El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, viajó a Ginebra, Suiza, con el fin de participar en la reunión del Consejo Directivo de la Unión Parlamentaria Mundial, en la que se analizarán temas relacionados con la migración y desarrollo social, así como la gestión de los recursos naturales y el cambio demográfico.
En la reunión de trabajo mantenida hoy entre la Comisión Ocasional de Educación y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se decidió, entre otras cosas, realizar seis talleres regionales y uno nacional, a fin de validar las consultas efectuadas a las comunidades y pueblos indígenas sobre el proyecto de Ley de Educación Intercultural.
Además, se conformó un equipo técnico especializado, con delegados del organismo legislativo, Coniae, de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y de Pachakutik, que tendrá la responsabilidad de establecer las fechas y agenda de los correspondiente foros.
César Rodríguez, presidente de la Comisión Ocasional, anunció que los primeros días de octubre se iniciaría la validación y se cerraría el proceso hasta la tercera semana del mismo mes, por lo que exhortó a los sectores indígenas agilizar el tema.
Nuestro mayor objetivo es que la ley sea el resultado del más amplio debate y consenso, desde una visión que fortalezca los saberes ancestrales, la identidad, la historia y la interculturalidad, por tanto aspiramos que este transcendental cuerpo jurídico entre en vigencia y a regir plenamente el 2011; en el encuentro nacional se podría consolidar los entendimientos y alternativas a los nudos críticos, enfatizó.
Entre tanto, Marlon Santi, presidente de la Conaie y los legisladores Gerónimo Yantalema y Diana Atamaint coincidieron en solicitar que los acuerdos cuenten, oportunamente, con el aval del Presidente de la República, para evitar posibles vetos que modifiquen sustancialmente el documento original.
Propusieron que los foros se lleven a cabo en las regiones Costa, Sierra y la Amazonía, así como que las organizaciones indígenas legalmente reconocidas, a través de sus representantes, lleven la voz de sus mandantes en la validación de la consulta.
El lunes 27 de septiembre se efectuará una nueva reunión para definir el respectivo cronograma.
MG/pv
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, recibirá mañana, a las 18:00, a la ministra del Deporte, Sandra Vela Dávila, quien explicará la real situación de cada una de las obras de infraestructura deportiva contratadas con motivo de los XI Juegos Deportivos Nacionales Macas 2008.
La presencia de la Secretaria de Estado obedece al pedido de la asambleísta Diana Atamaint, quien señala que los compromisos adquiridos por la Ministra del Deporte han sido soslayados, al punto que la mayoría de las obras de infraestructura deportiva en la ciudad de Macas continúan inconclusas.
A criterio de la asambleísta Atamaint, es lamentable que numerosas obras contratadas con motivo de los XI Juegos Deportivos Nacionales se hallan en franco deterioro, sin prestar ningún servicio a la comunidad, lo cual constituye, no solo un perjuicio económico para el Estado, sino una burla a quienes en un inicio fueron considerados como los últimos beneficiarios de dichas obras.
La comparecencia se desarrollará en las instalaciones de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en el primer piso de la Sede Legislativa.
EG/pv
En diálogo con las autoridades de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el gremio de trabajadores de los consejos provinciales, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, manifestó que existe total apertura para lograr acuerdos respecto a la objeción del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público, a fin de superar aspectos polémicos.
En esta importante reunión participaron los presidentes de la AME y de la Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales, Paúl Granda y Sergio Sevilla, respectivamente, además de los asambleístas Nivea Vélez y Línder Altafuya, titular y vocal de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, en su orden.
El presidente Cordero invocó a trabajar coordinadamente en la búsqueda de consenso en beneficio del país, pues la participación activa de las diferentes bancadas podría facilitar que el Pleno se ratifique en lo atinente al ámbito de la ley.
Así mismo, se podría establecer que los bonos del Estado no sean para las personas de 65 años en adelante, que éstos tengan un valor especial y diferente a los actuales y que no pasen del 50 por ciento de la liquidación, además que se proceda a la entrega de papeles siempre y cuando exista gran demanda de solicitudes de salida de los servidores públicos. Para ello se requeriría allanarse y luego implementar una reforma legal, agregó.
No se trata de entrar, ni vamos a caer en una pugna, de ninguna manera, con el Primer Mandatario, sino trabajar de manera conjunta para perfeccionar el texto del cuerpo jurídico en función de apuntalar el desarrollo nacional, dijo, tras precisar que el propio mandatario ha reconocido ciertas falencias dentro de las atribuciones excesivas que se otorgarían al Ministro de Relaciones Laborales.
Por último, invitó a la AME, Concope, juntas parroquiales y demás colectivos sociales a participar, en las barras altas, del debate sobre la resolución del veto al proyecto de Ley de Servicio Público, que se realizará mañana.
De su parte, la asambleísta Nivea Vélez se mostró confiada que el Pleno dará respuestas concretas a las aspiraciones de los colectivos ciudadanos, especialmente con la insistencia en los artículos 3 y 130 y la disposición transitoria décima, que han generado malestar y preocupación para evitar medidas que podrían provocar caos.
Entre tanto, Paúl Granda y Sergio Sevilla resaltaron la actitud de sensibilidad y la predisposición del arquitecto Fernando Cordero y Nivea Vélez para tratar de alcanzar entendimientos que fortalezcan el accionar de los GAD a favor de los altos intereses del Ecuador.
Plantearon que se respete la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados consagrada en el artículo 238 de la Constitución, al enfatizar que la objeción no toma en cuenta también uno de los principios constitutivos del Estado ecuatoriano como es el de gobernarse de forma descentralizada, ni la definición legal de autonomía determinada en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
MG
Los asambleístas debaten el proyecto de reformas al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual se aclaran los procedimientos para la elección de Procurador General del Estado y de los Superintendentes de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones.
A criterio del presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, el proyecto de Código de Planificación de las Finanzas Públicas, prevé importantes cambios en el modelo de gestión del Estado, en aspectos como política pública, como un instrumento para la garantía de derechos y el logro de resultados, planificación como obligación del Estado; planificación de mediano y largo plazo, vinculada a la programación plurianual y el presupuesto; construcción social de la política pública; y la inversión pública como instrumento clave para el desarrollo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva resaltó que para la presente semana tienen una amplia agenda legislativa, pues tratarán los proyectos de Código de Planificación y Educación Superior este lunes; reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y el convenio de Seguridad Social suscrito con España, el martes; Servicio Público el miércoles y las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, el jueves.
Con la presencia de 97 asambleístas de diversos bloques políticos, el Pleno de la Asamblea debate en primera el Código de Planificación y Finanzas Públicas, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, mismo que tiene por objetivo organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales.
Impulsar la función social y ambiental, evitar el acaparamiento y la redistribución de la tierra, son los ejes del proyecto de Ley de Tierras que será presentado en los últimos días de octubre anunció el asambleísta Jaime Abril en el acto de rendición de cuentas ante decenas de representantes de sectores sociales en la “Quinta Bolívar”, donde hoy funciona la Casa Legislativa de la ciudad de Cuenca.
El asambleísta lamentó que respecto a este proyecto haya existido desinformación. En ningún artículo se promueve la confiscación de tierras, aquello no lo permite la Constitución, dijo.
Además descartó que se pretenda establecer una medición o valoración de hectáreas como límite de la propiedad privada.
Rendición de cuentas
El asambleísta informó que durante el año de funciones aportó en los diferentes proyectos, como por ejemplo en el Código de Organización Territorial, Educación Superior, Servicio Público, Registro de Datos, Hidrocarburos, entre otros.
Sin embargo, gran parte de su labor estuvo enfocada al tratamiento del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, tema que fue socializado ampliamente con los diversos actores relacionados con el tema.
Recordó cada una de las actividades realizadas desde el 28 de agosto de 2009, como la realización de cuatro foros regionales en Montecristi, Quito, Babahoyo y Cuenca, así como las grandes concentraciones, una de ellas en Chimborazo, en donde se profundizó el diálogo con la Conaie y sus bases indígenas, sobre el nudo crítico la Autoridad Única del Agua y otros aspectos que concentraron el debate.
En el marco de la nueva Constitución se actuó con una perspectiva humana y participativa, garantizando el derecho humano al agua, que nadie puede sentirse dueño de este recurso, que no sea una mercancía, así como la prohibición de su privatización y el derecho preferencial para las comunidades, dijo.
En el área de la fiscalización, el asambleísta Jaime Abril apoyó la investigación al Fiscal General de la Nación; la investigación de la utilización del agua en Yaruquí – Pichincha; el ingreso de sal de mesa yodada desde Colombia; la contaminación del río Cutuchi, cuyo informe recibirá la presente semana, entre otros casos.
A pesar de la fiscalización realizada “no está derrotada la corrupción” en el Ecuador, por lo que nuestro rol debe ser apoyado y comprendido por la ciudadanía, manifestó.
AM/pv
En la sesión 61 del Pleno, convocada para el miércoles 29 de septiembre, a partir de las 09h40, se conocerá y resolverá el veto del presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público.
Previamente, en el orden del día consta el análisis del informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, al pedido del Ejecutivo de aprobar el Acuerdo suscrito entre la República del Ecuador y la República del Perú para el establecimiento de la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla.
Veto a Ley de Servicio Público
En la objeción el mandatario propone incorporar en este cuerpo jurídico a las funciones Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, así como a la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional.
También, es partidario de ampliar la normativa a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; a los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos.
Las instituciones podrán establecer procesos de compra de renuncia de los servidores públicos de carrera, previo el pago de una indemnización, por una sola vez, equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio y hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco salarios básicos unificados, para cuyo efecto, se realizarán las reformas presupuestarias correspondientes acorde con la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado.
Igualmente, plantea que los contratos que se hubieren suscrito con profesionales médicos, odontólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, obstetrices y psicólogos clínicos, en los cuales se haya fijado una jornada de trabajo inferior a 8 horas, serán reformados para establecer una jornada laboral de 8 horas.
Acuerdo
La Comisión de Relaciones Internacionales, como parte de las conclusiones, consideró que el Acuerdo constituye un instrumento jurídico idóneo constitucionalmente viable, que favorecerá los intereses de los ciudadanos ecuatorianos y peruanos de la frontera; potenciará e irrigará la producción de extensas zonas desérticas.
El documento cuenta con el dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional.
MG/pv
