El Código de Planificación y Finanzas Públicas debe contener lineamientos generales sobre la planificación y el desarrollo de este tema debe constar en otra ley, sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional, en el foro organizado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
“No existen leyes ni normas que sean eficientes si es que no contamos con un cuerpo profesional especializado para el control del sistema de tránsito”, dijo el director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Ricardo Antón, en su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el asambleísta Luis Morales Solís.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a través de su presidente, Fernando Bustamante Ponce, se comprometió a presentar durante la segunda semana de octubre el informe para primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes Nacionales, de iniciativa del Ejecutivo.
Bustamante formuló esta declaración al recibir a los dirigentes de la Asociación de Combatientes – Héroes del Cenepa. Reiteró que el heroísmo es patrimonio de militares y civiles, además no solo se relaciona con la guerra, pues en muchos casos un militar puede convertirse en un héroe de la paz.
El objetivo unánime de los comisionados es tratar de construir una ley que cubra con justicia y el debido reconocimiento a las personas que han desarrollado actos extraordinarios, así también a sus familiares y a las gentes que de ellos dependen, subrayó.
Mencionó que esta propuesta es de alto contenido social, por lo que tratarán de que los derechos adquiridos se preserven y consagren, a fin de evitar ciertos vacíos que no han sido atendidos debidamente.
Trabajaremos para tener gran justicia histórica ahora y en el futuro, estableciendo incentivos concretos a favor de los ciudadanos que hagan ofrenda de su esfuerzo al servicio de la comunidad, ya no como una situación excepcional sino como algo frecuente, agregó.
Los sargentos Segundo Martínez y Nelson Castillo ®, representantes del gremio, se mostraron confiados del trabajo que cumplirá la Comisión en favor de quienes entregaron sus vidas por la defensa del territorio ecuatoriano.
Indicaron que existen 250 miembros de las Fuerzas Armadas con severas discapacidades y merecen mayor atención del país, por el cual lucharon.
MG/pv
Con representantes de la ONU, Conaie, Codae, Universidad Andina Simón Bolívar, Codenpe, entre otros, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abrió un proceso de diálogo social para receptar los criterios de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas sobre la consulta prelegislativa.
De esta manera, se analizó, intercambió experiencias y presentaron aportes al respecto, las cuales podrían incorporarse en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta María Paula Romo, presidenta de la comisión, destacó la necesidad de definir, con claridad, quién hace la consulta, qué se consulta, a quiénes, en qué momento y cómo se procesan sus resultados.
Argumentó que la Comisión de Justicia considera que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de llevar adelante la consulta prelegislativa y puede pedir la ayuda, el apoyo y la participación de las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades, de los órganos electorales o de otro espacio de la institucionalidad estatal.
La Secretaría de Pueblos o las municipalidades también pueden prestar su contingente, dijo, tras precisar que dicha consulta se la tiene que hacer a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como a los pueblos afro ecuatorianos y montubios, respetando lo que dispone la Constitución.
Sin embargo, falta clarificar si ésta se hace a los dirigentes de las organizaciones, a los representantes de las federaciones, a representantes de las filiales regionales, tomando en cuenta que los convenios internacionales y la propia sentencia de la Corte Constitucional establecen que deben consultarse a los pueblos y a las comunidades que puedan tener una afectación real y concreta a través de la aplicación de una medida legislativa, puntualizó.
De su parte, José Chala Cruz, secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, sostuvo que no está en discusión el hecho que la Asamblea tiene que realizar la consulta, acatando los principios constitucionales y ésta debe hacerse antes del primer debate de un determinado cuerpo jurídico.
Entre tanto, Cecilia Velázquez, de la Confederación de Nacionales Indígenas, Conaie-Mujer, comentó que lo ideal sería consultar a toda la población; no obstante, por la prioridad y agilidad no será posible, pues para ello están reconocidas sus instancias institucionales: comunidad, comuna, los pueblos y las nacionales, Se mostró partidaria de que los grupos inmersos en el tema participen activamente en la construcción colectiva de las leyes, de manera secuencial, además que se conforme un grupo especializado que contribuya al procesamiento de los resultados, en apoyo a la comisión especializada.
A su vez, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU, compartió la idea de la OIT de prever la opinión de un órgano técnico especializado sobre la procedencia de la consulta, entonces se respaldará la decisión política de la Asamblea con una opinión técnica previa, para evitar posibles cuestionamientos en el aspecto constitucional.
MG/pv
Para el jueves, 23 de septiembre de 2010, a las 9H30, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas para debatir en primera el proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal; así como también el informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, sobre el Convenio de Seguridad Social entre España y Ecuador; y, el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural General.
Con el voto unánime de los ocho asambleístas presentes en la sesión, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, aprobó el informe sobre el pedido del Ejecutivo de ratificación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Ecuador.
En efecto, los asambleístas Linda Machuca, presidenta encargada; Consuelo Pabón, Vethowen Chica, Gabriel Rivera, Maruja Jaramillo, Eduardo Paredes, Scheznarda Fernández y Eduardo Zambrano, se pronunciaron a favor del instrumento internacional, tomando en cuenta que la Corte Constitucional emitió su dictamen previo vinculante, el 22 de julio de 2010.
Socialización
En el marco del proceso de socialización, el organismo recibió los aportes del titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González; de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), Lorena Escudero; del delegado de la SENAMI en España, Oscar Jara; del subsecretario de Asuntos Consulares de la Cancillería ecuatoriana, Leonardo Carrión; de la Fundación Jatari; del embajador de España acreditado en nuestro país, Federico Torres Muro; del grupo de jubilados “Batalla de Tarqui”, entre otros.
La Comisión, en su informe, determinó que el Convenio reconoce el derecho humano a la seguridad social y se encuentra en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, el Protocolo de San Salvador; el Convenio Europeo de Seguridad Social y Convenio Complementario.
Beneficios
Asegura a los trabajadores, así como a los miembros de su familia o derechohabientes de cada uno de los Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos. Tendrán acceso a los beneficios de la seguridad social en el territorio del otro Estado, en las mismas condiciones que recibiría en su país.
Dichos segmentos poblacionales accederán a servicios médicos, compensación en caso de accidentes de trabajo y beneficios jubilatorios; inclusive, las embarazadas y los niños serán atendidos prioritariamente.
MG/eg
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, se entrevistaron hoy con la Canciller y el presidente encargado de la Cámara de Representantes de Colombia, María Ángela Holguín y Telésforo Pedraza, respectivamente, con el propósito de exhortar la adhesión de ese país al tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, puso en conocimiento de la Asamblea Nacional su cuarta propuesta de derogatoria de 150 decretos legislativos y decretos supremos obsoletos.
En efecto, el organismo presentó ante la Secretaría General el informe para primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, que comprende 150 decretos supremos, legislativos y una Resolución Legislativa.
Las normas a derogarse, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, perdieron su eficacia, en unos casos por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, en otros, por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o, porque las hipótesis consideradas en ellas fueron recogidas en otros cuerpos legales promulgadas posteriormente, lo cual las convierte en normas jurídicas irrelevantes.
Dentro del proyecto de Ley Derogatoria No. 4, los decretos supremos se refieren principalmente a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, así como de la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores y tribunales de cuentas.
Entre tanto, los decretos legislativos tratan sobre la construcción de varios tramos del ferrocarril en distintas provincias del Ecuador; indultos y amnistías a desertores del Ejército y guardias nacionales, además a participantes en revueltas; abolición de cobros exigidos a los indígenas; el establecimiento de una aduana en Santa Rosa; la suspensión de la vigencia del arancel de aduanas, entre otras.
MG/pv
“Nuestro país posee recursos naturales no renovables que se deben aprovechar de manera sustentable y responsable, generando con estos ingresos políticas que promuevan una mayor equidad social y un desarrollo económico responsable”, dijo la asambleísta Zobeida Gudiño, respecto al conflicto presentado en la provincia de Zamora Chinchipe con los mineros informales.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado tendrá a su cargo el análisis de los siete proyectos de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Bajo estos parámetros, la presidenta del organismo, María Paula Romo, a través del correo electrónico, puso en conocimiento de los asambleístas y la ciudadanía una matriz de sistematización de las propuestas, con el propósito de que presenten aportes para enriquecer el debate de esta temática.
Las enmiendas tienen relación con las infracciones gravísimas, vacancia judicial, funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, oficinas territoriales, competencias y obligaciones de la Defensoría Pública de la Víctimas de la Delincuencia, ingreso al servicio notarial, entre otras. Los legisladores Andrés Páez, Fernando Cáceres, Paco Fierro, Cynthia Viteri, así como el fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz, remitieron proyectos en materia de administración de la justicia.
Vacancia judicial y sanciones
De acuerdo con las reformas, para los servidores judiciales de la Corte Nacional de Justicia, Juzgados de Inquilinato y Juzgados de Trabajo, las vacaciones se establecen en dos períodos de 15 días cada uno: del 1 al 15 de agosto, para el régimen de sierra y amazonía; del 17 al 31 de marzo, para la región litoral e insular; y, del 22 de diciembre al 6 de enero subsiguientes en todo el país.
Se incorpora la norma en el sentido de que será también causal de destitución de jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios o quien les subroguen legalmente y peritos de la Función Judicial y otros operadores de justicia, cuando éstos de manera injustificada no concurran en el día y hora a las diligencias judiciales, excepto por causas de caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán ser justificadas en las 24 horas subsiguientes.
Defensoría Pública
El Defensor Público General de las Víctimas de la Delincuencia será la máxima autoridad de esta entidad y deberá reunir los siguientes requisitos: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política, ostentar el título de doctor en jurisprudencia; y, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
Deberá ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana, mediante concurso público de oposición y méritos. La persona designada se posesionará ante la Asamblea Nacional; durará cuatro años en el cargo, sin posibilidad de reelección.
Servicio Notarial
El ingreso al servicio notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social. El Consejo de la Judicatura determinará el número de notarías que funcionarán en las cabeceras cantonales, de acuerdo a sus necesidades.
La Contraloría realizará auditorías financieras y de gestión en las notarías, para establecer el trabajo ejecutado, el correcto pago de los tributos y la transparencia en relación a la transferencia de los recursos producto de las tasas, a la Cuenta Única del Tesorero Nacional.
MG/eg
