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El Dr. José Vásconez, Asesor de la Comisión de Estudio de Proyectos de Ley de Seguridad Social (CEPDTSS), presentó un informe respecto a los proyectos de ley del ISSFA e ISSPOL tras un requerimiento de la Corte Constitucional. Explicó que, debido a la muerte cruzada y los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tratamiento de estos proyectos fue interrumpido. A pesar de que la Corte Constitucional no detectó avances en la página web de la Asamblea, la Comisión ha estado trabajando en las propuestas, pero algunos informes necesarios, como los informes actuariales, aún no han sido entregados por las instituciones correspondientes.
El informe también destacó que, debido a la falta de facilidades por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no se ha logrado la comparecencia de los miembros del servicio pasivo, situación que está documentada. Vásconez subrayó que esta información será enviada a la Corte Constitucional y será expuesta en la audiencia correspondiente. El informe fue enviado a los correos electrónicos de los miembros de la comisión para su conocimiento.
El Dr. José Vásconez, Asesor de la Comisión, explicó los avances del proyecto de ley que busca garantizar la estabilidad laboral para personas mayores de 40 años, tras las correcciones realizadas luego del segundo debate en el Pleno. En una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, SERCOP y CACES, se aclararon dudas sobre la edad mínima de protección, destacando que el objetivo es fortalecer la estabilidad laboral, no confundir con los grupos vulnerables establecidos en la Constitución.
Vásconez explicó que la imposición de un porcentaje de trabajadores contratados no viola la libertad de contratación, ya que la Constitución establece que ningún derecho es absoluto. También aclaró que las sanciones corresponden al Ministerio de Trabajo, y en cuanto a la prioridad de mano de obra local, no hubo observaciones por parte del SERCOP.
Finalmente, detalló que no hubo observaciones de CACES sobre la Ley Orgánica de Educación Superior y reafirmó que el proyecto de ley busca eliminar la discriminación por edad y promover la estabilidad laboral para personas mayores de 40 años, con algunos ajustes técnicos en el artículo 9.
Jorge Villarroel, Subsecretario de Relacionamiento Fiscal, compartió un saludo de parte del Ministro Vega y el Viceministro, quienes no pudieron asistir. Destacó que el Ministerio de Finanzas está comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en el sector de la seguridad social, donde el impacto de nuevas prestaciones y beneficiarios puede afectar las finanzas del gobierno central.
Villarroel explicó que el seguro campesino incluye contribuciones del gobierno, tanto para pensiones como para prestaciones de salud. Sin embargo, la falta de información actualizada sobre los beneficiarios y prestaciones dificulta la proyección de los impactos en el presupuesto del gobierno. Resaltó la importancia de contar con los informes actuariales actualizados (2021) que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.
Finalmente, el Subsecretario reiteró el compromiso del Ministerio de Finanzas de continuar participando en reuniones técnicas con la Comisión para revisar y evaluar las propuestas de reforma, asegurando que se evalúe adecuadamente su impacto en las finanzas públicas.
El Asambleísta John Polanco destacó la importancia de abordar la discriminación por edad en el ámbito laboral, un tema crucial para el presente y futuro del país. Señaló que esta discriminación excluye a personas altamente capacitadas y con valiosa experiencia, lo que limita el desarrollo del país al renunciar a su talento y conocimientos.
Polanco enfatizó que todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar y desarrollarse profesionalmente sin importar su edad, y combatir esta discriminación es fundamental para alcanzar un crecimiento económico más justo y equitativo. Resaltó las propuestas presentadas en el informe, como fortalecer el marco legal, promover la capacitación continua y fomentar una cultura de diversidad en el ámbito laboral.
El Asambleísta concluyó haciendo un llamado a los legisladores para trabajar juntos en la construcción de un país donde experiencia y juventud se complementen, garantizando oportunidades para todos los ciudadanos, sin barreras de edad. Aseguró que, con el trabajo conjunto, se puede avanzar hacia un futuro donde todos podamos alcanzar nuestro máximo potencial.
Marialaura Fino, Especialista en Normas Internacionales del Trabajo, destacó la importancia del Convenio 189 de la OIT, que reconoce a las trabajadoras y trabajadores del hogar como empleados con los mismos derechos laborales que otros sectores. A nivel mundial, más de 74 millones de personas desempeñan este trabajo, el 93% mujeres, pero con condiciones de vulnerabilidad y abuso debido a su invisibilidad.
Fino subrayó que el trabajo doméstico debe ser tratado como una relación de empleo formal, con derechos fundamentales como la libertad sindical, negociación colectiva, protección contra abusos y seguridad social. También destacó la necesidad de formalizar el empleo doméstico, garantizar vacaciones remuneradas y proteger a los trabajadores migrantes.
Finalmente, recordó que Ecuador ha ratificado el Convenio 189 y debe implementar acciones concretas para proteger a los trabajadores del hogar, asegurando que tengan acceso a un trabajo decente y condiciones laborales justas. Concluyó agradeciendo la invitación y reiterando su apoyo para la implementación de estas medidas.
Asambleísta Johanna Ortiz resalta la importancia de la reforma laboral juvenil
Durante su intervención en la sesión realizada en la Universidad Técnica de Babahoyo, la asambleísta Johanna Ortiz destacó la necesidad de reformar el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público para generar más oportunidades laborales para los jóvenes ecuatorianos.
Con más del 65% de jóvenes trabajando en condiciones inadecuadas y una tasa de desempleo juvenil alarmante, Ortiz enfatizó que este proyecto de ley debe garantizar un trabajo digno, protegiendo los derechos de los trabajadores sin permitir condiciones precarias por falta de experiencia.
La asambleísta propuso incluir reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, priorizando la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, asegurando que al menos el 10% de la nómina corresponda a este sector sin aumentar la masa salarial.
Ortiz hizo un llamado a sus colegas legisladores a respaldar este proyecto, convencida de que su aprobación será un paso clave para construir un Ecuador con más oportunidades y un futuro justo para la juventud.
El General Ignacio Fiallos, Director General del ISSFA, comparece ante la Asamblea Nacional
Durante su intervención, el Gral. Fiallos resaltó la importancia de los estudios actuariales actualizados para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social militar. Estuvo acompañado por la Dra. Anabel Rubio y el Eco. Francisco Peña, expertos en la materia.
La Corte Constitucional dispuso en 2021 la presentación de un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En cumplimiento de esta disposición, el ISSFA presentó el proyecto dentro del plazo establecido, sustentado en estudios actuariales rigurosos.
Los estudios demostraron que, con la aprobación de la nueva ley, el sistema alcanzaría sostenibilidad financiera. Sin embargo, el retraso en su aprobación ha reducido significativamente los superávits proyectados, afectando la estabilidad del régimen especial.
A pesar del diferimiento, los estudios actuariales actualizados continúan respaldando el proyecto de ley. El ISSFA firmó un nuevo contrato de evaluación actuarial con corte al 31/12/2023, cuyo informe final se entregará en enero de 2025.
La aprobación de esta ley es crucial para garantizar el futuro de la seguridad social de los miembros de las Fuerzas Armadas. La actual normativa tiene 32 años y no refleja las nuevas condiciones demográficas y económicas del país.
El Gral. Fiallos hizo un llamado a la Asamblea Nacional para priorizar el tratamiento de la ley y brindar certezas a los afiliados del ISSFA, asegurando sus pensiones y acceso a servicios de salud en el presente y futuro.
¡Justicia y dignidad para las trabajadoras del hogar en Ecuador!
Beatriz Tola Bermeo, representante de la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, resaltó la urgencia de garantizar derechos laborales plenos para las trabajadoras del hogar en la nueva Ley Orgánica. Recordó que, según la OIT, en Ecuador hay 273,000 trabajadoras del hogar, el 91.7% de ellas mujeres, pero el 70.8% se encuentra en informalidad, sin acceso a seguridad social ni derechos básicos.
Denunció que muchas trabajadoras siguen sufriendo discriminación racial y de género, además de estar expuestas a violencia y acoso sexual en sus empleos. Exigió la aplicación de los Convenios 189 y 190 de la OIT, que reconocen el trabajo del hogar como cualquier otro empleo y buscan eliminar la violencia laboral.
Pidió que la ley garantice la afiliación obligatoria a la seguridad social, incluso para quienes trabajan por horas, y que la edad mínima de empleo sea 18 años para proteger a las adolescentes del abuso. También instó a reforzar la inspección laboral y el derecho a la sindicalización de estas trabajadoras.
¡Justicia para todos los trabajadores de la industria del cemento!
Vicente Reátegui Jiménez, representante de los ex trabajadores de HOLCIM Ecuador, hizo un llamado urgente a la Asamblea Nacional para garantizar que la nueva ley de jubilación especial incluya a todos los trabajadores de la industria del cemento, tal como lo ordena la sentencia de la Corte Constitucional.
La Corte determinó que la ley debe considerar a cuatro grupos de trabajadores: los herederos de jubilados fallecidos, los jubilados que ya reciben el beneficio, los trabajadores que cumplen los requisitos para jubilarse y aquellos que, aunque aún no cumplen los requisitos, han aportado y tienen derecho a una pensión proporcional. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo ignora al cuarto grupo, dejando sin protección a quienes han trabajado en la industria y han contribuido al fondo de jubilación. Esto significa que muchos ex trabajadores quedarían excluidos, incluso aquellos que estuvieron a punto de completar los 25 años de servicio.
Ante esto, Reátegui solicitó a la Asamblea Nacional que en los artículos 4, 7 y 12 del proyecto de ley se incluya expresamente a los trabajadores de la cuarta categoría, conforme a la sentencia. Además, expresó su preocupación por la confiabilidad del informe actuarial del IESS, por ello, exigió la elaboración de un nuevo informe actuarial independiente para determinar con precisión los fondos destinados a la jubilación especial.
Es momento de corregir este error y garantizar que ningún trabajador quede desprotegido. La Asamblea tiene en sus manos la responsabilidad de hacer cumplir la sentencia y velar por los derechos de quienes han dedicado su vida a esta industria.
Juventud y Empleo: AME Realiza sus observaciones al Proyecto de Ley Referente a los Jóvenes
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y al Código de Trabajo, que buscan garantizar mayor acceso al empleo para jóvenes y mujeres, destacan la necesidad de transversalizar la Ley Orgánica de Juventudes en distintas normativas laborales y promover políticas públicas que fortalezcan la empleabilidad.
Contrato Juvenil: La AME apoya la incorporación de esta figura, pero sugiere que no se establezcan porcentajes obligatorios de contratación, proponen que los municipios puedan definir estrategias de inserción laboral juvenil según sus realidades y capacidades, sin afectar su autonomía.
Empleo para Mujeres Jefas de Hogar: Se enfatiza la importancia de garantizar condiciones laborales dignas para mujeres que son el sustento de sus familias. Se recomienda revisar la terminología utilizada en la normativa para que se ajuste al marco legal vigente, asegurando oportunidades de trabajo sin afectar derechos adquiridos.
Autonomía Municipal y Políticas de Empleo: Aunque los municipios no tienen la competencia directa para generar empleo, pueden fomentar el acceso laboral mediante políticas públicas y programas de formación. La AME resalta experiencias exitosas de capacitación e inserción laboral en algunos cantones y reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas en este ámbito.
Compromiso y Seguimiento: La AME enviará por escrito sus observaciones técnicas sobre las reformas, asegurando que se contemplen los aspectos clave para el fortalecimiento del empleo juvenil y femenino. Además, reafirma su disposición a colaborar con la Asamblea Nacional en el desarrollo de normativas que protejan los derechos laborales y promuevan la equidad en el acceso al trabajo.
