La Asamblea Nacional, a través de las comisiones legislativas, preparará durante la próxima semana los informes para primer y segundo debates de los proyectos de Ley de Inteligencia, Gestión de Riesgos, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Servicios Financieros Tecnológicos, reformas a la Ley de Soberanía Alimentaria, a la Ley Educación Superior y al COOTAD, entre otros. También avanzará en procesos de fiscalización como las denuncias sobre injerencia en la administración de justicia y tráfico de influencias, contaminación ambiental e irregularidades en contratación pública.
El titular de la Función Legislativa, Virgilio Saquicela Espinoza, insistió en que el único camino para fortalecer la democracia y la institucionalidad es el diálogo. Desde la Presidencia de la Asamblea Nacional convoco a los ciudadanos, actores sociales y políticos; y, a las demás funciones del Estado al diálogo, para alcanzar un Ecuador de progreso, bienestar, seguridad y oportunidades, en función del país que anhelamos, afirmó.
En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, este viernes 17 de junio, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, anunció que agotará todas las instancias que franquea la ley para revertir el laudo arbitral que condena al Ecuador al pago de 11 millones de dólares a la compañía Gente Oil, por indemnización por daños causados a dicha compañía. No existe posibilidad de apelación, solo la acción de nulidad, subrayó.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, luego de un amplio análisis y debate, resolvió reconocer el derecho constitucional a la resistencia que tiene todo ciudadano ecuatoriano y reprochar con total firmeza la criminalización de la protesta social en todas sus formas.
La Comisión de Régimen Económico y Tributario resolvió sugerir el Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de Ley de Equidad Tributaria, en razón de que no cuenta con un sustento legal y jurídico, pues la Constitución de la República dispone que solo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos y que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.
La Comisión de Garantías Constitucionales se trasladó a la ciudad de Guayaquil, con el fin de dialogar y receptar observaciones de diversos sectores de comunas, pueblos afroecuatoriano, kichwa de la costa ecuatoriana Mopkice, Mantas, Hualcavilca, del Golfo de Puna, quienes destacaron la importancia de construir un código que tome en cuenta la visión, cosmovisión, costumbres, tradiciones y cultura, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad del país.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos, rechazó las pretensiones intervencionistas contenidas en la Ley DAV 222083 aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América.
La Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos, exhortó a la Función Judicial a que esté vigilante de las actuaciones de detención arbitraria de personas y en los casos que se determine que existen violaciones a los derechos y principios determinados en la Constitución y la ley proceda de acuerdo con la normativa vigente, considerando que el derecho a la resistencia está garantizado en el artículo 98 de la Constitución de la República.
El titular de la Función Legislativa, Virgilio Saquicela Espinoza, insistió en que el único camino para fortalecer la democracia y la institucionalidad es el diálogo. Desde la Presidencia de la Asamblea Nacional convoco a los ciudadanos, actores sociales y políticos; y, a las demás funciones del Estado al dialogo, para alcanzar un Ecuador de progreso, bienestar, seguridad y oportunidades, en función del país que anhelamos, afirmó.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 109 votos afirmativos y 18 abstenciones, el proyecto de reformas a Diversas Leyes para la Garantía de los Derechos Derivados del Apoyo Humanitario durante la Pandemia de Covid 19, que está orientada a garantizar los derechos de quienes trabajaron de manera presencial desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el 19 de julio de 2021, especialmente de aquellos con funciones sanitarias o administrativas, incluidos los médicos devengantes con beca y personal rural.
