El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primera instancia el proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene por objetivo garantizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, así como regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales.
Con la presencia de 97 asambleístas, el Pleno de la Asamblea en su sesión 62 retomó el primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que busca articular el manejo de las finanzas públicas a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por unanimidad de los presentes (110) el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, mismo que se constituye en un instrumento jurídico idóneo, constitucionalmente viable, que favorece a los intereses de los ciudadanos de ambos países, ya que facilita el proceso de regulación de los trabajadores migrantes de ambos países.
Diversos sectores políticos representados en la Asamblea Nacional mostraron su preocupación por lo sucedido el pasado 30 de septiembre y coincidieron en la necesidad de defender y profundizar la consolidación de la institucionalidad democrática, a fin de que no se repitan esta naturaleza.
Con un minuto de silencio en memoria de los militares, policías y un civil, caídos en el operativo de rescate al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, retenido en el Hospital de la Policía, el pasado 30 de septiembre, se inició la sesión 63 del Pleno de la Asamblea.
Los asambleístas María Alejandra Vicuña, Mariángel Muñoz y Mao Moreno, junto a un grupo representativo de ciudadanos jóvenes estudiantes, tras rechazar los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, ratificaron la decisión de defender la democracia.
La vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y representante de de los migrantes por Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre, promueve, con la participación de delegaciones de asociaciones de migrantes de diferentes países y académicos de universidades de España y Europa, el IV Foro Social Mundial de las Migraciones, que se llevará a cabo en Quito del 8 al 12 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidad Católica, Flacso y Universidad Andina.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, inició el análisis de 15 proyectos de reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal orientados a establecer mayores sanciones contra los delitos de sicariato, usura, tráfico de influencias, así como normar la participación de menores de edad en la delincuencia, entre otros aspectos.
Las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), son de iniciativa de los legisladores Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño; Susana González, Leonardo Viteri, Mercedes Villacrés, Henry Cuji, Paco Fierro, Vicente Tainao, Guillermina Cruz, Mauro Andino, Cynthia Viteri, además del Presidente de la República y de la Fiscalía General del Estado.
Sicariato
Henry Cuji plantea que se reprima con reclusión mayor especial de 20 a 25 años el homicidio que se cometa por precio, promesa remunerativa, recompensa, dádiva, orden o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igual sanción recibirá el autor intelectual del hecho o contratante, el cómplice y el encubridor.
En el mismo ámbito, Guillermina Cruz es partidaria de reclusión mayor especial de 25 a 35 años. Además, sugiere que los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas que incurran en el delito de sicariato sean procesados y sancionados por la justicia ordinaria y con el Código Penal vigente.
Usura
Será reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios. También recibirá estas penas el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un crédito usurario, según el proyecto de Paco Fierro.
Tráfico de influencias
Mercedes Villacrés plantea que toda persona que mediante el ofrecimiento de dádivas o promesas y valiéndose de las relaciones que tenga con autoridades o servidores públicos, influyera para obtener una resolución que pueda generarle beneficio económico para sí o para un tercero, sea reprimido con prisión de seis meses a tres años y una multa equivalente a 10 salarios unificados.
Delincuencia juvenil
Dentro de la inimputabilidad penal de los adolescentes menores de 18 años, lo que está siendo aprovechado por nuevas forma delincuenciales que llevan a la impunidad de los mismos, en perjuicio de los derechos humanos de la ciudadanía, el parlamentario Vicente Taiano propone que las personas que no hayan cumplido los 16 años de edad, estén sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas para este jueves 7 de octubre, para trabajar en doble jornada: a las 9H30 y 19H00, a fin de abordar temas relacionados con el informe presentado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, correspondiente al pedido del Presidente de la República de aprobar el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano; así como la continuación del primer debate del proyecto de Ley de Código de Planificación y Finanzas Públicas. También se hará un análisis de los hechos acontecidos el 30 de septiembre pasado
En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el legislador Leandro Cadena, responsabilizó al gobernador del Carchi, Efrén Benavides, de haber contratado a un grupo de sicarios para acabar con su vida, el pasado 20 de septiembre.
Recordó que el lunes 20, a las 20h00, en la ciudad de Tulcán, fue interceptado por un vehículo del que se bajaron dos de los tres ocupantes, según dijo sicarios, quienes lo amenazaron con matarlo si no dejaba de interferir en las labores del funcionario provincial, lo que ha generado un grave trauma sicológico para su familia y la indignación de la población carchense.
Aseveró que este tipo de acciones no lo van a callar para continuar su labor de fiscalización, denunciando que el Gobernador, aliado con ciertos políticos en decadencia, ha impuesto un régimen de temor, intimidación, persecución y, lo que es más, la corrupción se ha convertido en una norma de conducta, con un poder maligno y malévolo.
De su lado, Augusto Tandazo, en representación de Efrén Benavides, comentó que la Constitución garantiza la presunción de inocencia y que el caso debe ser ventilado en la Fiscalía General del Estado, a donde el propio legislador ha acudido.
Las acusación directa contra el Gobernador sobre la responsabilidad en la supuesta amenaza de muerte es grave, sobre la base de poca información, por tanto, ésta se debe demostrar con total veracidad, de lo contrario se puede interponer una demanda por daños y perjuicios, advirtió, tras indicar que Efrén Benavides, con fecha 23 de septiembre, solicitó tanto al Comandante Provincial de Policía, cuanto al Jefe de la Policía Judicial del Carchi, procedan a la inmediata investigación del asunto.
Comparecencia del Ministro del Interior
De su parte, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Morales, anunció que el organismo insistirá en la comparecencia del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para que asuma medidas frente a este tema.
Estaremos, también, vigilantes para que el proceso en la Fiscalía se lleve de manera transparente, así como en defensa de la acción y la vida de Leandro Cadena, agregó.
MG/eg
