dicho proyecto, explicó Abad Vélez.
Comentó que la mayor preocupación ha sido verificar que la propuesta está enmarcada en lo que establece la Constitución de la República, la propia Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Contratación Pública.
Indicó que un grupo de trabajo, integrado por la Comisión de Educación y el Ministerio de Relaciones Laborales, tendrá la responsabilidad de analizar pormenorizadamente el documento y preparar un borrador al respecto, como una herramienta de apoyo para la mesa, tras señalar que el plazo para la presentación del informe concluía el martes próximo.
MG/pv
El legislador Marco Murrillo Ilbay, Alianza Libertad, anunció que en las próximas horas oficializará un juicio político en contra del exministro del Interior, Gustavo Jalkh, “por ser el principal responsable de los hechos del 30 de septiembre de 2010”.
Murillo rechazó enérgicamente la sindicación de varios ciudadanos de su provincia, que son, especialmente, docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Chimborazo, por haber supuestamente organizado marchas el 30 de septiembre de 2010.
Por qué personas honestas como Aníbal Oleas, Luis Carvajal, Lola Maldonado, entre otros, catedráticos y funcionarios universitarios, tienen que pagar todos los errores de un ministro que no supo controlar, por la vía del diálogo, una inconformidad salarial, tal cual lo determinan los propios informes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, preguntó.
Dónde estuvo la inteligencia policial y militar para decirle al Presidente de la República que no vaya al cuartel del Regimiento Quito, donde se daban protestas, dijo al reiterar que, a la brevedad posible, oficializará el juicio político a Jalkh, para que respondan los que verdaderamente son culpables del 30-S y no gente inocente.
Aníbal Oleas y Luis Carvajal expresaron que las autoridades de justicia no les han permitido presentar las correspondientes pruebas de descargo, en clara violación del debido proceso.
En tiempo record, sin que nos dieran oportunidad de defendernos, nos han sentenciado bajo la presunta acusación de que habríamos invadido las instalaciones de la Gobernación de Chimborazo el 30 de septiembre, cuando lo único que realizamos, en una planificación sistematizada, fueron marchas de protesta por la Ley de Educación, las cuales se implementaron durante un año, aseguraron.
Comentaron que ese día, 30S, coincidencialmente, acudieron, como se acostumbra en las provincias, a presentar las inquietudes a la primera autoridad de la jurisdicción, donde “nos recibió el gobernador encargado y dispuso al intendente de ese entonces para que nos haga pasar al salón principal. Allí no hubo ni se produjo ningún desmán, agresión atropello y peor alteración al orden.
Parece que con el triunfo de la consulta popular se sintieron fortalecidos e iniciaron una campaña de persecución contra personas, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales, puntualizaron.
MG/pv
La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Víctor Quirola, recibió a los médicos genetistas Milton Jijón, César Paz y Miño y Fabricio González, con la finalidad recoger sus conocimientos, para enriquecer el informe que se prepara en torno a la inclusión de las enfermedades raras o huérfanas en la Ley Orgánica de Salud.
Con la presencia de autoridades de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), del Consejo Ciudadano Sectorial del Agua y del sector de regantes, la Comisión de Soberanía retomó, este miércoles, el tratamiento del proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
Sostuvo que es prioritario aprobar las reformas a la Ley de la Función Legislativa, con el propósito de definir el camino y los mecanismos para ejecutar, a la brevedad posible, la consulta prelegislativa, pero está no limitaría la posibilidad de alimentar el texto del documento.
Carlos Zambrano, coordinador Provisional del Consejo Ciudadano Sectorial del Agua, expresó que el asunto es responsabilidad y preocupación de todos y todas, tanto de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los asambleístas, de la Función Legislativa, así como del Ejecutivo.
El agua no es un aspecto que se resuelve estrictamente por sí solo, pues allí confluyen otros grupos, como el caso de la agricultura, el saneamiento, el agua de consumo humano, entre otros. Los sistemas comunitarios están demandando una mayor institucionalidad del líquido, apegados con lo que dispone el artículo 318 de la Constitución, en el sentido de que la prestación de servicio se reconozca como pública o comunitaria.
José María Egas, de la Senagua, anunció la total disposición para participar activamente en todo el proceso de construcción colectiva de este importante proyecto, en función de satisfacer las expectativas de la comunidad.
Por su parte, el asambleísta Gerónimo Yantalema (Pachakutik) recordó que la institucionalidad que se planteaba desde la visión del oficialismo provocó la movilización de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, los cuales, al parecer, estarían ausentes en el Consejo Sectorial del Agua, lo que sería más grave todavía, ya que ellos son los principales titulares de estos derechos y fundamentalmente guardianes del agua.
MG
El Frente Parlamentario “Ecuador sin Hambre” desarrolló este miércoles un taller de trabajo para intercambiar criterios en torno a los contenidos del anteproyecto de Ley de Tierras, que es parte de las leyes complementarias para garantizar el Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador.
La Comisión Ocasional de las Personas con Discapacidad, presidida por la asambleísta María Cristina Kronfle, recibió a los representantes de las personas con discapacidad de las provincias de El Oro y del Guayas, quienes presentaron sus observaciones a los dos proyectos de ley que estudia este organismo legislativo.En su intervención la titular de la Comisión, María Cristina Kronfle, anunció que para el próximo 26 de septiembre se desarrollará un foro en Machala, provincia de El Oro, para socializar los avances del proyecto y abrir un diálogo directo con los involucrados.
Con la finalidad de dar a conocer la difícil situación por la que atraviesan alrededor de tres mil empleados de las salas de juego en su estabilidad económica y laboral, un grupo de trabajadores acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Scheznarda Fernández. Sixto Ruales, a nombre de los trabajadores, solicitó que se les conceda seis meses para el proceso de liquidación y poder incorporarse a otra actividad profesional.
Los asambleístas César Montúfar, Fausto Cobo y Jimmy Pinoargote solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, realice una observación “in loco” a la situación de la libertad de expresión y los derechos Humanos en el Ecuador.
César Montúfar expresó que esta observación será de enorme utilidad para que la comisión formule recomendaciones inmediatas al Estado ecuatoriano, “frente a las violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular los de libertad de expresión”.
En la petición, sostienen que “el Ecuador está atravesando una situación de extrema gravedad en materia de respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión y a las garantías del debido proceso. Debido a múltiples factores la actual administración presidencial ha mostrado una actitud recalcitrante intolerancia hacia quienes expresen opiniones que no concuerden con las ideas prevalecientes del régimen y ha adoptado diversas acciones que han vulneración de manera sistemática la situación de los derechos humanos en el país”.“Debemos informar, entre una serie de hechos muy preocupantes que chocan con el respeto irrestricto al derecho a la libertad de expresión, la presentación de demandas judiciales en contra de periodistas por sus investigaciones u opiniones críticas al régimen; el intento de aprobar una Ley de Comunicación que viola de manera clara la libertad de expresión y contradice a estándares internacionales en la materia; los repetidos ataques verbales y persecución judicial hacia personas que piensan diferente o hacia los medios de comunicación independientes, entre otros”, subrayaron.
También mencionaron el juicio planteado en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del Libro “El Gran Hermano” y la denuncia en contra de siete radioemisoras por transmitir un espacio de opinión en defensa de la libertad de expresión.
Por las razones expuestas, solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga al Ecuador a realizar la investigación pertinente.
PV
En el marco del proceso de socialización del proyecto urgente, la Comisión de Régimen Económico recibió hoy aportes, comentarios y observaciones de parte de la Fundación Ecuatoriana de Propietarios de Farmacias, de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), de la Asociación de Propiedad Intelectual y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Monopolio
Carlos Reyes indicó que, hace 15 años, aparecieron los grandes monopolios en el sector farmacéutico, con la presencia de grandes cadenas de farmacias, que surgen de la unión entre el laboratorio, la distribuidora y la farmacia, que han impuesto sus reglas de juego y precios de los medicamentos, en detrimento de las farmacias pequeñas, que se preocupan por la salud de la gente y no el simple lucro y la ganancia.
Comentó que tres mil farmacias independientes, que promueven el sustento para 25 mil familias, están instaladas a nivel nacional en sitios populares, mientras las grandes cadenas se ubican en lugares comerciales estratégicos.
Reyes destacó la necesidad urgente de que se implementen una normativa clara, en pro de un negocio justo, con oportunidades para todos y en igualdad de condiciones.
Cuestionamientos
Ricardo Cuesta, titular de la ABPE, dijo que la entidad apoya el hecho de que Ecuador cuente con una ley de competencias, pues no puede quedarse rezagada de países que si tienen legislaciones de este tipo.
Reiteró que no cuestionan el contenido de la ley en su conjunto, sino específicamente la inclusión de las disposiciones generales que hacen alusión a las instituciones financieras y a la obligación de desinversión de la banca en las casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros.
Esas disposiciones van más allá de los resultados de la consulta del 7 de mayo, en donde nada se dijo acerca de la desintegración de los grupos financieros. El espíritu de la pregunta se enfocó a las actividades no financieras, por tanto, dichas normas pueden afectar la liquidez, solidez y solvencia del sistema bancario, a más de generar problemas a la banca y sus accionistas, manifestó.
Cuesta expresó que la incorporación en el proyecto de normas que reforman la Ley de Instituciones del Sistema Financiero da lugar a una inconstitucionalidad, al tiempo de considerar que esos aspectos deberían ser parte de otro nuevo cuerpo legal.
Mayores preocupaciones
Henry Kronfle y Blasco Peñaherrera, presidentes de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), respectivamente, coincidieron en señalar que el proyecto, antes que frenar la competencia desleal, otorga a la Superintendencia de Control del Mercado, específicamente al Presidente de la República, la facultad de intervenir en el mercado, es decir, en la economía del país.
Intervenir en la economía significa fijar precios; en esas condiciones el productor al darse cuenta de que no puede mantener su negocio con precios que están por debajo de sus costos decide no producir, lo que genera escasez, mercado negro y desabastecimiento de mercados, puntualizaron, al recordar los ejemplos de la Venezuela de hoy, y Chile de hace 30 años.
En la reunión también participaron Roque Albuja, presidente de la Asociación de Propiedad Intelectual y Rodrigo Landeta, de la Senplades.
MG/eg
