Dentro de los distintos proyectos de reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, que estudia la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el Ejecutivo plantea sancionar el enriquecimiento ilícito con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria y restitución del monto obtenido indebidamente; el juez dispondrá la respectiva inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad del cantón o en Registro Mercantil.
Usura, minería ilegal..
Igualmente, el mandatario propone que quien otorgue créditos con intereses superiores a los legalmente permitidos, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de 100 a 500 remuneraciones básicas unificadas; y, la restitución de todo lo pagado a la víctima de manera ilegal.
Propone que si una persona instigare a un niño, niña o adolescente para la comisión de un delito, recibirá una pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, según la gravedad del delito instigado.
Además, el Primer Mandatario es partidario que la maquinaria y equipos que sean utilizados en actividades ilegales de minería, extracción de madera y explotación de recursos naturales en general o al comercio clandestino de dichos recursos será objeto de comiso especial y sus autores o propietarios serán sancionados con multa de 500 a 1 000 remuneraciones básicas unificadas y prisión de uno a tres años.
Tráfico de influencias
De su parte, la asambleísta Mercedes Villacrés, representante de la provincia de Los Ríos, sugiere que toda persona que mediante el ofrecimiento de dádivas o promesas y valiéndose de las relaciones que tenga con autoridades o servidores públicos, influyere para obtener una resolución que pueda generarle beneficio económico para sí o para un tercero, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y una multa equivalente a 10 salarios unificados.
MG/pv
La Asamblea Nacional condenó el intento de golpe de Estado con el que se pretendió romper el orden constitucional en el Ecuador y los actos de violencia y barbarie con los que se hizo visible la conspiración en contra de la democracia acaecida el pasado 30 de septiembre de 2010, no solo por lo que representa este intento en sí mismo en la destrucción de la institucionalidad constitucional y democrática de la Nación, sino por ser una expresión más de la violencia o la muerte como herramientas políticas de sectores claramente identificados por la ciudadanía.
Luego de un intenso análisis donde los diversos bloques políticos expresaron sus puntos de vista en torno al proyecto de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el cuerpo legal, mismo que será remitido, dentro de las siguientes 48 horas, al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, para que, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo sancione u objete de forma fundamentada.
El Pleno de la Asamblea Nacional expresó el reconocimiento de admiración al Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, por su encomiable labor al liderar el proceso de rescate de los 33 mineros que se hallaban en el yacimiento “San José”.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, bajo la presidencia de Fernando Bustamante, decidió hoy recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación de la denuncia del Convenio entre los Gobiernos del Ecuador y la República China para el Fomento y Protección Recíproca de Inversiones.
En efecto, el organismo aprobó el pertinente informe, el cual contó con el voto favorable de Linda Machuca, Fernando Bustamante, Vethowen Chica, Gabriel Rivera, Maruja Jaramillo y Eduardo Zambrano. En contra se pronunciaron Fausto Cobo y Fernando Aguirre, mientras Vladimir Vargas se abstuvo.
La Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante el 29 de julio de 2010, por medio del cual determinó que el artículo 9, numeral 3 de dicho Convenio, contradice lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución, en cuanto a la prohibición de celebrar tratados o instrumentos internacionales en que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Bajo tales antecedentes, la Corte determinó que, al encontrarse este instrumento en contradicción con el texto constitucional, es procedente continuar el trámite correspondiente para su denuncia.
Socialización, observaciones y aportes
Previo a la aprobación del informe, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Jorge Acosta, subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; Pablo Piedra, funcionario de la Cancillería; Cai Runguo, embajador de la República China; Michael David Caza, representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – China, quienes presentaron sus pareceres y aportes sobre el tema.
MG/pv
Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la ministra del Deporte, Sandra Vela Dávila, aseguró que la población de Morona Santiago hasta julio de 2011 podrá verificar la terminación integral de las obras, que estuvieron fijadas para los Juegos Deportivos – Macas 2008.
La comparecencia de la Secretaria de Estado fue solicitada por la asambleísta Diana Atamaint, del Movimiento Pachakutik, quien dijo que existe marcada preocupación de la comunidad de Morona por el reiterado incumplimiento de las obras de infraestructura comprometidas por el gobierno.
Recordó que en junio del año pasado se ofreció superar todas las dificultades respecto de los contratos, tareas en ejecución, obras retrasadas e inconclusas, entre otras cosas, pero la situación en su gran mayoría continúa igual, tras puntualizar que incluso algunos escenarios atraviesan serios problemas de deterioro, lo cual significa un grave perjuicio económico para el Estado.
La legisladora planteó la necesidad de mantener permanentes reuniones de coordinación entre el Ministerio, las autoridades de la zona, la Federación Deportiva Provincial, sobre la base de una agenda y cronograma, con el propósito de avanzar en la concreción de la respectiva infraestructura deportiva, para lo cual se debería activar el funcionamiento del comité de seguimiento.
Entre tanto, la Ministra del Deporte explicó que le tocó asumir la búsqueda de medidas alternativas de 154 contratos con graves conflictos legales a nivel nacional y que en manos de la Contraloría y la Fiscalía está el determinar responsabilidades y sanciones.
En el caso de Macas, la funcionaria argumentó que el propio presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se comprometió a dar solución a los contratos atinentes al 2008 hasta diciembre 2009, y que la terminación integral de las obras se prevé para diciembre 2011, lo que ha sido respaldado por la comunidad de Morona Santiago, especialmente la dirigencia deportiva.
MG
Representantes de los diversos movimientos campesinos e indígenas que asisten al Quinto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) que se iniciará esta tarde en Quito, condenaron el intento de golpe de Estado producido el pasado 30 de septiembre y respaldaron el sistema democrático y constitucional del Ecuador.
Bajo la Presidencia de la asambleísta Linda Machuca, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, inició el estudio del pedido de denuncia, formulado por el Ejecutivo, a los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones firmados por el Ecuador con las Repúblicas de China y Finlandia.
En el marco de los 15 proyectos de ley en materia penal, que procesa la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, propone que sean sancionados con prisión de dos a cuatro años y multa de 100 a 500 remuneraciones básicas unificadas quienes establezcan casas, mesas o centros de juegos de azar, casinos o salas de juego.
Según la reforma, en la normativa se incluirá a todos los establecimientos que se dediquen a la práctica, con fines de lucro, de juegos de azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, máquinas tragamonedas, máquinas de juegos mecánicos, electromecánicos o electrónicos cualquiera sea su denominación, en los que se admitan apuestas o que permitan al público un tiempo de uso a cambio del posible pago de un premio por la jugada.
Los juegos de azar tendrán un tiempo perentorio de 12 meses para dejar de operar, a partir de la vigencia de dicha norma.
En otro ámbito, el Ejecutivo plantea sanción con prisión de tres a cinco años y multa de 10 a 50 remuneraciones básicas unificadas para quien ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país.
Si la interrupción provoca graves destrucciones y daños en la vía o en contra de otros bienes, la pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.
También, el mandatario es partidario de que los particulares que sin el permiso respectivo, portaren armas de fuego, serán sancionados con reclusión de tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa equivalente a 10 remuneraciones básicas unificadas. Quien proporcione, venda o facilite un arma de fuego a un niño, niña o adolescente será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de 10 a 20 remuneraciones básicas.
Propuestas de la Fiscalía
La Fiscalía establece que constituye delito de sicariato, el homicidio cometido por encargo, cumpliendo órdenes o por convenio, bajo la promesa o el pago de un precio, retribución o compensación económica o de otra naturaleza, en beneficio personal o de terceros, para lo cual sugiere reclusión mayor especial de 25 a 28 años. La misma pena recibirán quienes encarguen u ordenen la ejecución del delito, sus intermediarios y ejecutores.
Serán sancionados con la mitad de la pena los que por cualquier medio promuevan, oferten, demanden o instiguen la comisión de estos delitos de sicariato, aunque éstos no se hubieren ejecutado.
MG/pv
A partir de las 14h00 del lunes 11 de octubre, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, realizará el último análisis de los artículos y debate de las observaciones, previo a la lectura y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas.
