Con la finalidad de establecer las competencias de los gobiernos autónomos en materia de tránsito, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, pidió una reunión intermesas con la Comisión de Gobiernos Autónomos que busca definir el rol que tendrán los municipios en esta temática.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, definió la agenda de audiencias dentro del proceso de sustanciación del juicio político al ex ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, planteado por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático Ramiro Terán y Jorge Escala, con 43 firmas de respaldo. Se incluyen 38 testimonios de personas vinculadas con la actividad educativa.
Continuado con el cronograma de actividades de socialización de las reformas a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, la Comisión de Biodiversidad recibió en comisión general a los representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria quienes plantearon que en las modificaciones se garantice la entrega de recursos para su gestión administrativa.
Con 73 votos, tres negativos y 26 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó de manera categórica las declaraciones de los candidatos presidenciales de Colombia, Juan Manuel Santos y Noemí Sanín, por considerarlas atentatorias a la estabilidad, la paz e integración de la región.
Por unanimidad (109 presentes), la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, decrete en estado de emergencia al cantón Celica, provincia de Loja, con el propósito de resguardar la seguridad de la población que se encuentra en situación de alto riesgo, por lo que es necesaria la intervención ordenada de organismos del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos, así como destinar recursos preferentes.
En la sesión 38, con el respaldo de 102 asambleístas, la Asamblea rechazó la Ley SB1070, emitida en el Estado de Arizona, Estados Unidos de América, por la cual se criminaliza al migrante indocumentado, a la vez exigió el respeto y vigencia de los derechos humanos.
Con la finalidad de materializar el principio de unidad jurisdiccional establecido en la Constitución, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó con 58 votos afirmativos, siete blancos y 39 abstenciones, a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Penal que tiene por objetivo determinar que los delitos comunes cometidos por los servidores/as del servicio militar y policial sean juzgados por jueces penales ordinarios. El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación.
Nivea Vélez, presidenta de