La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió, este lunes, en comisión general a los alcaldes de la Región Seis, con el fin de recoger sus criterios para el informe para segundo debate sobre la Ley 047, que asigna los recursos generados por la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó a Secretaría General los informes para segundo debate de los proyectos de Ley para la Depuración de la Normativa Legal 6 y 7, con lo cual se eliminarían un total de 300 cuerpos legales obsoletos, que no tienen aplicación práctica en la actualidad.
La Asamblea Nacional, entre enero y el 18 de febrero de 2011, aprobó en segunda instancia seis cuerpos legales; tramitó en primer debate cinco proyectos de ley; emitió catorce resoluciones sobre aspectos de trascendencia nacional, regional y provincial; posesionó a los superintendentes de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones, así como al Procurador General del Estado; resolvió tres vetos parciales; aprobó el Estatuto Migratorio entre las Repúblicas del Ecuador y Venezuela; y, debatió temas relativos a la lucha contra el cáncer y la consulta popular planteada por el Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, anunció que luego del receso legislativo, convocará a los integrantes del organismo con el propósito de analizar la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El Pleno de la Asamblea, con 71 votos, se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que tiene por objetivo regular el procedimiento para reconocer como tales a los ciudadanos/as que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, aseveró que el texto final del anexo 1 de la enmienda, calificado por la Corte Constitucional, mantiene la figura de la prisión preventiva, derecho previsto en la Constitución de la República y en el Código de Procedimiento Penal.
El titular de la Asamblea formuló esta declaración ante la publicación, en dos medios impresos, del texto de la enmienda al numeral 9 del artículo 77 de la Constitución, puesto allí se entiende que la prisión preventiva se convierte en prisión indefinida, lo cual no responde a la verdad.
Texto publicado por El Universo y La Hora | Texto enviado por la Corte Constitucional al Presidente |
“La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán y deberán ser sancionados de conformidad con la ley”. | “La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán y deberán ser sancionados de conformidad con la ley”. |
Fernando Cordero expresó que el texto remitido por la Corte Constitucional a la Presidencia de la República constituye una solución efectiva para evitar futuros cuestionamientos por inconstitucionalidad.
PV
Pablo Sciarra, funcionario de la Cámara de Diputados de Uruguay y representante de la Fundación Manuel Giménez, destacó que la participación de todos los sectores políticos es fundamental en el funcionamiento de la Escuela de Gobierno – Parlamento para el buen Gobierno de su país, que se inició en el año 2006.