El Pleno de la Asamblea aprobó, con 121 votos afirmativos, la resolución que tiene por objeto reconocer que la movilidad humana constituye un proceso que contribuye al desarrollo económico, social y cultural en los países de origen y destino migratorio, que ha permitido impulsar la innovación, el conocimiento, la interculturalidad, el mercado laboral, el consumo y desarrollo local y comunitario, la generación de ingresos fiscales, el mejoramiento de la capacidad productiva, el crecimiento del PIB y la competitividad internacional.
Los legisladores Jhajaira Urresta y Ramiro Narváez, en representación de la Asamblea Nacional, recibieron la iniciativa legislativa, “SART”, Sistema de Alerta Temprana y Respuesta Rápida, con miras a un tratamiento como proyecto de Ley. Su objetivo es prevenir la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza.
Este jueves, 15 de diciembre, la Comisión de Fiscalización y Control Político conoció el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Ximena Garzón, exministra de Salud Pública, propuesto por Ricardo Vanegas y Nathalie Viteri, que recomendaba su archivo. Sin embargo, no hubo los votos para la respectiva aprobación, razón por la que Fernando Villavicencio, dispuso que Secretaría requiera las posiciones de los legisladores para remitirlas, junto con las actas de votación, a la Presidencia de la Asamblea.
La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió observaciones al proyecto de Ley para Consolidar la Industria del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines, encaminada a la exportación, y al proyecto de reformas a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano y Otras Musáceas Afines, Destinadas a la Exportación, que se tramitan en este organismo.
El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, respondió ante la Comisión del Derecho al Trabajo que no se ha registrado la prohibición de ejercer cargo público por dos años a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, en razón de que hay una decisión de la Función Judicial respecto a la censura y destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La Comisión de Régimen Económico escuchó a Richard Salazar, de la Asociación de Comercialización de Banano; José Hidalgo, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano; y, a José Antonio Campozano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, quienes coincidieron en la necesidad de abrir mercados a través de los tratados de libre comercio, en la medida que les permite crecer en sus exportaciones. Un acuerdo bien negociado permite ampliar fuentes de empleo, agregaron.
Ante la Comisión de Educación compareció la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), a fin de que explique las razones por las que la institución no ha dado respuesta favorable a los requerimientos formulados por Fernando Albericio Palomera, respecto del registro de su título de PhD.
La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Acción Voluntaria, que tiene el objetivo de definir, formalizar, reconocer, promover, visibilizar y garantizar la participación organizada y solidaria de la ciudadanía en las actuaciones del voluntariado, en el seno de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro nacionales y extranjeras, debidamente registradas.
La Comisión de Biodiversidad avocó conocimiento y aprobó el cronograma de tratamiento del proyecto de reformas al Código del Ambiente, presentado por la asambleísta Rosa Mayorga, que tiene como objeto proponer opciones de negociación de los bonos de carbono y generar ingresos económicos para la población ecuatoriana, a fin de que sea una alternativa de protección de la naturaleza, a través de la regulación de las actividades de conservación, manejo, restauración y comercialización para la generación de servicios ambientales.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, con el voto unánime de los siete asambleístas presentes, integró una subcomisión que se encargará de estudiar los justificativos técnicos y los efectos del decreto por el cual el presidente de la República, Guillermo Lasso, eliminó el subsidio al combustible para las fincas camaroneras superiores a las 30 hectáreas.
