La presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, en diálogo con los medios de comunicación enfatizó que los derechos de los pueblos en aislamiento constan y forman parte de la Constitución de Montecristi y en varias normativas internacionales y “eso para nosotros es de fiel cumplimiento y lo hemos asumido no solo como Asamblea Nacional sino que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
En el taller de trabajo del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad participó Ana María Larrea, Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza, de SENPLADES, quien resaltó que el Gobierno cuenta con un sistema de planificación para ir cerrando la brecha de pobreza en el país.
Sostuvo que el Ecuador ha dado pasos significativos en la línea de mejorar la calidad de los servicios sociales desde la perspectiva de la garantía de derechos, al recordar que Senplades realizó una gestión muy fuerte, inédita en América Latina, que se llamó los costos del buen vivir, que permitió saber, a cabalidad, la situación y condición de cada una de las escuelas, de los hospitales, centros de salud, de las entidades públicas, en general, y la infraestructura existente en territorio, etc.
Como resultado de ese estudio, hoy tenemos claro que se requieren 47 mil millones de dólares para alcanzar el buen vivir, para garantizar los derechos desde la perspectiva de infraestructura pública; se ha puesto en marcha un plan de intervención que llega hasta el 2021, en función de desarrollar la necesaria infraestructura año por año, agregó.
Por primera vez, en la historia, ya sabemos cuánto vamos a invertir en servicios básicos y sociales de calidad anualmente y esa inversión cuánto nos aportará para construir la igualdad y cerrar las brechas sociales. Ello implica todo un proceso de fortalecimiento de capacidades de los operadores de servicios, junto a un empoderamiento desde las bases con inclusión social, dijo, al sostener que la estrategia es la generación de empleo, de producción y de incorporar a la población en la esfera productiva.
Aseveró que la participación ciudadana es clave para concretar este gran objetivo, lo que dará paso a la consolidación del poder popular.
Esfuerzos comunes
Entre tanto, la asambleísta Ximena Ponce, coordinadora del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, destacó que se pretende conjuntar ideas comunes con esfuerzos comunes que permitan resolver la problemática de la pobreza, con la articulación de los diversos niveles de gobiernos.
Tenemos que avanzar en el camino hacia el empleo digno, de la mayor cobertura de la protección social y el fortalecimiento de capacidades, manifestó, al recordar que el grupo, compuesto por 36 legisladores, desarrolla su acción en tres ejes: erradicación de la pobreza, la desigualdad y la economía popular y solidaria.
MG/pv
Con el propósito de erradicar todo tipo de violencia entre los alumnos de los centros educativos, esta víspera, se realizó el lanzamiento de la campaña en contra del maltrato y acoso escolar (Bullying), en la provincia de Tungurahua.
El acto fue organizado por el asambleísta Alexis Sánchez Miño, vicepresidente de la Comisión de Educación, quien indicó que las reinas cantonales tendrán un papel preponderante, pues deberán difundir esta trascendental iniciativa en cada una de las instituciones educativas de la jurisdicción a la que representan.
Para tal efecto, las soberanas firmaron un acta de compromiso, que oficializa el acuerdo de trabajar por esta causa en cada uno de sus cantones, dijo el legislador, tras puntualizar que al evento también acudieron autoridades de la ciudad de Ambato, miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, así como Silvana Di Mela, actual reina de Quito.
Igualmente, estudiantes, docentes y padres de familia, estuvieron presentes, quienes reconocieron la importancia de este proyecto que, de seguro, beneficiará a la comunidad educativa tungurahuense, precisó.
Socialización
Por último, subrayó que la Comisión de Educación, con la activa participación de múltiples actores sociales y representantes de los ministerios Coordinador de Talento Humano, de Educación, de Cultura, además de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología SENESCYT, intensificó, en Ambato, el proceso de socialización de los proyectos de creación de las cuatro universidades calificadas como emblemáticas: YACHAY, UNAE, UNIARTES, e IKIAM.
MG/pv
En la sesión # 11 de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en la que se realizó una rendición de cuentas, la Subcomisión para tratar temas relacionados con el Banco Nacional de Fomento (BNF), informó que tiene listo el primer borrador del proyecto de Ley Orgánica para la creación del Banco de Desarrollo Rural (BDR).
En la provincia de Manabí, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa cumplió una importante agenda de trabajo, con el objetivo de acercarse a la ciudadanía desde el territorio y conocer a profundidad sus necesidades.
En primera instancia, se reunió con funcionarios de la CFN Manta. Posteriormente, en la Casa Legislativa de Portoviejo recibió al gerente General de la Corporación Financiera Nacional, Jorge Wated, quien presentó una información respecto al manejo de esa institución y el desarrollo de productos financieros y no financieros alineados al cambio de la matriz productiva.
El asambleísta Juan Carlos Cassinelli, presidente de la comisión, encargó la conducción de la sesión a la vicepresidenta Lídice Larrea, considerando que como manabita, constantemente es embajadora de las bondades de su provincia, de la belleza de sus paisajes y la calidez de su gente.
La asambleísta Larrea destacó que la población manabita ha vivido una transformación en todo sentido, desde el mejoramiento vial, el impulso a la producción, turismo y la pesca. “Manabí es la provincia del milenio, que se ha convertido en eje trascendental en el cambio de la matriz productiva”, agregó.
La sesión contó con la presencia de la ingeniera Susana Dueñas, gobernadora de Manabí; Beatriz Ordóñez, viceprefecta, entre otras autoridades.
Jorge Wated resaltó que la CFN ha logrado estabilidad y dinamismo económico, al explicar el proceso de desconcentración geográfica que se ha puesto en marcha, dividiendo al país en varias zonas, lo que permite una mejor colocación de créditos abarcando todos los sectores productivos del Ecuador.
Comentó que en el período 2000 - 2006 se otorgaron créditos por 413 millones, mientras que en la administración actual -2007 al 2013- se han entregado $3.522 millones, por tanto, la gestión ha crecido en 8.5 veces y que igual situación se ha registrado en la evolución del patrimonio de la institución, pues en el 2006 contaba con $234 millones y actualmente posee $1.117 millones.
A más de entregar créditos, la gestión ha estado enfocada en la recuperación de cartera, reduciendo la morosidad del 11,69% al 5,53%. También el crédito forestal, destinado a fomentar viveros, plantaciones forestales, industrializar y comercializar la madera, así como los créditos para el desarrollo del turismo a nivel nacional y sobre todo de la provincia de Manabí, subrayó.
Insistió que la CFN se ha convertido en banca pública que brinda total apoyo al desarrollo de las industrias estratégicas, es así que en el mes de agosto, del total de créditos colocados el 46% correspondió a la manufactura, el 17% al sector agropecuario y el 6% a pesca El funcionario planteó la necesidad de elaborar un proyecto de ley para fortalecer a la banca pública, ante lo cual el asambleísta Juan Carlos Cassinelli comprometió el apoyo de la comisión para hacer realidad este propósito, pues estos temas son acordes al desarrollo del país y al cambio de su matriz productiva.
MG/pv
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó a las y los asambleístas a la sesión 253 del Pleno, para mañana, viernes 20 de septiembre, a las 09:30, con el propósito de tramitar en primer debate la solicitud del Presidente de la República para la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43.
El bloque de legisladores del Movimiento CREO, a través de Andrés Páez y Patricio Donoso, anunció que se sumará a las acciones de defensa del Parque Nacional Yasuní, considerando que se trata de uno de los principales pulmones del planeta tierra.
Páez Benálcazar, representante de la provincia de Pichincha, presentó documentos relativos al Plan de Manejo Ambiental del Parque Yasuní; Experiencias y Aprendizajes a Orillas del Río: una Sistematización del Programa Yasuní en el Ecuador y otros, diseñados y remitidos por los ministerios de Justicia y de Ambiente, que incluso se expusieron ante la comunidad mundial, en los cuales se hace hincapié en la fragilidad, la riqueza tanto de especies animales cuanto de plantas, por lo que es fundamental dedicar los mayores esfuerzos para su protección y conservación.
Lo que es más, continuó, “en los documentos e informes del Ministerio de Justicia se pone de manifiesto la presencia de huellas de pies de personas que han circulado por esas zonas, es decir, de personas de pueblos no contactados. Se habla que dentro del territorio y áreas de influencia del Parque Yasuní habitan las nacionalidades indígenas Waorani, Kichwa, Shuar y grupos indígenas aislados: Tagaeri y Taromenane. Sin embargo, hoy el régimen ha procedido a cambiar los mapas originales para darle viabilidad a la explotación del crudo”, advirtió.
Dilema sin sentido
“El dilema de petróleo o pobreza es falso, más aún cuando no se ha podido extirpar la pobreza y salir del subdesarrollo con 70 mil millones de dólares producto de la extracción petrolera y 170 mil millones de dólares que ha manejado el gobierno en los siete años de ejercicio”, señaló Patricio Donoso, asambleísta nacional.
Subrayó que no podemos lanzar millones de CO2 al espacio para dañar el planeta, conforme lo dijo el presidente de la República, Rafael Correa, durante el lanzamiento de la Iniciativa Yasuní. Hay que despetrolarizar la economía y activar otras acciones productivas como la agroindustria, agroproducción, la agroexportación y el turismo, agregó.
Recordó el contenido del artículo 57 de la Constitución, que dispone que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva.
MG/pv