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Quito, 20 de Noviembre de 2018
Por disposición del asambleísta Héctor Yépez Martínez, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social y de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, se convoca a la Sesión Ordinaria No. 56 de la Comisión, a realizarse el día MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, a las 14H00, en la sala de sesiones de la Comisión, ubicada en el sexto piso, ala occidental, del Edificio del Palacio Legislativo, en las calles Piedrahíta y Av. 6 de Diciembre del cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Comisión General para recibir al señor Xavier Torres, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, con la finalidad de que atiendan oportunamente las necesidades del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar ante la catástrofe natural del sismo de 6.6 grados ocurrida el 6 de septiembre del 2018.
Quito, 20 de Noviembre de 2018
Por disposición del asambleísta Héctor Yépez Martínez, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social y de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, se convoca a la Sesión Ordinaria No. 55 de la Comisión, a realizarse el día MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, a las 10H00, en la sala de sesiones de la Comisión, ubicada en el sexto piso, ala occidental, del Edificio del Palacio Legislativo, en las calles Piedrahíta y Av. 6 de Diciembre del cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Comisión General para recibir a la abogada Andrea Cárdenas Valencia, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, con la finalidad de que explique sobre las concesiones mineras y los catastros mineros a nivel nacional.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional por unanimidad, aprobó el pasado 24 de octubre de 2018 el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Este proyecto de ley principalmente se ajusta a la Constitución de la República y a los Principios de Paris. Reforza la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza; con esto se busca prevenir la violación de los derechos humanos y de la naturaleza.
Se enfatiza la independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo de cualquier otro órgano de poder; reforzando su estructura organizativa y operativa, para garantizar su independencia, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.
Busca activar la participación de la sociedad civil de acuerdo a lo establecido en el artículo 204 de la Constitución “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en el ejercicio de su derecho de participación”. La Defensoría del Pueblo no tienen competencia sancionatoria.
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INFORME PARA SEGUNDO DEBATE DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Comisión de Participación Ciudadana resolvió unificar los proyectos de Ley Orgánica para la Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción “infórmate Cívico”, con la propuesta de recuperación de capitales, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, porque se complementarían datos.
El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción “Infórmate Cívico”, de iniciativa de la legisladora Wilma Andrade, para que sea tramitado en la Comisión de Participación Ciudadana.
En el seno de la comisión, Diana Pesántez, alterna de Wilma Andrade, explicó que, según la propuesta, la denuncia pueden realizarla servidores públicos o trabajadores privados, nacionales o extranjeros y adjuntar los elementos de convicción del delito. La denuncia se la presentará por escrito y no se hace mención a su identidad.
Indicó que los datos e información personal de los denunciantes y personas protegidas serán considerados como información reservada y confidencial dentro del proceso. A cada denunciante se le asignará un código alfanumérico que servirá para identificarlo, agregó.
La parlamentaria precisó que el órgano receptor de la denuncia será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que investigará las denuncias, dictará medidas de protección para los denunciantes.
Diana Pesántez indicó que en la propuesta legal se propone una recompensa que se entregará al denunciante por un valor entre el 10 % y 30 %, el cual será inversamente proporcional al valor total del monto recuperado por el Estado.
Luego de escuchar a la legisladora, los comisionados, por unanimidad, resolvieron unificar este proyecto con el de recuperación de capitales, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.
Comisión Anticorrupción, Consejo de Participación Ciudadana y académicos presentaron aportes al proyecto de Ley de Recuperación de Capitales
A las 15:18 se instaló la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El objetivo fue continuar el análisis del proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, que presentó Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, el pasado 10 de julio. “Se trata de una propuesta normativa importante, pues la gente clama para que se recuperen los recursos desviados por la corrupción”, dijo Héctor Yépez, presidente de la Comisión.
En la mesa de trabajo aseguraron que esta ley tendrá un tratamiento eficaz y ágil, para darles una respuesta oportuna a los ecuatorianos, por lo que esperan que esta normativa se convierta en una herramienta efectiva para que los dineros desviados regresen a las arcas estatales.
Ramiro Román, de la Comisión Cívica Anticorrupción, entregó algunas sugerencias. Dijo que es necesario basarse en el principio de presunción de inocencia. Mientras que Miguel Estacio, del equipo de asesores de la Comisión Cívica, explicó que elaboran una propuesta encaminada a enriquecer el proyecto de ley.
Milton Román, también de la Comisión Cívica Anticorrupción, cree que se trata de una iniciativa productiva frente a lo que plantean organismos internacionales como las Naciones Unidas. Dijo que no debe solo limitarse a ciertos delitos estipulados en la propuesta, sino a los actos delictivos en general. Aseguró que se debe contar con una oficina técnica de recuperación, que pueda operar con otras funciones del Estado.
Consejo de Participación Ciudadana
También intervinieron representantes del equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elsy Celi hizo varias propuestas. La más relevante fue que en el ámbito de aplicación de la ley se incorpore el lavado de activos. “Se deben desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias. Hay que implementar planes estratégicos integrales para la recuperación de activos y destinar los recursos necesarios”, explicó.
En el Consejo de Participación creen que es necesario el reglamento bajo el cual se consideran requisitos para contratar equipos técnicos especializados y piden especificar cómo se protegerá a los denunciantes. Además, recomiendan que para evitar las consecuencias que conlleva el lavado de dinero, se analicen las políticas internacionales que existen.
El análisis de la propuesta continuará en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y se escucharán todas las observaciones que existan desde diversos sectores.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, acudió a la Comisión de Participación Ciudadana “La Comisión del Pueblo” para argumentar su proyecto que pretende recuperar los recursos de los ecuatorianos que han sido desviados en actos ilícitos. Recordó que desde que asumió la Presidencia dio especial énfasis al combate a la corrupción y posterior se han presentado otras iniciativas enfocadas en la transparencia.
La Presidenta anunció esta propuesta tanto en su discurso del 14 de marzo, cuando asumió el liderazgo del Parlamento, como el 24 de mayo, cuando posesionó al presidente de la Repúbica, Lenín Moreno. Sostuvo que, según un informe de la Comisión Anticorrupción, la cifra por actos de corrupción llega a 24 mil millones de dólares, pero que en montos posteriores se habla de alrededor de 35 mil millones.
La Titular de la Función Legislativa está convencida que con esos recursos se pueden financiar las necesidades más acuciantes del pueblo: salud, vivienda, educación y otros proyectos sociales. También considera que ha habido ineficiencia de las instituciones públicas de control para velar por el dinero de los ecuatorianos.
Por otra parte, reconoció que estas acciones ilícitas constituyen una amenaza social, económica y política para el país, pero, además, han provocado desconfianza en las instituciones públicas y debilitado el sistema democrático.
La propuesta
Elizabeth Cabezas subrayó que el proyecto de su iniciativa busca seguir la ruta de los recursos perdidos por corrupción para recuperarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía; combatir la impunidad y el círculo vicioso de la corrupción; identificar a todos los involucrados en estos casos; así como empoderar a la ciudadanía y sector privado en defensa de la transparencia.
Para conseguir estos objetivos intervendrán varios actores. Lo novedoso de su propuesta es que incluye a la ciudadanía en general, como jueces y veedores permanentes; Equipos Técnicos Especializados (ETE); funcionarios o exfuncionarios públicos; y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
¿Como operarán estos mecanismos de seguimiento?. El procedimiento pone al frente un escudo para actuar con responsabilidad y no se convierta en un arma de persecución política. En caso de que haya sospecha de corrupción tendrán que presentarlo al Cpccs para que lo califique.
Una vez admitido el caso pasa al ETE para que presente al Consejo un cronograma de investigación, el trabajo realizado y los resultados. Si se desatan posibles implicaciones, el Cpccs enviará la documentación a las instancias judiciales correspondientes. Del seguimiento que deberán hacer estas últimas entidades se deriva la recuperación del dinero, bienes muebles e inmuebles.
Según el proyecto, el dinero se depositará en una cuenta corriente única del Banco Central para inversión en proyectos sociales, mientras que los bienes se devolverán a las instituciones afectadas.
Pero, hay más mecanismos para fomentar estas prácticas de transparencia: se garantiza la protección, reserva y el buen uso de la información, mientras que los ETE, que pueden ser ciudadanía organizada, recibe incentivos contra resultados esperados. El porcentaje se establecerá en el reglamento, tomando algunas consideraciones, como el monto de recuperación.
Diferencias con proyecto de Extinción de Dominio
La Presidenta de la Asamblea aclaró algunas diferencias que se plantean entre su proyecto de Recuperación de Capitales y de Ley de Extinción de Dominio, presentado por el Ejecutivo.
Si bien las dos fortalecen mecanismos de lucha contra la corrupción, la propuesta de recuperación de capitales actúa en el ámbito administrativo, mientras que la del Régimen en acciones judiciales iniciadas. La primera incorpora a los ETE y sector privado como nuevos actores de lucha contra la corrupción, mientras que la segunda fortalece mecanismos judiciales de incautación de bienes.
Otra de las diferencias es que en el proyecto de la Presidenta no se reforma ningún cuerpo normativo, en tanto que en el del Ejecutivo se proponen reformas al Código Penal.
Leer: Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales
